miércoles, 27 de abril de 2016

V MARCHA POR LA DIGNIDAD NACIONAL

 “MADRES BUSCANDO A SUS HIJOS, HIJAS, VERDAD Y JUSTICIA


 Sí: las y los desaparecidos siguen siendo una afrenta al poder.
Cada vez que se les evoca es una jornada política, una lucha sin cuartel y sin descanso.
(Historia de la Desaparición. Roberto González Villarreal)


 A la sociedad civil nacional e internacional
A todas las iglesias, religiones y credos
A los medios de comunicación
A las organizaciones nacionales e internacionales
A todos los hombres y mujeres que buscan la justicia y construyen la paz

Por quinto año consecutivo, quienes tenemos hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres, saldremos a las calles para gritar no sólo nuestro dolor, nuestra angustia, sino también nuestra rabia; denunciaremos la simulación de las autoridades que en su discurso dice pero en la realidad no busca a quienes tanto queremos.
         Nuestra lucha no se detendrá. Seguiremos desde todos los espacios clamando y reclamando, exigiendo que hagan su trabajo; seremos “su pesadilla” y no dejaremos descansar a quienes nos gobiernan. Que sepan que nuestra búsqueda no terminará jamás hasta que nos regresen a todos y todas.
       Vemos que cada año existen más colectivos que se unen a esta denuncia. En el norte, en el sur, en el centro del país continúan las desapariciones. Queremos que en esta acción se sumen muchos y muchas más. Por eso les convocamos

A la V MARCHA DE LA DIGNIDAD NACIONAL
“MADRES BUSCANDO A SUS HIJOS, HIJAS, VERDAD Y JUSTICIA”

Dicha marcha se llevará a cabo el MARTES 10 DE MAYO. Queremos que nos acompañen, que caminen con nosotras, que se solidaricen con nuestra lucha, de nuestra demanda de búsqueda de Ellas, Ellos, la Verdad y la Justicia. Partiremos a las 10:00 de la mañana del Monumento a la Madre para concluir en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Porque seguiremos caminando ¡HASTA ENCONTRARLOS!,

¡Porque vivos los llevaron, vivos los queremos!

¡Las madres ya no lloramos, ahora luchamos!
Atentamente

“Por una búsqueda incansable”

CONVOCANTES
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM): Integrada por FUNDEM-Centro, FUNDEC-M-Laguna, FUUNDEC-M Saltillo; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) y Colectivo de Familias de Guanajuato; RED VERDAD Y JUSTICIA: COFAMIPRO Honduras, COFAMIDE El Salvador; Colectivo de Familias de Guatemala; Desaparecidos Justicia Querétaro; HIJOS MÉXICO; Red de Madres Buscando a sus Hijos; Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas; Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México; Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”; Fundación Lucero de América; Justicia para Nuestras Hijas; Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México; AFADEM –FEDEFAM; Enlaces Nacionales; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres Chihuahua; Centro de Derechos Humanos Victoria Diez en Guanajuato; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi en Torreón; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Saltillo; Casa del Migrante Saltillo; Diócesis de Saltillo; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en Ciudad Juárez.

CO-CONVOCANTES
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México integrado por: El Solecito de Veracruz; Víctimas por sus Derechos en Acción (Grupo V.I.D.A.); Desaparecidos Justicia, A.C.; Red Eslabones por los Derechos Humanos; Eslabones Estado de México, Eslabones Nuevo León, Eslabones Michoacán, Eslabones Morelos; Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México “Alzando Voces”; Familiares en Búsqueda María Herrera de Xalapa, Veracruz; Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ); Voces Unidas por la Vida (Culiacán, Sinaloa); Mexicanos en el Exilio; COSYDDHAC; Comité Cerezo México; Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Libera Associazioni Contra la Familia (Florencia, Milán, Roma y Umbría); FUNDAR Centro de Análisis e Investigación; Nuestra Aparente Rendición; Servicios y Asesoría por la Paz; Instituto de Acción ciudadana para la Justicia y la Democracia, AC; América Latina Alternativa Social (ALAS) integrado por 11 países: México, Guatemala, Bolivia, El Salvador, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Perú; Red Retoño para la prevención social de la delincuencia organizada; Espacio Libre Independiente; Marabunta AC; Barrio Activa AC; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Comité Monseñor Óscar Romero; Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos.

miércoles, 20 de abril de 2016

Defensoras de derechos humanos denuncian ante Miguel Ángel Osorio Chong la situación de violencia que prevalece en Chihuahua



Chihuahua, Chih. a 20 de abril de 2016.- En el marco de la presentación del Estudio “La Violencia Feminicida en México, Aproximaciones y Tendencias 1985-2014” realizado ayer en la ciudad de México, presidido por Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, las defensoras de derechos humanos Lucha Castro, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) e Imelda Marrufo, coordinadora de Red Mesa de Mujeres en ciudad Juárez, solicitaron al Secretario de Gobernación una audiencia privada para informar la situación en Chihuahua en materia de derechos humanos.

Al encuentro con el Secretario Miguel Ángel Osorio Chong, las activistas fueron acompañadas por la Mtra. Alejandra Negrete, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Mtra. Ángela Quiroga, Titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas y la Lic. Emma Saldaña, Directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer.

Durante la reunión, Lucha Castro planteó la atención urgente e inmediata a la solicitud de alerta temprana para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, enviada a Osorio Chong el pasado 7 de marzo y firmada por 24 organizaciones del estado de Chihuahua, ante las campañas de desprestigio impulsadas desde el propio gobierno del estado y la impunidad en el asesinato de 19 defensores y defensoras de derechos humanos asesinados en los últimos años; además, Castro expuso al Secretario Osorio Chong que de acuerdo a cifras oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Chihuahua cuenta con el 30% medidas de protección otorgadas en todo el país.  

Las defensoras le recordaron el Pronunciamiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM), primero en la historia de este Sistema en referirse a leyes violatorias de los derechos de las mujeres y la infancia, sin que hasta la fecha, el gobierno de Chihuahua haya cumplido las recomendaciones emitidas.

En relación a los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM), se denunció el colapso de esta política pública y la desprotección de cientos de mujeres que acuden solicitar ayuda, esta afirmación fue  respaldada por la titular de CONAVIM al informar a Secretario de Gobernación que en todo el país existen cinco CEJUM’s que no funcionan y dos de ellos se encuentran en esta entidad.

Asimismo, hablaron sobre la reiterada negativa del Gobernador César Duarte Jáquez a reconocer la existencia de desapariciones forzadas, la actitud agudizada de puertas cerradas del gobierno ha llevado a las familias a trasladarse a la capital del país para visibilizar sus exigencias de verdad y justicia en varios espacios nacionales e internacionales.


Por último, se planteó un tema que atrajo la atención del Secretario sobre la situación que  prevalece en la Sierra Tarahumara con el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, abandonados a su suerte por la presencia del crimen organizado quien los despoja de sus territorios, obligándoles a formar parte de la delincuencia, afirmando que existen municipios en poder de las mafias criminales en contubernio con  autoridades y policías. 

martes, 19 de abril de 2016

PRESENTAN QUEJA CONTRA EL CANDITATO ENRIQUE SERRANO ESCOBAR ANTE EL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN


Chihuahua, Chihuahua a 19 de abril de 2016.- Integrantes del Movimiento de Mujeres del Estado de Chihuahua se reunieron la mañana de hoy  en la ciudad de México con Alexandra Haas Paciuc, Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), para presentar una queja contra el candidato del PRI-PVEM-PT-PANAL a la gubernatura en el Estado de Chihuahua.

El documento firmado por más de 24 organizaciones defensoras de derechos humanos del estado de Chihuahua, denuncia al candidato del PRI-PVEM-PT-PANAL a la gubernatura del Estado de Chihuahua, Enrique Serrano Escobar, por el discurso pronunciado el pasado 17 de abril en Carichí, Chihuahua ante  una comunidad rural con un número importante de habitantes indígenas; en este evento de campaña y como parte de las promesas que hizo el mencionado candidato ofreció a los jóvenes del lugar "conseguirle novia a quien lo pida, les voy a traer unas novias de allá de Juárez que están muy guapas".
Este es  un discurso sexista, misógino y discriminador que lastima profundamente a las mujeres en general y en especial a las de  ciudad Juárez al ofertar a sus mujeres como mercancía. Enrique Serrano Escobar asume el rol de padrote,  justo en esa ciudad fronteriza marcada por el feminicidio y la trata, denunciaron las activistas ante la presidenta de Conapred.
Promueve la cosificación así como una de las formas más crueles de las violencias de género como es la trata de mujeres, lo cual es violatorio de derechos humanos, constituye delitos y debe ser consecuentemente sancionado. Así mismo el discurso es discriminatorio al considerar en su subjetivismo que las mujeres de la ciudad, poseen mayor belleza que las mujeres indígenas o del medio rural, reforzando los estereotipos de género.
En razón de lo anterior, solicitaron a Conapred que de manera urgente promueva con el candidato una capacitación para el uso no sexista del lenguaje y que introduzca formas de comunicación incluyentes en el ámbito público y privado así como todas aquellas amonestaciones y sanciones procedentes de acuerdo con la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW). 




  


miércoles, 6 de abril de 2016

Gobierno de Chihuahua niega acceso a la justicia a familiares de víctimas de desapariciones forzadas e involuntarias


   Impide la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense para participar en el proceso de identificación de restos encontrados en fosas clandestinas del estado de Chihuahua.


• No garantiza el acceso a la verdad y la justicia, derechos fundamentales para las víctimas de desaparición.

Ciudad de México, 6 de abril de 2016.- Somos  familiares de víctimas de desaparición forzadas en el estado de Chihuahua, el  Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y Amnistía Internacional nos han acompañado en el camino de la búsqueda de la verdad y la Justicia.

Hemos venido a la Ciudad de México a entrevistarnos con autoridades federales, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México y con organizaciones hermanas, hoy estamos aquí en el Senado de la República para denunciar lo que sucede en Chihuahua.

1.    En el estado de Chihuahua, según cifras oficiales existen 1,698  personas desaparecidas, pero hay un enorme sub registró debido a que las familias no pueden denunciar por el temor, la colusión del crimen organizado con la policía y otras autoridades, vivimos en un narco estado.

2.    Tenemos derecho a nombrar peritos independientes, que merezcan nuestra confianza, la Ley General de Víctimas nos protege.

3.    Hemos enfrentado varios obstáculos, el principal es que el Gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte Jáquez, niega la existencia del problema, no buscan a nuestros hijos e hijas ni vivos ni muertos.

4.    Desde el 2011 le solicitamos al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) fueran nuestras peritas independientes para identificar restos calcinados que se encontraron en tres fosas clandestinas en Rancho Dolores, ciudad Cuauhtémoc; el Mortero, Municipio de Cusihuiriachi; y Brecha el Porvenir, Municipio de Carichí.

5.    Ahora el Gobierno de Chihuahua dice que las familias confiamos en ellos y la Fiscalía quiere procesar los restos quemados, sin contar con la tecnología adecuada.  

6.    Ministerios públicos y policías han estado presionando a las familias exigiendo que firmemos la autorización para que sea la Fiscalía quien haga el procesamiento de estos restos, con la amenaza de que no se investigarán los casos si no firmamos.

7.   Logramos una suspensión provisional de Juzgados Federales y  medidas cautelares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para impedir que procesen los restos, ahora vemos con preocupación que el gobierno de Chihuahua, continúa con su pretensión de seguir adelante aún en contra de la voluntad de las familias.

8.    Porque queremos que sea el Equipo Argentino:

·  Queremos que el EAAF intervenga porque su vasta experiencia y prestigio internacional al utilizar la ciencia para la búsqueda de verdad, justicia, memoria y reparación para las víctimas en graves violaciones a  derechos humanos nos garantiza certeza.
·         Por su relación directa, veraz y respetuosa con familiares y representantes.
·    Porque a través de la revisión de los expedientes, peritajes previos, cadenas de custodia, entrevistas con peritos, ministerios públicos y familiares, conocen de manera integral los casos.
·        Porque toman, seleccionan, trasladan personalmente las muestras de los restos y de referencia a los laboratorios que utilizan las técnicas de nueva generación, esenciales en restos degradados, calcinados, fragmentados y mezclados.
·         Porque emiten dictámenes integrales.
·     Porque entregan los resultados y los explican a las víctimas y sus representantes, respetan la decisión de las y los familiares de ver los restos y los acompañan.





miércoles, 30 de marzo de 2016

CARTA PÚBLICA: ADVIERTEN SOBRE AMENAZA DE MUERTE EN PUEBLA A LA DEFENSORA RITA AMADOR





Es responsabilidad del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Puebla protegerla y evitar cualquier agresión contra la defensora Rita Amador y su organización: RNDDHM

30 de marzo 2016.

C. Enrique Peña Nieto
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
PRESENTE

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) se pone contacto con usted, luego de ser informadas que el día 28 de marzo de 2016 la defensora de derechos humanos Rita Amador López, Dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre” en el estado de Puebla, fue amenazada de muerte, por lo que le exigimos se garanticen acciones eficaces de protección para la defensora de derechos humanos.

Según la información obtenida, la defensora recibió en su teléfono celular, la llamada de una mujer desconocida, quien le advirtió: “Rita desde el viernes te andan siguiendo ¡aguas! ya le pusieron precio a tu cabeza”.

Ante la evidente amenaza de muerte contra la defensora, las 189 defensoras de derechos humanos que integramos la RNDDHM, pertenecientes a 103 diversas organizaciones no gubernamentales, responsabilizamos al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Puebla de cualquier agresión contra la defensora o cualquier integrante de su familia y  organización.

Esta es la segunda amenaza de muerte que la defensora recibe en lo que va del año, ya que el pasado 18 de febrero recibió una amenaza también vía telefónica en la que la voz de una mujer le sentenció:  “Rita  cuidate, van por ti y Sergio”.

A pesar de las denuncias realizadas y las reuniones con autoridades estatales y federales no se ha desarrollado una investigación que identifique a los autores materiales e intelectuales de dichas amenazas; prevalece la inacción de las autoridades de los tres niveles de gobierno y la impunidad, lo cual propicia la continuidad de las agresiones contra la defensora y su organización.

Estos hechos se enmarcan en un contexto de criminalización contra defensoras y defensores en el estado de Puebla y particularmente contra la UPVA, actualmente Rubén Sarabia Sánchez, esposo de Rita Amador, fundador y dirigente también de la organización, se encuentra detenido arbitrariamente desde el 19 de diciembre de 2014.

Asimismo Atl Rubén Sarabia Reyna y Xihuel Sarabia Reyna, hijos de Rubén Sarabia, así como Fernando Alonso Rodriguez, integrante de la organización, se encuentran detenidos arbitrariamente, a pesar de que los procesos penales que enfrentan en prisión son basados en denuncias anónimas.

Cabe recordar que  el 8 de enero de 2016 la defensora fue personalmente notificada del auto de formal prisión o preventiva en su contra, y en contra de tres integrantes más de su organización: María de la Luz Gálvez Javier, esposa de Xihuel Sarabia Reyna (detenido el pasado 9 de diciembre de 2015); Sergio León López y Silverio Montes Silva como  “probables responsables de la comisión del delito de ataques a las vías de comunicación”.

Ante la nueva amenaza de muerte contra la defensora y las continuas agresiones en su contra, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México responsabiliza a las autoridades federales y estatales de cualquier tipo de agresión contra  Rita Amador y exigimos:

·         Implementación inmediata de medidas de protección efectivas que salvaguarden la vida e integridad física de la defensora, su familia y organización.

·         Una investigación pronta, completa y expedita, a fin de sancionar a los autores materiales e intelectuales de las agresiones contra la defensora y su organización.

·         Instalación de mesas de diálogo entre la defensora, su organización y  autoridades de alto nivel estatales y federales, con el objetivo de poner fin a la escalada de agresiones y criminalización que actualmente mantiene en prisión a  4 integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre; así como la existencia de averiguaciones previas contra la defensora e integrantes de su organización.

Desde los 22 estados de la República en los que nos encontramos, reiteramos la importancia de la labor de las defensoras de derechos humanos para la construcción de un Estado democrático, justo e igualitario, por lo que es su responsabilidad garantizar que las defensoras realicemos nuestra labor en condiciones de seguridad.


Atentamente,

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México conformada por 189 defensoras de derechos humanos de 103 diversas organizaciones, ubicadas en 24 estados de la República: Agnieszka Raczynska (México D.F.); Aidé García (Católicas por el Derecho a Decidir, México D.F.); Alba Cruz (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca); Aleida Quintana (Grupo Interdisciplinario  Tékéi, Querétaro);Alejandra Ancheita (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC), México D.F.); Alejandra Nuño (México D.F.); Alexandra Garita (México D.F.); Alicia Leal Puerta, (Alternativas Pacíficas, México D.F.); Aline Castellanos (Herramientas para el Buen Vivir A.C., Oaxaca); Alma Ángelica Barraza Gómez (Sinaloa); Alma Padilla García (Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Chiapas); Alma Delia Rodriguez Alor (Organización Tendremos Alas A.C.,Veracruz); Amelia Guadalupe Ojeda Sosa (Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. (UNASSE), Yucatán); América del Valle Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Estado de México); Ana Karen López Quintana  (Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, Tamaulipas); Ana Lidia Murillo Camacho (Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Sinaloa); Ana María Hernández Cárdenas (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Anaís Palacios Pérez (Colectivo por la Paz Región Xalapa, Veracruz); Analia Penchaszadeh (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Andrea Acevedo García (Mariposas Tlahuicas AC, Morelos); Andrea Eugenio Manuel (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Guerrero); Ángeles López (Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Guanajuato); Angélica Araceli Reveles (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer  CLADEM-México); Atziri Ávila (Coordinadora de la RNDDHM/Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Aurora Montaño (México D.F.); Axela Romero Cárdenas (Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, México D.F.); Beatriz Hernández Bautista (Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género !Nduva Ndandi!, Oaxaca); Bettina Cruz Velázquez (Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Oaxaca); Blanca Martínez (Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, Coahuila); Blanca Mesina (Baja California); Blanca Velázquez (Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), Puebla); Carina González Luis (Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C., Oaxaca); Carolina Cantú (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero); Carolina Coppel Urrea (Ambulante Más Allá (cine documental), México DF); Carolina Ramírez (Aura A.C., Veracruz); Cecilia Espinosa Martínez (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua); Cecilia Oyorzabal Gómez (Agencia Timomatchtikan,Puebla); Cirenia Celestino Ortega (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Clara G. Meyra Segura (Defensora de derechos humanos, México D.F.); Claudia Ángel (Mujeres Indígenas por Ciarena, A.C., México D.F.); Claudia Erika Centeno Zaldívar (México D.F.); Clemencia Correa (Proyecto de Acompañamiento Psicosocial ALUNA, México, D.F.); Concepción Felix Corral (Sí Hay Mujeres en Durango AC, Durango); Consuelo Morales (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Nuevo León); Cristina Auerbach (Familia Pasta de Conchos, Coahuila); Cristina Cruz López (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH); Cristina Hardaga Fernández (Asociadas por lo Justo (JASS), México D.F.);  Dalí Ángel Pérez, (Mujeres Indígenas por Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CIARENA), A.C, Oaxaca); Daptnhe Cuevas (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, México D.F.); Daniela  Fonkatz (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Diana Carolina Brito Bahena (Defensora independiente, Guerrero); Diana Damián Palencia (Formación y Capacitación AC (FOCA), Chiapas); Diana López Santiago (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Dolores González (Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ), México D.F.); Dora Ávila (Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, Oaxaca); Elena Tapia Vásquez (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca); Elga Aguilar (Comité Cerezo México, México D.F.); Elizabeth Ferreras (Defensa Jurídica y Educación para Mujeres S.C. Vereda Themis, México D.F.); Elizabeth Robles (Servicio Desarrollo y Paz, A.C., Coahuila); Emelia Ortiz (Campaña Si no están ellas no estamos todas, Oaxaca); Emilia González Tercero (Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC), Chihuahua); Esmeralda López Martínez (Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C., Oaxaca); Estrella Soria (México D.F.); Fabiola González Barrera (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Fátima Ojeda (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Felicitas Martínez Solano (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), Guerrero); Flavia Ester Anau (Centro de Atención Infantil Piña Palmera A.C.,Oaxaca); Gabriela Aguilar Martín (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer  CLADEM-México); Gabriela Morales Gracia (Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, México D.F.); Georgina Vargas Vera (Guanajuato); Gloria Muñoz Ramírez (Desinformémonos, México D.F.); Griselda Sánchez Miguel (Oaxaca); Guadalupe García Álvarez (Mujeres Luchas y Derechos para todos, Estado de México); Guadalupe Hernández Hernández (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Guadalupe López (Lesbianas en Patlatonalli, Jalisco); Harmida Rubio Gutiérrez (Veracruz);Hermelinda Tiburcio Cayetano (Kinal Antzetik, Guerrero); Icela Jaimes (Colectivo Raíz, Aguascalientes); Ileana Espinoza (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua); Imelda Marrufo (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua); Indira de Jesús Luis Aquino (Oaxaca); Ingrid López Miguel (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Irma Estrada Martínez (Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México D.F.); Ixchel Carrasco Arias (Enlace, Comunicación y Capacitación, Guerrero); Isela González Díaz (Alianza Sierra Madre, AC, Chihuahua); Janette Corzo (APRENDAMOS); Jaqueline Santana (Defensora Independiente, México D.F.); Johana Belén Sánchez Rojas (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Josefina Chávez (Cuadernos Feministas, México D.F.); Juliana García Quintanilla (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C., Morelos); Julieta Hernández Camargo (Si hay Mujeres en Durango, Durango); Julisa Bivian Luis  Hernández (Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C., Oaxaca); Laura Carlsen (Programa de las Américas, México D.F.); Laura García (Semillas, México D.F.); Laura Gutiérrez (Mujeres Unidas: Olympia de Gouges, Baja California); Laura Salas (La Sandía Digital, México D.F.); Laura Velázquez (Asociadas por lo Justo (JASS), México D.F.); Lenika Morales Zavaleta (Colectivo Liquidámbar/Colectivo Enrique Guerrero, México D.F.); Leticia Burgos (Red Feminista Sonorense, Sonora); Lidia Alpizar (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Lydia Cacho (México D.F.); Lorena Wolffer (México D.F.); Lorena Fuentes (Semillas, México D.F.); Lorena Maribel Peralta Rojas (México D.F.); Loreto Bravo (Palabra Radio, Oaxaca); Lucía Lagunes Huerta (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Lulú V. Barrera (Luchadoras, México D.F.); Luz Estela Castro (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua); Ma. Hilda de la Vega (Mujeres por México en Chihuahua A.C., Chihuahua); Magdalena Santos (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Malú García Andrade (Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Chihuahua); María Luisa Aguilar Rodríguez (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero); Margarita Avalos (Colectivo Ollin Calli Tijuana A.C., Baja California); Margarita Guadalupe Martínez (Chiapas); María Guadalupe Ramos Ponce (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer  CLADEM-México, Jalisco); María Paula Castañeda (México D.F.); María Rosa Guzmán Valdez (Red de Promotoras de Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en el Estado Jalisco, Jalisco); María Trinidad Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Estado de México); Martha Figueroa (COLEM Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Chiapas); Martha Graciela Ramos Carrasco (Mujeres por México en Chihuahua, Chihuahua); Martha Pérez Pineda (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Estado de México); Martha Sánchez Soler (Movimiento Migrante Mesoamericano, México D.F.); Martha Solórzano (Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad A.C., Sonora); Marusia López (Asociadas por lo Justo Mesoamérica (JASS-Mesoamérica), México D.F.); Matilde Pérez Romero (Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón en Chilapa de Álvarez, Guerrero); Mayela García Ramírez (Colectivo de Investigación, Desarrollo y entre Mujeres A.C., Veracruz); Melissa A. Vertiz Hernández (México D.F.); Mercedes Olivera (Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Chiapas); Minerva Nora Martínez (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Miriam González Sánchez (Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), México D.F.); Montserrat Díaz (Colectivo Feminista de Xalapa, Veracruz); Nadia Maciel (Guerrero); Nadín Reyes Maldonado (Comité de Familiares de Detenidos - Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, México D.F.); Nallely Tello (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Nancy Pérez (Sin Fronteras A.C., México D.F.); Nerida Gaspar Castillo (Colectivo Ollin Calli Tijuana A.C, Baja California); Nora Bucio (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Morelos); Nora María Vargas Contreras (Equipo Mujeres en Acción Solidaria (EMAS), Michoacán); Norma Mesino (Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Guerrero);Obtilia Eugenio Manuel (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Guerrero); Ofelia Cesáreo Sánchez (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero); Paloma Estrada Muñoz (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C.,Morelos); Patricia Matías López (Centro de Atención Infantil Piña Palmera A.C., Oaxaca); Patricia Yllescas (México D.F.); Reyna Martínez Hernández (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Reyna Ramírez Sánchez, Colectivo de Obreras Insumisas To Tlaktole Calaki Mo Yolo, AC., Puebla; Rogelia González Luis (Grupo de Mujeres 8 de marzo, Oaxaca); Rosa María Laguna Gómez (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer  CLADEM-México, Jalisco); Rosario Pacheco Leal (Alternativas Pacíficas, Nuevo León); Ruth Fierro (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua); Sanjuana Martínez (Nuevo León); Salomé Almaráz (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Sandra Peniche (Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Yucatán); Sara Méndez (Comité de  Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca); Sara Montes Ramírez (Colectivo Raíz de Aguascalientes, AC., Aguascalientes); Sayuri Herrera Román (México D.F.); Silvia Alejandra Holguin Cinco  (Centro de Derechos Humanos de la Mujeres de Chihuahua (CEDEHM), Chihuahua); Silvia Castillo Salgado (Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Guerrero); Silvia Núñez Esquer (Sonora); Silvia Pérez Yescas (Mujeres Indígenas por Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CIARENA), A.C, Oaxaca); Siria Solís Solís (El Barzón Chihuahua, Chihuahua); Susana Mejía (Centro de Asesoría y Desarrollo Entre Mujeres A.C. (CADEM), Puebla); Tania Ramírez (Directora del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz en el Claustro de Sor Juana /Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) México D.F.); Teresa Emeterio Martínez (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Teresa Guardián (Cherán, Michoacán); Teresa Zúñiga (Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitarios (IMDEC), Jalisco); Theres Hoechli (Oaxaca); Valentina Rosendo Cantú (Guerrero); Verónica Corchado (Colectiva: Arte, Comunidad y Equidad, Grupo Articulación Justicia en Juárez, Chihuahua); Verónica Cruz (Las Libres, Guanajuato); Verónica Rodríguez Jorge (Amnistía Internacional México, México D.F.); Verónica Vidal (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Ximena Andión (EQUIS: Justicia para las Mujeres, México D.F); Ximena Cortez (Rosas Chillante, Colectivo Feminista Socialista, México D.F.); Xóchitl Ramírez (Yotlakat Non Siwatl, Atzin Desarrollo Comunitario, Guerrero); Yanimiriam Valdez Baca (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua); Yanina Flores (Semillas, México D.F.); Yesica Sánchez Maya (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Yunuhen Rangel Medina (México D.F.); Zulma Méndez (Pacto por la Cultura y Red Mesa de Mujeres, Chihuahua).

SE CONSOLIDA LA IMPUNIDAD EN CASO TLATLAYA: FUERO MILITAR ABSUELVE A SOLDADOS INVOLUCRADOS Y PGR OMITE INVESTIGAR LA ORDEN DE ABATIR




* PGR no ha citado a declarar a mandos militares involucrados en la orden de abatir civiles.

Ciudad de México, 30 de marzo de 2016. El caso Tlatlaya se encamina a quedar impune. El Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares que participaron en la masacre de Tlatlaya; el séptimo de los acusados fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya compurgó. La sentencia a favor de los militares involucrados sólo pudo ser conocida recientemente por la víctima Clara Gómez González, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo diverso debido a la opacidad que subsiste en el caso. 

La exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense -dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente. Esta determinación, ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad.

En este sentido, destacan las omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR). Como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos, la PGR ha fragmentado la investigación integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos. Cabe recordar que el 2 de julio de 2015 el Centro Prodh solicitó, en ejercicio de la coadyuvancia a la PGR, que se desahogaran diversas pruebas para investigar la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”; entre estas pruebas, la coadyuvancia solicitó que los mandos militares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando. Sin embargo, tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando militar, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas. 

La absolución en el fuero militar de los involucrados y las omisiones de PGR en la investigación se suman a decisiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que perpetúan la opacidad en el caso. La CNDH negó a la víctima Clara Gómez González el acceso a la versión íntegra del expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014, argumentando que la SEDENA había calificado información del expediente como reservada, en contra de la calificación sobre la publicidad del expediente hecha por el propio Ombudsman anteriormente. Por otro lado, la Comisión tampoco ha informado de los resultados de su revisión de las órdenes militares vigentes en el país y si éstas contienen instrucciones de “abatir delincuentes”, siendo un hecho público que en el contexto de sus operaciones en terreno las Fuerzas Armadas siguen refiriéndose en estos términos a la privación de la vida humana.

Pese a que la gravedad de este emblemático caso de violación a los derechos humanos debería tener como respuesta una actuación ejemplar de la justicia, las recientes determinaciones apuntan a que la impunidad podría prevalecer en el caso. Por ello, es fundamental reiterar que diversos procesos continúan abiertos: en la justicia civil federal tres militares están imputados por cargos de homicidio; la PGR aún mantiene abierta la averiguación previa donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de abatir; y, adicionalmente, permanece pendiente el cumplimiento   del amparo ganado por Clara Gómez González para  que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).


Frente a este panorama, los organismos de derechos humanos nuevamente advertimos sobre el riesgo de que en este caso emblemático termine imponiéndose la impunidad y, en ese sentido, llamamos nuevamente a que la justicia sea exhaustiva. Especialmente, reiteramos la exigencia de que se investigue la responsabilidad por la emisión de una orden que instruyó a abatir delincuentes, pues de acuerdo con el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Sr. Christoph Heyns, esta debe ser indagada cabalmente dado que “las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”.