sábado, 11 de enero de 2020

El Presidente López Obrador recibe peticiones de familiares de personas desaparecidas y víctimas de desplazamiento forzado, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua


Nuevo Casas Grandes, Chih., a 11 de enero de 2020. El día de hoy, una representación de colectivos de familiares de personas desaparecidas y víctimas de desplazamiento forzado, que son acompañados por las organizaciones del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), acudieron al municipio de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua, para encontrarse con el Presidente López Obrador y solicitarle medidas concretas de atención y respuesta frente a estas problemáticas. El mandatario, se encontraba en el lugar, en el marco de su visita a esta entidad federativa.

Las familias de personas desaparecidas, solicitaron concretamente la necesidad de que exista una verdadera coordinación entre la federación y el estado de Chihuahua para la investigación de los casos, y la búsqueda de sus seres queridos; además, pidieron la creación de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad que permita la participación de expertos y expertas extranjeras en las indagatorias. Dentro de este colectivo, se encontraban integrantes de la familia Alvarado, caso por el cual el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2018, por la participación del Ejército Mexicano en la desaparición forzada de tres personas en diciembre de 2009.

La familia Alvarado y sus representantes del CEDEHM solicitaron el cumplimiento íntegro de la sentencia de la Corte Interamericana, además de denunciar que la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a participar en las reuniones sobre el cumplimiento de la misma y de la renuencia de esa institución para participar en el acto público de reconocimiento de responsabilidad, tal como expresamente lo ordena la sentencia.

Por su parte, las demandas de las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, solicitaron al titular del Ejecutivo la creación de políticas públicas que respondan a la serie de violaciones de derechos humanos que resultan de vivir en esta condición. Especialmente solicitaron la participación de la federación para la pacificación de la Sierra Tarahumara que les permita regresar a sus hogares y, mientras eso sucede, que se implementen medidas para que puedan reubicarse en condiciones dignas, esto incluye salud, educación, vivienda y desarrollo económico.

A la llegada del Presidente al lugar donde tenía programada una reunión, los colectivos se acercaron para hacerle entrega de un documento que contenía las principales demandas de las familias que los integran; el mandatario escuchó a las personas, recibió el documento y aseguró que se daría seguimiento a las peticiones.


comunicacion@cedehm.org.mx

martes, 7 de enero de 2020

A 10 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA ALVARADO Y A UN AÑO DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA DE LA CORTE IDH, HAY NULOS AVANCES EN EL CASO



Chihuahua, Chih., 07 de enero de 2020. El 29 de diciembre de 2009, en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, fueron desaparecidos Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado por elementos del ejército mexicano. Desde entonces, sus familiares han buscado su paradero y han exigido justicia en el caso.

El caso ha sido tan paradigmático que el 20 de diciembre de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó la sentencia condenatoria en la que resolvió que el Estado mexicano había desaparecido a las víctimas, que era responsable del desplazamiento forzado de varios de sus familiares, así como de la impunidad en el caso y de la falta de protección ante amenazas e incidentes de seguridad. El tribunal interamericano ordenó, entre otras medidas de reparación, a buscar a las víctimas, sancionar a los responsables, reubicar a las familias desplazadas, brindar acompañamiento psicológico a las familias, realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional, publicar la sentencia en diferentes medios escritos y electrónicos, avanzar un registro de personas desaparecidas, avanzar en capacitaciones a fuerzas armadas y pagar indemnizaciones.

Al día de hoy, el Estado mexicano no ha cumplido en su totalidad ninguna de las reparaciones ordenadas por la Corte IDH. Peor aún: a principios de 2019 se llevó a cabo una reforma constitucional que permitió la creación de la Guardia Nacional. Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), autoridad fundamental en el cumplimiento de la sentencia, se ha rehusado a participar en las reuniones de implementación, así como en el otorgamiento de información sustancial para varias medidas de reparación como lo es la búsqueda de las víctimas, el avance en las investigaciones y las capacitaciones adecuadas.

Adicionalmente, el pasado 19 de diciembre, la Corte IDH notificó a las víctimas que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Embajada de México en Costa Rica, había presentado un escrito mediante el cual no quiere hacer el pago de la indemnización de una de las víctimas haciendo alegaciones de derecho interno basado en normativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para hacer el pago ordenado por el tribunal interamericano.

El actuar de la SRE es desafortunado e ilegal, en tanto el Estado mexicano contaba -si lo consideraba pertinente- con noventa días para presentar una interpretación de sentencia, lo cual no hizo.  El hacerlo un año después de notificada la sentencia no solo es extemporáneo y deja en desprotección a las víctimas, sino que justifica el incumplimiento de la sentencia en disposiciones de derecho interno, incumpliendo flagrantemente con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y con el artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En definitiva, el actuar del Estado mexicano en el presente caso se ha caracterizado por una excesiva burocracia, falta de coordinación, obstaculización flagrante de algunas autoridades y una lentitud que revictimizan a las familias.

De acuerdo con la sentencia emitida el 28 de noviembre de 2018 y notificada el 20 de diciembre siguiente, el Estado mexicano contaba con un plazo de un año para informar del cumplimiento de cada una de las medidas ordenadas en la sentencia. Las familias esperamos esa información, así como la estricta supervisión de cumplimiento por parte de la Corte IDH para que el actuar actual de las autoridades mexicanas no sigan revictimizando a las familias.

Han pasado 3,661 días desde una noche en que varios soldados detuvieron y desaparecieron a Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene. No obstante, el paso del tiempo no puede borrar de las memorias de sus familiares la ausencia, el miedo, la desesperación por no saber dónde están, el crecer sin padre y madres, sin hermanas y sin hijas e hijo. Hoy más que nunca, los rostros de las tres víctimas desaparecidas siguen en la memoria de sus familiares, quienes exigen al Estado que cumpla a cabalidad y prontamente con esa justa expectativa.

martes, 17 de diciembre de 2019

SE REALIZA CON ÉXITO EL FORO PARA VISIBILIZAR LOS DERECHOS CIBERNÉTICOS Y SEXUALES DE LA ADOLESCENCIA Y LA NIÑEZ



Chihuahua, Chih., a 17 de diciembre de 2019. El día de hoy tuvo lugar el “Foro para visibilizar los derechos cibernéticos y sexuales de la adolescencia y la niñez”, consistente en tres conferencias y un conversatorio, organizado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), con el financiamiento de Sigrid Rausing Trust.

El evento tuvo por objetivo generar un espacio para visibilizar los ciberdelitos sexuales de los que pueden ser víctimas niñas, niños y adolescentes; evidenciar los riesgos a los que se encuentran expuestas/os e informar sobre los mecanismos de prevención en la materia, para evitar que sean víctimas de la comisión de un delito. 

Para este evento se contó con la participación de Alexandra Argüelles, integrante del equipo de comunicación e incidencia de Derechos Digitales, una organización de alcance latinoamericano que tiene por objetivo el desarrollo, la defensa y la promoción de los derechos humanos en el entorno digital. Argüelles abrió el foro con la conferencia titulada “Riesgos y seguridad digital para la niñez y adolescencia”.

Alexandra mencionó que “los derechos que comúnmente están en juego cuando hablamos de los derechos digitales, son los de la libertad de expresión y privacidad”. También recalcó que “necesitamos leyes que reflejen las realidades que actualmente vivimos y no tipos penales rígidos”.

Enseguida se tuvo la intervención de Alicia Vargas, integrante del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, e integrante del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).  Vargas, quien también es Directora General del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social (CIDES I.A.P.), presentó la ponencia “Perspectiva de género y niñez en los ciberdelitos”.

Alicia indicó que las niñas, niños y adolescentes “son sujetos activos de derechos humanos y debemos dotarles de información para ejercer con autonomía”, además de garantizar su participación en la creación de políticas públicas y tomar en cuenta su opinión para la toma de decisiones. Agregó que “este mundo se ha conectado a través de las redes sociales, por lo que no podemos seguir tratando estos temas como hacíamos hace 20 años. Con todos estos cambios, se resignifican los derechos humanos”.

Para la tercera conferencia se contó con la participación de Ana Baquedano, activista por el respeto a la intimidad y co-fundadora de Respeto y Educación Digital en Sexualidad (REDES), una asociación civil orientada a promover el respeto a la intimidad en temas de difusión no consentida de imágenes y videos íntimos y de sextorsión. Baquedano encabezó la charla titulada “Perspectiva e impactos en las víctimas de ciberdelitos sexuales”.

Ana subrayó que el verdadero error en el sexting radica en hacer aquello que se realiza sin el consentimiento de la otra persona. Añadió que “no sabes a quién culpar cuando comparten tus fotografías, la sociedad no te respalda, así que acabas culpándote a ti misma”. Sin embargo, enfatizó que la vergüenza sólo le corresponde a las personas que comparten fotografías íntimas sin el consentimiento de la otra parte, situación que además constituye un delito.

Hacia el final del evento se llevó a cabo un conversatorio entre las ponentes, en el que ahondaron y compartieron con el público más información en todo lo relativo a los derechos cibernéticos y sexuales, así como herramientas y mecanismos para prevenir y denunciar los ciberdelitos en la materia. 

El foro estuvo dirigido a operadoras y operadores del Sistema de Justicia, del Poder Legislativo, a funcionariado público, a integrantes de organizaciones de la sociedad civil, a profesionales y estudiantes de leyes, así como a público en general con interés en la materia.




lunes, 16 de diciembre de 2019

A NUEVE AÑOS DEL ASESINATO IMPUNE DE MARISELA ESCOBEDO



POSICIONAMIENTO DE ORGANIZACIONES Y COLECTIVOS

Chihuahua, Chih., a 16 de diciembre de 2019. Hace nueve años se suscitó el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, una madre que días antes había iniciado una huelga de hambre frente a Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua, en la exigencia de verdad, justicia y reparación por el feminicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo. Al día de hoy, han pasado 3 mil 285 días sin justicia para Marisela; 4 mil 126 para Rubí.

Hoy 16 de diciembre de 2019, nos convocamos aquí, en el marco del noveno aniversario de asesinato de Marisela Escobedo, con dos propósitos concretos: recordar y demandar.

Así, recordamos:

- El amor, la tenacidad y la fuerza de la lucha de Marisela por un Chihuahua libre de violencia feminicida y con ella a todas las otras ‘Mariselas’ que en esto se han gastado la vida;

- La dignidad de las y los defensores de derechos humanos que en su exigencia de justicia han sido asesinados;

- Que el sistema de justicia le falló a Marisela Escobedo y sigue fallando a las víctimas, quienes son las principales investigadoras, en un país que mantiene índices de impunidad de más del 98 por ciento;

- Que en el estado de Chihuahua y en todo el territorio nacional, como a Rubí, a las mujeres les violentan, agreden y asesinan por el hecho de ser mujeres y la respuesta de los gobiernos no ha sido ni cerca, suficiente;

- Que esta sociedad, la nuestra, como lo dijera la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de Campo Algodonero: la nuestra, es una sociedad en donde prevalecen y se perpetúan condiciones que favorecen un modelo de supra-subordinación de las mujeres a los hombres.

- Que los gobiernos no tienen la voluntad o la capacidad para implementar una política pública sobre el desplazamiento forzado de las personas, familias y comunidades enteras que se ven obligadas a abandonar su vida por condiciones extremas, como lo fue el caso de la familia de Marisela Escobedo, a quienes el estado fue incapaz de proteger.

Sobre todo recordaremos hasta que se haga justicia, que el estado de Chihuahua en estos hechos tiene responsabilidad:

1. En el feminicidio de Rubí por no garantizarle una vida libre de violencia y no sancionarlo.
2. En el asesinato de Marisela porque ella se puso en riesgo por realizar la labor que le correspondía al gobierno, porque no se le protegió y porque su muerte se mantiene impune.
3. Por el auto exilio de la familia Escobedo, frente a la incapacidad de protegerles o garantizarles el retorno seguro.

Entonces, estamos aquí para demandar, demandamos justicia, verdad y reparación integral que incluya medidas de no repetición para:

- Que se erradique la violencia feminicida.
- Que se proteja a todas las personas que como vocación elegida y por tragedia impuesta, buscan justicia.
- Que a la sociedad en su conjunto, se nos garantice el derecho a la verdad, esto implica investigaciones eficaces y no fabricación de culpables.

Demandamos sanción para todas las personas responsables de que se sigan perpetuando las violaciones de derechos humanos sufridas por Rubí, Marisela, su familia.

¡Porque justicia para Marisela, es justicia para todos y todas!

Antecedentes

Marisela tenía 52 años cuando fue cobardemente asesinada. Hasta sus 48 años, se había dedicada a sus hijos e hijas, a su vocación de enfermera y siguiendo su espíritu de emprendedora. Fueron los últimos cuatro años de su vida, los que marcaron para siempre la historia de Chihuahua, del sistema penal acusatorio en México y los que evidenciaron al mundo la impunidad imperante en nuestro país.

Marisela se convirtió en la principal investigadora de la desaparición de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo ocurrida en agosto de 2008. Gracias a las evidencias recabadas por ella, se pudo determinar que Rubí fue asesinada por su pareja, Sergio Rafael Barraza Bocanegra quien ya había huido de Chihuahua; Marisela logró ubicarlo y gracias a esto pudo ser detenido para enfrentar un juicio en el recién estrenado Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Durante la declaración de Marisela en el juicio contra Sergio, explicó que estaba ahí porque quería que el feminicidio de su hija fuera el último en Chihuahua. El Tribunal absolvió y liberó al asesino confeso.

En segunda instancia, se logró una sentencia condenatoria, pero Sergio Rafael ya no estaba detenido, entonces Marisela comenzó una tenaz lucha para exigir la aprehensión del asesino de su hija.

Recorrió el país, encabezó marchas, realizó múltiples protestas, se reunió con autoridades de diferentes niveles, encontró por su cuenta a Sergio en tres ocasiones y demandó su detención, confrontó al Gobernador, denunció la colusión entre autoridades y el narcotráfico, enfrentó amenazas de muerte de la familia del asesino, advirtió que sería asesinada si no hacían nada para protegerla y que su muerte sería la vergüenza del Gobierno.

La noche del 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo Ortiz fue asesinada en las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua.

jueves, 31 de octubre de 2019

PARTICIPA EL CEDEHM EN DOCUMENTAL SOBRE FEMINICIDIOS EN MÉXICO



Chihuahua, Chih., a 31 de octubre de 2019. El día deayer se realizó la presentación del documental “Nosotras”, dirigido por Natalia Beristain, producido por el actor Diego Luna y El Día Después A.C. El documental aborda el problema de los feminicidios en México y éste cuenta con la participación del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM) y Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C.

Se estima que seis de cada 10 mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia de género, que nueve mujeres son asesinadas cada día en nuestro país y que el 98.5% de los sujetos feminicidas no son castigados. Además, México es el país número uno en feminicidios en América Latina. “Nosotras” también habla sobre los distintos niveles de violencia que diariamente se ejercen contra las mujeres, iniciando por las micro violencias que suelen normalizarse.

El documental se rodó con la colaboración del CEDEHM, durante el mes de julio del presente año, en Chihuahua y Cd. Juárez. Éste cuenta con testimonios de mujeres sobrevivientes de violencia de género; de familiares de víctimas de feminicidio; así como de Ruth Fierro, coordinadora general del CEDEHM y de Imelda Marrufo, coordinadora de Red Mesa de Mujeres.

Posterior a la proyección del día de hoy, hubo una charla con Ruth Fierro; Natalia Beristain; Ixchel Cisneros, directora de El Día Después; y Arcilia Miranda, participante del documental y hermana de Berenice Miranda, quien fuera víctima de feminicidio.

En su intervención, Ruth Fierro se refirió a la gravedad de las cifras y estadísticas sobre violencia de género y feminicidios en México; habló sobre la importancia de prevenir la violencia de género en todos los ámbitos de la vida cotidiana; también recordó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso González y Otras (Campo Algodonero) vs. México, que cumplirá 10 años el próximo 16 de noviembre.

Por su parte, Ixchel Cisneros destacó la importancia de que la ciudadanía se involucre en la divulgación y denuncia de problemas sociales que involucran graves violaciones a los derechos humanos, ya que ninguna persona se encuentra exenta de ser una víctima más de la crisis de violencia e impunidad que impera en el país.

Natalia Beristain habló sobre su experiencia profesional con este primer acercamiento al cine documental y resaltó la necesidad y relevancia de difundir y promover temas avocados a la promoción y defensa de los derechos humanos. Asimismo, resaltó la importancia de la igualdad de género en las esferas pública y privada.

Finalmente, Arcilia Miranda destacó la importancia de visibilizar la magnitud de este problema y enfatizó que nunca, por ninguna circunstancia y bajo ningún contexto, se debe juzgar, cuestionar ni mucho menos culpar a as víctimas de la violencia que se ha ejercido contra ellas.

“Nosotras” se estrenó el pasado domingo 20 de octubre en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) y forma parte de la campaña “Feminicidios en México” de El Día Después. Esta organización, fundada por el actor Diego Luna, es una iniciativa que busca visibilizar y potenciar la labor de las organizaciones, colectivos y movimientos sociales en México, así como sumar y movilizar a las y los ciudadanos que quieren hacer algo por el país y generar cambios a través de acciones concretas.

El CEDEHM es una organización de derechos humanos, laica y feminista, comprometida con la justicia, la igualdad y la dignidad de las personas, fundada en el año 2005. Nuestra misión es brindar un acompañamiento integral a quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos, para que puedan acceder a la justicia. También buscamos contribuir a la generación de cambios estructurales que permitan la plena vigencia de los derechos humanos en el estado de Chihuahua.

El día de hoy Red Mesa de Mujeres realizará dos presentaciones del documental en el Cinito Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a las 12:00 y 16:00 hrs. “Nosotras” está disponible en el siguiente enlace: bit.ly/NosotrasDocumental Durante los meses posteriores la campaña "Feminicidios en México", así como diferentes llamados a la acción para contribuir a prevenir y erradicar este problema, estarán vigentes en la página web de eldiadespues.mx

miércoles, 16 de octubre de 2019

URGENT ACTION FOR THE DISAPPEARANCE OF CRUZ SOTO CARAVEO


Cruz exposing the situation of his community to the
UN Special Rapporteur on Internally Displaced Persons on September 2018.


URGENT ACTION: Disappearance of Cruz Soto Caraveo, member of the collective of families forcibly displaced from the Sierra Tarahumara, accompanied by the organizations CEDEHM and CONTEC from Chihuahua. 

Cruz Soto, his family and other members of the Monterde community in the municipality of Guazapares in the state of Chihuahua, Mexico, have been forcibly displaced since 2013, after they received death threats from members of the organized crime that controls the area, who took their land for drug planting.

On Saturday, October 12th, Cruz left Chihuahua, where he is temporarily living, on his way to Temoris. He went to the Municipal Presidency on Sunday, October 13th, to meet with personnel from the federal government's Secretariat of Agriculture and Rural Development. After leaving the meeting, the same Sunday, Cruz and another person left on a truck headed towards the community of Los Llanos, when they were forced to stop by unknown subjects who did not identify themselves. They ordered him to get out of the vehicle, handcuffed and took him away, without so far having information of his whereabouts.

On August 2018, Cruz Soto and other displaced people from El Manzano, a community that has precautionary measures from the Inter-American Commission on Human Rights, returned to their homes sheltered by the Chihuahua state police. The day after their return, just in a place where the group had been detained the day before, a murdered man appeared, a relative of Cruz Soto's wife, who had a banner placed on his body with a death threat directed at Cruz Soto, who is accused of actively denouncing the situation in the area.

On several occasions, Cruz Soto and other displaced people have met with authorities to demand the apprehension of the organized crime group operating in the area so that they can safely return to their communities. The last occasion was on March 22, 2019 in the framework of the review of the precautionary measures in El Manzano, where he loudly denounced the threats suffered and demanded attention for their cases; this was addressed to the head of the Unit for the Defense of Human Rights of the Government Secretariat, as well as staff of the General Secretariat of the Government of Chihuahua and the Attorney General's Office.

During the unofficial visit to Chihuahua by the United Nations Special Rapporteur on Internally Displaced Persons on September 2018, Cruz participated in the meeting that she held with displaced persons.

Given the seriousness of the events described, which put the life of CRUZ SOTO CARAVEO at risk, we kindly ask you to:

Write urgently to the Under-Secretary of Human Rights, Population and Migration and to the Government of the State of Chihuahua, demanding the immediate location of Cruz Soto, and that the necessary protection measures be granted to his family and other members of the community who are forcibly displaced in Chihuahua.

Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila

Secretaria de Gobernación
Secretary of Government
Twitter: @M_OlgaSCordero
E-mail: secretario@segob.gob.mx

Alejandro Encinas Rodríguez
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
Under-Secretary of Human Rights, Population and Migration
Twitter: @A_Encinas_R
E-mail: ajencinas@segob.gob.mx

Javier Corral Jurado
Gobernador del Estado de Chihuahua
Governor of Chihuahua State
Twitter: @Javier_Corral

César Augusto Peniche Espejel 
Fiscal General del Estado de Chihuahua 
General Prosecutor of the State of Chihuahua
Twitter: @PenicheCesar 
E-mail: cesar.peniche@chihuahua.gob.mx

Joel Guillermo Bustillos Ramírez
Presidente Municipal de Guazapares
Mayor of Guazapares
E-mail: mpioguaz.1821@gmail.com