- Es el primer asesinato de un defensor de derechos humanos para el que se emite una sentencia condenatoria en la entidad.
- El fallo es relevante en el combate a la impunidad, en Chihuahua el estado con el mayor número de asesinatos de activistas.
El asesinato de Isidro Baldenegro, ocurrido el 15 de enero de 2017, es el primer caso de un defensor de derechos humanos que logra judicializarse en el estado de Chihuahua y para el que se ha emitido una sentencia condenatoria, de una lista de por lo menos 36 personas defensoras que han sido asesinadas en la entidad desde 1973. De estos homicidios, 14 han sido de personas vinculadas a la defensa del territorio y recursos naturales en Coloradas de la Virgen, sin considerar los crímenes perpetrados contra sus familiares.
Al ser Chihuahua la
entidad con el mayor número de asesinatos de activistas a nivel nacional, el
fallo judicial en el caso de Isidro Baldenegro es relevante en el marco del
combate a la impunidad y constituye una primera respuesta ante la exigencia de
verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición para su familia y para
su comunidad.
En el juicio quedó demostrado que el 15 de enero de 2017, en la
comunidad de Coloradas de la Virgen, sección Baborigame, municipio de Guadalupe
y Calvo, Isidro llegó de visita a casa de sus tíos, donde ya se encontraba su
agresor, quien le solicitó salir del domicilio y, por causas que se desconocen,
le disparó en cuatro ocasiones, hiriéndolo en el tórax y abdomen. El agresor
huyó después de apuntar a por lo menos dos de los familiares de Isidro que se
encontraban ahí. La muerte de Isidro ocurrió horas después a consecuencia a las
heridas recibidas.
Isidro Baldenegro fue un
activista rarámuri que dedicó su vida a luchar por la preservación de los
bosques de la Sierra Tarahumara frente a la tala ilegal cometida por el sector
privado en complicidad con el crimen organizado, como él mismo denunció en
reiteradas ocasiones. Su actividad ecologista y de defensa pacífica de los
bosques le llevó a ser reconocido internacionalmente cuando, en el año 2005,
fue condecorado con el prestigioso Premio Goldman, máximo galardón otorgado a
las personas defensoras del medio ambiente
Su
asesinato fue condenado a nivel nacional e internacional. Michel Forst, Relator
Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de
derechos humanos, enfatizó que la muerte de Isidro significaba “un doloroso
vacío no solo en su comunidad, sino en el movimiento global de los derechos
humanos” y señaló el hecho como “un trágico recordatorio de los peligros y
riesgos que enfrentan las defensoras y defensores indígenas en Chihuahua”.
Por su
parte, la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los derechos
para todas y todos (Red TDT), llamó al Estado mexicano a “evitar la impunidad
en este suceso y garantizar las medidas de no repetición”, así como a
esclarecer los hechos hasta llegar “no sólo a los asesinos materiales sino a
los autores intelectuales del mismo”.
Por
otro lado, Érika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las
Américas, calificó el asesinato de Isidro como una “trágica ilustración de los
muchos peligros que sufren los que dedican su vida a defender los derechos
humanos en América Latina, una de las regiones más peligrosas del mundo para
los activistas” y resaltó la imperiosa necesidad de que el Estado mexicano
investigara el crimen.
Se
espera que las autoridades hagan lo propio para garantizar justicia en el resto
de los homicidios de defensoras y defensores que todavía se encuentran en
impunidad, mediante investigaciones exhaustivas, efectivas e imparciales, con
el objetivo de que los responsables sean juzgados ante las autoridades
competentes y les sean aplicadas las sanciones correspondientes previstas por
la ley.
El más
reciente de estos casos es el de Julián Carrillo, defensor rarámuri asesinado
en octubre de 2018, cuyos presuntos asesinos materiales fueron capturados por
la Fiscalía General del Estado de Chihuahua el pasado 26 de enero. Julián
Carrillo era beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas desde 2014. Integrantes de su familia,
incluido su hijo, fueron asesinados con anterioridad por el desempeño de
actividades relacionadas a la defensa del territorio en Coloradas de la Virgen.
El homicidio de Julián ocurrió semanas después de que se denunciara la
existencia de una concesión minera a tres particulares en dicha comunidad.
Por lo anterior, se hace
un llamado a que las autoridades demuestren su voluntad política e implementen
las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad, la libertad y la
seguridad de todos los defensores y defensoras de derechos humanos de la
entidad, así como de la comunidad rarámuri de Coloradas de la Virgen, cuyos
integrantes viven en un entorno de inseguridad y violencia dominado por el
asecho de un cacicazgo histórico y del crimen organizado.
Alianza
Sierra Madre A.C. - ASMAC
Centro
de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. - CEDEHM
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