jueves, 29 de enero de 2015

México, en crisis y bajo el escrutinio del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU

-          El Comité examinará por primera vez a México sobre el grado de cumplimiento de sus obligaciones respecto de las víctimas de desapariciones forzadas o involuntarias.

-          La revisión se realiza en el contexto de la crisis del Estado mexicano en materia de derechos humanos, de legitimidad de sus políticas y de impunidad.

-          Las conclusiones del Comité deben representar un punto de inflexión que permitan un cambio profundo en las acciones estatales.

México, a 29 de enero de 2015.- El próximo 2 y 3 de febrero el Comité Contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, en su 8º periodo de sesiones a celebrarse en Ginebra, Suiza, examinará a México sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El Comité cuenta con informes rendidos tanto por el Estado como por diversas organizaciones de la sociedad civil. En esta ocasión, sostendrá un diálogo público con el Estado mexicano, brindará un espacio para las organizaciones y víctimas para finalmente adoptar sus conclusiones y recomendaciones, mismas que se harán públicas el 13 de febrero.

México llega a este espacio señalado nacional e internacionalmente por usar la desaparición forzada desde la llamada “guerra sucia”, cuya impunidad persistente ha hecho posibles las más de 23,000 desapariciones contabilizadas oficialmente hasta el 2014. A la fecha, según el reporte del Estado, sólo existen 6 sentencias a nivel federal por casos de desaparición forzada lo cual continúa generando la comisión impune, generalizada y sistemática de estas graves de violaciones a derechos humanos.

En este marco, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero ha puesto en evidencia el actuar del Estado al violar los derechos humanos fundamentales para luego incumplir con su obligación de búsqueda e investigación adecuadas que conduzcan al paradero de los estudiantes y permitan conocer la verdad de lo sucedido, sancionar adecuadamente a los responsables y brindar una reparación adecuada y proporcional por los trágicos hechos.

A la par, resultan inaceptables los persistentes retrasos que México ha tenido frente al CED, que en el actual contexto debería resultarle prioritario. Ejemplo de ello es que el primer informe estatal, cuya fecha límite de presentación era diciembre de 2012, fue presentado en marzo de 2014. Igualmente, México se negó a contestar la petición del Comité de visitar el país durante el 2014 y finalmente demoró y limitó su contestación escrita a las preguntas previas formuladas por el Comité, omitiendo abordar las cuestiones más críticas el número real de personas desaparecidas así como la actuación y respuesta frente a casos emblemáticos como el de Ayotzinapa.

La falta de transparencia e información adecuada constituye una de las limitantes para un verdadero escrutinio internacional que permita exigir procesos de rendición de cuentas sobre una problemática que ya ha tenido diversos pronunciamientos de órganos internacionales, tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Asimismo, hasta la fecha el Estado se ha negado a reconocer la competencia del Comité para recibir tanto quejas individuales como interestatales de casos de desaparición forzada lo cual, en el contexto mexicano, limita seriamente los derechos humanos de las víctimas de acceder a instancias que puedan garantizar sus derechos de acuerdo al artículo 31 de la Convención. Además, un grupo de organizaciones de la sociedad civil solicitó una reunión con la Cancillería para plantear este tema desde el 8 de septiembre de 2014, pero nunca recibieron respuesta a su solicitud.

Tanto familiares de personas desaparecidas -mexicanas o migrantes- como las organizaciones abajo firmantes participaremos activamente en las sesiones del Comité CED para exigir que en México ninguna persona vuelva a desaparecer y se esclarezca la historia de decenas de miles de personas cuyo paradero se desconoce y por las cuales las familias y organizaciones no nos cansaremos de exigir verdad, justicia y reparación.

Organizaciones firmantes:

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos  Juan Gerardi
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)
Fundación Diego Lucero
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación
H.I.J.O.S. México
Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)

OSC exigimos continúe investigación sobre Caso Ayotzinapa y búsqueda de normalistas desaparecidos



A cuatro meses del asesinato y desaparición forzada de estudiantes de Ayotzinapa, OSC exigimos el esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables

Deleznable la actuación del Gobierno Federal en el caso Ayotzinapa

Alto a las campañas de difamación y desprestigio contra estudiantes, madres, padres de familia y defensoras/es de derechos humanos que les acompañan

México D.F a 28 de enero de 2015. A pesar de que han transcurrido cuatro meses de las violaciones graves a los derechos humanos contra estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa” ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero[1], el Gobierno Federal no ha dado resultados eficaces que esclarezcan los hechos y castigue a los responsables, contrario a ello, la Procuraduría General de la República (PGR) pretende cerrar el caso aun cuando existen elementos para continuar la investigación y evitar la impunidad.


A 120 días de ocurridos los hechos: el esclarecimiento, el acceso a la  justicia, la reparación del daño a madres y padres de familia, así como a los estudiantes, y la exigencia de garantías de no repetición, siguen siendo las demandas de los estudiantes, los padres y madres de familia, así como de la comunidad nacional e internacional.

Ante ello, las organizaciones, defensoras y defensores de derechos humanos reprobamos la insistencia de la PGR en reafirmar la hipótesis de que los estudiantes fueron secuestrados, quemados y arrojados a basurero de Cocula, sin contar las pruebas científicas suficientes que confirmen el hecho, y por otra parte existen elementos suficientes para mantener la línea de investigación abierta y la búsqueda con vida de los estudiantes, a fin de llegar a la verdad de los hechos y al castigo de todas/os los responsables, como lo han exigido los estudiantes y las madres y padres de familia.[2]
Las organizaciones firmantes reprobamos que el Gobierno Federal no cumpla con los acuerdos firmados con los padres, madres de familia, estudiantes y sus representantes, y sin mayor explicación pretenda poner fin a la investigación que esclarezca uno de los hechos que más ha herido a nuestro país en los últimos años.

Desde septiembre de 2014 organizaciones de la sociedad civil, defensoras/es de derechos humanos, hemos sido testigas/os de la fuerza y dignidad que han mantenido de pie a padres y madres de familia, quienes sin pensarlo, asumieron la búsqueda de sus propios hijos frente a la dilación e ineficaz respuesta de las autoridades municipales, estatales y federales de nuestro país.

Si bien existen personas relacionadas con los hechos que han sido detenidas, al día de hoy, ninguna de ellas está siendo procesada por desaparición forzada, a pesar de las evidencias y testimonios que refieren la participación por acción u omisión de autoridades de los tres niveles de gobierno. De igual forma, no se ha detenido a todos los autores materiales e intelectuales[3]. Tampoco se han esclarecido los vínculos y complicidades de las autoridades de distintos niveles con grupos delincuenciales.
Asimismo, la participación del Ejército no ha sido investigada a cabalidad, lo que ha derivado en que organizaciones internacionales como Amnistía Internacional se manifiesten denunciando que “la Procuraduría General de la República (PGR) ha fallado en investigar adecuadamente todas las denuncias de complicidad de las fuerzas armadas y otras autoridades en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa”.

Contrario a ello, los estudiantes normalistas, madres y padres de familia, así como defensoras y defensores de derechos humanos que acompañan el caso, han sido objeto de campañas de difamación y desprestigio, agresiones físicas e intimidación y su palabra y valoración no ha sido tomada en cuenta en las recientes acciones del Gobierno Federal.



Ejemplo de ello es la acción ocurrida el pasado 12 de enero de 2015, en el 27 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, ubicado en Iguala, Guerrero, en donde militares agredieron a familiares y compañeros de los normalistas desaparecidos, quienes desde un inicio han exigido la apertura de los cuarteles militares para cerciorarse si sus hijos se encuentran o no dentro de los cuarteles.
Una vez más, el Ejército ponderó el uso de la fuerza en lugar de crear las condiciones necesarias para el diálogo con familiares y normalistas, quienes exigen a las autoridades federales el esclarecimiento del papel del Ejército en los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014.

La omisión del Gobierno Federal para atender esta petición, ha generado la desesperación de las familias y estudiantes, mismos que han encontrado en la búsqueda ciudadana, el camino para acceder a la verdad frente a la ineficacia de instancias como la PGR quien en estos cuatro meses no ha llegado al esclarecimiento de los hechos.[4]

Como sociedad civil de nuestro país y junto con la comunidad internacional, abrazamos el dolor por Ayotzinapa, porque sabemos que no es un hecho aislado, como lo reflejan también hechos como los ocurridos en Tlatlaya, Estado de México.
Ante ello, a cuatro meses de los atroces hechos ocurridos contra los normalistas de Ayotzinapa y de la pretensión de cerrar la investigación sobre el caso, las organizaciones civiles firmantes exigimos al Gobierno Federal:

· No cerrar el caso Ayotzinapa hasta que las familias tengan certeza científica y jurídica del paradero de sus hijos y hasta que todas/os los autores materiales e intelectuales sean sancionados.

· Se creen mecanismos eficaces para garantizar la no repetición de los hechos.

· Se agoten  todas las líneas de investigación y se esclarezca la participación de la clase política, el Ejército y su vinculación con los grupos delincuenciales.

· Se creen mecanismos institucionales para que los cuarteles militares sean abiertos e inspeccionados por los padres y madres de familia de los normalistas desaparecidos y sus represenantes, a fin de garantizar el ejercicio de su derecho a la verdad y se cercioren si sus hijos se encuentran o no en dicho lugar.

· Se respeten las valoraciones y los resultados de las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y se garanticen las condiciones necesarias para que el Grupo Interdisciplinario de cooperación técnica que ha sido asignado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos; así como para contribuir en las investigaciones y acciones que se adopten a fin de sancionar a los responsables, y la asistencia a los familiares, pueda realizar sus actividades a cabalidad, como se estableció y oficializó el pasado  29 de octubre y 18 de noviembre de 2014, respectivamente en el acuerdo firmado entre la CIDH, el Estado Mexicano y los representantes de las víctimas.

· Que el Gobierno Federal actué de manera contundente para desmantelar a los grupos delincuenciales que atentan contra la estabilidad y seguridad de nuestro país y que hoy en día han hecho de México un territorio de miles de personas desaparecidas.

· Cese de la represión y criminalización, contra miembros de la sociedad civil, que en el ejercicio de su derecho a la libre manifestación, han sido detenidos arbitrariamente en el marco de las acciones en  solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa.

· Cese del desprestigio y criminalización de los estudiantes normalistas, padres y madres de familia, así como de las y los defensores de derechos humanos que acompañan el caso. Así como garantías de su seguridad.

· Se establezcan mecanismos eficaces de comunicación en los que se priorice la interlocución y necesidades específicas de las familias, estudiantes y organizaciones acompañantes.


A las madres, padres y estudiantes normalistas y sus familias, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos que les acompañan, les decimos que desde nuestros diversos espacios estamos atentas/os de las acciones que emprendan ante las instancias internacionales como lo será su presencia en la Octava sesión del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU, en Ginebra, Suiza para exigir la justicia que no se ha encontrado en nuestro país y nos unimos a la exigencia de que el marco jurídico internacional sea implementado a cabalidad por el Estado Mexicano, a fin de cumplir con los diversos tr atados internacionales en materia de derechos humanos firmados por México, para que hechos como lo ocurrido en Iguala no se repitan y cese la impunidad.


Atentamente,

Asesoría Integral y Litigio Estratégico a Pueblos Originarios ASER-Litigio; Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. ASILEGAL; Casa del Migrante de Saltillo; Católicas por el Derecho a Decidir; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEMH); Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria OP", A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Cordova; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Centro de Derechos Indígenas A.C; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (CEPAD); Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, AC; Colectiva Feminista Lilas;  Colectivo Audiovisual la Marabunta; Colectivo Bolivariano, Oaxaca; Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA; Colectivo Radio Nahndia, Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca;; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C (Cosyddac); Comité Cerezo México; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C; Comité de familiares y amigos de Damián Gallardo Martínez; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social AC; Educando en los Derechos y la Solidaridad, EducaDyS; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; FUNDEM (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México); Iniciativa Ciudadana Oaxaca A.C.;  Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.; JASS (Asociadas por lo Justo); Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; Ojo de Agua Comunicación; Propuesta Cívica; Red por los derechos de la infancia en México (REDIM); Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juáres; Respuesta Alternativa A.C; Servicios del Pueblo Mixe A.C.; Servicios Para Una Educación Alternativa A.C EDUCA; Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados(SMR); Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca (SURCO); Unión Campesina e Indígena de Oaxaca "Emiliano Zapata" -UCIO EZ;  Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” Conformada por 74 organizaciones en 21 estados de la República mexicana: Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila) Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.) Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chihuahua); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo,Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla; Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Mujeres indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales CIARENA A. C (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.) A título personal: Claudia Fuentes Córdoba; Claudia Vera Noriega; Jade R Cuevas Villanueva (periodista); Michael Chamberlain.

[1] Hechos que derivaron en la ejecución extrajudicial de los estudiantes de: Julio César Ramírez, Julio César Mondragón, Daniel Solís Gallardo, y de otras tres personas más; así como de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas.[2] Comunicado  Padres y madres de normalistas desaparecidos responden a PGR: http://www.tlachinollan.org/conferencia-padres-y-madres-de-normalistas-desaparecidos-responden-pgr/ 

[3] Ejemplo de ello es que el Secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, hasta la fecha se encuentra prófugo.

[4] Si bien organismos internacionales de derechos humanos se han pronunciado por que se investigue y se juzguen los atroces abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas -como lo realizó  Human Rights Watch (HRW)[4]-, a la fecha, el Gobierno Federal no ha dimensionado las graves violaciones a los derechos humanos que han sido permisibles, y que hoy en día tienen los ojos del mundo puestos en México.




miércoles, 28 de enero de 2015

Logra Genoveba, la mujer indígena a quien le fue robada su hija, la recuperación de la niña


El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), organización que acompaña el proceso legal y el activismo de Genoveba manifiesta su postura en relación a la recuperación de la niña, el proceso legal que debe seguirse y las consecuencias para las autoridades que violentaron los derechos humanos. 

La licenciada María Luisa Salazar,  abogada del CEDEHM y representante de Genoveba,  madre indígena a la que le robaron a su hija cuando la pequeña tenía tres meses de edad, señaló que el caso no puede concluir con la retención de la niña en las instalaciones del DIF,  debido a que es indispensable un proceso especial de reincorporación de la niña de ahora cuatro años, a una cultura diversa con su verdadera madre y familia, además señaló exigirán que se castigue a las autoridades responsables.

Cabe mencionar que un juez federal señaló que autoridades del Poder Judicial, Fiscalía y DIF violentaron derechos humanos de la niña y la madre indígena, por lo que exigirán que los funcionarios y funcionarias no gocen de impunidad.  Además, la abogada Salazar recordó que existe una denuncia penal presentada en la Unidad Especializada en Delitos contra funcionarios/as públicos, en contra del Juez Cuarto de lo Familiar por el caso de la sustracción de la niña rarámuri, por lo que pedirán al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia que acepte la recusación de este funcionario para que deje de conocer el caso de la custodia de la niña y se realice una auditoría en este juzgado. 

Irma Villanueva, directora del área legal del CEDEHM, solicitó se respete los protocolos y estándares internacionales que protegen la identidad de la niña debido a que fue un grave error del Supremo Tribunal de Justicia, en boletín publicado el día de ayer,  mencionar a la niña por su nombre completo, cabe señalar que en las diversas denuncias las representantes legales de Genoveba han omitido su nombre para preservar su identidad y evitar la estigmatización de la víctima, lo cual no fue respetado por el Supremo Tribunal.

La abogadas del CEDEHM señalaron que se tendrá una reunión con el Fiscal General, el Secretario General de Gobierno y el Presidente del Supremo Tribunal, para pedirles que den seguimiento a los casos de varias víctimas de violencia institucional que se han organizado para exigir que sus casos sean revisado.

Rossina Uranga, directora del área de psicología del CEDEHM,  mostró su preocupación por el proceso de transición que requiere una niña de cuatro años que considera como madre a la persona que la sustrajo y planteará que se lleve a cabo un proceso compartido entre ambas madres y/o familiares a fin de priorizar el interés superior de la niña y evitar el trauma de la separación, para tal efecto lo ideal es que un equipo multidisciplinario integrado por abogadas, psicólogas con enfoque psicosocial, diferente al enfoque de psicología, y quienes tengan experiencia en trabajos con niñas y niños sean las personas realicen el trabajo de facilitación del proceso.  Además  es importante considerar que la niña debe integrarse a la cultura indígena, lo cual requiere también un tratamiento especial.


Por todo lo anterior exigimos:

1.      Un proceso especial de acompañamiento psicosocial de la niña, conformado por un equipo multidisciplinario para la facilitación del proceso de transición de la niña.
2.      Reparación integral del daño moral para J.M. y Genoveba, causado por las autoridades involucradas.
3.      Castigo a las funcionarias y funcionarios  que violentaron los derechos humanos de las víctimas.
4.      Recusación del Juez Cuarto de lo Familiar, Lic. Carlos Espino Holguín, para que deje de conocer el caso de la custodia de la niña.
5.      Se realice una auditoría al Juzgado Cuarto de lo Familiar.

6.      Creación de un Consejo de la Judicatura y de revisión del funcionamiento del Centro de Justicia para las Mujeres y del DIF.









lunes, 26 de enero de 2015

LA JUSTICIA FEDERAL AMPARA A NIÑA Y MADRE INDÍGENAS CONTRA VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS COMETIDOS POR EL JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR DE CHIHUAHUA

El Juez cuarto entrega niña rarámuri a la mujer mestiza que la había robado.

 Antecedentes:

Genoveba mujer indígena y su niña J.M. de Cusárare municipio de Guachochi, ubicado en la Sierra Tarahumara, huyendo del hambruna llegaron a la ciudad de Chihuahua hasta el asentamiento Sierra Azul, lugar en que vivían, llegó una mujer mestiza de nombre Judith Sánchez Rojo en busca de una empleada doméstica, le ofrece trabajo a Martha Cecilia la hermana de Genoveba.

Judith buscaba además un bebé, se dio cuenta que Genoveba hermana de su empleada tenía una niña recién nacida, se ofrece a apoyarla comprándole leche y pañales, en el mes de febrero de 2011, le pidió a J.M. quien en esa fecha tenía tres meses de edad para comprarle ropa, se roba a la niña y se la lleva a Torreón, Coahuila.

Genoveba no puede recuperar a su hija y enferma gravemente por lo que es internada en Creel, Chihuahua donde permanece hospitalizada por cuatro meses, ella le pide a su hermana que pongan la denuncia penal y se presenta ante la Fiscalía Especializada en la Atención a la Mujer Víctima de Violencia por Razones de Género, para denunciar a la chabochi (palabra utilizada para nombrar a personas mestizas) por el delito de sustracción y retención.

La Fiscalía en varias ocasiones regañó a la madre indígena por andar denunciando, bajo el argumento que la niña estaba mejor con Judith, que le daba todo lo que ella no podía y que además, ya Genoveba tenía más hijos. La madre de J.M. permanecía en silencio en los pasillos del Centro de Justicia para las Mujeres, esperando recuperar a su hija y ante su perseverancia se logró localizar a la niña, sin embargo la Fiscalía no la entregó a su madre, la puso a disposición del DIF.

En ese lugar le permitieron visitar a su hija por veinte minutos únicamente cada día, la mujer indígena cambio su peregrinar de la fiscalía al DIF. Para  recuperar a su hija le ponen como condición que otorgue el perdón a Judith. Debido a que la intención de Genoveba no era castigar a Judith, sino rescatar a su niña, la madre es trasladada a la Fiscalía en donde sin asesoramiento legal, sin asistencia de traductor de su lengua, en la Fiscalía le dan a firmar el perdón a la mujer que robó a su niña, lo firma, confiada en que era el trámite para rescatar a su hija.

Judith pide la guarda y custodia de la niña al Juez Cuarto de lo Familiar y este se la otorga, y le ordena al DIF que le entregue la niña indígena a la mujer que se la había robado, cuando Genoveba se da cuenta de que el Juez Cuarto ordenó la entrega de su hija, acude al juzgado donde le informan que “ella no aparece en el expediente y que por tanto no está legitimada para participar en ese juicio”, Genoveba insiste en hablar con el Juez, la mujer indígena intentaba explicarle que aunque ella no era parte del expediente, era la madre de la niña que iba a entregar, pero nunca fue recibida.

Genoveba desesperada acude al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), donde narra toda su historia y una vez documentadas las violaciones a derechos humanos que se cometieron, las abogadas del CEDEHM interponen un amparo (291/2014) y el Juez Octavo de Distrito da la razón a la madre y niña indígenas tarahumaras concediéndoles el amparo de la justicia federal.

El juzgador federal considera que en este caso hay tres autoridades responsables por las violaciones de derechos humanos cometido en contra de las dos mujeres indígenas:

1.      El Juez Cuarto de lo Familiar, por haber dado la guarda y custodia; por haber ordenado al DIF la entrega de la niña J.M. a Judith Sánchez Rojo. El Juez Federal considera que, claramente el juez actuó a la ligera, manifestando que no respeto el interés superior de la niña, debido a que ordenó que se entregara la niña indígena a la mujer que se encontraba denunciada penalmente, con la única justificación de que se había dado “el perdón”

2.      A la Fiscalía Especializada en la Atención a la Mujer Víctima de Violencia por Razones de Género, por dictar no ejercicio de la acción penal en contra de la mujer que robó a la niña y haber aceptado el ilegal perdón de Genoveba; acto que se realizó sin traductor y con ausencia de asesoría jurídica

3.      A la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social  del DIF, por haber entregado la niña.


Las consecuencias del amparo obligan a que todo el procedimiento se reponga, es decir el juez debe declarar nula e ilegal la guarda y custodia de J.M. y que además se debe continuar con la investigación en contra de Sánchez Rojo, la mujer que robó a la niña indígena tarahumara.

Actualmente J.M. se encuentra desaparecida, debido a que las actuaciones del Juez Cuarto de lo Familiar legitimaron el robo de la niña rarámuri y posibilitaron que huyeran de la ciudad.

Por todo lo anterior exigimos:

1.     Destitución inmediata del Juez Cuarto de lo Familiar, quien ha sido señalado por diversas víctimas como un funcionario que en forma reiterada violenta los derechos humanos de las niñas, niños y mujeres en situación de violencia.

2.    Activación del Protocolo Alba, por tratarse de una niña desaparecida, según la obligación derivada de la Sentencia de Campo Algodonero.

3.      Se entregue en forma inmediata J.M. a su madre.

4.   Un Consejo de la Judicatura que garantice una evaluación objetiva del desempeño de quienes integran el aparato judicial y que tome medidas de incentivos o sanciones de jueces, juezas, magistrados/as y personal administrativo, según corresponda.
    

2015 ¿Año de la Justicia?












miércoles, 14 de enero de 2015

Exigen Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, creación de un Consejo de la Judicatura en el Estado de Chihuahua

El Poder Judicial también tiene que rendir cuentas a la ciudadanía

Chihuahua, Chih., 14 de enero de 2015-. El pasado 7 de enero, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) presentó denuncia penal contra el Lic. Carlos Espino Holguín, juez cuarto de lo familiar del Distrito Judicial Morelos, por los delitos de discriminación, tráfico de influencias, negación en la impartición de justicia y prevaricación. Esta denuncia quedó radicada en la  carpeta de investigación 286 / 2015. 

Desafortunadamente, no es la primera ocasión en que las defensoras de derechos humanos de las víctimas, acuden ante el Poder Judicial a denunciar el comportamiento del mencionado funcionario público. A pesar de haber utilizado el proceso legal de quejas, éstas fueron desechadas; y haber solicitado una auditoría al juzgado para demostrar las graves irregularidades que constituyen violaciones a los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas, las peticiones fueron denegadas en forma reiterada.

El derecho a la justicia está garantizado en la Constitución mexicana y en un sinnúmero de tratados internacionales que ha ratificado México. Una de las razones que obstaculizan la sanción a funcionarios/as que impiden el acceso a la justicia, es que Chihuahua no cuenta con un órgano independiente que supervise las ilegales o irregulares actuaciones de integrantes del Poder Judicial (jueces/zas, magistrados/as y otro personal sustantivo y administrativo). Este órgano debería incidir en la formación, los procesos de selección, la supervisión/fiscalización y evaluación del personal que tiene a su cargo la responsabilidad de administrar la justicia, tan necesaria en nuestro estado.

El CEDEHM tiene documentados varios juicios en los que el Juez Espino ha actuado claramente protegiendo a hombres que ejercen violencia contra mujeres y niñas/os,  como el caso de Alberto Espino de la Peña,  hombre conocido en el ámbito político por haber tenido cargos en gobiernos municipales y estatales relacionados con el arte y la cultura. Además del poder político, posee poder económico y tráfico de influencias para manipular el sistema judicial.

Arropado por el poder judicial, con absoluta impunidad hace un año que el privilegiado agresor impide que su pequeña hija de doce años conviva con su madre, violentando los derechos de la niña y por supuesto de la madre.

“El año de la Justicia”, bautizado así por el gobernador César Duarte, pasa por hacer realidad la justicia en la vida cotidiana de las personas; no bastan edificios nuevos, ni discursos plagados de buenas intenciones: el hecho es que el Estado mexicano es el país en el continente con mayor número de peticiones anuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que el sistema de justicia no actúa de forma adecuada. También es innegable que Chihuahua es un importante contribuyente a esos señalamientos, ya que nuestro estado ha recibido más de cuatrocientas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales con motivo de las violaciones a los derechos humanos de mujeres y niñas; por la práctica de la tortura,  las desapariciones forzadas de personas, la falta de protección adecuada a personas defensoras de derechos humanos y otras problemáticas similares.

Por las anteriores consideraciones y ante los obstáculos que encuentran las mujeres para acceder a la justicia, la promulgación de Códigos que violentan los Derechos de las víctimas, el nombramiento de Magistrados/as sin experiencia, la ineficacia  de recursos judiciales  que protejan derechos humanos especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, es necesario un Consejo de la Judicatura, y esperamos que en el primer informe de labores del actual Presidente del Supremo Tribunal  de Justicia, esta propuesta sea aceptada.


viernes, 19 de diciembre de 2014

MÉXICO CONTINÚA EN FRANCO INCUMPLIMIENTO CON INSTANCIAS INTERNACIONALES SUPERVISORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES

Es apremiante que suministre información al Comité CEDAW, y que implemente de manera urgente las medidas adecuadas a favor de los derechos de las niñas y mujeres


19 de diciembre de 2014. El pasado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) envió una carta al representante del Estado mexicano ante los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, en la que le urgió a cumplir a cabalidad con el suministro de información solicitado por ese órgano internacional a México.

En su informe más reciente publicado en agosto de 2012 con número de documento CEDAW/C/MEX/CO/7-8, el Comité CEDAW solicitó que a más tardar en dos años México proporcionara por escrito información sobre las medidas que haya adoptado en aplicación de las recomendaciones que figuran en los párrafos 19 b)  y 33 a) y b).

La carta, suscrita por Barbara Bailey (relatora de seguimiento del Comité CEDAW) señala que “aun cuando la información solicitada por el Comité debía ser enviada en julio de 2014, hasta la fecha no se ha recibido.” Por tanto, la misiva agradece la “aclaración respecto del estado actual de la respuesta del gobierno [mexicano] y sobre cuándo se enviará la información solicitada.[1] (Traducción libre)

La importancia de la información que debe suministrar México no es menor pues se trata de tres temas transcendentales: brindar información sobre políticas relacionadas con desapariciones de mujeres, informar sobre procesos de armonización legislativa y dar insumos sobre el actuar del personal médico que atiende a niñas y mujeres.

En tal sentido, el párrafo 19.b) del informe solicita información sobre lo siguiente:

19. b) Desarrollar un registro oficial sistemático de las desapariciones forzosas a fin de poder evaluar la magnitud del fenómeno y adoptar políticas apropiadas; examinar los códigos penales locales para tipificar como delito las desapariciones forzosas; simplificar los procedimientos existentes para activar el Protocolo Alba y la Alerta AMBER, a fin de poner en marcha sin demora la búsqueda de las mujeres y muchachas desaparecidas; y normalizar los protocolos de búsqueda policial.

Por otra parte, tal instancia internacional pidió a México “armon[zar] las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal y amplíe también el acceso al aborto legal teniendo en cuenta la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la recomendación general núm. 24 (1999) del Comité.” (párr. 33.a)).

Finalmente, a través del párrafo 33.b), el Comité CEDAW solicitó al Estado queInforme a los proveedores de servicios médicos y trabajadores sociales que las enmiendas constitucionales locales no han derogado los motivos para interrumpir un embarazo de forma legal y les comunique también las responsabilidades que les incumben.”

Las organizaciones de la sociedad civil hemos insistido que México tiene una deuda en el respeto y garantía de los derechos humanos para todas las personas, lo cual se agrava con diversos sectores de la población, como son las mujeres. Por tal razón, el Comité CEDAW ha empezado con la buena práctica de solicitar prematuramente información sobre temas prioritarios, con el fin de no esperar al siguiente proceso de informe periódico por parte de los Estados.

Por todo lo anterior, y de nueva cuenta, las organizaciones que suscribimos la presente urgimos a las autoridades mexicanas a suministrar la información solicitada por el Comité CEDAW y a que garanticen la participación adecuada en todos los procesos que tengan que ver con la definición, implementación y evaluación de políticas relacionadas con el respeto y garantía de los derechos humanos de las niñas y mujeres en México.

Organizaciones

Asociadas por lo Justo (JASS); Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL); Casa del Migrante de Saltillo “frontera con justicia”, A.C.; Casa Iskra; Centro de Atención a la Mujer Trabajadora (CAMT); Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, A.C.  (BARCADH); Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A. C.; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C.; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer, A.C. (CEDIMAC); Círculo de Estudios de Género, A.C.; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC); Comunicación e Información de la Mujer, A. C. (CIMAC); Fatima, I.B.P.; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Grupo de Mujeres Gran Morelos; Grupo Feminista 8 de marzo; Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas (GPDPC); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD); Instituto para las Mujeres en la Migración, A. C. (IMUMI); Justicia para Nuestras Hijas; Movimiento Resssiste; Mujeres Barzonistas; Observa Ciudadan@; Observatorio para el Acceso a la Información Pública Organización de Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A.C.(UCD).

Redes

Red por la Participación Ciudadana; Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”,  conformada por 74 organizaciones en 21 estados de la República mexicana: Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila) Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.) Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chihuahua); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo,Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla; Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Mujeres indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales CIARENA A. C (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)

miércoles, 10 de diciembre de 2014

EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, CHIHUAHUA NADA TIENE QUE CELEBRAR

Este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en Chihuahua nada tenemos que celebrar. Por ello, un listón negro es colocado  en la estatua que simboliza la justicia en el exterior del Supremo Tribunal de Justicia, en señal de duelo por el secuestro de la justicia y los derechos humanos en Chihuahua.

El duelo, indignación y exigencia por la garantía de los derechos humanos encuentra sustento, al menos, en los siguientes datos:

§  Porque Chihuahua ocupa el segundo lugar nacional en violaciones sexuales.
§  Porque nuestro estado ocupa el cuarto lugar en violencia familiar.  
§  Porque más del 1,500 personas se encuentran desaparecidas forzada o 300 jóvenes se encuentran en esa situación.
§  Por los miles de huérfanos/as que sobreviven sin políticas públicas adecuadas. 
§  Por las más de dos mil mujeres han sido asesinadas desde 1994 a la fecha, y la gran mayoría de sus casos se encuentran en el olvido y la impunidad.
§  Porque, al igual que lo que sucede en Iguala (Guerrero) y otros lugares del país, existen territorios en Chihuahua que permanecen en poder del crimen organizado coludido con autoridades.
§  Porque no se respetan las decisiones de tribunales federales de consultar a los pueblos indígenas sobre diversos proyectos.
§  Porque en la justicia no se aplican adecuadamente los más altos estándares en materia de derechos humanos, y se siguen desconociendo los protocolos que ha emitido la Suprema Corte de Justicia en materia de género, niños/as, indígenas, personas con discapacidad, migrantes, DESCA y otros.
§  Porque continúa la imposición de mega proyectos, proyectos mineros y energéticos que actúan con permisos irregulares y despojan a las comunidades rurales e indígenas de sus territorios ancestrales.
§  Porque persiste la ilegal perforación de pozos que realizan enormes máquinas perforadoras a bordo de carretera que ninguna autoridad puede o quiere ver.
§  Porque nuestro estado sigue siendo uno de los más peligrosos para defender los derechos humanos.
§  Porque existe total la impunidad en las agresiones y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos.  
§  Porque en nuestro estado se suspenden clases en la región serrana por la violencia, y se suspenden clases para bachilleres a fin de impedir que se sigan organizando, manifestando y protestando por sus derechos.
§  Porque Chihuahua es el tercer estado más endeudado de la República Mexicana, después del Distrito Federal y Nuevo León.
§  Porque no existe división de poderes, y  por lo tanto los derechos humanos están secuestrados en el sometimiento del legislativo y judicial al Ejecutivo.
§  Porque esa ausencia de división de poderes se hace patente en realidades tales como la imposición de dos consejeras del ICHITAIP, la ilegal reelección del Presidente de la CEDH, y recientemente la reforma al Poder Judicial para imponer a magistrados inexpertos, sin carrera judicial; y bajo consigna contraviene el Estado de Derecho y el derecho a una justicia de calidad, pronta e imparcial.
§  Porque la dilación y saturación de expedientes de diversas materias y las causas penales es denegación de justicia pronta y expedita.
§  Porque las recientes reformas a los códigos de procedimientos familiares y civiles son violatorias a los derechos humanos y de las víctimas (en especial a mujeres, niños y niñas), como lo ha reconocido recientemente el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
§  Porque el Poder Judicial carece de autoridad moral para impartir justicia y se ha convertido en un instrumento más del poder gubernamental y eso es corrupción e impunidad.
§  Porque la cultura de la legalidad es un slogan que nunca alcanza a funcionarios que delinquen
§  Porque diariamente se violan los derechos al trabajo de las personas que más lo necesitan, como son las personas vendedoras ambulantes.
§  Porque la mayoría de los medios de comunicación están cooptados y la prensa está silenciada.
§  Porque el derecho a la vivienda es irrespetado diariamente, y su consecuencia son los desalojos de personas en la calle, especialmente a niños, niñas, mujeres y personas adultas mayores.
§  Porque la falta de justicia, en muchas ocasiones, se debe a problemas estructurales identificados por las organizaciones de la sociedad civil y que el Supremo Tribunal de Justicia no quiere escuchar.
§  Por la falta de apertura del actual Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, que se niega a recibir a las organizaciones para debatir estos temas y hacer propuestas para solucionarlos.

Por todo eso y más, las organizaciones defensoras de derechos humanos en Chihuahua seguiremos denunciando, documentando y exigiendo que el espíritu del artículo primero constitucional sea una realidad en la vida de las personas y no letra muerta.


Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC)
Bowerasa, A.C. 
Casa Iskra
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.
Círculo de Estudios de Género
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC)
Ecos de Mirabal
Ejido Baqueachi
El Barzón Chihuahua
Fátima I.B.P.
Grupo Feminista 8 de marzo
Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Justicia Para Nuestras Hijas
Movimiento RESSSISTE
Mujeres Barzonistas
Observa Ciudadan@
Organización de Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A.C. (UCD)
Red por la Participación Ciudadana