viernes, 8 de junio de 2018

Convocatoria taller "Mecanismos Internacionales, Regionales y Nacionales de Derechos Humanos"

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, pone a tu disposición el taller "Mecanismos Internacionales, Regionales y Nacionales de Derechos Humanos" , el cual va dirigido a integrantes de organizaciones defensoras de derechos humanos de Chihuahua y la región norte del país encargados de la defensa, promoción, acompañamiento y/o promoción de casos de violaciones a derechos humanos.




Ficha de registro: bit.ly/TallerMecanismosDDHH

miércoles, 6 de junio de 2018

EXIGEN OSC REMEDIACIÓN AMBIENTAL, AUDITORÍA A EMPRESA MINERA Y SANCIÓN A RESPONSABLES POR DERRAME DE TÓXICOS EN MINA DE URIQUE


OSC exigen que se haga una auditoría ambiental a la empresa minera y se remedie el daño ecológico a la brevedad

La actividad minera debe detener la salvaje depredación que hace en nuestro estado y a costa de las vidas y la seguridad de las comunidades y pueblos indígenas y de los bosques chihuahuenses




Chihuahua.- Organizaciones civiles de Chihuahua han visto con horror las noticias desde el lunes pasado respecto al derrame de desechos tóxicos que tuvo lugar en Urique, luego de que se reventara la presa de jales en la mina Río Tinto; ante el terrible desastre que arrebató vidas humanas y dañó el medio ambiente, exigimos al Estado mexicano que se realice una auditoría ambiental a la empresa minera, que se sancione a los responsables del siniestro y que se remedie el daño ecológico lo antes posible.

Desde hace meses la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara (REDETI) se ha pronunciado en contra de las actividades mineras que se realizan en los bosques de Chihuahua, pues generan un terrible daño al medio ambiente, violentan y despojan de sus territorios, recursos naturales y derechos humanos a las comunidades indígenas y no retribuyen en absoluto a la población civil la riqueza que extraen de nuestra tierra, dejando sólo destrucción, contaminación y un paisaje desolador.

Desde el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaba la gran cantidad de concesiones mineras que se hallan situadas en tierras indígenas sin el consentimiento de las comunidades, e identificaba la violencia relativa a grandes proyectos autorizados en tierras y territorios indígenas sin consulta previa ni consentimiento, como una de las mayores violaciones de derechos humanos a los que se enfrentan los pueblos indígenas de México.

La Ley Minera es sumamente flexible para atraer la inversión, para aprobar las concesiones mineras, reducir impuestos, así como la incorporación de figuras legales de uso y ocupación de los territorios para impulsar esta actividad, que se considera preferente sobre cualquier otra. Asimismo, asegura el uso industrial del agua por encima del consumo humano y doméstico, lo cual atenta contra el derecho humano al agua contemplado en la Constitución mexicana.

Los grandes grupos mineros despojan de la tierra a sus propietarios y posesionarios (sobre todo indígenas y ejidatarios), contaminan los mantos acuíferos, modifican agresivamente el paisaje, producen montañas de residuos que contaminan la tierra y el aire con el sistema de explotación a tajo abierto y la lixiviación por cianuración del mineral.

Según el Cluster minero, en el Estado de Chihuahua existen actualmente 4 mil 149 títulos que abarcan 3 millones 487 mil 514 hectáreas, 17 asignaciones mineras con una superficie de 3 millones 162 mil 990 has. y 9 zonas de reservas con 11 mil 120 hectáreas. Los municipios con mayor número de concesiones trabajando son: Ocampo y Urique con 7 y Guadalupe y Calvo con 5, mientras que Batopilas, Chínipas, Maguarichi y Uruachi solo tienen una.

Chihuahua es el tercer productor de oro a nivel nacional, ocupa el segundo lugar nacional en la producción de plata, plomo y zinc y es el cuarto productor de cobre en el país. En el Estado existen 64 compañías con proyectos en exploración, 80% de ellas canadienses. Su producción es millonaria (27 mil 270 millones de pesos fue el valor de la producción minera en el 2014), por lo que hay grandes intereses por encima de vidas humanas y la importancia ecológica de la Sierra Tarahumara.

Por lo anterior, organizaciones civiles que trabajamos con pueblos y comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, exigimos:

     l  Que el Estado priorice el respeto y resguardo de los territorios indígenas frente a la Ley Minera y la Reforma Energética, implicando su revisión tendiente a la derogación de aquello que atente contra los derechos de los pueblos indígenas.
l   Que las dependencias del Gobierno Federal se abstengan de otorgar más concesiones o procedan a suspender y cancelar concesiones mineras o de aguas, licencias de construcción de obras de infraestructura o turísticas, permisos de aprovechamiento forestal, declaración de Áreas Naturales Protegidas, entre otros, que impacten territorios indígenas si no se cuenta con estudios de impacto ambiental y comunitario, con perspectiva sistémica y con el consentimiento expreso de las comunidades afectadas otorgado conforme a los estándares internacionales.
l   Que se remedie lo antes posible el daño ecológico, pues la explotación minera a cielo abierto es sumamente dañina para el medio ambiente, para la flora y fauna y para las personas que habitan cerca de las minas.
l   Que se haga una auditoría ambiental a la empresa minera responsable, misma que debe resarcir los daños que su actividad ha originado en la zona; se revisen los estudios de impacto ambiental presentados por la misma y que ellos estén en orden en cuanto a tiempo y forma de operación.
l   Que, en caso de comprobarse que la minera operaba sin un permiso de impacto ambiental, se sancione a los responsables, se suspenda la concesión y se realicen los procesos legales conducentes para expulsar del territorio a la empresa, así como que se investigue a funcionarios públicos implicados.
l   Que se ofrezca información inmediata y veraz sobre los hechos.
l   Que se otorgue atención médica y hospitalaria de calidad a los sobrevivientes del siniestro y la reparación del daño a todas las familias afectadas por el mismo.
l   Que no cesen las actividades de búsqueda de los compañeros desaparecidos tras el derrumbe de la presa.
l   Que tanto el Gobierno Federal, como el Gobierno del Estado de Chihuahua hagan valer la ley y protejan los derechos humanos y ambientales de las y los mexicanos; que dejen de privilegiar a las empresas mineras transnacionales a costa de la vida de las y los ciudadanos, del medio ambiente y los recursos naturales, la riqueza de nuestro país.
l   Que se expulse del país a estas empresas por homicidas y ecocidas; que se les multe por violar la ley; que reparen los daños y ofrezcan una disculpa pública, así como la destitución y sanciones a los funcionarios federales y estatales responsables que NO cumplieron con la ley ni hicieron que se cumpliera.



Red en defensa de los territorios indígenas de la Sierra Tarahumara, conformada por:
Alianza Sierra Madre A.C.
Awé Tibúame
Centro de capacitación y defensa de los derechos humanos indígenas
Consultoría Técnica Comunitaria

A este posicionamiento se suman organizaciones civiles, así como personas en lo individual:

Alberto Javier Campos Morales, S.J.
Alberto Loya Villalobos
Alma Gómez Caballero
Alma Rosa Dozal Estrada
Arcilia Gómez Escárcega
Artemisa Castro Félix
Azucena Rodríguez Gómez
David Lauer
Denisse Ariadna Salazar González
Dania Brizeida Alderete Montes
Diana Guadalupe Siqueiros Soriano
Elvira Villarreal Torres
Georgina Gaona Pando, Máster en Derecho Ambiental
Graciela Ramos
Hilda G. Rivera Aragón
Horacio Almanza Alcalde
Irma Villanueva Nájera
Ivonne Gómez Escárcega
Juan Loera
Juana García Flores, Mentora FASOL Tabasco
Manuel Tripp Rivera
María Concepción Morales Chávez
María Elena Cárdenas Méndez
María Hilda de la Vega C.
Mariela Castro Flores
Noemí Gómez Rodríguez
Nora Zulema Gómez Morales
P. Juan Manuel Morán
P. Óscar Enríquez
Pablo Gómez Caballero
Patricia Borunda Lara
Rosa María Sáenz Herrera
Rosalío Morales Vargas
Rossina Uranga Barri
Sagrario Silva Vélez
Sandra Martínez Contreras
Teresa Terrazas
Verónica Rodríguez López
Yadi Rodríguez Gómez

Ejido Benito Juárez
Ejido Constitución

Alianza Internacional de Habitantes
Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C.
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.
Centro FASOL
Colectivo Epistémico de Teoría Crítica de Chihuahua
Comité Ixtepecano Vida y Territorio (Ixtepec, Oaxaca)
Ecos de Mirabal
Fondo Acción Solidaria, A.C.
Frente Amplio Ambientalista y La Nueva Constituyente Ciudadana Popular
Frente Democrático Campesino
Grupo Abogadas Demócratas
Hijos de la Tierra
Impulsadora Sustentable para la Biodiversidad Inerme, A.C. (ISBI)
Instituto de Psicología Forense, S.C.
Justicia para Nuestras Hijas, A.C. (JPNH)
Kawi Sura, A.C.
MCDL de Morelia
México Autosustentable, A.C.
Milpaktli, A.C.
Organización por la Cooperación Ecológica, A.C.
Pobladores, A.C.
Red de Defensores y Defensoras del Territorio
Red por la Participación Ciudadana
Semillas de Vida
Tierra Nativa, A.C.

Ventanas de Esperanza, A.C.

martes, 29 de mayo de 2018

Maternidades



Por: María Inés Mesta

“¿Para cuándo los hijos?” “Te conviene apresurarte, se te está pasando el tiempo y no querrás ser una mamá vieja”, “No conoces el verdadero amor hasta que se es madre” “¿No te da miedo no dejar tu huella en el mundo?, la verdad es que yo si quiero dejar algo, trascender” “¿Quién te va a cuidar cuando seas mayor?” “Anda, serías buenísima mamá. Tu tenlos, lo demás se va dando” “Cuando tomas a tu hijo entre tus brazos por primera vez, te das cuenta de que todo el embarazo, complicaciones, dolores de parto y, cualquier sufrimiento relacionado habrán valido la pena” “Nada más desinteresado y puro que el amor de madre”.

Estos son los mensajes que hemos escuchado o hemos repetido desde que las mujeres tenemos uso de razón. Estos mensajes se intensifican cuando estamos en edad reproductiva, y son aún más frecuentes cuando la destinataria de los mismo rebasa los 30 años de edad, y no ha podido o, peor aún, no ha querido parir. La maternidad como destino atraviesa desde nuestros orígenes nuestra construcción social y cultural como niñas y mujeres. Al mismo tiempo y como producto de la producto de la división sexual del trabajo, ha servido como un dispositivo para asegurar que el trabajo de crianza, de limpieza y formación afectiva se siga llevando a cabo cortesía de las mujeres, como producto del amor como condición intrínseca e ineludible de la maternidad.

Pero, ¿Qué pasa con quienes no hemos sentido nunca el deseo de ser madres?¿Qué pasa con quienes lo desean y no lo logran? ¿Somos acaso mujeres incompletas, rotas o egoístas cuando rechazamos el mandato de la maternidad?¿Qué pasaría si reconociéramos que el sentimiento de amor hacia los hijos no está presente en todo momento del maternaje?¿Somos malas madres cuando no anteponemos lo que se concibe como “bienestar de los hijas e hijos” a nuestros proyectos personales o profesionales?¿Somos malas mujeres cuando decidimos no ser madres?¿Qué sucede con quienes al tomar a su bebe por primera ocasión no sienten esta conexión inmediata? ¿Son ellas, somos todas unas “madres desnaturalizadas”?. Estas son algunas de las reflexiones que estuvieron presentes durante la planeación del presente conversatorio y que queremos hoy poner sobre la mesa.

Sharon Hays (1998) en su libro “Construcciones Culturales de la Maternidad” sostiene lo siguiente: “Las imágenes de los hijos, la crianza infantil y la maternidad no surgen de la naturaleza ni son azarosas. Son socialmente construidas. Su carácter natural está refutado no solo por la variación entre diferentes personas y lugares sino también por su carácter siempre cambiante.” Si compartimos la premisa de Hayes, tenemos que partir de la admisión de que las formas en que se ejerce la maternidad de una cultura a otra difieren considerablemente entre sí y a través de la historia, lo que nos lleva a un primer cuestionamiento respecto de su orden “natural”, y por lo tanto nos debiera llevar a romper con los mitos y estereotipos de la buena madre, de la madre desnaturalizada y la narrativa del llamado instinto maternal.

Asimismo, Hays desarrolla el concepto de maternidad intensiva, que se aparta del modelo de hijos como capital económico. Es este modelo de crianza infantil predominante en culturas occidentales como la nuestra, que hace de las hijas e hijos un constructo social de criaturas inocentes, que no tienen precio, cuya crianza corresponde a las madres individuales, y coloca al centro del modelo las necesidades de niñas y niños por encima de cualquier necesidad individual de la madres. En nuestra cultura, se nos han dicho que es éste el mejor modelo y el único disponible para las madres actuales, y lo hemos tomado como una verdad incuestionada, aislada de todo contexto histórico, social y cultural, y despojándolo de su capacidad de cuestionado, deconstruido y resignificado.

A través de este conversatorio, se pretende iniciar una conversación acerca de cómo se vive la maternidad, el maternaje, la decisión consiente o realidad involuntaria de la no-maternidad, desde distintas posiciones y ópticas de este grupo plural de mujeres. La esperanza es que a través de la discusión honesta y colectiva, logremos algún día deshacernos de la culpa y del juicio hacia las demás y hacia nosotras mismas, de todo lo hecho y lo que se pudo haber hecho mejor y de todo no se hizo; a rechazar imposiciones y plantarnos frente al dedo acusador y contradictorio de la sociedad, que tan pronto impone la maternidad como única alternativa para la realización de las mujeres, como desestima e invisibiliza su valor en términos sociales y económicos; que por un lado exige practicar la lactancia materna y por el otro les niega espacios y tiempo para poder hacerlo, o las reprende y avergüenza por hacerlo en público, por hacerlo por períodos insuficientes o muy prolongados; que por una parte exige todo el tiempo, atención, amor, dedicación y recursos en el desempeño de esta actividad, y por la otra estructura sus actividades de acuerdo con modelos laborales neoliberales que impiden una verdadera conciliación entre las necesidades económicas y las necesidades afectivas que conlleva su ejercicio, en detrimento de la salud y bienestar de las mujeres y desincentivando la corresponsabilidad paterna.

La invitación es también reconocer que no todas las maternidades son libres, deseadas, o elegidas; que se vale renegar, que se vale equivocarse, que es un trabajo. Que es mucho trabajo. Que si bien el amor hacia las y los hijos ayuda a hacerlo más llevadero, es ingrato en muchos sentidos y en ocasiones no es suficiente para contrarrestar el agotamiento, la duda, la sobrecarga; a reconocer que existen otras formas de trascender, más allá de la maternidad y a reivindicar esta decisión. Es un llamado a construir modelos de maternidad no opresivos, en nuestros propios términos, que no nos desdibujen en nuestra individualidad y que no nos anulen como sujetas de derechos con proyecto de vida y dignidad propia; es un llamado a vivir el maternaje en libertad, a dimensionar el valor social y económico que conlleva, a respetar y valorar los proyectos de vida de mujeres diversos dentro del proyecto de maternidad y diversos al mismo, a visibilizar  y comprender que el amor y la plenitud tienen muchas formas, mismas que habremos de construir cada una en lo individual, pero en beneficio de todas en lo colectivo.

jueves, 24 de mayo de 2018

EJERCICIO INÉDITO EN EL PAÍS E HISTÓRICO PARA CHIHUAHUA EN LA SELECCIÓN DE JUECES Y JUEZAS, ASÍ COMO MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS






Fue un proceso claro, transparente, imparcial, objetivo, observado y certificado

Expresamos total rechazo a las acusaciones del Magistrado Luis Villegas


Las organizaciones de la sociedad civil y personas en lo particular abajo firmantes, expresamos nuestro total rechazo a las infundadas acusaciones vertidas por el magistrado Luis Villegas Montes, cuyo único afán es poner en duda un proceso de selección histórico en Chihuahua, en el cual se ha privilegiado la transparencia, imparcialidad y objetividad, requisitos indispensables para la credibilidad del proceso. Para lo cual nos permitimos hacer las siguientes puntualizaciones:

En un ejercicio inédito en el país e histórico para Chihuahua, por primera vez en la historia del Poder Judicial del Estado de Chihuahua se realiza una selección de jueces y juezas, así como magistrados y magistradas, de manera transparente, con la participación de instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Quienes firmamos este documento hicimos propuestas en la Convocatoria Social que hizo el Consejo de la Judicatura para fortalecer los procesos de selección. Nos consta que el Consejo de la Judicatura tomó en cuenta nuestras propuestas, e invitó a instituciones y organizaciones de la sociedad civil para observar todo el proceso.

Por primera vez se formuló un protocolo de selección totalmente transparente y apegado a la normatividad prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, con los candados, cadenas de custodia y participación de notarios públicos necesarios. En la Convocatoria se establecieron las bases y reglas claras del proceso de selección.

Para la  elaboración de exámenes, se invitó a participar a tres Universidades, siendo la IBERO quien aceptó. Para garantizar que ninguna persona tuviera previamente acceso al examen, la IBERO elaboró los reactivos los envió en sobres lacrados, sellados y firmados que llegaron a la Universidad Autónoma de Chihuahua para su resguardo y posterior aplicación; lo anterior en presencia de Notario Público. Y no suficiente con ello un número considerable de asociaciones, colegios de abogados, y personas en lo particular, fueron testigos, desde la colocación de los exámenes en las computadoras, hasta los exámenes orales aplicados por personal experto de otros Tribunales.

Las personas evaluadoras en el proceso de selección, fueron elegidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura, por su calidad de expertas y sobresalientes en el ámbito judicial a nivel nacional. Los casos prácticos aplicados a las personas aspirantes fueron propuestos en materia Familiar y Civil por el Magistrado Gabriel Ruiz Gámez, recién integrado al Consejo de la Judicatura. Y en materia penal los propuso el Magistrado Pablo Héctor González Villalobos, presidente del Consejo.

Cada una de las 42 personas finalistas hicieron el examen oral ante las y los sinodales en una Sala de Juicio Oral de la Ciudad Judicial de Chihuahua, entre el jueves 17 y sábado 19 de mayo. Simultáneamente se transmitieron en el Salón de Usos Múltiples aquí en Chihuahua y en el Salón de Plenos del edificio que alberga los Juzgados Civiles en Ciudad Juárez, a donde acudieron observadores de la sociedad.

Estuvieron presentes en las distintas fases del proceso: el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh),  la Asociación Chihuahuense de Abogados, el Colegio de Abogados, A.C. y diversas personas.

Por todo lo anterior nos queda claro que este procedimiento obedece al interés legítimo de la ciudadanía y de los integrantes del Poder Judicial, particularmente del Consejo de la Judicatura, de transparentar y asignar los espacios a quien demuestre sus habilidades y conocimientos, superando las prácticas de asignación discrecionales.

No es desconocido que en años anteriores, particularmente en la administración pasada, se realizaron serios señalamientos por distintos sectores, llámese sociedad civil, barras y colegios de abogados, personal del propio Tribunal, donde incluso se acudieron a Tribunales Federales, para expresar sus quejas de procesos discrecionales, autoritarios e intervencionistas de los otros poderes, en la selección de Jueces y Magistrados.[i] 

Consideramos que  hay razones suficientes para expresar nuestro total acuerdo y apoyo al proceso de selección de Jueces/as y Magistrados/as del Tribunal Superior de Justicia y consideramos que las manifestaciones desplegadas por el Magistrado Villegas carecen de sustento.

Por el contrario estas expresiones y difamaciones constituyen un caso de evidente violencia de género hacia la Consejera Luz Estela Castro Rodríguez, toda vez que de todas las personas que intervinieron en el proceso, en su mayoría hombres, elige libremente atacar, discriminar, difamar y descalificar a la única mujer visible en este proceso, con expresiones profundamente discriminatorias y machistas, cuyo propósito es denigrar el desempeño que ha tenido la Consejera Castro.

Por lo antes expuesto expresamos y exigimos:

Un alto a la violencia de género ejercida en contra de la Consejera Luz Estela Castro Rodríguez.

Alto a la difamación sin sustento, cuyo único fin es confundir a la sociedad y descalificar un proceso único en el país y primero en nuestro Estado.

Presentaremos una queja al Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación y Comité Cedaw.

Daremos aviso al Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Discriminación contra la Mujer en la Ley y en la Práctica.

Chihuahua, Chih. a  24 de mayo de 2018



Organizaciones firmantes:

Alianza Ciudadana por Chihuahua
Casa Amiga Esther Chávez Cano, A.C.
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Círculo de Estudios de Género, A.C.
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
Centro de Intervención en Crisis, Alma Calma, A.C.
Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC)
Fátima I.B.P.

Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Movimiento Igualitario
Observa Ciudadan@, Observatorio para el Acceso a la Información Pública
Observatorio de Violencia Social y de  Género en Campeche
Ventanas de Esperanza, A.C.


Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de  Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).



Personas:


Aideé Borunda Encerrado
Alberto Rodríguez Cervantes
Alejandra E. Marín
Alma Gómez Caballero
Alma Rosa Dozal Estrada
Amaranta Stephanie Rentería Moreno
Angélica Ortíz Almeida
Araceli Moreno Chávez
Areli Varela Valtierra
Azucena Solís Zabanero
Bárbara Herrera Díaz
Bertha Elena Delgado Caballero
Bertha Ponce González
Blanca Gámez Gutiérrez
Carlos Rivera
Carmen V. Rubio Sánchez
Claudia Arlett Espino
Concepción Cruz Chávez
Cosme René Bustamante González
Darey Arelí Hernández Acosta
Daisy Haydee Acevedo Mendoza
Diana Karen Rivera Rascón
Elvira Villarreal
Emma Saldaña Lobera
Gabriela Ordoñez Muñoz
Hilda Patricia Morales Rodríguez
Irma Villanueva Nájera
Isela Lozoya Velo
Jhonatan García Morales
Jorge Pérez Cobos
José Armando Morales Ontiveros
Karina Chaparro Alvídrez
Kiriaki Orpinel
Lucía Denisse Chavira Acosta
Luisa Orona Gutiérrez
Manuela Bejar Montes
Marcella Ríos Garay
María de Jesús García
María Elena Cárdenas Méndez
María Inés Mesta Orendain
María Tersa Guerrero Olivares
Marian G. Quintana Ramos
Martha Graciela Ramos Carrasco
Mercedes Fernández González
Marco Pizarro Murguía
Nancy Escárcega Valenzuela
Pamela Rodríguez Barrera
Patricia Borunda Lara
Perla Yadira Coronado
Rebeca Guadalupe González Trevizo
Rosa María Sáenz Herrera
Rossina Uranga Barri
Selenia Duarte Chávez
Siria Leticia Solís Solís
Verónica Rodríguez López
Víctor Sarabique García
Viridana Ponce Rodríguez
Wendy Flores Estrada
Wendy Paola Chávez Villanueva
Wendy Olivia Araiza Ramos


Ejido constitución
Ejido Benito Juárez






miércoles, 23 de mayo de 2018

Carta Pública: OSC y periodistas reprueban simulación en el proceso de implementación de la Alerta en Chihuahua





Chihuahua, Chih. a 23 de mayo de 2018



Lic. Rafael Adrián Avante Juárez
Subsecretario de Derechos Humanos
Secretaría de Gobernación
Presente.

Ref.: Alerta preventiva para defensores/as y periodistas

Las organizaciones firmantes de la Alerta Temprana para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Chihuahua, nos dirigimos a usted de manera urgente para expresar nuestra preocupación por la cancelación de la cuarta reunión de seguimiento del Plan de Contingencia. Esta reunión fue programada desde la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación, para este 22 y 23 de mayo del presente en la ciudad de Chihuahua.

A dos días de realizarse la jornada de trabajo, recibimos vía correo electrónico el oficio CEN/1017/2018 en el que se nos informaba “que el Gobierno Federal ha determinado reprogramar las mesas de trabajo” y, sin que mediara mayor explicación ni consulta, se señaló que se “reprogramar[ían] las mesas de trabajo una vez celebrada la Jornada Electoral”.

Esta circunstancia no es creíble en tanto que las mesas de seguimiento no tratan de ninguna promoción pública o propaganda política, ni representan una justificación válida para que las y los funcionarios continúen con su labor.

Desde la aprobación de la alerta, en julio de 2016, las organizaciones y periodistas hemos enfrentado grandes desafíos para su seguimiento debido a la tardía convocatoria a las mesas de seguimiento, la deficiente coordinación entre autoridades federales y estatales, la inactiva participación de las autoridades involucradas y la incapacidad para atender los temas que comprende la implementación Plan de Contingencia, que a la fecha no presenta un avance sustantivo en cuanto a los resultados esperados.

Reconocemos que el Plan de Contingencia fue consensuado entre las organizaciones y periodistas solicitantes de la alerta, el Mecanismo y las autoridades locales y federales y es un precedente nacional importante como modelo de protección, porque aborda el riesgo desde las causas estructurales que lo originan y no sólo se enfoca en atender la situación de urgencia en que se encuentra una persona beneficiaria de la Alerta.


Consideramos inaceptable que se cancele la posibilidad de avanzar en estos meses que están por concluir su mandato de garantizar la protección de quienes defienden los derechos humanos y la libertad de expresión.


En razón de lo anterior:

Primero: Reprobamos la simulación en el proceso de implementación de esta Alerta y exigimos garantizar la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que aumentan su riesgo en este contexto electoral.

Segundo: De acuerdo con los artículos 1º, 6º y 8º Constitucionales y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, le solicitamos nos explique de manera detallada las razones por las cuales el Gobierno Federal considera que la celebración de reuniones que tienen como finalidad el avance de políticas públicas de prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas contravienen la veda electoral.

Tercero: Le instamos para que, a la brevedad posible, se convoque con oportunidad a la celebración de las mesas de seguimiento y pedimos su presencia en las mismas.

Cuarto: Solicitamos que incluya en el orden del día de la próxima Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección la evaluación de la implementación de la Alerta y convoque a una representación de los/as solicitantes para estar presentes en la misma.


Atentamente,

Abogadas Demócratas
Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC)
Bowerasa, A.C. Haciendo Camino
Casa Amiga Esther Chávez Cano, A.C.
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Círculo de Estudios de Género, A.C.
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC)
Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.
Ecos de Mirabal
El Barzón Chihuahua
Fatima, I.B.P.
Grupo Feminista 8 de Marzo
Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Kakúm Colectiva
Mujeres Barzonistas
Mujeres por México en Chihuahua, A.C.
Observa Ciudadan@, Observatorio para el Acceso a la Información Pública
Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua)
Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez
Red por la Participación Ciudadana, A.C.
Uno de Siete Migrando, A.C. 


c.c.p.      Mtra. Patricia Colchero Aragonés. Titular de la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Para su conocimiento y atención.
Integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Mismos fines.
Integrantes del Consejo Consultivo del Mecanismo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Mismos fines.
Sr.  Michel Forst. Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Mismos fines.
Sr. Francisco José Eguiguren. Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Mismos fines.
Sr. Jan Jarab. Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Para su conocimiento.