viernes, 11 de abril de 2014

Carta de solidaridad a Contec

C. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República
C. Cesar Duarte Jaquez, Gobernador del Estado de Chihuahua
C. Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
C. Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República
C. Jorge Venustiano González Ilescas, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados
Lic. José Miguel Salcido Romero, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
C. Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México.
A las organizaciones nacionales y estatales no gubernamentales de derechos humanos
A la opinión pública 

Las asociaciones civiles y organizaciones sociales abajo firmantes hemos seguido de cerca las recientes resoluciones legales que han favorecido las demandas relacionadas con los derechos al  territorio ancestral,  a la consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas rarámuri ubicadas en la región del Divisadero donde se encuentra operando el Fideicomiso Barrancas del Cobre y en la zona de Creel, Chihuahua.

De estos triunfos mencionamos los siguientes:

1.      La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (marzo del 2012) a favor de la comunidad indígena de Huitosachi, Municipio de Urique, la cual obliga a los tres niveles de gobierno a constituir el Consejo consultivo Barrancas del Cobre como lo establece el decreto que dio origen a dicho Fideicomiso. Sin embargo, esta sentencia a la fecha no ha sido ejecutada.   
2.      El fallo en segunda instancia a favor de la comunidad rarámuri de Huitosachi  en contra de Fomento Agropecuario Campo Lindo SA de CV y de los hermanos Andrés Arturo y Jaime Federico Elías Madero, emitido por el LIC. GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ, Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, mediante la cual se resuelve que los rarámuri ahora serán legalmente los legítimos propietarios de las tierras localizadas en ese lugar (2009-2014).
3.      La “suspensión de plano” de las obras del Aeropuerto regional de Creel,  municipio de Bocoyna,  decretada el pasado 3 de abril del año en curso a favor de la comunidad Bosques de San Elias-Repechique por el Lic. IGNACIO CUENCA ZAMORA juez del Juzgado 8vo de Distrito,  en tanto,  se resuelva la controversia interpuesta por la comunidad rarámuri en contra del Fideicomiso Barrancas del Cobre por la falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado y las afectaciones de las que han sido objeto a consecuencia de las obras de construcción referidas.

Hasta ahora la respuesta del poder ejecutivo del estado ha sido descalificar a las comunidades al presentarlas como menores de edad, incapaces de elegir lo que a ellos conviene. Igualmente, viene presionando a sus asesoras al intervenir a la Consultoría Técnica Comunitaria AC a través de una auditoria fiscal promovida por una petición del departamento jurídico de la Secretaria de Economía.

El avance en los tribunales civiles de las demandas para el respeto a los derechos territoriales y de consulta es una vía de acción oportuna para visibilizar al Pueblo rarámuri y su consideración irrestricta, por parte de los tres niveles de gobierno.

Nos alegramos de la existencia de convenciones internacionales y del marco jurídico constitucional que da la posibilidad a las comunidades indígenas para que puedan acceder a las controversias jurídicas en un nivel de equidad con sus ofensores.

Nos solidarizamos con las comunidades indígenas rarámuri que están dando una lucha ejemplar en los tribunales y  con la Consultoría Técnica Comunitaria asociación civil que ha apoyado a las comunidades indígenas a posicionarse en las controversias jurídicas y en la opinión pública.

Exhortamos al poder ejecutivo a respetar el estado de derecho y acatar las resoluciones que de los tribunales emanan, así como, buscar caminos conciliatorios con las comunidades indígenas.

Atentamente,

Luz Esthela Castro y Alma Gómez, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
Javier Ávila, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos.
Gabino Gómez y Martín Solís Bustamante, el Barzón.
Gabriel Parga, Vicario de Pastoral Indígena de la Diócesis de Tarahumara.
Francisca Jiménez, Red por la Participación ciudadana.
Beatriz Verduzco, Grupo Observa Ciudadana.
Graciela Ramos, Mujeres por México.
Rodolfo Leyva Martínez, Académico.
Víctor Quintana Silveira, Asesor del Frente Democrático Campesino.
Ariana Rico, CooperAndo Economía Alternativa y Solidaria.
Isabel Encerrado, Unión Campesina Democrática.
Isela González, Alianza Sierra Madre.  
Rosa María Sáenz, Grupo de abogadas demócratas.
Goretti Espíndola de la Vega, Jóvenes Ante el desastre y la emergencia nacional – Chihuahua.
Colectivo Epistémico de Teoría Crítica de Chihuahua, Horacio Almanza Alcalde.
Carmen Herrera,  Abogados y abogadas por la justicia y derechos humanos.
Rocío Martínez Carrera, Colectivo la Gota.
Adrian Mahonry, Iskra casa de cultura.
Guillermo Palma, Servicios integrales emuri SINÉ.

miércoles, 9 de abril de 2014

Candidatura de la Defensora de Derechos Humanos, Irma Antonia Villanueva Nájera como Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado (CEDH).

Las organizaciones defensoras de derechos humanos del Estado de Chihuahua y personas abajo firmantes, nos dirigimos a ustedes a fin de manifestar nuestro apoyo a la candidatura de la Defensora de Derechos Humanos, de profesión abogada, Irma Antonia Villanueva Nájera como Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado (CEDH).

Con una vasta formación académica y práctica en derechos humanos, Irma recibió sus primeras lecciones prácticas de justicia, feminismo y género en su entorno familiar. Es hija de un campesino que luchó hasta el último día de su vida por la tierra, el bosque y el uso adecuado de los recursos naturales. Su madre pasó de ser enfermera y maestra, a defensora del derecho a la tierra y a denunciar los abusos de las personas que ostentaban el poder.

Al crecer en Guadalupe y Calvo, convivió cotidianamente con comunidades indígenas, sufrió las limitaciones y carencias de los servicios mínimos que se tienen en la zona rural, como son el acceso a la salud, escuela, y justicia. De niña presenció las injusticias y discriminación por razones de género y de etnia. Estas circunstancias marcaron su destino y la llevaron a estudiar Derecho, donde pudo hacer realidad sus sueños: la defensa activa de los derechos humanos.

Desde que estudiaba la carrera de Derecho, empezó a trabajar en la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC), segunda organización de DH creada en el país, fundada en 1988. Ahí desarrolló tanto la empatía con las víctimas de violaciones de derechos humanos como la sensibilidad para detectar cualquier injusticia.

Ha colaborado en el monitoreo y fiscalización del trabajo legislativo, con una participación especial en la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a Información Pública del Estado de Chihuahua.

A partir de 2007 se unió al equipo del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, del cual es coordinadora jurídica desde 2010. Desde ese espacio realizó innovaciones importantes a partir del litigio estratégico e integral a favor de las mujeres, niños y niñas víctimas de violencias de género; logrando la implementación de medidas de protección efectivas en materia familiar; impulsando liderazgos y empoderamiento en las mujeres, a través de la capacitación, investigación y litigio en el sistema de justicia penal y familiar. De igual manera, y sabedora de la importancia del tema, ha impartido infinidad de cursos y capacitaciones a mujeres víctimas de violencias y funcionarios públicos municipales, estatales y nacionales.

En el año 2010, realizó una pasantía en la oficina para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con sede en Costa Rica, donde a través del seguimiento de casos a diversos países del continente obtuvo herramientas para comprender y usar los estándares internacionales de protección a los derechos humanos y la jurisprudencia internacional.

El litigio estratégico que realiza ha incorporado los más altos estándares de protección a derechos humanos en grupos en situación de vulnerabilidad tales como: niños/as, mujeres, indígenas, defensoras/es de derechos humanos, personas pertenecientes a la diversidad sexual, familiares de personas desaparecidas, personas que reivindican su derecho a la vivienda y al trabajo. Ello, sumado a su capacidad de liderazgo, su sensibilidad y el conocimiento de las principales problemáticas en derechos humanos del Estado, la hacen una persona idónea para ocupar el puesto de Presidenta de la CEDH.

La visión humanista de Irma, su capacidad de diálogo e interlocución, su honestidad y compromiso son garantía de que tomará como ejes prioritarios la autonomía, inclusión y no discriminación, en un diálogo constante y amplio con diferentes sectores, con cercanía y empatía a las personas, en donde la centralidad será la protección y reivindicación de los derechos de las personas que sufren violaciones de derechos humanos. De igual manera, tenemos certeza que su gestión ayudará a garantizar la profesionalización, evaluación del desempeño de las y los funcionarios públicos, en el que el uso de los recursos públicos sea fiscalizado por la ciudadanía, con perspectiva de género y diversidad cultural.

Señores y señoras diputadas: hace más de dos décadas se adoptaron los Principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos (Principios de París). Ese instrumento internacional, sumado a la reforma constitucional que se dio en México, evidenciaron la importancia de contar con instituciones de Estado democráticas y autónomas que protejan a las personas que son víctimas de violaciones de derechos humanos, a presentar propuestas legislativas, generar estudios y propuestas de políticas públicas que redunden en un mayor beneficio de los derechos humanos en el Estado.

En tal sentido, deseamos recordar que los derechos humanos son la conciencia universal de la dignidad y libertad de las personas. Su integralidad obliga a una labor conjunta de sociedad y Estado. La progresividad determina que la figura del Presidente/a de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, deba liderar un equipo que esté en posibilidad de enfrentar -desde su mandato legal- siempre nuevos retos mediante la adaptación e innovación permanentemente de sus procedimientos y metas. Sin duda alguna, Irma Villanueva Nájera puede cumplir con ese importante mandato.

Por todo lo anterior, exhortamos a las y los diputados que realicen un procedimiento transparente y basado en una revisión responsable de las trayectorias de las personas postulantes. De igual manera, las organizaciones y personas que avalamos la candidatura de esta defensora seguiremos de cerca el proceso y esperamos que las entrevistas, conocimientos en la materia e historias de vida en el compromiso con los derechos humanos sean las directrices que rijan los criterios de selección de este importante cargo.



Atentamente,

Bowerasa, Sacerdote Ignacio  Becerra Trigueros y Estela Ángeles
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Luz Estela Castro
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Pbro. Oscar Enríquez
Círculo de Estudios de Género, Estela Fernández  
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Emilia González Tercero
Ecos de Mirabal, Dora Villalobos
El Barzón Chihuahua, Gabino Gómez
Grupo Feminista 8 de marzo, Elvira Villarreal
Grupo Género Parral, Silvia Margarita Martínez
Jóvenes ante la emergencia nacional. Lucero de Lourdes Espíndola de la Vega.
Justicia para nuestras hijas, Norma Ledesma
Letra S, Alejandro Britto
Mujeres Barzonistas, Minerva Maesse Gómez.
Observa Ciudadana, Blanca Gámez
Organización de Defensa del Patrimonio Familiar y de los Derechos Humanos, Isabel Encerrado
Red por la participación Ciudadana, Francisca Jiménez
Unión de vendedores ambulantes 1º. de mayo, Dirección Colectiva
Camilo Daniel Pérez, Sacerdote Diocesano de Cuauhtémoc.
Diana Villalobos, defensora de Derechos Humanos
Dr .Víctor Quintana Silveyra defensor de Derechos Humanos

Hilda de la Vega Cobos, defensora de Derechos Humanos





domingo, 23 de marzo de 2014

Exhortación al H. Congreso del Estado de Chihuahua para que respete la Constitución en la designación de Consejeros/as del Ichitaip

Chihuahua, Chih., a 24 de marzo de 2014


La sentencia que finalizó el juicio de amparo indirecto núm. 1574/2012 —dictada el 9 de enero de este año por Ignacio Cuenca Zamora, Juez Octavo de Distrito del Decimoséptimo Circuito— indudablemente ha constituido un hito en nuestra historia democrática nacional. Se ha demostrado que nadie está por encima de la Constitución, y que la ciudadanía tiene medios para contrarrestar las arbitrariedades.

Queremos que el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública funcione a su máxima capacidad, y que lo haga con excelencia: para que esto sea una realidad, se necesita que los/as consejeros/as sean expertos/as, que obren con independencia; que no sean designados/as por factores ajenos al mérito. Pedimos que las designaciones en puestos públicos atiendan a los perfiles adecuados y capacidad de las personas.

El Ichitaip es un Órgano Constitucional Autónomo, creado específicamente para garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, para fomentar que la ciudadanía esté informada de los asuntos públicos.

Lamentamos que diversos criterios emitidos por el Consejo General del ICHITAIP no se apeguen a lo establecido por las Constituciones Federal, Local y la Ley de la materia estatal. Lo cual es resultado de que las personas designadas no cuentan con el perfil adecuado, como consecuencia de irregularidades derivadas en la designación de dichos/as Consejeros/as, tal y como ha quedado demostrado en el caso del proceso realizado en noviembre de 2012, lo que se encuentra documentado en el referido amparo indirecto núm. 1574/2012.

Con base en lo anterior, exhortamos al Congreso del Estado en cumplimiento a la sentencia del aludido amparo tome como base la valoración y acreditación del mérito e idoneidad de las personas candidatas, utilizando herramientas técnicas, objetivas y transparentes para ello, entre las que se encuentran, la de considerar los resultados del examen de conocimientos, así como la de evaluar las aptitudes y habilidades determinadas que se desprendan de las entrevistas realizadas, a efecto de que se lleve a cabo la ponderación de las cualidades de cada candidato/a con las exigencias del cargo.

Es de primordial relevancia en acato a la sentencia en mención, se transparente a través del voto razonado de cada uno/a de sus Diputados/a, donde se expongan las razones, motivos o circunstancias por las que considera que las personas elegidas serán las más aptas para ocupar el cargo en el Consejo General.

 Rechazamos además que se pretenda descalificar al activismo cívico a través del denuesto personal o del abuso del poder para pretender fabricar expedientes. Para cualquier observador está claro que el C. Rodolfo Leyva Martínez, quien cumplió con todo requisito y además su examen de conocimiento le dio el primer lugar, simplemente no desistirá hasta que la constitucionalidad impere. Por ello hacemos el llamado a las y los diputados para que hagan lo justo, y eviten otra crisis institucional al simular un cumplimiento de la sentencia.



  • Observa Ciudadan@, Observatorio para el Acceso a la información Pública
  • Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C.
  • Círculo de Estudios de Género, A.C.
  • El Barzón Chihuahua
  • Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas GPDPC
  • Mujeres por México en Chihuahua, A.C.
  • Justicia para Nuestras Hijas A.C.
  • Plan Estratégico de Juárez A.C.
  • Red Mesa de Mujeres de Cd Juárez A.C.
  • Red por la Participación Ciudadana A.C


Contacto. 614 115 3183

viernes, 21 de marzo de 2014

ORGANIZACIONES LAMENTAN QUE MÉXICO NO ACEPTE LA COMPETENCIA DEL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA PARA RECIBIR CASOS INDIVIDUALES



Ginebra, 20 de marzo de 2014. El día de hoy, la delegación del Estado mexicano se pronunció sobre las 176 recomendaciones que le fueron formuladas por el Consejo de Derechos Humanos en octubre pasado.

Las familias de desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos que les acompañamos saludamos la aceptación de la gran mayoría de las recomendaciones relacionadas con desaparición forzada, y estaremos vigilantes de su implementación. No obstante, lamentamos profundamente que el Estado mexicano haya aceptado parcialmente la recomendación del Consejo de Derechos Humanos relacionada con “reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), asegurar la incorporación de la Convención al marco jurídico nacional y crear un registro oficial de personas desaparecidas (Francia)/Aceptar la competencia del CED para recibir peticiones individuales (España)/Reconocer la competencia del CED de conformidad con los artículos 31 y 32 (Uruguay).”

Como es sabido, el rol de México fue central para la discusión y adopción de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la cual fue adoptada en 2006. México no sólo participó de manera activa en las discusiones sobre la elaboración de la Convención, sino que lo hizo “también en nombre del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe”[1].

México es parte de esa Convención, pero aún no ha reconocido la posibilidad de que los familiares, organizaciones y víctimas presenten comunicaciones o denuncias por violaciones de derechos humanos relacionadas con desapariciones forzadas.

Hoy en día, muchos casos de desapariciones no se denuncian en nuestro país por miedo, estigmatización o desconfianza a las autoridades. No obstante, en la mayoría de las denuncias que se presentan, no existen mecanismos efectivos de búsqueda, identificación de restos, protección de familiares y sujetos procesales, identificación y sanción de los responsables.

Los familiares de personas desaparecidas y las organizaciones que les acompañamos, nos preguntamos qué se necesita para que dentro de nuestro país, las autoridades se comporten como lo hacen en el exterior. La congruencia entre la política interior y la exterior implica que se hagan realidad los derechos irrenunciables a la verdad, justicia y reparación en casos de desapariciones forzadas.

El derecho a la justicia va más allá de las formalidades nacionales y debe posibilitar a las víctimas de violaciones de derechos humanos a acudir a instancias internacionales en busca de protección, justicia y reparación cuando las autoridades mexicanas no cumplen con su mandato, lo cual es lo que ocurre hoy en México.

Por ello, lamentamos profundamente la falta de aceptación de esta recomendación e instamos al Estado mexicano, particularmente al Senado de la República, a que acepten a la brevedad la recomendación formulada. La democracia en México y la nueva visión en materia de derechos humanos implica el mayor escrutinio internacional y el otorgar a las víctimas todas las posibilidades existentes para tener la verdad, justicia y reparación de sus familiares desaparecidos.



Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C.
Centro de Derechos Humanos Victoria Diez.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
El Barzón Chihuahua
Equis Justicia para las Mujeres
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México.
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)
JASS Asociadas por lo Justo
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez
Red por los Derechos de la Infancia (REDIM)


[1] Naciones Unidas. Comisión de Derechos Humanos. Informe del Grupo de Trabajo entre períodos de sesiones, de composición  abierta, encargado de elaborar un proyecto de instrumento normativo  jurídicamente vinculante para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Doc. ONU E/CN.4/2006/57, de 2 de febrero de 2006, pág. 54.

jueves, 20 de marzo de 2014

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua participa en Ginebra en la segunda revisión del Examen Periódico Universal de México



Ginebra, 20 de marzo de 2014. En esta semana, el Centro de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDEHM) participa junto con otras organizaciones de derechos humanos mexicanas e internacionales en la etapa final de la segunda revisión del Examen Periódico Universal (EPU) respecto de México.



El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se instauró en abril de 2008 con la finalidad de revisar cada cuatro años y medio las prácticas de derechos humanos de cada uno de los 193 Estados miembros de la ONU. El pasado 23 de octubre de 2013 se llevó a cabo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la segunda revisión en la que se emitieron 176 recomendaciones y el Estado mexicano se comprometió a que en marzo de este año respondería respecto de las recomendaciones que aceptaba o rechazaba.



Algunos de los temas que contaron con mayor número de recomendaciones fueron los derechos de las mujeres (erradicación de violencia de género, derechos sexuales y reproductivos y trata), defensores/as de derechos humanos, desaparición forzada de personas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, fuero militar y derechos económicos, sociales y culturales.



Durante todo el proceso del EPU, el CEDEHM y otras organizaciones de la sociedad civil hemos participado de manera activa para que se hicieran recomendaciones que evidencien los importantes retos que aún tiene México en el respeto, garantía y promoción de los derechos humanos.



De manera paralela, en marzo de 2013, un conjunto de más de 30 organizaciones y dos redes de la sociedad civil presentamos un informe conjunto para esta segunda ronda del EPU, que destaca el aumento de las violaciones a los derechos humanos, principalmente derivado del contexto de violencia e impunidad que se vive en el país. En particular, el CEDEHM aportó información e insumos en los temas de desaparición forzada y tortura, personas defensoras de derechos humanos y periodistas; y derechos de las mujeres, temas que atañen a la problemática que se vive en el estado de Chihuahua.



Han transcurrido 5 meses en los cuales el Estado mexicano ha tenido la oportunidad de analizar las recomendaciones y el día de hoy México ha respondido sobre las recomendaciones aceptadas y las acciones que emprenderá al respecto, a partir de un documento ADENDUM  que se encuentra accesible en: http://www.sre.gob.mx/images/stories/docsdh/2014/addendum.pdf





Además, el CEDEHM participará en otras reuniones a fin de prestar información particularmente en relación con defensoras/es de derechos humanos, violencias de género, desapariciones forzadas e involuntarias, derecho a la vivienda digna y derechos ambientales.



El CEDEHM será en ese importante evento, la voz de otras organizaciones del estado como son Bowerasa, Alianza Sierra Madre, Contec, organizaciones defensoras de derechos humanos que acompañan la lucha de los pueblos indígenas de Chihuahua;  además del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte que acompaña a víctimas de tortura; El Barzón Chihuahua, que defiende el derecho humano al medio ambiente, al agua y a la vivienda digna; y los derechos de las víctimas de violencias de género, uno de los grandes temas que integran el trabajo profesional del CEDEHM.



El CEDEHM lamenta que, entre otras, el Estado mexicano haya aceptado parcialmente la recomendación del Consejo de Derechos Humanos relacionada con “Reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), asegurar la incorporación de la Convención al marco jurídico nacional y crear un registro oficial de personas desaparecidas (Francia)/Aceptar la competencia del CED para recibir peticiones individuales (España)/Reconocer la competencia del CED de conformidad con los artículos 31 y 32 (Uruguay).”



Los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación en casos de personas desaparecidas son una utopía en el país. Las obligaciones relacionadas con la búsqueda, identificación, registro, investigación diligente y eficaz y sanción de los responsables aún están pendientes y son urgentes en Chihuahua.