martes, 22 de mayo de 2018

LA COMUNIDAD INDÍGENA DE BAQUEACHI CONTINÚA CON LA RECUPERACIÓN DE SU TERRITORIO



Chihuahua, Chih. a 22 de mayo de 2018.- El pasado 16 de mayo se ejecutó la penúltima sentencia de recuperación del  territorio ancestral indígena de Bakeachi, Municipio de Carichi. La sentencia emitida el 30 de octubre de 2015 por el Tribunal Unitario Agrario causó ejecutoria quedando firme e inmodificable y determina que “Isaías Martínez desocupe toda la superficie que tenga en posesión dentro del ejido Baqueachi, Municipio de Carichi, y la entregue a dicho poblado ello con todos sus frutos y accesiones que ahí se encuentran.”

Hace 91 años la comunidad indígena emprendió la lucha por la defensa de tu territorio que fue dotado de 44,784-00-00 (cuarenta y cuatro mil setecientas ochenta y cuatro) hectáreas y ha sufrido diversas invasiones por ganaderos que se han apoderado de la tierra y consumido los pastizales y agua que corresponden a la comunidad indígena.
Después de 25 años de defensa legal, acompañados por la organización Bowerasa, dirigida por la defensora de derechos humanos Estela Ángeles Mondragón, a pesar de las constantes amenazas y agravios de los invasores, y el lamentable asesinato impune de su defensor Ernesto Rábago Martínez, la lucha ha dado frutos con estas sentencias que reconocen a los legítimos y verdaderos dueños del territorio.

De las 32 sentencias iniciadas por el territorio de Bakeachi en 2006, solo queda una pendiente de ejecutar correspondiente a 350 hectáreas de agostadero y 80 de temporal para que las y los indígenas recuperen un total de 21,000 hectáreas que fueron invadidas. Además, resta 1 juicio que involucra a 10 ganaderos del Municipio de Nonoava, iniciado en 1995 por 7,695 hectáreas.

Las y los pobladores de la comunidad indígena celebran este triunfo recordando a Ernesto Rábago que entregó su vida por esta causa y recuerdan con amor y respeto, a las autoridades de los tribunales que han sido justos basando sus sentencias en la verdad y el derecho y, a Estela Ángeles Mondragón, por su tenaz entrega para transformar la realidad que viven las comunidades de Bakeachi.  

viernes, 11 de mayo de 2018

Movimiento Estatal de Mujeres entrega reconocimiento a Chihuahuense Destacada 2018 en la categoría "Diana Álvarez"




Chihuahua, Chih. a 11 de mayo de 2018.- Ante la burla del procedimiento del Congreso del Estado para designar a la Chihuahuense Destacada 2018 en la categoría feminista “Diana Álvarez” el pasado 8 de marzo del presente, el Movimiento Estatal de Mujeres hacemos este evento para reconocer la trayectoria de Cecilia Espinosa Martínez, quien fuera ganadora de dicho reconocimiento.


Cecilia es una mujer que cuenta con una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las mujeres en Ciudad Juárez, lugar donde desde muy joven desarrolló una participación activa para su comunidad. Cecilia se destaca por poseer un alto grado de compromiso social, al dedicar gran parte de su vida a defender derechos humanos desde los más altos estándares éticos. Sobresale también la sensibilidad que ha desarrollado hacia las problemáticas de su contexto, su empatía y tener una mirada integral y multidisciplinaria.  Durante algunos años, parte fundamental de su trabajo fue el acompañamiento psicosocial brindado a madres y familiares de víctimas de feminicidio y  desaparición forzada en Juárez, las familias siempre resaltaron la labor de Cecilia como una persona íntegra, paciente, con una fuerte vocación de servicio y de respeto a la dignidad  de las personas.

La presea le fue arrebatada en virtud de la irregular actuación por parte de la Comisión de Igualdad del Congreso del Estado, en específico de las diputadas Nadia Siqueiros, Rocío Sáenz y Martha Rea, quienes mediante el  ejercicio de prácticas tramposas y faltas de éticas, intentaron, previo al inicio de la sesión, declarar desiertas la categoría, hecho que ocasionó protesta de las organizaciones, aun cuando se había dado el resultado a favor de la activista Cecilia Espinoza Martínez, argumentando que las seleccionadas por el jurado no llenaban los requisitos marcados en la convocatoria.

A pesar de existir un procedimiento claramente establecido, de una manera no justificada y sin consecuencia alguna de sus actos, impusieron como ganadora a Alejandra Guerrero Espitia, de quien no se cuestiona su trayectoria a favor de las mujeres y consideramos una víctima más de la simulación que existe en el Congreso del Estado de Chihuahua al notificarle directamente unas horas antes del evento que había ganado la categoría, pese a que dos días antes Cecilia  había recibido la misma información de parte de la oficina de la Dip. Diana Siqueiros y viajó a la ciudad de Chihuahua para recibir su reconocimiento.

Desde el Movimiento cuestionamos la actuación arbitraria de las tres diputadas para la selección, pues sustituyeron la decisión unánime que habían tomado las juezas designadas especialmente como jurado en dicha categoría. Acto que evidencia la impunidad que vivimos las y los chihuahuenses, motivando a pensar que todo se puede violar al antojo de quienes se suponen representan la legalidad, la igualdad la inclusión y el respeto a la dignidad humana.

En razón de lo anterior, el Movimiento Estatal de Mujeres y organizaciones que trabajan a favor de las mujeres hemos decidido entregar el premio de la categoría Diana Álvarez Ramírez” a Cecilia Guadalupe Espinosa Martínez, quien en realidad ganó la categoría por su lucha feminista en favor de las mujeres chihuahuenses.

Condenamos enérgicamente el actuar de dichas diputadas que sin el más mínimo conocimiento de leyes y protocolos ejercieron violencia política en contra de la elegida por el Comité.  ¡Enhorabuena y felicidades compañera¡
Hasta que la dignidad se haga costumbre.

jueves, 10 de mayo de 2018

VII Marcha de la Dignidad Nacional “Madres Buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia




México, 10 de Mayo de 2018.

Esta es nuestra 7ma Marcha por la Dignidad pero tenemos más de 10 años marchando y tomando las calles para exigir Justicia. No sólo marchamos en la Ciudad de México, también en Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Querétaro, Monterrey, Sonora, Michoacán; existen muestras de solidaridad desde Barcelona, Canadá y Francia.  Desgraciadamente cada año se suman más madres en más estados, en un día que debiera ser para festejar el milagro de la vida, el don maravilloso de ser madre, sin embargo nos hemos reunido en nuestro dolor para juntas exigir la búsqueda, verdad y justicia para nuestras hijas e hijos.

Las miles de madres en México y Centroamérica, ante la incapacidad y corrupción de las autoridades nos hemos tenido que convertir en abogadas, policías investigadoras, peritos forenses, rastreadoras de fosas clandestinas e incluso en legisladoras para conformar leyes y protocolos que nos sirvan de herramienta en la búsqueda e identificación de nuestros seres amados desaparecidos.

A 12 años de inicio de la mal llamada “guerra contra el narco” el número de civiles asesinados y desaparecidos ha ido en aumento. El 2017 es considerado el más violento de los últimos 20 años y hay más de 200,000 personas desaparecidas en México, según los registros de los colectivos de familiares. ¿Qué ha hecho el Estado por ellos? Negarlos y decir que la desaparición es cosa de unos cuantos civiles que estaban involucrados con el crimen organizado, niegan que esta tragedia es generalizada y que en México desaparecen no sólo hombres, también mujeres y niños.

Al Estado se le olvida que su obligación principal es garantizar el bienestar de su ciudadanía y no los intereses propios de quienes tienen el poder. Cuidan más la imagen pública que a la ciudadanía, gastan más en las campañas presidenciales que en capacitar a policías y ministerios públicos para buscar a personas desaparecidas. Hacen leyes pero no otorgan recursos suficientes para ponerlas en marcha. Dicen que permiten que la ciudadanía participe pero solo en la fotografía y no en la estructura ni estrategia para la búsqueda y la investigación.

Simulan trabajar y avanzar en el respeto a los derechos humanos con las leyes en materia de desaparición y atención a víctimas pero nos violentan facultando ampliamente al ejército para continuar en las calles amenazando a la Ciudadanía y violentando nuestros derechos por medio de la Ley de Seguridad Interior.

Simulan combatir la corrupción y la impunidad pero no quieren crear una verdadera #FiscaliaQueSirva, que sea autónoma e independiente y sin fiscales carnales que perpetúen la impunidad de las esferas del poder.

Sus funcionarios no nos atienden, están más ocupados en formular las mentiras que dicen a las Naciones Unidas, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Penal Internacional sobre la supuesta seguridad y democracia que existe en México.

La estrategia de los 3 niveles de gobierno va enfocada en desorganizar a las víctimas, en lugar de buscar personas o desarticular al crimen organizado. Nos ven como el enemigo a eliminar, no como actores sociales que podemos ayudar en construir mecanismos eficientes de procuración de justicia, búsqueda y verdad. De igual forma atacan a los Organismos Internacionales como la Oficina del Alto Comisionado en México para los Derechos Humanos (OACNUDH) y a su titular Jan Jarab, a quien el Estado mexicano acusa de exagerado y alarmista porque dice la verdad de lo que ocurre en México en la justa dimensión de la emergencia nacional. La OACNUDH ha sido un gran aliado en la lucha por las personas desaparecidas y en la interlocución con el Gobierno, siempre garante y vigilante del respeto por los derechos humanos de las víctimas y sus familias; es por esto que nos preocupa que el Estado insista en desestimar la opinión de Jan Jarab y de todo el equipo de la oficina del alto comisionado en México.

Por todo lo anterior, hoy nos reunimos nuevamente para exigirles:

1. La participación real y activa de las familias organizadas en la conformación de:
     La Comisión Nacional de Búsqueda
     Las Comisiones Locales de Búsqueda
     Las Fiscalías Especializadas
     Los protocolos homologados

En resumen la plena y efectiva implementación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, con la participación de las familias.

2. Exigimos al presidente Enrique Peña Nieto que firme y promulgue la Ley de Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas para que se reconozca, proteja y garantice la presunción de vida, la personalidad jurídica y los derechos de las personas desaparecidas y sus familias.

3. La reforma integral al artículo 102 constitucional que nos garantice una Fiscalía Autónoma, una #FiscaliaQueSirva que nos permita acceder a la justicia que tanto exigimos.

4. Una evaluación efectiva al trabajo fallido del Ejército Mexicano en la procuración de seguridad pública en los últimos 12 años y pedimos a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impida entre en vigor la Ley de Seguridad Interior. Nosotras y nuestros seres queridos desaparecidos, somos el ejemplo de lo que sucede cuando el Ejército esta en las calles, haciendo tareas de seguridad.

5. Respeto por el trabajo de la Oficina del Alto Comisionado en México para los Derechos Humanos, que se ha dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos en México, siempre estando de lado de la verdad y justicia.

Al Estado Mexicano queremos recordarles que a los Desaparecidos los buscamos PORQUE LOS AMAMOS y porque VIVOS SE LOS LLEVARON Y VIVOS LOS QUEREMOS!!

Atentamente

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México está integrado por más de 50 colectivos de familiares de personas desaparecidas, provenientes de 18 entidades federativas de México y por tres países de Centroamérica.
Colectivos de familiares:
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM (Guerrero); Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California (Baja California); Colectivo BCS Sin ellos No AC (Baja California Sur); Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz; Colectivo 21 de mayo (Tamaulipas); Colectivo Colibrí (Estado de México); Colectivo Uniendo Esperanzas (Estado de México); Uniendo Cristales, A.C; Colectivo el Solecito de Veracruz; Colectivo Solecito Córdoba; Colectivo Solecito Cardel; Colectivo Solecito Tierra Blanca; Colectivo Búsqueda Colectiva Coatzacoalcos Zona Sur (Veracruz); Colectivo Juntos por Hidalgo; Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADDEM Alzando Voces” (Michoacán); Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero (Guerrero); Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A. C.; Familias Unidas por Hidalgo; Comité de Familias Migrantes Desaparecidos del Salvador COFAMIDE (El Salvador); Comité-Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax Ko’otontik” (Chiapas); Desaparecidos de El Fuerte “Las Rastreadoras” (Sinaloa); Desaparecidos Justicia, A.C. (Querétaro); Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos (Estado de México); Familias Enlaces Xalapa (Veracruz); Familiares de Desaparecidos de Orizaba y Córdoba (Veracruz); Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C (Ciudad de México); Familiares acompañados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDHEM) (Chihuahua); Familiares acompañados por el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC) (Chihuahua); Familiares organizados con Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Chihuahua); Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Desaparecidos de Piedras Negras (Coahuila); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Jalisco); ; Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica (Veracruz); Búsqueda María Herrera Xalapa; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos –Región Sureste (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México Región Centro (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos – Región Laguna (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDLN); Grupo V.I.D.A. Víctimas por sus Derechos en Acción (Coahuila); Justicia para Nuestras Hijas (Chihuahua); Los Otros Desaparecidos de Iguala (Guerrero); Colectivo Madres Unidas (Chihuahua); Madres en Búsqueda Coatzacoalcos (Veracruz); Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala; COFAMIPRO- Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, Honduras; COFAMICENH- Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras; Por Amor a Ellxs (Jalisco); Red de Madres Buscando a sus Hijos Veracruz; Red de Desaparecidos en Tamaulipas, A.C.; Colectivo de Familiares y Amigos Desaparecidos en Tamaulipas; Colectivo San Fernando Tamaulipas; Red Eslabones por los Derechos Humanos: Eslabones Nuevo León, Eslabones Estado de México, Eslabones Morelos y Eslabones Michoacán; Red Nacional de Enlaces;  Regresando a Casa Morelos; Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos (Sinaloa); Sabuesos Guerreas, A.C. (Sinaloa); Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de los 70´s de Sinaloa; Voces Unidas por la Vida (Sinaloa); Familias Unidas en Busca de una Esperanza (Zacatecas); Uniendo Esperanzas Estado de México;
Acompañado por 35 organizaciones de la sociedad civil de distintas entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México.


miércoles, 9 de mayo de 2018

Decenas de madres chihuahuenses con hijos e hijas desaparecidas, parten a la ciudad de México a la VII Marcha de la Dignidad Nacional.





Chihuahua, Chih. a 9 de mayo de 2018.- El día de hoy se realiza un sentido acto en la Cruz de Clavos de la Plaza Hidalgo para iniciar formalmente la caravana con 50 familiares de personas desaparecidas en Chihuahua, que parten con rumbo a la Ciudad de México a encontrarse con personas de todo el país para unirse a la VII Marcha de la Dignidad Nacional, que lleva por título: “Madres buscando a sus hijos, hijas, verdad y justicia”

Desde el 2012 colectivos de familiares de todo el país, se han concentrado en el marco del día de las madres para caminar en protesta desde el monumento a la madre hasta el Ángel de la Independencia, exigiendo la actuación de las autoridades en la búsqueda de las más de 35,000 personas desaparecidas que existen en México.

La emblemática celebración del día de las madres, se ha transformado en un día de lucha y denuncia en un sólo reclamo: “el 10 de mayo no tienen nada que festejar porque les faltan sus hijos e hijas.”

Este año, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) así como Amnistía Internacional sección Canadá, convocan al acto con el que se inicia la caravana rumbo a la VII Marcha de la Dignidad Nacional.

Amnistía Internacional hará entrega de mensajes escritos por niños, niñas, jóvenes y personas adultas de Canadá y redactados especialmente para las madres que asisten a la Marcha, los mensajes de solidaridad están sobre mariposas monarcas de papel, como símbolo de la conexión que existe entre México y Canadá.

Las demandas de las familias son: búsqueda y presentación inmediata de las personas desaparecidas; no más impunidad y castigo a los responsables.

Según el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Chihuahua ocupa el tercer lugar en el país en desapariciones en proporción con su población, con una tasa de 55/100 mil habitantes, sólo por detrás de Tamaulipas (165) y Sinaloa (93).

Dentro de Chihuahua, a nivel municipal, Cuahtémoc, Ojinaga y Madera ocupan los primeros lugares de incidencia de estos delitos.

Actualmente existen más de 2,000 personas desaparecidas en toda la entidad.


___________________Información adicional:


jueves, 3 de mayo de 2018

El acceso al agua, derecho de todas las personas





Chihuahua, Chih. a 3 de mayo de 2018.- Las mujeres y hombres productores de la región noroeste de Chihuahua, desde el 2012 hemos denunciado ante todas las autoridades posibles el abuso exagerado e ilegal que se comete por un grupo de productores ricos que está secando nuestros pozos y devastando la tierra.

El grupo de productores ricos abren pozos indiscriminadamente sin permiso legal alguno o con títulos falsos; además de esto, extraen el agua desde una profundidad que está prohibida por las disposiciones del medio ambiente porque causa daños irreversibles y, siembran en tierras que son para pastoreo y no para agricultura, con lo que también se provoca un daño al equilibrio del ecosistema.

Cabe destacar que la extracción ilegal del agua se realiza de la Cuenca Hidrológica Del Río del Carmen, cuenca que se encuentra en VEDA desde 1955 por la escasez del agua.

El daño a las tierras de las y los productores que por años nos hemos dedicado a la siembra de chile, algodón, maíz, trigo, sorgo, etc., así como al medio ambiente, será irreversible si las autoridades no actúan y aplican la ley.

Al día de hoy las autoridades han sido incapaces de dar una solución a esta problemática lo que por años ha perjudicado a las comunidades afectadas a quienes les roban el agua. Desde el 2012 se ha denunciado en CONAGUA, PROFEPA, SEMARNAT, PGR, CNDH, en reuniones con autoridades de alto nivel, etc., sin que se hayan llevado a cabo acciones contundentes que resuelvan el grave problema.

CONAGUA ha reconocido la ilegalidad de los pozos de los productores ricos, pero su acción se ha reducido a clausurar simbólicamente los pozos, por lo que en se siguen utilizando y perforando para instalar otros más. En otras ocasiones cuando las autoridades han querido realizar clausuras, personas del crimen organizado les han amenazado.

En la última reunión sostenida con el delegado de CONAGUA y el Subsecretario de Derechos Humanos, se acordó que se pondría solución definitiva al conflicto. No obstante, la familia LeBarón se amparo sólo con el propósito de obtener la suspensión para demorar la clausura definitiva. La suspensión que otorga el amparo, no es un permiso para seguir aperturando pozos sino que se ordena que las cosas se queden como están.

El pasado lunes, integrantes de diversas comunidades acordaron realizar una inspección en el predio “La Mojina” debido a que se advirtió la presencia de máquinas para abrir nuevos pozos. En una actitud pacífica, mujeres, niños y niñas y personas adultas acudieron al predio e iban desarmados por completo.

Al llegar al predio pacíficamente, de manera desproporcionada e injustificada fueron recibidos a balazos por integrantes de la familia LeBarón.

URGIMOS A LAS AUTORIDADES A TOMAR ACCIONES DEFINITIVAS PARA FRENAR LA DEVASTACIÓN AMBIENTAL ILEGAL QUE SE COMETE DESDE HACE AÑOS EN TOTAL IMPUNIDAD Y EN PERJUICIO DE CAMPESINOS COMPROMETIDOS CON LA SUSTENTABILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE Y QUE LEGÍTIMAMENTE UTILIZAN EL AGUA QUE LES PERMITEN LAS AUTORIDADES

martes, 1 de mayo de 2018

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EXIGIMOS LA INMEDIATA INTERVENCIÓN DE AUTORIDADES PARA SOLUCIONAR EL ECOCIDIO EN CHIHUAHUA


Chihuahua, Chih. a 1 de mayo de 2018  


Las organizaciones integrantes de la alerta preventiva para personas defensoras y periodistas de Chihuahua nos pronunciamos ante la confrontación ocurrida el día de ayer en el rancho ¨La Mojina¨ propiedad de la familia LeBarón, donde hubo balazos por parte de integrantes de la familia LeBarón y sus custodios en contra de productores y productoras de la región de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen, quienes acudieron al lugar desarmados a realizar una inspección para documentar la explotación ilegal del agua.

Dicha zona está en veda desde 1957 por decreto presidencial, sin embargo el problema surge a partir del desmonte de tierras y perforación de pozos ilegales con títulos apócrifos por parte de la familia LeBarón y otros productores, situación que ha sido denunciada por los pobladores de la región en espacios locales y nacionales.

A la fecha, esta problemática ha traído como consecuencia el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos integrantes de El Barzón Chihuahua: Ismael Solorio, Manuelita Solis y Alberto Almeida, los cuales permanecen en impunidad.

Esta situación y otras problemáticas derivaron, que el 7 de marzo de 2016 un grupo conformado por 26 organizaciones de la sociedad civil y periodistas de Chihuahua solicitamos al Lic. Roberto Campa Cifrián, entonces Subsecretario de Derechos Humanos de SEGOB, la urgente adopción por parte del Mecanismo de Protección de una alerta temprana que previniera futuras agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Chihuahua, ante la desprotección y el riesgo que viven estos colectivos  en el estado.

Además, en abril de 2017 por acuerdo de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación se instaló la mesa agroambiental entre organizaciones de la sociedad civil del estado, autoridades federales y estatales con el objetivo de revisar casos concretos en los que existen flagrantes violaciones a derechos humanos, en la que se incluye la instalación ilegal de pozos en el predio Le Barón, uno de los temas que ha intentado solucionarse pues es incuestionable el daño al medio ambiente.

Aun contando con estos elementos, las autoridades han sido incapaces de realizar acciones contundentes encaminadas a solucionar la problemática con quienes abierta e impunemente agotan el recurso hídrico en perjuicio principalmente de pequeños y medianos productores y que representa un daño irreparable para la entidad.

Mientras tanto, la familia Le Barón promovió un amparo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa que está pendiente de resolverse, utilizando la justicia para alargar procedimientos y continuar con actividades en el predio mediante el uso ilegal del agua. 

Ante esta situación urgimos a las autoridades cumplan con su obligación de protección al medio ambiente y que se aplique la ley para evitar la sobreexplotación ilegal del agua en la entidad y así frenar el ecocidio que se está cometiendo, antes de que la violencia escale y haya consecuencias funestas.

Las autoridades deben garantizar que no siga proliferando la apertura de pozos ilegales y desmonte de tierras, realizado por la familia LeBarón y que se sancionen estos delitos medioambientales.

Por último, exigimos que las autoridades federales y estatales garanticen plenamente la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos en Chihuahua y de las comunidades de la región de la Cuenca Hidrológica del Río del Carmen.

Organizaciones:

Abogadas Demócratas
Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC)
Bowerasa, A.C. Haciendo Camino
Casa Amiga Esther Chávez Cano, A.C.
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC)
Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.
Ecos de Mirabal
El Barzón Chihuahua
Fatima, I.B.P.
Grupo Feminista 8 de Marzo
Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Kakúm Colectiva
Mujeres Barzonistas
Mujeres por México en Chihuahua, A.C.
Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua)
Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez
Red por la Participación Ciudadana, A.C.
Uno de Siete Migrando, A.C. 

Personas: 
Alejandra Nuño Ruiz-Velasco








lunes, 30 de abril de 2018

Familia LeBaron recibe a balazos a productores de la Cuenca del Río del Carmen




Chihuahua, Chih. a 30 de abril de 2018.- Ante la inacción y omisión de las autoridades federales y estatales en relación con la denuncia contra los hermanos Le Baron por la perforación ilegal de pozos y tierras de la Cuenca del Río del Carmen, el día de hoy ingresaron al predio más de 500 productores de la región a realizar tareas de verificación  de desmonte de tierras y perforación de pozos ilegales.

Al llegar al predio fueron recibidos con disparos por 50 personas en 10 vehículos aproximadamente, integrantes de la familia Le Baron y trabajadores, al momento hay varios vehículos con impactos de bala y un joven de 26 años herido que fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

Como se recordará, en noviembre pasado los productores acompañados por inspectores y autoridades de Profepa y Conagua buscaron ingresar al predio de Joel Le Baron para la revisión del pozo, actuación que fue impedida por la familia Le Baron y Policía Federal que les custodiaban. Pesé a esto, los campesinos tomaron fotografías que evidenciaron el uso de maquinaria de uso pesado para perforación de dichos pozos.

Han impedido la actuación de las autoridades, aún con los compromisos asumidos en las reuniones sostenidas desde el 19 de abril del año pasado con las autoridades federales mediante la mesa agroambiental para tratar este tipo de asuntos, tema tratado en la revisión de medidas cautelares de la familia Solorio y reuniones con autoridades estatales, incluyendo al Gobernador del Estado.

Los productores han decidido permanecer en el predio hasta que las autoridades federales y estatales cancele labores en el predio en tanto se resuelva el amparo que determinará la legalidad de los pozos.