GINEBRA (14 de diciembre de 2017) - Expertos y expertas
de la ONU* han llamado al Estado mexicano a rechazar el Proyecto de Ley de
Seguridad Interior que se someterá hoy al pleno del Senado, advirtiendo que dar
a las Fuerzas Armadas un papel de liderazgo en materia de seguridad podría
debilitar la protección de los derechos humanos.
“Nos preocupa que el Proyecto de Ley otorgue a las
Fuerzas Armadas un rol de dirección y coordinación en ciertas circunstancias,
en lugar de limitar su papel al auxilio y asistencia a las autoridades
civiles", señaló el grupo en una declaración conjunta.
“El Proyecto de Ley carece de mecanismos sólidos de
control que garanticen que las operaciones se lleven a cabo con pleno respeto
de los derechos humanos.”
“No prevé que las actividades de inteligencia se realicen
con la debida supervisión civil y judicial, y, al categorizar toda la
información resultante de la aplicación de la ley como de Seguridad Nacional, la
excluye de las leyes de transparencia apartándola del escrutinio público.”
“El creciente papel de las Fuerzas Armadas, en ausencia
de mecanismos control y de rendición de cuentas, podría provocar la repetición
de violaciones de derechos humanos como las cometidas desde que se asignó a las
Fuerzas Armadas un papel protagónico en la lucha contra la criminalidad", señaló
el grupo.
El Proyecto de Ley es ambiguo en ciertos puntos y contiene
una definición excesivamente laxa de las situaciones en que las autoridades podrían
usar la fuerza, incluso en el contexto de movilizaciones de protesta, agregó el
grupo.
“Resulta muy alarmante que una iniciativa legislativa de
tal envergadura, con un impacto potencial tan profundo en los derechos humanos,
se lleve a cabo de una manera precipitada y sin la participación adecuada de víctimas
de violaciones de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil,
organismos públicos de derechos humanos y organismos internacionales", dijo
el grupo, destacando que son conscientes de los enormes desafíos de seguridad
que enfrenta el país.
Cualquier nueva ley de seguridad debería hacer hincapié
en el papel primordial de las autoridades civiles, principales responsables de
proteger los derechos humanos mediante la inclusión de estrictos controles, dijo
el grupo. Ninguna autoridad civil debería renunciar a esta responsabilidad.
También deberían prever la capacitación y el fortalecimiento adecuados de las
fuerzas policiales y la investigación pronta, independiente e imparcial de
todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos.
El grupo señaló que los mecanismos de las Naciones Unidas
vienen recomendando durante años que se restrinjan las funciones de las Fuerzas
Armadas a las propias de su misión, y que se investigue y sancione debidamente
a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan cometido violaciones de
derechos humanos, incluidos numerosos casos de ejecuciones extrajudiciales,
desapariciones forzadas, tortura, incluyendo la violencia sexual, y otras
formas de malos tratos.
En particular, el grupo recordó al Gobierno la
recomendación formulada en 2011 por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas
sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en la que se solicitó que las
Fuerzas Armadas se retiraran de las operaciones de seguridad pública. Remarcaron que esta recomendación se dio
teniendo en cuenta la trágica historia en las últimas décadas del continente
americano, donde la participación de las fuerzas armadas en actividades de
seguridad interior ha estado asociada a la práctica sistemática y generalizada
de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, la mayoría
de las cuales se han mantenido en la impunidad.
Los expertos y expertas han estado en contacto con el
Gobierno México en los últimos días sobre el Proyecto de Ley, y agradecen la
pronta respuesta recibida a sus preocupaciones.
FIN
*Los expertos son: el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o
Involuntarias; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Sr. Joe
Cannataci, Relator Especial sobre el derecho a la privacidad; el Sr. Michel
Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de
los derechos humanos; la Sra. Agnès Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales,
sumarias o arbitrarias; el Sr. Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la
justica, la reparación y las garantías de no repetición; y el Sr. David
Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del
derecho a la libertad de opinión y de expresión.
Los Grupos de Trabajo y Relatores
Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos
Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU
para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de
investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a
situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los
expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son
personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de
cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.
Para más información y solicitudes
de prensa, póngase en contacto con:
Para consultas de prensa sobre otros expertos independientes de la ONU:
¿Te preocupa el mundo en que vivimos? Entonces DEFIENDE hoy los derechos de los demás. #Standup4humanrights y
visita la página web: http://www.standup4humanrights.org/sp/
Ayuda . Sólo eso puedo manifestar ante un absurdo como este.
ResponderEliminar