jueves, 19 de mayo de 2016

Tlatlaya hacia la consumación de la impunidad





Ciudad de México, a 17 de mayo de 2016. El Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México, Adalid Ambriz Landa, decretó la libertad de los tres soldados que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por homicidio calificado y encubrimiento, en la modalidad de alteración y modificación ilícita de vestigios del hecho delictivo, entre otros. Después de esta decisión, la totalidad de los elementos militares que participaron en los hechos del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya están libres.

Lo anterior, a pesar de que otro órgano de Estado como lo es la CNDH determinó en su Recomendación 51/2014 la existencia de la ejecución arbitraria de por lo menos de 12 a 15 personas, a lo que se suma las propias declaraciones de las tres mujeres sobrevivientes de la masacre, que coinciden contundentemente: si bien existió un enfrentamiento, la mayoría de los civiles se encontraban ya rendidos a disposición del Ejército para después ser privados de la vida.  

En la resolución del 13 de mayo de 2016 dictada dentro del expediente 247/2015, el Magistrado Ambriz sostiene que alguien privó ilegalmente de la vida a los civiles; sin embargo, consideró que no podía determinar la probable responsabilidad de los militares procesados, pues se requerían de mayores elementos probatorios.

Dicha decisión judicial evidencia un Poder Judicial de la Federación poco efectivo para el juzgamiento de los casos de graves violaciones a derechos humanos, pero también muestra la responsabilidad de la PGR en la realización de una acusación deficiente y la falta de investigación por su parte; prueba de ello es que la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad” sigue sin ser investigada.

La resolución del Magistrado no es definitiva y puede ser impugnada por las víctimas reconocidas en el expediente, en tal sentido la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), apersonada en el juicio, debe asesorar a las familias sobre la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.

En el mismo sentido, la resolución del Magistrado Ambriz, no se pronuncia por la inocencia o culpabilidad de los elementos militares, sino que su libertad es por insuficiencia probatoria. Esto abre la posibilidad de que la PGR perfeccione su investigación y se evite que el caso permanezca en impunidad.

Para Clara Gómez González, sobreviviente y testigo, la resolución evidencia la falta de acceso a la justicia y abre su preocupación en torno a su seguridad y la de su familia, por lo que exigimos garantías en su proceso de búsqueda de verdad.

Preocupa a las organizaciones firmantes, la intencionalidad de algunos articulistas que han pretendido poner en duda la existencia de los hechos de Tlatlaya e incluso la legitimidad de quienes hemos solicitado justicia en el caso. Reiteramos que la CNDH reconoce la ejecución sumaria, por lo que refrendamos que los hechos deben ser investigados y sancionados.


Todo lo anterior nos confirma que en México la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos y abusos cometidos por los elementos militares está muy lejos de ser una realidad, asimismo es un indicador de la impunidad que prevalece en nuestro país.

martes, 17 de mayo de 2016

Sentencia sin precedentes tras 20 años de lucha digna por el territorio ancestral indígena en el ejido de Bakéachi

A las comunidades y a los ejidos indígenas de México.

A las comunidades rarámuri de Chihuahua.

A las comunidades de Wakaréachi, Wawachérare, Narárachi, Chinéachi del municipio de Carichí, Chihuahua.

A la comunidad de Bakéachi, Municipio de Carichí, Chihuahua.

A quienes decididamente luchan por la justicia, donde quiera que estén.

A los medios de comunicación.

A las autoridades Federales, Estatales y Municipales.

Queremos comunicarles que:

- Desde tiempos inmemoriales nuestra comunidad indígena rarámuri ha trabajado con mucho amor y decisión por cuidar y defender el territorio. Hace 89 años que nos dotaron de 44,784-00-00 (cuarenta y cuatro mil setecientas ochenta y cuatro) hectáreas, ya como ejido seguimos esta defensa y este cuidado.

- Durante más de 80 años hemos tenido diversas invasiones que han empobrecido nuestra tierra: los invasores metieron ganado que se ha ido acabando los pastizales, nuestra agua; se habían apoderado de nuestras mejores tierras de siembra, se ha fragilizado nuestra paz comunitaria.

- Después de 22 años de defensa jurídica real y constante, y a pesar de no tener los suficientes recursos, a pesar de las amenazas y los agravios de los invasores, a pesar del alto costo de la vida de nuestro defensor Ernesto Rábago que fue cruelmente asesinado, hemos tenido muchos frutos que benefician a nuestra comunidad.

- Hoy en especial tenemos el gusto de comunicarles que EL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO HA DICTADO SU SENTENCIA, MISMA QUE ES YA FIRME E INATACABLE, SENTENCIA QUE CONFIRMA EL FALLO DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 5 QUE DICE: “…SE CONDENA  A RESTITUIR, Y ENTREGAR LA SUPERFICIE INVADIDA, A FAVOR DEL EJIDO BAQUEACHI, MUNICIPIO DE CARICHI, ESTADO DE CHIHUAHUA, CON TODAS SUS ACCESIONES Y MEJORAS, ASIMISMO SE CONDENA A LOS DEMANDADOS AL RETIRO DEL GANADO QUE SE ENCUENTRA PASTANDO DENTRO DE LA SUPERFICIE INVADIDA”.  POR LO TANTO SE RECONOCE A LOS LEGITIMOS Y VERDADEROS DUENOS DEL TERRITORIO: LA COMUNIDAD IDIGENA DE BAKEACHI.

 Con esta alegría les compartimos este logro, agradeciendo de corazón a:

-          Onorúame (al Dios que es Padre) que nos ha enviado gente de bien y nos da fuerza en el corazón para seguir cuidando el territorio.

-          A Ernesto Rábago Martínez, que entregó su vida por esta causa, aquien recordamos con amor y respeto.

-          A José Francisco Cuaya Tapia  que está presente  y nos  ayuda a pesar de la distancia
-          A la Licenciada Estela Ángeles Mondragón, nuestra defensora, por su tenaz entrega y su profesional trabajo, por su firmeza, determinación e inspiración en la defensa de nuestros derechos.

-          A las autoridades indígenas que  han trabajado sin descanso en este proceso, tanto a los que hoy nos acompañan como a los que ya se fueron.

-          A las autoridades de los tribunales que han sido justos y sabios al dar su sentencia basados en la verdad y el derecho.

-          A Laura Monti y a la Fundación Christensen por su incondicional ayuda y que creyeron en nosotros.

-          A quienes han apoyado esta lucha donde quiera que estén.



!WARU MATETERA BA!   





jueves, 12 de mayo de 2016

Carta Pública: Rechazamos la destitución del Maestro Ernesto Jáuregui Venegas, Titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género

Lic. César Duarte Jáquez, Gobernador del Estado de Chihuahua
Lic. Jorge González Nicolás, Fiscal General de Chihuahua

Rechazamos la destitución del  Maestro Ernesto Jáuregui Venegas, Titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM). Su intempestiva renuncia compromete en general el trabajo de la fiscalía a su cargo y en lo particular casos emblemáticos





Chihuahua, 12 de mayo de 2016. Las que suscriben la presente, organizaciones especializadas en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, con reconocimiento a nivel nacional e internacional hemos logrado una vinculación importante con la fiscalía en comento. La intempestiva destitución podría contravenir varios de los puntos resolutivos  de la sentencia del caso de Campo Algodonero, en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó, entre otras cuestiones, la investigación del asesinato de las víctimas, de los hostigamientos a sus familiares y de los funcionarios/as que obstaculizaron el proceso, así como la adecuación del protocolo Alba.


Esta decisión también pondría en entredicho alguno de los puntos resolutivos que el tribunal interamericano ha dado, de buena fe, por cumplidos, como lo son la estandarización de protocolos de investigación y la realización de “programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género; perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a funcionarios públicos.”

El trabajo de la FEM, fue construido por el maestro Jáuregui con un equipo comprometido y capacitado a través de años de aciertos y errores que lograron la especialización importante  para hacer frente a litigios emblemáticos como los siguientes casos: Campo Algodonero, la trata de niñas y mujeres en el Arroyo del Navajo, el feminicidio de Hester Van Nierop, la violación y abuso sexual de niñas indígenas en un albergue oficial y los casos de trata en Ciudad Cuauhtémoc, entre otros, los cuales se verán afectados debido a que todos ellos se encuentran en proceso de litigio con un diseño de teorías del caso obtenido a partir de la coordinación entre fiscalía, acusadores/as coadyuvantes y familiares de víctimas.

El perfil que debe tener quien tenga a su cargo una Fiscalía de Delitos de Género, es justamente la preparación y formación idónea, que conozca y aplique los protocolos específicos de este tipo de delitos, que sepa trabajar sin prejuicios con las organizaciones defensoras de derechos humanos y en especial que tenga conocimientos suficientes en investigaciones con perspectiva de género, lo cual no sucede con el actual nombramiento, debido a que el funcionario que estrena nombramiento no es su campo de experiencia. Más preocupante aún: como siempre sucede, cuando se da el cambio del titular de un área, también hay cambios en el equipo, lo cual compromete seriamente la continuidad del trabajo de la FEM.

Actualmente existen compromisos urgentes que no pueden esperar a que un nuevo fiscal se capacite, tal es el trabajo que se realiza en el mecanismo de coordinación conocido como Subcomisión para Juárez, dependiente de la Secretaría de Gobernación, en donde se tiene calendarizada la modificación del acuerdo 049 para fortalecer los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM), entre varias obligaciones contraídas para avanzar en el acceso a la justicia.

Lamentamos profundamente el cambio inexplicable del Maestro Ernesto Jáuregui a unos cuantos meses de que la Administración del Gobernador Duarte termine. Por las razones expuestas, y por los miles de casos que están pendiente de investigación o adopción de medidas de protección en la FEM les exhortamos a que se reconsidere la decisión tomada a fin de que no se afecten los intereses de las victimas poniendo en grave riesgo los litigios, las investigaciones y el actuar de una instancia especializada que tiene la enorme responsabilidad de responder en casos de violencia contra niñas y mujeres en el Estado de Chihuahua.

Atentamente,


Centro de Apoyo Comunitario El Camino
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora
Centro de Crisis Casa Amiga
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
Centro de Estudios para el Desarrollo Itziar Lozano
Círculo de Estudios de Género
Colectiva Arte Comunidad y Equidad
Colectiva Rosa Luxemburgo
Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA)
Ecos de Mirabal
Fátima, I.B.P.
Grupo de Abogadas Demócratas
Grupo Feminista 8 de Marzo
Grupo Promotor de los Derechos Políticos de la Ciudadanas
Madres Unidas, Madres y Familiares de Mujeres Desaparecidas y Feminicidio
Mujeres Barzonistas
Mujeres por México en Chihuahua
Observa Ciudadan@
Organización Popular Independiente
Programa Compañeros
Red por la Participación Ciudadana
Red por los Derechos de la Infancia
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez
Salud y Bienestar Comunitario

Dra. Julia Monarrez Fragoso

martes, 10 de mayo de 2016

MÉXICO: El gobierno debe actuar ante el alarmante aumento de ataques a periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos en Chihuahua

Ginebra-París-Chihuahua, 10 de mayo de 2016. México debe emitir de manera urgente una alerta temprana con el fin de prevenir futuras agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas en Chihuahua, reclamaron hoy el Observatorio (OMCT-FIDH) y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), sumándose a las demandas expresadas por más de veinte organizaciones de la sociedad civil chihuahuense.



 
Las 25 organizaciones de la sociedad civil establecen en su escrito un diagnóstico de la grave situación de riesgo para defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas en Chihuahua, una de las entidades federativas con el mayor número de agresiones en contra de defensoras y defensores y con mayor número de periodistas asesinados. Las organizaciones documentaron, de 2009 a la fecha, 19 personas defensoras de derechos humanos asesinadas, a las cuales se suman las personas que sufrieron de todo tipo de hostigamientos, amenazas, agresiones y desapariciones. De igual manera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha reconocido que Chihuahua es el estado con mayor número de personas defensoras de derechos humanos asesinadas.
 
Resulta especialmente grave la falta de reacción por parte de las autoridades locales y nacionales frente a esta grave situación. Recordamos que es obligación del Estado mexicano en su conjunto y de las entidades federativas proteger a las personas que defienden y promueven los derechos humanos, e incluso desarrollar e implementar medidas de prevención, declaró Lucha Castro Coordinadora General del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM).
 
El Observatorio y el CEDEHM expresan su preocupación frente a un empeoramiento de la situación, destacando hechos recién ocurridos. Entre otros, destacan especialmente el aumento de ataques relacionados con litigios de casos ante tribunales, que pusieron en mayor riesgo a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, específicamente a la Sra. Estela Ángeles Mondragón y varios integrantes del Ejido Baqueachi, el equipo de la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), el equipo de Alianza Sierra Madre y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte. Asimismo, preocupan los serios incidentes que han puesto en riesgo personas bajo protección especial forzándolas a desplazarse para protegerse, y al refuerzo de las campañas de desprestigio del trabajo de defensa y promoción de derechos humanos, orquestadas por funcionarios públicos.
 
 “Dado el contexto actual, estimamos que es fundamental que las autoridades federales y estatales adopten medidas preventivas previstas en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para desincentivar futuras agresiones u obstaculizaciones a la labor informativa y de defensa de derechos humanos. En particular, la lucha contra la impunidad debe ser una prioridad con la finalidad de prevenir otros ataques”, declaróKarim Lahidji, Presidente de la FIDH.
 
Nuestras organizaciones consideran que los esfuerzos deben enfocarse especialmente en dos sentidos. En primer lugar, deberían tomarse medidas de prevención que permitan avanzar sustancialmente en las investigaciones de los distintos ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y también garanticen que estos sectores puedan seguir realizando sus labores en condiciones de seguridad. En segundo lugar, deberían priorizarse medidas de protección en beneficio de las personas que asumen mayor riesgo en razón de sus actividades de litigio de casos y de aquellos defensores y defensoras que han sido desplazados de su territorio a causa de la violencia en su contra. Además, deberían diseñarse e implementarse campañas de sensibilización que resalten la labor positiva del trabajo de defensa y promoción de derechos humanos.
 
“Resulta especialmente alarmante la constatación de que personas defensoras estaban bajo la protección del gobierno en el momento de sufrir el ataque. La inaceptable ineficacia, dilación y omisión en la implementación de las medidas cautelares en favor de los defensores y defensoras ha convertido la defensa de los derechos humanos en una actividad de alto riesgo en Chihuahua” , denunció Gerald Staberock, Secretario General de la OMCT.
 
 
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.

lunes, 9 de mayo de 2016

RELATOR DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU SE REÚNE EN CHIHUAHUA CON DEFENSORES Y DEFENSORAS DEL NORTE DE MÉXICO

9 de mayo de 2016.- El pasado jueves, la sede que alberga el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua (CEDEHM) recibió en su visita no oficial a Michel Forst, Relator Especial sobre la Situación de Las Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y a defensores y defensoras de derechos humanos de tres estados del norte de México.

Las organizaciones Alianza Sierra Madre, Bowerasa, Casa Amiga, CEDEHM, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Consultoría Técnica Comunitaria, El Barzón Chihuahua, Red Mesa de Mujeres y Tierra Nativa del estado de Chihuahua; Casa del Migrante de Saltillo, Organización Familia Pasta de Conchos, Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi de Coahuila; y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos de Nuevo León compartieron con el relator la situación que prevalece en el norte del país.

Brigadas Internacionales de Paz, organización internacional que se estableció en Chihuahua desde hace más de dos años para acompañar a defensores y defensoras de varios estados del norte de México apoyó en la coordinación del evento.

El evento inició con una emotiva ceremonia en el que se recordó a los y las defensoras de derechos humanos asesinadas, se hizo el pase de lista y se guardó un minuto de silencio. El Relator Especial prendió una vela de esperanza a favor de las y los defensores de derechos humanos en México, siendo particularmente especial el gesto dado que Chihuahua es el estado con mayor número de defensores y defensoras de derechos humanos asesinados en los últimos años.

Luego de ello, las organizaciones explicaron  el contexto en el cual realizan su labor en defensa de los derechos humanos, los obstáculos y factores de riesgo que enfrentan como son las amenazas, asesinatos, desapariciones, ataques a las instalaciones, robo de información, retención y reclusión ilegal por periodistas y la exacerbación de agresiones contra mujeres defensoras de derechos humanos e indígenas. De manera puntual se mencionó que el 40% de las medidas de cautelares concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de personas defensoras de derechos humanos provienen de dos estados del norte del país: Chihuahua (30%) y Coahuila (10%)

También se expuso sobre la impunidad generalizada en todos los casos de agresiones en contra de personas defensoras, la ineficacia en la implementación de las medidas otorgadas por la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos así como en la falencia de la protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Adicionalmente se informó sobre las estrategias de desprestigio y control mediante campañas mediáticas, la criminalización de la protesta y desestimación de las demandas por justicia y reparación en casos de violación de derechos humanos, el uso de actores no estatales para agredir a personas defensoras con grupos de choque y el crimen organizado.

Representantes de pueblos indígenas así como padres y madres de personas desaparecidas también expusieron sus preocupaciones, dolor y angustia por el desplazamiento forzado a causa de la violencia, el asesinato de compañeros y compañeras así como la tortura continua por desconocer el paradero de los seres queridos desaparecidos.

Al finalizar el evento las organizaciones hicieron una serie de propuestas para la dignificación de la labor de las personas defensoras de derechos humanos, la coordinación con otras instancias internacionales de protección, el seguimiento a los pronunciamientos realizados sobre México, y se solicitaron sus buenos oficios para hablar con misiones diplomáticas y enfatizar la urgencia de que los proyectos de inversión extranjera respeten derechos humanos. De manera especial, se propuso al Relatora la elaboración sobre un informe especial sobre la impunidad en casos de ataques contra personas defensoras de derechos humanos.

Los familiares, integrantes de comunidades indígenas y las organizaciones participantes agradecieron al Relator y su equipo el haber viajado al norte del país. Dadas las graves problemáticas que enfrentamos las personas defensoras de derechos humanos en México, es urgente que el Estado mexicano realice la invitación correspondiente para que Relator haga su visita oficial a principios del 2017, a fin de profundizar en el diagnóstico, visibilizar le problemática y hacer recomendaciones que sirvan para que las y los defensores de derechos humanos realicemos nuestras labores en condiciones de libertad y seguridad.



Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC)
Bowerasa Haciendo Camino, A.C.
Casa Amiga Esther Chávez Cano, A.C.
Casa del Migrante de Saltillo, A.C.
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, A.C.
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, A.C.
Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC)
El Barzón Chihuahua
Organización Familia Pasta de Conchos
Red Mesa de Mujeres en ciudad Juárez

Tierra Nativa, A.C.





domingo, 8 de mayo de 2016

MADRES Y FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS DE CHIHUAHUA VIAJAN A LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA QUINTA MARCHA DE LA DIGNIDAD NACIONAL

Chihuahua, Chih., 8 de mayo de 2016.-  Este 10 de mayo miles de madres en México no tienen nada que celebrar. Ese día les recordará la ausencia de un hijo o hija que no han encontrado. También les recordará la impunidad en que se encuentran sus casos y, en el caso de Chihuahua, la falta de reconocimiento de la problemática así como y el trato de indolencia que han sufrido de las autoridades.

Con dolor, coraje e indignación, decenas de madres, familiares e integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), salieron hoy de la ciudad Chihuahua para sumarse a la “V Marcha de la Dignidad Nacional, madres buscando a sus hijos, hijas, verdad y justicia” en la Ciudad de México, en donde de nueva cuenta exigirán conocer el paradero de sus hijos e hijas, así como el cese a la impunidad para que la tortura continua en que se viven se termine pronto.

De acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), el estado de Chihuahua tiene 1,870 personas reportadas como desaparecidas, la mayoría de ellas ocurridas durante la administración de César Duarte Jáquez, el gobernador que hace unos meses declaró que el 99% de las desapariciones había ocurrido fuera de su sexenio y que sólo permanecía un caso por ser resuelto.

No obstante lo señalado por el Gobernador, en su informe “Un trato de indolencia: La respuesta del Estado frente a la Desaparición de Personas en México”, Amnistía Internacional sitúa a Ciudad Cuauhtémoc como un lugar paradigmático de la República Mexicana por la cantidad de desapariciones que se comete.

La falta de reconocimiento de la problemática por el Gobernador Duarte es sólo uno de los problemas que sufren las familias en Chihuahua. La impunidad de los casos; la ausencia de acciones y planes de búsqueda; la corrupción y colusión de las autoridades; el riesgo en que se encuentran los familiares por buscar a sus seres queridos y exigir justicia; la mala fe en las diligencias de identificación de restos; el maltrato que sufren de funcionarios/as; y la falta de políticas adecuadas de educación, vivienda y trabajo son algunas de las carencias que sufren los familiares en Chihuahua.

Aunado a lo anterior, los y las familiares se han enfrentado a campañas de desprestigio por la denuncia de sus casos. Lo anterior ha significado que recientemente el Relator Especial sobre la Situación de Las Personas Defensoras de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) –quien hace unos días estuvo en Chihuahua y escuchó a varias madres y padres de personas desaparecidas- expresara “preocupación por los actos de hostigamiento e intimidación llevados a cabo en contra de organizaciones, incluyendo los integrantes de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, colectivos y familiares, en un contexto de activismo organizado y manifestaciones pacíficas en el tema de desapariciones en el país.”


Como ha sido costumbre, este 10 de mayo, las madres, padres, hijos/as y otros familiares marcharán del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia exigiendo a las autoridades que estén a la altura del dolor que viven miles de personas en México y que adopten a la brevedad una legislación sobre desaparición de personas que responda a la gravedad del problema. Pero, de manera más importante, las madres caminarán recordando a sus hijos e hijas, asegurándoles que no habrá perdón ni olvido. Junto con otros familiares y organizaciones, los pasos de las madres serán sostenidos con la fuerza que les da el amor incondicional que tienen para sus hijos e hijas.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres reitera su solidaridad, apoyo admiración y cariño para las madres, padres, hijos, hijas, hermanas, hermanos y demás familiares cuya fuerza, valentía y amor nos animan a seguir caminando con ellos/as en la exigencia de verdad, justicia y reparación para todas las personas desaparecidas.


miércoles, 27 de abril de 2016

V MARCHA POR LA DIGNIDAD NACIONAL

 “MADRES BUSCANDO A SUS HIJOS, HIJAS, VERDAD Y JUSTICIA


 Sí: las y los desaparecidos siguen siendo una afrenta al poder.
Cada vez que se les evoca es una jornada política, una lucha sin cuartel y sin descanso.
(Historia de la Desaparición. Roberto González Villarreal)


 A la sociedad civil nacional e internacional
A todas las iglesias, religiones y credos
A los medios de comunicación
A las organizaciones nacionales e internacionales
A todos los hombres y mujeres que buscan la justicia y construyen la paz

Por quinto año consecutivo, quienes tenemos hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, madres, saldremos a las calles para gritar no sólo nuestro dolor, nuestra angustia, sino también nuestra rabia; denunciaremos la simulación de las autoridades que en su discurso dice pero en la realidad no busca a quienes tanto queremos.
         Nuestra lucha no se detendrá. Seguiremos desde todos los espacios clamando y reclamando, exigiendo que hagan su trabajo; seremos “su pesadilla” y no dejaremos descansar a quienes nos gobiernan. Que sepan que nuestra búsqueda no terminará jamás hasta que nos regresen a todos y todas.
       Vemos que cada año existen más colectivos que se unen a esta denuncia. En el norte, en el sur, en el centro del país continúan las desapariciones. Queremos que en esta acción se sumen muchos y muchas más. Por eso les convocamos

A la V MARCHA DE LA DIGNIDAD NACIONAL
“MADRES BUSCANDO A SUS HIJOS, HIJAS, VERDAD Y JUSTICIA”

Dicha marcha se llevará a cabo el MARTES 10 DE MAYO. Queremos que nos acompañen, que caminen con nosotras, que se solidaricen con nuestra lucha, de nuestra demanda de búsqueda de Ellas, Ellos, la Verdad y la Justicia. Partiremos a las 10:00 de la mañana del Monumento a la Madre para concluir en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Porque seguiremos caminando ¡HASTA ENCONTRARLOS!,

¡Porque vivos los llevaron, vivos los queremos!

¡Las madres ya no lloramos, ahora luchamos!
Atentamente

“Por una búsqueda incansable”

CONVOCANTES
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM): Integrada por FUNDEM-Centro, FUNDEC-M-Laguna, FUUNDEC-M Saltillo; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) y Colectivo de Familias de Guanajuato; RED VERDAD Y JUSTICIA: COFAMIPRO Honduras, COFAMIDE El Salvador; Colectivo de Familias de Guatemala; Desaparecidos Justicia Querétaro; HIJOS MÉXICO; Red de Madres Buscando a sus Hijos; Familias Unidas en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas; Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México; Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”; Fundación Lucero de América; Justicia para Nuestras Hijas; Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México; AFADEM –FEDEFAM; Enlaces Nacionales; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres Chihuahua; Centro de Derechos Humanos Victoria Diez en Guanajuato; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi en Torreón; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios en Saltillo; Casa del Migrante Saltillo; Diócesis de Saltillo; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en Ciudad Juárez.

CO-CONVOCANTES
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México integrado por: El Solecito de Veracruz; Víctimas por sus Derechos en Acción (Grupo V.I.D.A.); Desaparecidos Justicia, A.C.; Red Eslabones por los Derechos Humanos; Eslabones Estado de México, Eslabones Nuevo León, Eslabones Michoacán, Eslabones Morelos; Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México “Alzando Voces”; Familiares en Búsqueda María Herrera de Xalapa, Veracruz; Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ); Voces Unidas por la Vida (Culiacán, Sinaloa); Mexicanos en el Exilio; COSYDDHAC; Comité Cerezo México; Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; Libera Associazioni Contra la Familia (Florencia, Milán, Roma y Umbría); FUNDAR Centro de Análisis e Investigación; Nuestra Aparente Rendición; Servicios y Asesoría por la Paz; Instituto de Acción ciudadana para la Justicia y la Democracia, AC; América Latina Alternativa Social (ALAS) integrado por 11 países: México, Guatemala, Bolivia, El Salvador, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Honduras, Nicaragua y Perú; Red Retoño para la prevención social de la delincuencia organizada; Espacio Libre Independiente; Marabunta AC; Barrio Activa AC; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Comité Monseñor Óscar Romero; Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos.