Chihuahua, Chih., 21 de febrero de
2019.- El día de hoy se llevó a cabo la presentación del informe "Desde la memoria... la esperanza.
Recuento de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos durante el
sexenio de Enrique Peña Nieto" de la Red
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: Todos los Derechos Para
Todos (Red TDT), conformada por 86 organizaciones de 27 estados del país.
En el informe se
registran los asesinatos de 159 personas defensoras de derechos humanos y de 47 periodistas con perspectiva de derechos humanos, durante el periodo comprendido
entre el 1 de diciembre
de 2012 y el 31 de octubre de 2018. Entre los homicidios documentados se
encuentran los de la periodista Miroslava Breach y el defensor Julián Carrillo.
De acuerdo con información de esta red, Chihuahua
es la entidad con mayor número de personas defensoras asesinadas y la
segunda en el país con mayor número de periodistas asesinados.
Fernando Ríos, secretario ejecutivo de
la Red TDT, recordó que durante este sexenio ya han sido asesinadas siete
personas defensoras de derechos humanos, entre los cuales se encuentran Sinar
Corzo y Samir Flores, defensores que ofrecieron una lucha legítima por la
búsqueda de justicia y dignidad, para cambiar las condiciones en las que se
instauran megaproyectos de infraestructura. En este sentido, mencionó que los
megaproyectos no pueden ser validados mediante consultas no estandarizadas y
que, antes de su implementación, se deben considerar las voces de los pueblos
indígenas.
Para la realización de este informe,
indicó que se consultó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), sobre los 159 casos de
asesinatos documentados, pero se encontraron con una “falta de transparencia
sistemática”, que no evidencia el contexto en el que ocurren estos homicidios.
Señaló también la necesidad de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) realice un trabajo más eficaz en la materia, ya que sólo reconoce a 34
personas asesinadas entre los años 2000 y 2015.
Externó su preocupación por la falta
de funcionamiento del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, y señaló que “al
día de hoy, no ha habido interlocución con Aarón Mastache, coordinador del
Mecanismo”.
En su intervención, Gabino Gómez,
coordinador del área de personas defensoras de derechos humanos del Centro de
Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), señaló que Chihuahua es la
entidad con la mayor cantidad de medidas de protección emitidas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Recordó que en junio de 2017 se aprobó
el Plan de Contingencia para abordar la grave situación de derechos humanos en
que las personas defensoras desarrollan su labor, pero que no ha habido avances
significativos en la materia.
Agregó que se tiene registro de un
total de 29 asesinatos de personas defensoras ocurridos desde el año 2008,
todos los cuales se encuentran en impunidad, salvo por los casos de Isidro
Baldenegro y Julián Carrillo. Sobre el caso de Isidro, esta semana se emitió
una sentencia para el asesino material mientras que, para el caso de Julián, en
el mes de enero se realizó la vinculación a proceso de dos imputados.
Sobre el reciente debate sobre la
creación de la Guardia Nacional, recordó que en la sentencia del caso Alvarado
Espinoza y otros vs México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó
que el mantenimiento del orden público interno debe estar primariamente
reservado a los cuerpos policiales civiles y que, cuando excepcionalmente
participen en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe
ser extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada. Por
lo que reiteró el llamamiento de la sociedad civil para que estas
recomendaciones sean consideradas.
Por otra parte, Isela González,
directora de Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), rescató que la gran mayoría de
las personas asesinadas de las que el informe hace un registro, fueron
defensoras de tierra, territorio y medio ambiente. Señaló que de los 17
asesinatos documentados en el estado de Chihuahua, 11 se concentran en las
comunidades de Choréachi y Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe
y Calvo. Lamentó que pese a lo anterior, los gobiernos federal y estatal continúen
promoviendo modelos de desarrollo extractivistas para la explotación forestal y
minera en la Sierra Tarahumara.
Agregó que la vulnerabilidad existente
en la región acentúa las condiciones de aislamiento, inseguridad y violencia para
los defensores de la tierra y derechos humanos. El nivel de marginación y el
distanciamiento físico de las comunidades más alejadas, dificultan el acceso a
la seguridad y justicia ante la presencia de amenazas. Ante un hecho violento,
señaló, un policía tardaría hasta siete horas en poder desplazarse hasta
Choréachi o Coloradas de la Virgen. Añadió
que la región se encuentra constantemente amenazada por la actividad
extractivista, los históricos cacicazgos mestizos y la intervención del crimen
organizado.
Recordó los casos emblemáticos de Juan
Ontiveros, Isidro Baldenegro y Julián Carrillo. El primero, beneficiario de las
medidas colectivas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió para
su comunidad, Choréachi; el segundo, reconocido internacionalmente y ganador
del Premio Goldman; el tercero, beneficiario del Mecanismo de Protección.
Sobre Julián Carrillo mencionó que
“todos los incidentes de seguridad que tuvo Julián, nos indican que la Fiscalía
General del Estado por ningún motivo debe abandonar la línea de investigación
que vincula su asesinato a su actividad como defensor de la tierra y
territorio”.
Por su parte, Juan José Villagómez, representante
de la Casa del Migrante Saltillo, destacó que el informe de la Red TDT es
también “una garantía de que las personas defensoras de derechos humanos y
periodistas no estamos solos”. Destacó que las personas de las que rinde cuenta
el informe “son semilla para el trabajo que seguimos haciendo” y que “seguiremos
en la búsqueda de seguridad y protección para el desempeño de nuestras labores”.
En relación a las recientes
descalificaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo
hacia la sociedad civil, Fernando Ríos mencionó que “negar el trabajo de las Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC) y la mediación tan importante que se hace desde el
tercer sector, es denostar la labor en favor de los derechos humanos”.
Referente a lo dicho por AMLO, sobre
terminar con el apoyo para las OSC, “porque no están libres de intereses
empresariales de raíz conservadora”, Gabino Gómez señaló como preocupantes
estas generalizaciones, ya que crean un ambiente propicio para acusar y atentar
contra las OSC y las personas defensoras de derechos humanos.
En este mismo sentido, Isela González,
de ASMAC; Gabino Gómez, de El Barzón y CEDEHM; Juan José Villagómez, de la Casa
del Migrante Saltillo; Javier Ávila y Felipe Ruiz, de la Comisión de
Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (
Al respecto, Fernando Ríos señaló que hay
algunas asociaciones civiles que sí cuentan con financiamiento público, aunque
mínimo en realidad, y que sería una lástima que lo dicho por el presidente se
concretara, puesto que muchos proyectos realizados para beneficio de los más
pobres se verían truncados. Por su parte, Ruth Fierro, coordinadora del CEDEHM,
señaló que muchas de las organizaciones de derechos humanos, lejos de recibir
financiamiento por parte de Gobierno, contribuyen en el fortalecimiento de las
instituciones públicas, por ejemplo, mediante labores de capacitación para las
y los funcionarios.
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