- Se considera que este caso constituye
un precedente en el combate a la impunidad y en el acceso a la justicia en
materia de violencia y delitos de género.
En el año 2015 el
imputado se desempeñaba como profesor de cuarto grado de primaria en la escuela
Benito Juárez, ubicada en la comunidad de San
Ignacio de Arareco, en el municipio de Bocoyna. En ese año fue acusado
de realizar tocamientos de índole sexual a once de sus alumnas frente al resto
de sus compañeros de clase.
A raíz de los
acontecimientos suscitados, los familiares de las víctimas denunciaron los
hechos ante el Ministerio Público y solicitaron al juez de garantías del
distrito judicial Benito Juárez que girara la orden de aprehensión. El agresor
fue detenido por elementos de la Policía Estatal División Investigación en
abril de 2015.
Como
parte de las investigaciones, se realizaron pruebas periciales ginecológicas y
psicológicas a las niñas afectadas, a partir de las cuales se pudo determinar
que siete de las once alumnas habían sido, además, víctimas de violación por
parte del inculpado.
Entre los agravantes de
los delitos cometidos se encuentran los siguientes: por un lado, las niñas eran
menores de 14 años en el momento de los hechos; por otro lado, el agresor era
una persona en el ejercicio de su profesión con la que las víctimas tenían un
vínculo de confianza al momento de suscitarse los acontecimientos.
Para que casos como este
no vuelvan a repetirse, el Estado en sus diferentes niveles debería implementar
medidas tendientes a prevenir estos hechos y, en general, a diseñar e
implementar una política integral para garantizar que niñas, niños y mujeres
indígenas víctimas de violencia de la entidad, cuenten con un acceso oportuno a
la justicia. También se debería diseñar un plan de supervisión en los albergues
y escuelas de educación indígena de la entidad para garantizar que sean
espacios libres de violencia, especialmente de tipo sexual, contra niñas y
niños.
Adicionalmente, se
considera que las autoridades deberían realizar una investigación exhaustiva sobre
el estado procesal de todas las denuncias de violación y violencia sexual
cometidas contra niñas, niños y mujeres indígenas, para garantizar el debido
proceso de las sanciones correspondientes a las personas responsables
Finalmente, se considera
que la Secretaría de Educación y Deporte (SED) debería proveer educación sexual integral a nivel primaria, con el
objetivo de contribuir a prevenir el abuso sexual infantil, o en su caso, diseñar
talleres en la materia dirigidos a las y los alumnos de las regiones indígenas
de la entidad.
Desde el Centro de
Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) reconocemos la labor de los jueces y
de la zona occidente de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres
Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), pues se atendieron nuestras
peticiones para considerar en el desglose de la sentencia protocolos para
impartir justicia con perspectiva de género, así como para impartir justicia
por delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Mientras que la FEM
brindó un seguimiento oportuno y de calidad durante los días que se llevaron a
cabo los alegatos.
Este caso resulta
emblemático, toda vez que se pudo garantizar el acceso a la justicia para un
grupo de niñas en situación de vulnerabilidad, al tratarse de niñas indígenas,
residentes de una comunidad económica y socialmente marginada, en la cual
fueron víctimas de delitos sexuales cometidos por su entonces profesor, una
figura de autoridad y confianza.
La violencia sexual
genera un impacto en las víctimas, en sus familias y en su comunidad inmediata,
por lo que desde que el CEDEHM recibió el caso, en junio de 2015, les hemos
brindado acompañamiento y atención integrales en las áreas jurídica y
psicosocial para que las víctimas puedan restablecer sus proyectos de vida.
Además, acompañamos a sus familias y comunidad escolar con talleres
psicoeducativos para prevenir y/o detectar abuso sexual infantil. Actualmente
las niñas se encuentran cursando sus estudios de nivel secundaria.
Desde el CEDEHM se hace
un llamado al Estado y a las instituciones educativas para capacitarse en
materia de detección y prevención del abuso sexual infantil; a incluir en sus
programas educación sexual integral para niñas, niños y adolescentes; a
anteponer el testimonio de las víctimas frente al de cualquier otra figura de
autoridad, y a actuar oportunamente en la denuncia de casos de abuso o
violación sexual.
De la misma manera, se
exhorta a los medios de comunicación a
respetar el derecho a la privacidad, intimidad, seguridad e integridad de las
víctimas de delitos sexuales; a no estigmatizar ni perpetuar estereotipos sobre
las personas sobrevivientes de violencia sexual; a
divulgar contenidos informativos veraces, objetivos y congruentes, que sean
sensibles a los derechos de las víctimas y que contribuyan a visibilizar las
problemáticas sociales, pero sin vulnerar en ningún momento los derechos humanos.
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