viernes, 19 de junio de 2020

Ocho hombres de una familia desaparecidos, nueve años y ninguna autoridad los busca




Chihuahua, Chih., a 19 de junio de 2020. 

Un día del padre difícil de olvidar
Nos encontrábamos el 8 de agosto de hace nueve años en Creel, Chihuahua. Acudimos a conmemorar y acompañar a las familias de las víctimas de la primera masacre en el país en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, Albino y Doña Ema, llegaron y sus rostros demostraban un profundo dolor, entre sollozos ahogados nos compartieron su testimonio.
El 19 de junio del 2011, la familia MUÑOZ VELETA decidió celebrar el día del padre con un festejo acostumbrado, el padre, los hijos, las nueras, nietos y nietas fueron convocados a la humilde casa de Doña Ema en Anáhuac, Chih. En plena celebración, por la tarde ya anocheciendo, llegó un numeroso grupo de hombre armados, portaban insignias y uniformes de la policía federal, custodiados por la policía municipal de Anáhuac, sin mediar palabra y con lujo de prepotencia y violencia, apuntando sus armas largas, uno a uno, los hombres de la familia fueron golpeados y subidos a los vehículos. Desde esa fecha nada se sabe de su paradero.
Doña Ema comparte que intentó retener a su esposo y a dos de sus hijos y uno a uno les fueron arrancados de sus brazos. Desde entonces, las mujeres de la familia han peregrinado exigiendo verdad y justicia.
A Doña Ema le fueron arrebatados: su esposo Toribio; sus hijos: Jaime, Oscar, Hugo y Guadalupe; su sobrino Luis; su nieto Oscar Guadalupe y su yerno Nemesio. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, ha dado acompañamiento psicosocial y legal a las familias y este caso, permitió la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense en el año 2016 para la identificación de restos.
El Caso Muñoz es emblemático, no existe en el país ningún caso documentado en que ocho integrantes de una familia en un mismo hecho hayan sido desaparecidos forzadamente por agentes policiacos, sino por la indolencia de todas las autoridades para investigar a los perpetradores del evento criminal.
Después de consultar a expertos internacionales sobre las investigaciones del caso, se concluyó que por las complicidades entre el crimen organizado y los cuerpos policiacos de la región, una investigación de los hechos en la zona occidente, situada en ciudad Cuauhtémoc era imposible de realizar, por lo que se radicó en Chihuahua capital, la investigación se paralizó con el argumento de que es materialmente imposible practicar diligencias de indagatorias, en un lugar diverso al que se cometieron los delitos. Posteriormente se regresa el expediente a Ciudad Cuauhtémoc, en donde se ubica a probables responsables de las desapariciones forzadas, se solicitan órdenes de aprehensión y el Juez Cesar Arnulfo Estrada Vigíl con absoluta irresponsabilidad y sin entrar al fondo del caso, se declara incompetente para liberar las ordenes que se le solicitan, y lo remite a la PGR, hoy Fiscalía General de la República, con el argumento de la probable participación de integrantes del crimen organizado. El drama legal continuó, la instancia federal no acepta la carpeta de investigación y la regresa a la Fiscalía Estatal, esta argumenta tener incapacidad jurídica para continuar el caso derivado de la orden del Juez.
A nueve años de la desaparición de ocho hombres de una familia, por los vericuetos legales de las propias autoridades, dejaron en el limbo jurídico la investigación y como consecuencia en la impunidad garantizada.
La Familia y el CEDEHM han expuesto la situación legal que impide el acceso a la Justicia y como consecuencia nadie es responsable de la búsqueda de los ocho integrantes de la familia Muñoz. Hemos recurrido a todas las autoridades federales y estatales; al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; al Lic. Alejandro Encinas, Sub secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; al Maestro Abel Galván Gallardo, Fiscal especializado en investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR y al Gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado. A nueve años de la desaparición forzada, ninguna autoridad ha respondido.
Las familias de las víctimas nada saben ni quieren saber de fueros, si son del fuero local o del fuero federal, quieren que busquen e investiguen.
Exigimos:
Que urgentemente las autoridades federales y estatales se coordinen y asuman la responsabilidad de la investigación y la búsqueda.
No aceptamos pretextos de competencias ni fueros, la responsabilidad de las investigaciones y la búsqueda es de todas las autoridades.


martes, 2 de junio de 2020

Comunicado sobre el proyecto Tren Maya en el marco de la visita presidencial para su promoción


1 de junio de 2020
Al pueblo de México,
A los medios de comunicación,
Al Sr. Presidente Lic. Andrés M. López Obrador


En el marco de la visita prevista del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para “dar banderazo” de salida a su proyecto denominado “Tren Maya,” las y los suscritos, organizaciones no gubernamentales, colectivos indígenas y populares, comunidades de base, académicos y académicas, personas en lo particular, a la vez que señalamos lo inoportuno de dicha visita en medio del momento más crítico de la pandemia de la COVID-19, realizamos este comunicado.

El “Tren Maya”, ha sido presentado como uno de los principales proyectos de la actual administración federal. En el discurso, la obra servirá para “detonar el desarrollo del sureste y potenciar el turismo y el desarrollo económico de la región”. Sin embargo, durante el avance del proyecto se han atropellado los derechos y garantías de la población y se ha violentado el Estado de derecho. Es por las siguientes razones que expresamos nuestro rechazo al proyecto:

PRIMERO. Siendo que existen diversos amparos en los que jueces federales han ordenado la suspensión de muchas de las actividades del proyecto y que la CNDH ha ordenado como medida cautelar, la suspensión de actividades no esenciales  del  proyecto, la visita del Señor Presidente atentaría contra el orden Constitucional. El objetivo de su visita desdeña y desacata órdenes judiciales y del Ombudsperson afectando el delicado balance y el equilibrio del ejercicio de poder en nuestro país.

El avance del proyecto que se fuerza desde el gobierno federal se cobija en la disminuida actividad del Poder Judicial Federal por la emergencia sanitaria, y las consecuentes repetidas negativas de juzgados federales de Campeche y Yucatán de recibir demandas de amparo en contra del proyecto. Es preocupante el ambiente que se cimbra en la conciencia nacional por las faltas de independencia judicial y de garantía de acceso a la justicia en el contexto de este proyecto.

En este mismo sentido, por causa de la pandemia, han sido canceladas las reuniones informativas y mesas de discusión, y se ha establecido que los términos para obtener información no corren, lo cual limita el acceso de la población involucrada a información cabal, suficiente y oportuna.

SEGUNDO. El megaproyecto en cuestión, aunque afecta de manera directa a comunidades indígenas de al menos 4 de las 5 entidades federativas se ha ido erigiendo sin la participación de los pueblos originarios y de otros sectores de la sociedad en el diseño y planeación de un proyecto de desarrollo. Para este proyecto no existió un diálogo preliminar con las comunidades para tomar su parecer y conocer sus  necesidades y pasando por alto el derecho que tienen a decidir libremente su futuro, violando un derecho que se encuentra constitucionalmente protegido, que es el derecho   a la libre determinación.

Sobre este particular, es preciso recalcar que las reuniones realizadas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, no pueden ser consideradas como un proceso de consulta indígena, en principio porque se efectuaron a través de instancias no representativas de las comunidades y pueblos. En segundo porque no se cumplió con los estándares mínimos del derecho a la consulta, establecido en el Convenio 169 de la OIT, situación que incluso fue señalada  por la Oficina para México del Alto Comisionado de Naciones Unidas1. Así también, porque durante las mismas, los funcionarios presentes aceptaron no tener toda la información sobre el diseño de la obra, la ruta del tren y, los impactos ambientales y socioeconómicos. Los procesos de consulta (y de pagos simbólicos por derechos de vía) a ejidos y comunidades indígenas continúan durante la emergencia sanitaria en contra de las recomendaciones de organismos internacionales y sin otorgar información suficiente con respecto a las afectaciones. Aún siguen sin definirse la ubicación y número de los llamados polos de desarrollo así como el funcionamiento de las FIBRAS (Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces) que estimamos son acciones para “bursatilizar la tierra” y contra los cuales se ha pronunciado con una opinión negativa el mismo Procurador Agrario (19 mayo 2020).

Decidir el futuro de las comunidades y pueblos indígenas unilateralmente, afirmando que serán los principales beneficiados de un proyecto que desconocen y en el cual su papel principal será el de la mano de obra barata, significa reproducir la discriminación  sistémica que ha impulsado por años el Estado mexicano y que les ha negado a esos pueblos ser los dueños de su propio destino y futuro. La actual administración dilapida  una oportunidad histórica de hacer las cosas de manera distinta y generar condiciones adecuadas para llevar a cabo un diálogo intercultural que permita generar condiciones de desarrollo a partir de las realidades, especificidades, historias y prácticas de esos  pueblos. Según los mismos informes del gobierno federal, los miles de empleos que supuestamente se crearían, muy probablemente serían empleos precarios, mal pagados, temporales y sin garantías de seguridad social para las y los trabajadores, es decir que tampoco contribuiría al desarrollo regional, como se ha dado en otros proyectos impulsados por el FONATUR.

TERCERO. Existen serios cuestionamientos en torno a la viabilidad ambiental del proyecto denominado Tren Maya. Esta afirmación tiene sustento no sólo en lo señalado por académicos, académicas y comunidades desde sus instituciones de forma independiente, sino también por instancias del propio gobierno federal. Al respecto es preciso recordar que existe un estudio realizado por un grupo de 30 científicos convocados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para determinar el impacto del Tren Maya en los territorios donde se planea su construcción, mismo que concluye  que existen riesgos ambientales y sociales en este proyecto de desarrollo. Éste y otros estudios concluyen que el Tren Maya propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de veintitrés Áreas Naturales Protegidas, entre las cuales se encuentran Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo como Yum Balam, Manglares de Nichupté, Uaymil y las Reservas de la Biosfera de Sian Ka’an y Calakmul, ambas patrimonio de la Humanidad, así como siete Regiones Terrestres Prioritarias, y once Regiones Hidrológicas Prioritarias, a tal grado que podría convertirlas en áreas biológicamente inhóspitas. Estos estudios resaltan que no existe información suficiente acerca de los distintos proyectos económicos que este conllevaría, como las nuevas ciudades, los parques industriales y nuevos enclaves de desarrollos turísticos. Asimismo, los estudios exponen riesgos para la identidad cultural y posible mercantilización de la propia cultura indígena; violación al derecho a la tierra y mecanismos de financiamiento que no favorecen a los propietarios de las parcelas en los polos de desarrollo, así como la sobre- densificación del corredor turístico Cancún-Tulum.

Pero además, el estudio determina, claramente, que el Proyecto Tren Maya traza una ruta de infraestructura no sólo ferroviaria sino de desarrollos turísticos, habitacionales y de traslado, almacenamiento y comercio de mercancías de tipo diverso, situación que  supone un profundo reordenamiento territorial en los cinco estados afectados por el proyecto. Como consecuencia de lo anterior, y dada las condiciones naturales excepcionales y altamente vulnerables de la región así como diversidad biológica que existe en las cinco entidades federativas, se afectarán grandes macizos de selva, manglares y otros humedales, con la consecuente pérdida de  servicios  ambientales como las recargas al manto freático o su capacidad para capturar dióxido de carbono. Estas afectaciones en un contexto de alta conflictividad socio-ambiental vigente caracterizado por el despojo de bienes comunes de territorios campesinos e indígenas conllevan a su vez al deterioro de sistemas ambientales. La infraestructura ferroviaria y los llamados polos de desarrollo significarán también, irremediablemente, especulación y privatización de tierras ejidales. En este sentido también se pronunciaron académicos frente al Congreso de la Unión en septiembre de 2019.

Los cuestionamientos se agravan con el hecho de que no existe una evaluación de impacto ambiental del proyecto en su totalidad, ni de ningún centro urbano que se propone, así como tampoco hay estudios realizados ni información sobre cuál sería el impacto acumulativo del Tren Maya en toda el área de afectación. Esta falta de evaluaciones violenta el marco jurídico nacional e internacional que establece la obligación de llevar a cabo estudios de impacto ambiental para este tipo de proyectos. FONATUR se escuda en que por el momento no se construirán nuevas vías, sin embargo esto es sólo parcialmente cierto puesto que las vías serán ampliadas en toda su  extensión y se construirán y habilitarán carriles para un tren nuevo para el cual se requieren nuevos sistemas de durmientes y de rieles. Como reconoce el mismo Fonatur, los contratos firmados con los concesionarios tienen también la finalidad de que se construyan estructuras para el nuevo tren.

En este sentido, aún y cuando FONATUR anunció que el gobierno federal contaba con el 95% del derecho de vía, esto se ha comprobado incorrecto (por más del 40%) por estudios independientes y por el mismo FONATUR en el reciente informe del Director General Rogelio Jiménez Pons en la rueda de prensa del 18 de mayo pasado.

CUARTO. El proyecto del Tren Maya genera graves riesgos al patrimonio histórico y cultural, todos bienes nacionales, particularmente de la península. En los alrededores del trazo del Tren Maya el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene registro de siete mil 274 sitios arqueológicos. De éstos, mil 288 se encuentran a distancias no mayores a 10 kilómetros de la vía férrea, de manera que tendrían una afectación directa, según el citado estudio encargado por el CONACYT. En el mismo se afirma que “Atendiendo a los cálculos de pasajeros y carga del tren, podrían implicar la destrucción irrecuperable de posibles vestigios culturales, daño físico, adulteración o uso turístico excesivo”. En una denuncia penal realizada por arqueólogos, antropólogos, historiadores  y expertos de diversas organizaciones e institutos de investigación por daños  a  los bienes nacionales a raíz de los proyectos de los trenes maya y transistmico, se denunció que los estudios de salvamento fueron realizados por una persona que no cuenta con experiencia ni títulos en la materia.

QUINTO. Aún y cuando el gobierno federal ha buscado publicitar un supuesto apoyo desde las Naciones Unidas al proyecto, dicho apoyo no existe. Existen consultores contratados por FONATUR a través de ONU-Habitat y la UNESCO que colaboran actualmente con estudios para el proyecto, sin embargo esto no representa un espaldarazo al proyecto por parte de las Naciones Unidas. Es más, las acciones de ONU- Habitat para el proyecto han sido denunciadas porque han puesto en peligro la salud de las personas al realizar censos, entrevistas y encuestas para su desalojo y despojo de  sus hogares durante la emergencia sanitaria declarada desde el gobierno federal.

Finalmente queremos señalar que, frente a este proyecto que desde un inicio ha sido opaco por la ausencia de información, que beneficiará a grandes consorcios empresariales y que ha avanzado aún durante la pandemia de la Covid-19, poniendo en riesgo la salud de las trabajadoras, trabajadores, comunidades y la población en general, representantes de distintas comunidades indígenas y campesinas en los estados afectados han presentado diversas acciones legales. Lo han hecho ante instancias nacionales e internacionales, en las cuales han señalado la violación a diversos derechos. Dichas comunidades, a pesar de la dificultad que históricamente han tenido para acceder a la justicia, han logrado, hasta ahora, tres suspensiones, una en Calakmul, otra en Palenque y una más en Campeche, así como la emisión de medidas cautelares por parte de la CNDH.

En dichos procesos se han evidenciado claras violaciones a la ley, contradicciones y falsedades en la implantación del proyecto por parte fundamentalmente del FONATUR, pero sobre todo se ha expresado la voluntad de la población de mantener la exigencia y  la batalla jurídica y política para hacer efectivos sus derechos a preservar su territorio y medio ambiente.

En esa lógica, el Gobierno Federal tiene la oportunidad histórica, a partir de las promesas de cambio que su titular ha expresado, de generar un proceso en donde las demandas, puntos de vista y exigencias de las comunidades indígenas, académicos y diversos colectivos que han expresado su oposición al tren, puedan ser escuchados, de tal  manera que se genere un proceso realmente democrático en la definición de la política  de desarrollo de las comunidades y pueblos.


1 Pronunciamiento   del   19   de   diciembre   de   2019. https://www.hchr.org.mx/index.php?

option=com_k2&view=item&id=1359:onu-dh-el-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-tren-maya-no-ha- cumplido-con-todos-los-estandares-internacionales-de-derechos-humanos-en-la-materia&Itemid=265


viernes, 29 de mayo de 2020

Disminución de denuncias por violencia, no significa ausencia del delito: OCNF


  • Pendientes, estrategias para prevenir, atender y sancionar la violencia feminicida en México.
  • Acciones deben contar con perspectiva de género.
28 de mayo de 2020


El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) advierte que la disminución de denuncias relacionadas a la violencia contra las mujeres en México, no significa la ausencia, disminución y mucho menos la erradicación del delito.

Esto, luego de que el pasado 25 de mayo el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hizo pública la Información de enero a abril 2020 “sobre violencia contra las mujeres (Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1)”.

Si bien el número de llamadas que se documentaron no son las mismas, advertir la disminución del delito, sin tomar en cuenta el contexto social y sanitario actual en el que nos encontramos es irresponsable y carente de perspectiva de género, ya que muchas mujeres se encuentran sin la mínima posibilidad de denunciar las agresiones de las que pudieran estar siendo objeto al interior de sus hogares por parte de sus esposos, padres, familiares, etc.

Aunado a ello, la falta de denuncias está relacionada con que la propia  autoridad ha disminuido su capacidad    de atención a las mujeres, por el contexto de Coronavirus (Covid 19).

Cabe recordar que previo a la contingencia sanitaria, las autoridades federales, particularmente la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) tenía pendiente hacer públicas las estrategias y plan de trabajo para atender la problemática que día con día acaba con la vida de al menos
10.5 mujeres, a lo largo y ancho del país. Hasta la fecha, la CONAVIM no sólo no ha presentado un plan claro de trabajo en esta administración, sino ha obstaculizado todas las acciones que desde sociedad civil se venían impulsando para erradicar la violencia contra las mujeres y promover el acceso a la justicia desde las alertas de violencia de género.

Contrario a ello, vergonzosamente vemos cómo las autoridades federales lanzan campañas como “Cuenta hasta 10” que reproducen la violencia contra las mujeres, dejan la responsabilidad a las víctimas y desdibujan los delitos, reduciéndolos a “estados de ánimo”.

Esta campaña en particular fomenta el clima de impunidad que prevalece en el  país,  al  normalizar  las  violencias contra mujeres y niñas, pues no pone en claro que son delitos y como tal deben ser denunciados, investigados y sancionados. Invalida también la gravedad de los daños provocados por estas violencias en las víctimas al pedirles paciencia  frente  a  un  problema  que lacera gravemente su dignidad como seres humanas, su integridad física, emocional y en numerosos casos acaba con su vida.

A esto, se suman la difusión de recetas de cocina y de cómo las mujeres “deben” cuidar a su familia” previamente difundidas por la CONAVIM.

Mientras tanto, las mujeres en México no conocemos cuáles son las acciones estructurales que las autoridades federales y locales implementarán para cumplir de manera ética, pronta y eficaz, con la misión que le ha sido encomendada.


Hoy por hoy, 987 mujeres han sido asesinadas de enero a abril de 2020 en México, de acuerdo a las propias cifras del SESNSP, solo 308 se iniciaron investigando como feminicidio, pero ¿cuántos realmente tendrán justicia?

Según las estadísticas oficiales, el Estado de México, Veracruz, Puebla, Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco son los estados con el mayor índice de feminicidios en los primeros cuatro meses del año, sin embargo, en 210 municipios del país se tiene presencia del delito, por lo que las autoridades comunitarias, municipales, estatales y federales, deben no minimizar la problemática, cuando la realidad es que los asesinatos contra las mujeres siguen siendo pandémicos y se reproducen ante la inacción de las autoridades, la corrupción, discriminación e impunidad.

Los datos advierten que son las mujeres en edad reproductiva quienes están siendo mayoritariamente afectadas, pero también siguen ausentes las políticas públicas para salvaguardar la vida de las niñas y adolescentes frente a cualquier tipo de violencia, entre ellas la violencia sexual.

La violencia en nuestro país sigue siendo grave y los homicidios son un parámetro para medirla. A pesar de la contingencia la violencia feminicida sigue cobrando vidas, por lo que como defensoras de los derechos humanos preguntamos a las autoridades:

¿Cuál es la política pública del Gobierno Federal para garantizar los derechos de las mujeres?

¿Qué está haciendo la Secretaría de Gobernación para implementar y evaluar las declaratorias de Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)?

¿Son las AVGM la única política pública de este Gobierno? si es así,

¿Por qué los procesos de AVGM han sido abandonados desde el año pasado?

¿Por qué no se acredita el delito de feminicidio en entidades con alta incidencia de muertes violentas de mujeres y los registran como homicidio doloso?

Frente al Covid 19 ¿Realizará la CONAVIM acciones eficaces y con perspectiva de género para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres?

¿Cómo se están coordinando con las autoridades locales?

¿Qué están haciendo las autoridades federales para fortalecer las acciones que realizan los gobiernos estatales y municipales para prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas?

¿De qué forma se le da seguimiento a la implementación de la NOM-046?

¿A qué se debe la falta de coordinación con las víctimas y la sociedad civil?

Cabe recordar que en el marco del IX informe de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (Comité CEDAW), en sus Observaciones Finales el Comité recomendó a México: Elaborar “un plan de  acción  nacional, en colaboración con organizaciones de mujeres de la sociedad civil, para  garantizar  la  participación  de  las  mujeres en la lucha contra la inseguridad, la violencia y la delincuencia organizada en el país”, pese a ello, es claro que el Estado mexicano no está cumpliendo con esta recomendación.

Ocultar la realidad no contribuye a resolverla, no manifestar preocupación y mucho menos acción, perpetua una deuda histórica con las mujeres y con la sociedad que -a pesar de la contingencia-  espera  acciones  comprometidas,  con perspectiva de género, intercultural y de derechos humanos.

Atentamente,
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Para mayor información:
Atziri Ávila
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
Cel/Whatsapp: 9512536082
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lunes, 11 de mayo de 2020

Intolerable la negación, invisibilización e inacción frente a la violencia feminicida en México


         Gobierno  federal debe revisar las políticas de prevención, atención y sanción para atender la violencia contra las mujeres y niñas.

         Urgente la implementación de acciones con perspectiva de género que disminuyan la violencia contra las mujeres y niñas en medio de la pandemia de COVID 19.

         CONAVIM, ausente, insensible e inoperante.

Mayo 11 2020.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) expresa su rechazo a la negación de la violencia contra las mujeres en tiempos de cuarentena y advierte la omisión e inoperancia de instituciones federales, lo que podría agudizar la violencia que viven mujeres y niñas mexicanas.

En días pasados , el Presidente de la República aseguró que “no ha aumentado la violencia contra las mujeres en cuarentena, hay mucha fraternidad familiar”, sin embargo el 8 de marzo las manifestaciones masivas evidenciaron la gravedad de la violencia contra las mujeres y que ésta se presenta tanto en el ámbito público a través de la violencia comunitaria, como en el ámbito privado, a través de la familia y por parte de personas cercanas a ellas.

El propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el 25 de abril de este año, informó que de enero a marzo han sido asesinadas 960 mujeres, de los cuales solo 240 de los casos se han investigado como feminicidio.

Como OCNF, red nacional conformada por 44 organizaciones de la sociedad civil, ubicadas en 24 estados de la República, hemos identificado que el confinamiento coloca a las mujeres, niñas y adolescentes en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Tan solo en el primer trimestre del año, las propias autoridades federales registraron 67 mil ochenta y un llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres: 19,183 en enero, 21,727 en febrero y 26,171 en marzo, es decir: 56% más que en el primer trimestre de 2019, en el que se registraron 42,896. Es decir, un aumento de 24 mil 185 llamadas de emergencia. Este número refleja solamente a las mujeres víctimas de violencia que pudieron hacer una llamada (pues están conviviendo con el agresor, quien suele incomunicar a la mujer y a menudo confiscarles el teléfono).

Las llamadas, fueron confirmadas por el SESNSP como reales y son relacionadas con violencia familiar, violencia de pareja, violación, abuso sexual, acoso y hostigamiento sexual.

Por otra parte, de acuerdo con la Red Nacional de Refugios A.C. “los 69 espacios de prevención, atención y protección con los que cuenta se encuentran al 80 o hasta el 100% de su capacidad y no se han proporcionado recursos extraordinarios para que hagan frente a la contingencia sanitaria”.

En el caso de los feminicidios, el promedio de mujeres que han sido asesinadas en lo que va del año es de 10.54 mujeres al día.

Frente al contexto de la pandemia del Coronavirus, el OCNF ha documentado que debido al confinamiento la violencia contra las mujeres se ha agudizado.

Al quedarse sin trabajo, la mayoría de las familias viven contextos de preocupación, falta de empleo, falta de alimentos, economías precarias, etc. lo que incrementa la vulnerabilidad de las mujeres y niñas al enfrentar diferentes tipos de violencia, como: económica, psicológica, emocional, física, sexual e incluso feminicida.

A ello, se añade la imposibilidad de que puedan denunciar las agresiones en su contra. Y quienes se atreven a ir enfrentan la negación de las autoridades para tomarles la denuncia. Hemos documentado también el incumplimiento de obligaciones de las pensiones alimenticias, sustracción de menores, retos, incumplimiento y riesgo para el cumplimiento de la guardia y custodia de menores.

A pesar de este preocupante contexto, la CONAVIM, una de las instituciones encargadas de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, prevalece ausente, insensible e inoperante. Evidencia de ello es que más que acciones estructurales, contundentes y tangibles en esta cuarentena, ha difundido la información que fomenta y reduce a las mujeres a la realización de acciones que reproducen los estereotipos de género como la difusión de recetas de cocina, la responsabilidad de los cuidados familiares, etc. en vez de tener una intervención estratégica conforme a su mandato de atender, prevenir y sancionar la violencia feminicida, que va en aumento a nivel mundial.

Lo anterior evidencia que la CONAVIM no dimensiona la problemática o simplemente no le interesa abonar para contribuir a disminuir la violencia que atenta contra la vida de más del 50% de la población, lo cual es su deber fundamental.

Cabe recordar que el 84% de las entidades del país ha solicitado la Declaración de Alertas de la Violencia de Género, es decir 28 estados y formalmente el 62 % del territorio nacional se ha declarado en Alerta de Violencia de Género por la propia Secretaría de Gobernación.

A pesar del evidente contexto de violencia feminicida en México, desde inicios de este año, diferentes actores políticos como el Fiscal General de la República (FGR) o el Titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), han manifestado la intención de modificar el tipo penal de feminicidio, proponiendo incluso su desaparición, lo que significa un brutal retroceso.

Ante una doble pandemia actual, que vulnera aún más a las mujeres, como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales:


         Generen mecanismos de fácil y urgente acceso a las órdenes de protección para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres mexicanas.

         Impulsen medidas urgentes y extraordinarias para que las mujeres, sus hijas e hijos prevalezcan en sus casas  mientras  que sus agresores salgan de los hogares para frenar dicha violencia, ya que muchas   veces no tienen alternativas, redes familiares o si las encuentran, se exponen a contagiarse de Coronavirus.

         Realicen rondines constantes en comunidades y ciudades, particularmente en los domicilios de las mujeres que cuentan con órdenes de protección.

         Difundan de diversas formas y medios el nombre, contacto, dirección y horarios de atención de las instancias encargadas de atender a las mujeres víctimas de violencia, tomando en cuenta la perspectiva intercultural, para que pueda ser accesible a la mayoría de las mujeres.

         Etiqueten presupuestos adicionales para atender los impactos negativos de la pandemia en la vida de las mujeres e infantes. Reprobamos cualquier intento de reducción a los presupuestos destinados para atender a las mujeres que sufren violencia como el negado a las Casas de las Mujeres Indígenas (CAMI) el pasado 3 de abril 2020.

         Den a conocer las acciones que están implementando para combatir la violencia comunitaria.

         Exhortamos a los operadores de justicia a continuar las audiencias, aunque sea de manera virtual, pues lo que estamos viviendo no es un periodo vacacional. Es necesario que encuentren los métodos necesarios y seguros para no postergar el acceso a la justicia de las mujeres.

         Exigimos a la CONAVIM  haga  público  el  plan  de acción que emprenderá para atender a las mujeres en el contexto de  la  pandemia del Coronavirus. Es necesario que a la brevedad informe el estado actual de la implementación de las 20 Alertas de Violencia de Género (AVG) declaradas y las 6 que están pendientes. Es importante dar seguimiento a las AVG y que las reuniones de los Grupos Interinstitucionales y Multidisciplinario (GIM) se realicen, al menos por internet, para evitar continuar abonando a la prevalencia de la violencia feminicida en México.

         Exigimos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas atiendan de manera prioritaria a las víctimas tomando en cuenta el contexto actual que enfrentan familias enteras.

         Garanticen el acceso a la Norma 046 para que el derecho a decidir de las mujeres sea garantizado.

         Hacemos un llamado a la Cámara de Diputados/as y al Senado de la República que las modificaciones al tipo penal del feminicidio y a la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) sean progresivas y sin retrocesos.

         A las mujeres feministas y defensoras de los derechos humanos en distintos espacios de gubernamentales de poder, les pedimos incidir para que los derechos de las mujeres no sean vulnerados y violentados.

Como OCNF hemos documentado ataques y agresiones contra defensoras de los derechos de las mujeres en este contexto, por lo que exigimos garantías de seguridad y acciones de prevención para que las medidas implementadas en el marco del COVID no restrinjan las garantías individuales como defensoras ni de las personas que acompañamos.

Asegurar que “hay mucha fraternidad familiar” significa mitificar la violencia y  reproduce  estereotipos  de género que tienen a las mujeres en la opresión y las acciones  que  las  autoridades  implementen  pueden  marcar la diferencia entre la vida y la muerte, por lo que es necesario que el Gobierno Federal y  las/los servidores públicos del país dimensionen que la violencia feminicida también es una situación grave y urgente.

ATENTAMENTE

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) conformado por:

Aguascalientes: Observatorio de Violencia Social y de Género Aguascalientes;

Baja California: Mujeres Unidas: Olympia de Gouges;

Campeche: Observatorio de Violencia Social y de Género;

Chiapas: Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas AC-COLEM;

Chihuahua: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Mujeres por México en Chihuahua; Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Justicia para Nuestras Hijas; Red Mesa de Mujeres de Juárez;

Colima: Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental;

Ciudad de México: Católicas por el Derecho a Decidir; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Red Mujer Siglo XXI; Justicia Pro Persona A.C.; Justicia Derechos Humanos y Género; Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM;

Estado de México: Visión Mundial de México; Red de promotoras de Ecatepec; Familiares en búsqueda de Justicia del Estado de México;

Hidalgo; Servicios de Inclusión Integral AC SEIINAC; Guanajuato: Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”; Guerrero: OBVIO Guerrero AC;
Jalisco: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-México);

Morelos: Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C.;

Nuevo León: ARTHEMISAS por la Equidad, A.C.;

Oaxaca: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Colectivo Bolivariano; “Yureni” A.C;.

Puebla: Programa de Género y VIH Dirección del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J;

Quintana Roo: Maya sin Fronteras;

Sinaloa: Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Frente Cívico Sinaloense;

Sonora: OCNF Sonora;

Tabasco: Asociación Ecológica Santo Tomás; Comité de Derechos Humanos de Tabasco;

Tlaxcala: Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local; Colectivo Mujer y Utopía, A.C.;

Veracruz: Red Nacional de Periodistas;

Yucatán: Ciencia Social Alternativa, Observatorio Ciudadano Nacional de Violencia A.C.;

Zacatecas: Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas. A C;


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Atziri Ávila
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