viernes, 22 de marzo de 2019

EXISTEN IMPORTANTES DESAFÍOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE QUIENES DEFIENDEN LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO: CIDH



  • La CIDH urge al Estado Mexicano a implementar una política integral de protección para las personas defensoras de derechos humanos.

Chihuahua, Chih., 22 de marzo de 2019. El día de hoy se llevó a cabo la presentación del informe Políticas integrales de protección de personas defensoras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presidida por Jaime Vidal, Oficial responsable por la Relatoría sobre Defensores de Derechos Humanos de la CIDH; Ricardo C. Neves, Oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); Garance Tardieu, Oficial de Programas de Amnistía Internacional México; Fernando Ríos, Secretario Ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT); y Alejandra Nuño, abogada internacional del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM).

Este informe fue aprobado por la Comisión en diciembre de 2017 y analiza los principales avances y desafíos en el funcionamiento de mecanismos nacionales de protección, legislación, políticas y programas existentes en los Estados. También desarrolla los componentes principales de las políticas integrales de protección, como una guía para las futuras estrategias en esta área. Finalmente, enuncia una serie de recomendaciones, encaminadas a garantizar una mejor implementación de las medidas de prevención, protección e investigación, para lograr una política integral de protección.

En el informe se señala que México fue el segundo país del hemisferio en adoptar un Mecanismo de Protección especializado, a través de la aprobación en 2012 de la “Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas”. Pese a lo anterior, aún existen importantes desafíos para solucionar el problema de inseguridad de las personas defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con la Comisión, las personas defensoras continúan siendo víctimas de asesinatos, asaltos, desapariciones forzadas, amenazas, registros ilegales, criminalización, así como de restricciones financieras o administrativas al trabajo que realizan. Asimismo, la corrupción, la falta de independencia e imparcialidad judiciales, la impunidad, las barreras para el acceso a la justicia, la persistente estigmatización y difamación, por parte de la prensa y de Oficiales de alto rango del Estado en México, perpetúan la actual situación de riesgo en la que se encuentran.

Sobre el Mecanismo de Protección, la Comisión menciona la falta de estabilidad y sustentabilidad financieras del mismo; la insuficiencia e inestabilidad del personal; la falta de formación adecuada y de conocimientos técnicos básicos sobre derechos humanos y sobre los numerosos riesgos que enfrentan las personas defensoras y periodistas. También refiere que, de las 389 solicitudes de protección, en el 38% de los casos los posibles agresores eran oficiales públicos.

Adicionalmente, la CIDH refiere los problemas señalados por la sociedad civil: el Mecanismo de alerta temprana no habría producido resultados favorables; la evaluación de riesgo y las medias de protección no incluirían una perspectiva de género, ni un enfoque multicultural y colectivo, para los casos que involucran comunidades indígenas; no existiría una coordinación adecuada entre las diferentes instituciones encargadas de dar soporte, seguimiento e investigaciones subsiguientes a las medidas de protección; y habría dificultades legales para acceder al programa, entre otros.

Sobre las evaluaciones de riesgo por parte del Mecanismo, la Comisión señala su preocupación por los retrasos en su implementación, la falta de comunicación de los resultados, la falta de consideración del contexto al momento de llevarlas a cabo, y la falta de adecuación de las medidas de protección de acuerdo a las necesidades específicas y la realidad de las personas en riesgo.

Jaime Vidal estableció que “los programas nacionales de protección deben contar con un marco legal sólido que lo soporte; recursos financieros y humanos necesarios y sostenibles; colaboración con otras instituciones del Estado; independencia o autonomía de la institución que otorga medidas; activación del deber de protección; análisis de riesgo flexible e individualizado; participación de las personas beneficiarias; doneidad y efectividad de las medidas de protección; así como enfoques diferenciados para grupos en especial vulnerabilidad o discriminación histórica, como mujeres defensoras, pueblos indígenas, y personas LGBTI”.

Por su parte, Ricardo C. Neves recordó que “en los tres ciclos del Examen Periódico Universal (EPU), el tema relativo a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas ha sido el que ha generado la mayor cantidad de recomendaciones”. Añadió que “Chihuahua es uno de los estados del país con el mayor número de asesinatos de quienes defienden los derechos humanos, la mayoría de los cuales continúan impunes”. Y agregó que “para tener una política integral de protección es necesario desarrollar y fortalecer otros mecanismos nacionales con recursos suficientes”.

En su intervención, Garance Tardieu refirió el ejemplo particular de Chihuahua, entidad en la que la sociedad civil impulsó en 2016 la implementación de una Alerta Temprana, y mencionó que “el Plan de Contingencia derivado de esta Alerta, representaba lo más cercano que hemos visto en México a una política pública integral. Sin embargo, la falta de compromiso político, en todos los niveles de autoridad, no permite su cabal implementación”.

Durante su participación, Fernando Ríos mencionó que la Red TDT “registró 202 personas defensoras de derechos humanos y periodistas asesinadas(os) en el sexenio de Enrique Peña Nieto; ahora van 16, tan sólo en 110 días”. Añadió que en México “vemos expresiones que propician la construcción de un marco jurídico que favorece estructuralmente la impunidad”. En este contexto, dijo, “es imprescindible partir de lo que afirma el informe: defensoras y defensores de derechos humanos son un pilar esencial para el fortalecimiento y consolidación de las democracias.”

Por todo lo anterior, en su informe la Comisión determina la necesidad de implementar una política de protección integral para las personas defensoras de derechos humanos, que vaya más allá de mecanismos de protección física e implemente medidas y políticas públicas encaminadas a respetar sus derechos; prevenir las violaciones a sus derechos; proteger y garantizar su derecho a la vida e integridad; investigar con debida diligencia los actos de violencia en su contra; y, sancionar a los responsables intelectuales y materiales, así como a reparar el daño.

La presentación de este informe sucedió en el marco del taller de Herramientas para la incidencia en políticas públicas de protección de personas defensoras de derechos humanos, financiado por la Delegación de la Unión Europea en México; organizado por Front Line Defenders y el CEDEHM; convocado por la Red TDT.

A la presentación acudieron representantes de organizaciones de la sociedad civil, quienes en su mayoría participaron en el taller, así como la Dip. Blanca Amelia Gámez Gutiérrez; el Lic. Héctor Talamantes, en representación del Lic. Pablo Héctor González Villalobos, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE); representantes de la Secretaría de Desarrollo Social, de la Fiscalía General, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y del Instituto de Formación Judicial del TSJ.

CULMINA CON ÉXITO TALLER SOBRE INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS DE PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS


  • A la capacitación asistieron representantes de 27 organizaciones de la sociedad civil de diferentes entidades del país.
  • El curso fue facilitado por personal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
Chihuahua, Chih., a 22 de marzo de 2019.- Durante los días 21 y 22 de marzo tuvo lugar el taller teórico-práctico de Herramientas para la incidencia en políticas públicas de protección de personas defensoras de derechos humanos, financiado por la Delegación de la Unión Europea en México; organizado por Front Line Defenders y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM); convocado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

El taller se realizó con el objetivo de dotar a las y los participantes de estrategias de incidencia que les permitan actuar para contribuir a su protección efectiva, de tal manera que, como personas defensoras de derechos humanos, puedan continuar realizando su labor en condiciones de libertad, seguridad y con pleno acceso a la justicia.

A este curso asistieron personal directivo, de coordinación, abogadas(os) y responsables de incidencia de 27 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran: la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Consultoría Técnica Comunitaria, la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Mujeres contra la Violencia de Género, Comunicación e Información de la Mujer, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitora, Servicios y Asesoría para la Paz, Artículo 19, Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, el Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Front Line Defenders, Red TDT y Amnistía Internacional México, entre otras.

Durante el taller, las y los participantes intercambiaron aprendizajes sobre el rol de la sociedad civil en México, y compartieron experiencias previas de sus respectivas organizaciones en materia de incidencia. En el transcurso de ambos días se estudiaron temas relativos a marcos jurídicos (nacionales e internacionales) y herramientas para la incidencia en políticas públicas. También se estudiaron casos prácticos relativos a la protección de personas defensoras de derechos humanos.

El curso fue facilitado por Jaime Velero, Oficial responsable por la Relatoría sobre Defensores de Derechos Humanos de la CIDH, así como por Ricardo Cancela, Oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, coordinador del grupo de trabajo sobre Personas Defensoras de Derechos Humanos y Libertad de Expresión.

Jaime Velero cuenta con Maestría en Justicia Penal por la Universidad de Barcelona y Maestría en Derecho Internacional por la Universidad de Utrecht. Anteriormente trabajó en la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos, así como en la sección de apelaciones de la Corte Penal Internacional en la Haya.

Ricardo Cancela cuenta con Maestría en Ciencias Jurídico-Económicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Porto, Portugal. Previamente trabajó en la Corte de la Unión Europea en temas de derechos fundamentales. Ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil en más de veinte países y desde hace cinco años se dedica al tema de protección de personas defensoras y periodistas en México.




viernes, 8 de marzo de 2019

SE CUMPLEN NUEVE AÑOS DEL ASESINATO IMPUNE DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS ERNESTO RÁBAGO MARTINEZ


  • Ernesto Rábago Martínez acompañó a los indígenas rarámuri en la legítima defensa de su territorio. Fue asesinado el 1 de marzo de 2010.
  • A partir de 32 juicios iniciados por el territorio de Baquéachi en el año 2006, los indígenas han recuperado, aproximadamente, 21 mil hectáreas que les fueron invadidas.



Chihuahua, Chih., 27 de febrero de 2019.- El día lunes 4 de marzo, a nueve años del asesinato impune del defensor de derechos humanos Ernesto Rábago Martínez, un contingente rarámuri proveniente de las comunidades indígenas de Baquéachi, Chinéachi y Wawatzérare, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil, demandaron justicia en la capital del estado.

El evento inició a las 10:00 de la mañana a un costado de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús con danza de matachines y fariseos. En el lugar, el coordinador general de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (COSYDDHAC), Felipe Ruiz Becerra, mencionó que Ernesto Rábago “era el que estaba ahí, el que sabía el siguiente paso a dar, en la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

A continuación, citó al abogado diciendo que “la comunidad indígena de Baquéachi está determinada a seguir defendiendo, con estricto apego a la ley, la integridad de su territorio. Aún queda mucho camino para lograr el respeto a la integridad de su territorio, el cumplimiento y la conservación de sus normas internas, de sus usos y costumbres”. Enseguida se recordaron los nueve años del asesinato impune del defensor y se cuestionó “¿Y la justicia? ¿Dónde está? ¿Quién se la llevó? ¿Quién la tiene? ¿Quién la secuestró? ¿Para quién es?”.

Acto seguido, a las 11:00 am, fue oficiada una misa por el sacerdote Jesuita Javier Ávila. En el altar, junto a la fotografía de Ernesto, se colocó también una fotografía de Miroslava Breach Velducea, periodista que en vida contribuyó a visibilizar las problemáticas de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, en la exigencia de inclusión, consulta, justicia y reparación. Al finalizar la ceremonia, se continuó con una marcha hacia la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, donde las y los participantes gritaron consignas para demandar justicia en el caso de Ernesto Rábago.

Enseguida se continuó hacia la cruz de clavos, memorial de los símbolos de la impunidad, donde Estela Ángeles Mondragón y gobernadores de las comunidades indígenas asistentes, participaron de un ritual religioso para la curación y celebración de la vida.

En el lugar, frente a Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua, Juan, el actual presidente de Bowerasa A.C., habló en nombre de las comunidades indígenas presentes y declaró que “estamos aquí para exigir justicia” y continuó diciendo que “queremos que castiguen a los que lo han matado a Ernesto Rábago”. Añadió que “también estamos aquí por Miroslava, buena amiga de Baquéachi, Chinéachi y Wawatzérare” y terminó diciendo que “año con año aquí vamos a estar si no hay castigo para los culpables”.

Ernesto Rábago Martínez fue un defensor de los derechos humanos, quien junto a su compañera Estela Ángeles Mondrágon, a través de la asociación Bowerasa A.C. (haciendo camino) acompañó a los indígenas rarámuri en la defensa de su territorio. El viernes 1 de marzo se cumplieron nueve años de su asesinato impune ocurrido en la oficina del jurídico de la organización, cometido por personas desconocidas.

Hasta el momento las autoridades no han esclarecido el asesinato de Ernesto, por lo que tampoco se han aprehendido ni se ha dado castigo a los culpables.  Lo anterior, pese a las sospechas que vinculan estos hechos con las acciones jurídicas y movilizaciones pacíficas que emprendió como parte de su labor de acompañamiento hacia la comunidad rarámuri, para la recuperación del territorio de Baquéachi.

En añadidura al homicidio de Ernesto, la Lic. Estela Ángeles Mondragón y algunos integrantes de las comunidades que la abogada representa, han sido amenazados y agredidos en varias ocasiones por su actividad vinculada a la defensa del territorio. Por esta razón, la abogada cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y es beneficiaria del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Desde hace 92 años la comunidad indígena de Baquéachi, municipio de Carichí, emprendió la lucha por la defensa de su territorio, mismo que abarca una extensión de 44 mil 784 hectáreas y que a lo largo de los años ha sufrido invasiones por parte de ganaderos de los municipios de Carichí y Nonoava, quienes reiteradamente se han apoderado de la tierra y han consumido los pastizales y el agua que corresponden a la comunidad indígena de allí originaria.

Después de 13 años de defensa legal por parte de la asociación civil Bowerasa y a pesar de las constantes amenazas y agravios de los invasores, así como del artero asesinato del defensor Ernesto Rábago Martínez, las y los pobladores de la comunidad indígena celebran las sentencias dictadas a su favor, el acceso a la justicia y el reconocimiento que se les ha otorgado como legítimos dueños de este territorio.

Ernesto Rábago Martínez fue un defensor de derechos humanos que entregó su vida por esta causa, con el objetivo de transformar la realidad que viven las comunidades indígenas de Baquéachi. Razón por la cual, siempre se le recordará con amor y respeto, como el compañero, amigo y hermano que Ernesto siempre supo ser para las comunidades indígenas a las que acompañó.

lunes, 25 de febrero de 2019

DICTAN 88 AÑOS DE PRISIÓN A JESÚS JOSÉ MINA, CULPABLE DE LOS DELITOS DE VIOLACIÓN Y ABUSO SEXUAL EN PERJUICIO DE 11 NIÑAS RARÁMURI

  • Se considera que este caso constituye un precedente en el combate a la impunidad y en el acceso a la justicia en materia de violencia y delitos de género.   
Chihuahua, Chih., 25 de febrero de 2019.- El día de hoy se determinó una condena de 88 años y nueve meses de prisión para Jesús José Mina Mina, quien el pasado lunes 18 de febrero fue encontrado culpable de los delitos de violación agravada y calificada y de abuso sexual agravado y calificado, cometidos en perjuicio de cinco y cuatro niñas rarámuri, respectivamente, según lo dictaminó el tribunal integrado por Lucero Moreno, Aram Delgado y Luis Alberto Simental. En la sentencia también se consideró una reparación material de 100 mil pesos para las víctimas y una multa de 41 mil 413.50 pesos para el agresor.
En el año 2015 el imputado se desempeñaba como profesor de cuarto grado de primaria en la escuela Benito Juárez, ubicada en la comunidad de San Ignacio de Arareco, en el municipio de Bocoyna. En ese año fue acusado de realizar tocamientos de índole sexual a once de sus alumnas frente al resto de sus compañeros de clase.
A raíz de los acontecimientos suscitados, los familiares de las víctimas denunciaron los hechos ante el Ministerio Público y solicitaron al juez de garantías del distrito judicial Benito Juárez que girara la orden de aprehensión. El agresor fue detenido por elementos de la Policía Estatal División Investigación en abril de 2015.
Como parte de las investigaciones, se realizaron pruebas periciales ginecológicas y psicológicas a las niñas afectadas, a partir de las cuales se pudo determinar que siete de las once alumnas habían sido, además, víctimas de violación por parte del inculpado.
Entre los agravantes de los delitos cometidos se encuentran los siguientes: por un lado, las niñas eran menores de 14 años en el momento de los hechos; por otro lado, el agresor era una persona en el ejercicio de su profesión con la que las víctimas tenían un vínculo de confianza al momento de suscitarse los acontecimientos.
Para que casos como este no vuelvan a repetirse, el Estado en sus diferentes niveles debería implementar medidas tendientes a prevenir estos hechos y, en general, a diseñar e implementar una política integral para garantizar que niñas, niños y mujeres indígenas víctimas de violencia de la entidad, cuenten con un acceso oportuno a la justicia. También se debería diseñar un plan de supervisión en los albergues y escuelas de educación indígena de la entidad para garantizar que sean espacios libres de violencia, especialmente de tipo sexual, contra niñas y niños.
Adicionalmente, se considera que las autoridades deberían realizar una investigación exhaustiva sobre el estado procesal de todas las denuncias de violación y violencia sexual cometidas contra niñas, niños y mujeres indígenas, para garantizar el debido proceso de las sanciones correspondientes a las personas responsables
Finalmente, se considera que la Secretaría de Educación y Deporte (SED) debería proveer educación sexual integral a nivel primaria, con el objetivo de contribuir a prevenir el abuso sexual infantil, o en su caso, diseñar talleres en la materia dirigidos a las y los alumnos de las regiones indígenas de la entidad.
Desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) reconocemos la labor de los jueces y de la zona occidente de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), pues se atendieron nuestras peticiones para considerar en el desglose de la sentencia protocolos para impartir justicia con perspectiva de género, así como para impartir justicia por delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Mientras que la FEM brindó un seguimiento oportuno y de calidad durante los días que se llevaron a cabo los alegatos.
Este caso resulta emblemático, toda vez que se pudo garantizar el acceso a la justicia para un grupo de niñas en situación de vulnerabilidad, al tratarse de niñas indígenas, residentes de una comunidad económica y socialmente marginada, en la cual fueron víctimas de delitos sexuales cometidos por su entonces profesor, una figura de autoridad y confianza.
La violencia sexual genera un impacto en las víctimas, en sus familias y en su comunidad inmediata, por lo que desde que el CEDEHM recibió el caso, en junio de 2015, les hemos brindado acompañamiento y atención integrales en las áreas jurídica y psicosocial para que las víctimas puedan restablecer sus proyectos de vida. Además, acompañamos a sus familias y comunidad escolar con talleres psicoeducativos para prevenir y/o detectar abuso sexual infantil. Actualmente las niñas se encuentran cursando sus estudios de nivel secundaria.
Desde el CEDEHM se hace un llamado al Estado y a las instituciones educativas para capacitarse en materia de detección y prevención del abuso sexual infantil; a incluir en sus programas educación sexual integral para niñas, niños y adolescentes; a anteponer el testimonio de las víctimas frente al de cualquier otra figura de autoridad, y a actuar oportunamente en la denuncia de casos de abuso o violación sexual.
De la misma manera, se exhorta a los medios de comunicación a respetar el derecho a la privacidad, intimidad, seguridad e integridad de las víctimas de delitos sexuales; a no estigmatizar ni perpetuar estereotipos sobre las personas sobrevivientes de violencia sexual; a divulgar contenidos informativos veraces, objetivos y congruentes, que sean sensibles a los derechos de las víctimas y que contribuyan a visibilizar las problemáticas sociales, pero sin vulnerar en ningún momento los derechos humanos.

jueves, 21 de febrero de 2019

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA RED TDT: "DESDE LA MEMORIA... LA ESPERANZA. RECUENTO DE ASESINATOS DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS DURANTE EL SEXENIO DE ENRIQUE PEÑA NIETO"



Chihuahua, Chih., 21 de febrero de 2019.- El día de hoy se llevó a cabo la presentación del informe "Desde la memoria... la esperanza. Recuento de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto" de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: Todos los Derechos Para Todos (Red TDT), conformada por 86 organizaciones de 27 estados del país.
En el informe se registran los asesinatos de 159 personas defensoras de derechos humanos y de 47 periodistas con perspectiva de derechos humanos, durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2018. Entre los homicidios documentados se encuentran los de la periodista Miroslava Breach y el defensor Julián Carrillo. De acuerdo con información de esta red, Chihuahua es la entidad con mayor número de personas defensoras asesinadas y la segunda  en el país con mayor número de periodistas asesinados.
Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red TDT, recordó que durante este sexenio ya han sido asesinadas siete personas defensoras de derechos humanos, entre los cuales se encuentran Sinar Corzo y Samir Flores, defensores que ofrecieron una lucha legítima por la búsqueda de justicia y dignidad, para cambiar las condiciones en las que se instauran megaproyectos de infraestructura. En este sentido, mencionó que los megaproyectos no pueden ser validados mediante consultas no estandarizadas y que, antes de su implementación, se deben considerar las voces de los pueblos indígenas.
Para la realización de este informe, indicó que se consultó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sobre los 159 casos de asesinatos documentados, pero se encontraron con una “falta de transparencia sistemática”, que no evidencia el contexto en el que ocurren estos homicidios. Señaló también la necesidad de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realice un trabajo más eficaz en la materia, ya que sólo reconoce a 34 personas asesinadas entre los años 2000 y 2015.
Externó su preocupación por la falta de funcionamiento del Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, y señaló que “al día de hoy, no ha habido interlocución con Aarón Mastache, coordinador del Mecanismo”.
En su intervención, Gabino Gómez, coordinador del área de personas defensoras de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), señaló que Chihuahua es la entidad con la mayor cantidad de medidas de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Recordó que en junio de 2017 se aprobó el Plan de Contingencia para abordar la grave situación de derechos humanos en que las personas defensoras desarrollan su labor, pero que no ha habido avances significativos en la materia.
Agregó que se tiene registro de un total de 29 asesinatos de personas defensoras ocurridos desde el año 2008, todos los cuales se encuentran en impunidad, salvo por los casos de Isidro Baldenegro y Julián Carrillo. Sobre el caso de Isidro, esta semana se emitió una sentencia para el asesino material mientras que, para el caso de Julián, en el mes de enero se realizó la vinculación a proceso de dos imputados.
Sobre el reciente debate sobre la creación de la Guardia Nacional, recordó que en la sentencia del caso Alvarado Espinoza y otros vs México, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que el mantenimiento del orden público interno debe estar primariamente reservado a los cuerpos policiales civiles y que, cuando excepcionalmente participen en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada. Por lo que reiteró el llamamiento de la sociedad civil para que estas recomendaciones sean consideradas.
Por otra parte, Isela González, directora de Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), rescató que la gran mayoría de las personas asesinadas de las que el informe hace un registro, fueron defensoras de tierra, territorio y medio ambiente. Señaló que de los 17 asesinatos documentados en el estado de Chihuahua, 11 se concentran en las comunidades de Choréachi y Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo. Lamentó que pese a lo anterior, los gobiernos federal y estatal continúen promoviendo modelos de desarrollo extractivistas para la explotación forestal y minera en la Sierra Tarahumara.
Agregó que la vulnerabilidad existente en la región acentúa las condiciones de aislamiento, inseguridad y violencia para los defensores de la tierra y derechos humanos. El nivel de marginación y el distanciamiento físico de las comunidades más alejadas, dificultan el acceso a la seguridad y justicia ante la presencia de amenazas. Ante un hecho violento, señaló, un policía tardaría hasta siete horas en poder desplazarse hasta Choréachi o Coloradas de la Virgen.  Añadió que la región se encuentra constantemente amenazada por la actividad extractivista, los históricos cacicazgos mestizos y la intervención del crimen organizado.
Recordó los casos emblemáticos de Juan Ontiveros, Isidro Baldenegro y Julián Carrillo. El primero, beneficiario de las medidas colectivas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió para su comunidad, Choréachi; el segundo, reconocido internacionalmente y ganador del Premio Goldman; el tercero, beneficiario del Mecanismo de Protección.
Sobre Julián Carrillo mencionó que “todos los incidentes de seguridad que tuvo Julián, nos indican que la Fiscalía General del Estado por ningún motivo debe abandonar la línea de investigación que vincula su asesinato a su actividad como defensor de la tierra y territorio”.
Por su parte, Juan José Villagómez, representante de la Casa del Migrante Saltillo, destacó que el informe de la Red TDT es también “una garantía de que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas no estamos solos”. Destacó que las personas de las que rinde cuenta el informe “son semilla para el trabajo que seguimos haciendo” y que “seguiremos en la búsqueda de seguridad y protección para el desempeño de nuestras labores”.
En relación a las recientes descalificaciones que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo hacia la sociedad civil, Fernando Ríos mencionó que “negar el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y la mediación tan importante que se hace desde el tercer sector, es denostar la labor en favor de los derechos humanos”.
Referente a lo dicho por AMLO, sobre terminar con el apoyo para las OSC, “porque no están libres de intereses empresariales de raíz conservadora”, Gabino Gómez señaló como preocupantes estas generalizaciones, ya que crean un ambiente propicio para acusar y atentar contra las OSC y las personas defensoras de derechos humanos.
En este mismo sentido, Isela González, de ASMAC; Gabino Gómez, de El Barzón y CEDEHM; Juan José Villagómez, de la Casa del Migrante Saltillo; Javier Ávila y Felipe Ruiz, de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (COSYDDHAC); María Eugenia Arriaga, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C.; y Diana Villalobos, de Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC), señalaron que las organizaciones a las cuales pertenecen no reciben financiamiento por parte de ninguno de los tres niveles de gobierno y que continuarán con su labor de defensa y promoción de los derechos humanos.
Al respecto, Fernando Ríos señaló que hay algunas asociaciones civiles que sí cuentan con financiamiento público, aunque mínimo en realidad, y que sería una lástima que lo dicho por el presidente se concretara, puesto que muchos proyectos realizados para beneficio de los más pobres se verían truncados. Por su parte, Ruth Fierro, coordinadora del CEDEHM, señaló que muchas de las organizaciones de derechos humanos, lejos de recibir financiamiento por parte de Gobierno, contribuyen en el fortalecimiento de las instituciones públicas, por ejemplo, mediante labores de capacitación para las y los funcionarios.




miércoles, 20 de febrero de 2019

Carta a la senadora y senadores por el Estado de Chihuahua sobre la reforma constitucional relacionada a la Guardia Nacional


20 de febrero de 2019

Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena
Senador Cruz Pérez Cuellar
Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz
Senadores por el estado de Chihuahua
P R E S E N T E

Ref.: Sobre la reforma constitucional relacionada a la Guardia Nacional

Distinguidos senadores y senadora:

Reciban un cordial saludo de las organizaciones firmantes. Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes como representantes del estado de Chihuahua dentro del pacto federal, de cara a la inminente votación del “Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos Segunda en Relación a la Minuta con Proyecto de Decreto que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”.

Quienes suscribimos la presente consideramos innecesario reiterar los datos contundentes que en los últimos meses y, de manera especial, en las últimas semanas se han expuesto por diversas personas, instituciones e instancias expertas en el tema: entre otros, las contradicciones convencionales y constitucionales del proyecto de dictamen, las críticas relacionadas con varios aspectos de técnica legislativa del dictamen, la esencia militar de la Guardia Nacional, la información estadística sobre las consecuencias fatales de la militarización de la seguridad pública, así como la ausencia de una discusión seria y detenida sobre las propuestas distintas a la propuesta de reforma constitucional en mención.

Consideramos que no sobra recordarles lo que ustedes saben: que Chihuahua ha sido uno de los ejemplos más dolorosos, cruentos e ineficaces de la militarización de la seguridad creados con la finalidad de erradicar el narcotráfico. Durante décadas hemos sufrido por la operación cóndor (iniciado en 1976), operativos varios y destacamentos militares creados en las décadas de los 80s y 90s y, finalmente, fuimos víctimas del Operativo Conjunto Chihuahua, el cual dejó como saldo el número más elevado de asesinatos en el país y que no ha sido superado hasta el momento: 108.5 homicidios por cada 100,000 habitantes[1]. Ciudad Juárez se convirtió, de manera vergonzosa y preocupante, en el municipio más violento del planeta. Guadalupe y Calvo, Chihuahua y otros municipios de la entidad mostraron tasas altísimas de delitos de alto impacto, muchos de ellos cometidos por las instituciones de seguridad que fueron lideradas, en los hechos, por el ejército.

Como es de su conocimiento, en diciembre del año pasado, el Estado mexicano fue notificado sobre tres sentencias, dos de ellas relacionadas con graves violaciones de derechos humanos cometidas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Chihuahua.  El primero de ellos, la ejecución extrajudicial del indígena tepehuan Mirey Trueba Arciniega en el municipio de Baborigame el 22 de agosto de 1998[2] y el segundo, relacionado con la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado Reyes, cometida el 29 de diciembre de 2009 en el municipio de Buenaventura[3].

En el caso Alvarado Espinoza y Otros, la Corte Interamericana reconoció que, en el contexto de “militarización como estrategia de seguridad pública y la “guerra contra el narcotráfico”[4], hubo un “incremento de la violencia criminal y las violaciones a los derechos humanos asociadas a la implementación de los ‘Operativos Conjuntos’”:

… durante el período de ejecución del “Operativo Conjunto Chihuahua” la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua [CEDH-Ch], entre 2008 y 2011, registró 457 quejas contra elementos de la SEDENA […], mismas que fueron remitidas para su resolución a la CNDH por tratarse de una autoridad federal, la mayoría denunciando allanamientos de morada, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales […].[5]

Adicionalmente, la Corte Interamericana estableció lo siguiente:

… la implementación de las estrategias estatales de combate al crimen organizado basadas en el despliegue de efectivos militares en distintas zonas del territorio mexicano han sido materia de monitoreo constante y expresiones de alerta y preocupación por parte de distintos organismos internacionales y mecanismos especiales nacionales e internacionales […]. Tales alertas, que no fueron controvertidas por el Estado mediante prueba que desvirtuara su contenido, han dado cuenta de alegadas graves violaciones a los derechos humanos asociadas a la actuación de elementos castrenses en el marco de dichas estrategias, entre las cuales se encontraban desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales, así como la impunidad crónica, como patrones estructurales comunes en los casos en que ha sido comprobada la participación de agentes estatales, constituyendo un fenómeno de especial gravedad en entidades tales como Chihuahua […].[6]

Precisamente al tomar en cuenta la gravedad de los hechos y del contexto citado, el más alto tribunal de derechos humanos del continente reiteró que, como regla general, “el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles […]. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser: a) extraordinaria […]; b) subordinada y complementaria […]; c) regulada […]; y d) fiscalizada.

En fechas recientes han empezado a llegar militares a Ciudad Juárez militares. Esa noticia revive las pesadillas y las heridas aún no cerradas sobre los saldos en vidas humanas y proyectos de vida de miles de personas que sufrieron la violencia. Revive los miedos de niños y niñas al ir a las escuelas, revive las calles solas porque existía un temor de salir, revive los bares y cines vacíos por la inseguridad, revive el temido sonido de balaceras interminables que nos hacían protegernos en nuestros trabajos y casas.

Ustedes, señores senadores y senadora, no pueden desconocer lo vivido en años recientes, por ustedes, sus familias y amistades, así como por la población en general. En este momento histórico les pedimos que estén a la altura de lo que necesita nuestro país; que recuerden lo vivido en Chihuahua; que voten con responsabilidad y ética, teniendo únicamente en cuenta a nuestro estado tan golpeado y no visiones partidarias que tanto daño pueden generar en momentos donde necesitamos discusiones profundas y basadas en evidencia.

Les pedimos, por tanto, que al votar en contra del dictamen de reforma constitucional retomen todas las propuestas que se han hecho en general y la del colectivo #SeguridadSinGuerra en particular, las cuales podrían ser una verdadera respuesta para frenar la violencia que tanto daño nos ha ocasionado en México.


Atentamente,


Abogadas Demócratas
Alianza Sierra Madre A.C.
Bowerasa A.C.
Casa Amiga Esther Chávez Cano A.C.
Centro de apoyo de defensa de Infancia A.C.
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C.
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
Consultoría Técnica Comunitaria A.C.
Deporte como Valor Universal A.C.
El Barzón Chihuahua
Fátima IBP
Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y de los Derechos Humanos A.C.
Organización Popular Independiente A.C.
Programa Compañeros A.C.
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C.

Red por la Participación Ciudadana A.C.
Red por los Derechos de la Infancia en Ciudad Juárez A.C.
Servicios de Promoción y Asesoría Familiar A.C.
Unión Campesina Democrática
Uno de Siete Migrando A.C.
Javier Ávila Aguirre, S. J.



[1] Escalante Gonzalbo, Fernando. Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso. Nexos. Artículo de 1º de enero de 2011. Disponible: https://www.nexos.com.mx/?p=14089.
[2] Ver, Corte IDH. Caso Trueba Arciniega y Otros Vs. México. Sentencia de 27 de noviembre de 2018. Serie C No. 369. La sentencia, que homologa un acuerdo de solución amistosa, se encuentra disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_369_esp.pdf.
[3] Ver, Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_370_esp.pdf.  
[4] Ídem, párrafos 54 a 58.
[5]  Ídem, párr. 75.
[6] Ídem, párr. 176.

viernes, 15 de febrero de 2019

Mantenemos exigencias a la Guardia Nacional; inaceptable lanzar críticas generalizadas a opositores y disidentes: Red TDT


  • Mantiene su posición vs militarización; la Guardia Nacional sólo será viable si mantiene mando, composición y formación civil.
  • No defendemos modelos fallidos, defendemos a personas reales, especialmente las más desfavorecidas, que han sido víctimas de violaciones a sus DH por parte de militares.
  • Riesgoso que desde la más alta investidura del país se descalifique de manera generalizada a actores relevantes en el desarrollo democrático del país.
Desde hace más de 30 años las organizaciones de la sociedad civil que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) hemos acompañado a víctimas de violaciones a derechos humanos de todos los estratos sociales, pero especialmente los más desfavorecidos. Desde finales del siglo pasado nos opusimos a los retenes militares que después fueron legitimados por la SCJN.
Organizaciones que nos honran perteneciendo a esta Red han ganado ante el Estado Mexicano gran parte de las Sentencias de la Corte IDH, varias de las cuales precisamente han documentado los efectos más nefastos de la militarización. Hace un año nos opusimos junto con la sociedad a la Ley de Seguridad Interior. Un logro de la sociedad civil fue que la SCJN emitiera la primera declaración de inconstitucionalidad integral de una ley en la historia.
En esta lógica consideramos importante precisar que no defendemos modelos fallidos, como afirmó ayer el presidente de la República, sino a personas concretas que han sido afectadas por decisiones tomadas por los distintos niveles de gobierno. Más bien, de manera responsable, tratamos de ofrecer argumentos basados en esta experiencia y en nuestra clara cercanía con las personas y comunidades, en las audiencias que la cámara de diputados abrió hace un mes. Lamentablemente dicho ejercicio nos demostró que no hay condiciones ni voluntad política para un diálogo en torno a estos temas. Por el contrario nos genera gran preocupación la descalificación de argumentos, personas y colectividades desde posiciones hegemónicas.
Nos resulta muy claro que la militarización no ha resuelto el problema del narcotráfico, como supuso Felipe Calderón. Por el contrario vivimos durante los pasados dos sexenios un constante fortalecimiento del crimen organizado. Por otra parte el despliegue desproporcionado de las Fuerzas Armadas no sólo ha provocado graves violaciones a los derechos humanos, sino que ha generado la descomposición social en las comunidades. Estas consideraciones nos urgen a no aceptar un paradigma militar que parece ampliarse y fortalecerse en el actual dictamen de la Guardia Nacional. El nuevo modelo de seguridad solo será viable si mantiene mando, composición y formación civil.
Por otra parte no podemos omitir señalar que es responsabilidad de las más altas esferas del Estado contribuir al entendimiento social y no alimentar la polarización. La Sociedad Civil –desde su diversidad contradictoria– se ha comportado a la altura de la historia acompañando de manera independiente la transición política del 2018 y garantizando espacios de crítica responsable. No percibimos la misma voluntad desde los distintos niveles de gobierno, por lo que hemos desistido de participar en el ejercicio de Parlamente abierto convocado por el Senado.
Sostenemos las críticas que hemos hecho a la propuesta militar de Guardia Nacional. Reiteramos que una de las principales preocupaciones que nos despierta el modelo de Guardia Nacional propuesto, es que precisamente entra en contradicción con otros esfuerzos del Estado mexicano para garantizar el acceso a la justicia como lo es la nueva Fiscalía General de la República, al otorgarle a la esta instancia la potestad de realizar investigaciones.
Finalmente nos preocupan la regresividad en la política militar que ha llevado a que el día de ayer se reportó en medios de comunicación el regreso de militares a Ciudad Juárez, una localidad emblemática por la valiente denuncia y las graves afectaciones que se sufrieron por la militarización. Hacemos un llamado al Gobierno Federal a escuchar las voces críticas y evitar la descalificación generalizada a las voces disidentes.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).