viernes, 22 de julio de 2016

Carta pública a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que informe sobre las acciones en relación a los acontecimientos del pasado 22 de junio en Palacio de Gobierno

Chihuahua, Chih., 22 de julio de 2016

Licenciado José Luis Armendáriz González
Presidente
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua
P R E S E N T E

Ref.: Información sobre los hechos del 22 de junio pasado

Licenciado Armendáriz:

Las organizaciones abajo firmantes nos dirigimos a usted con el fin de solicitar información respecto de las acciones realizadas por la Comisión Estatal a su cargo respecto de los hechos ocurridos a partir del 22 de junio pasado.

Por otra parte, y como es de su conocimiento, el viernes 24 de junio, una representación de organizaciones de la sociedad civil se reunió con usted para expresarle preocupación por la información que habíamos recibido de diferentes familiares respecto de malos tratos y tortura cometidos contra varios de los jóvenes durante su detención. Entre ellos, se hablaba de privación de alimentos, golpes durante detención, amenazas y falta de atención médica.

En base a ello, le propusimos las siguientes acciones:
1.    Garantizar una presencia constante de personal de la Comisión Estatal para verificar las condiciones de detención de las personas que ya hubieran sido trasladadas al Centro de Reinserción Social;
2.    Reiterar a las autoridades correspondientes las medidas cautelares que, en su caso, hayan sido emitidas para garantizar todos los derechos de las personas detenidas, especialmente el derecho a la integridad personal;
3.    Emitir un pronunciamiento público respecto de los hechos ocurridos a partir del 22 de junio para que las familias, la sociedad y más autoridades sepan sobre la preocupación existente respecto de las denuncias por maltratos, torturas y falta de atención adecuada, así como para incentivar la cooperación en el trámite de las quejas presentadas y la denuncia de otras quejas;
4.    Hacer llamadas a diferentes funcionarios de alto nivel de Fiscalía, Defensoría Pública y Poder Judicial para expresar preocupación por las informaciones recibidas respecto de violaciones de derechos humanos a las personas detenidas; y
5.    Tramitar con prontitud las quejas ya presentadas para hacer una valoración de fondo de los hechos.

Si bien es cierto que en esa ocasión usted manifestó su anuencia para realizar todas las gestiones antes propuestas, hasta el momento solo conocemos un comunicado emitido el día de la entrevista[1], el cual se suma a uno previamente emitido[2]. Tales pronunciamientos informan de la presencia permanente de personal de la CEDH en el lugar de los hechos[3], de verificación de la situación en que se encontraban las personas detenidas[4], de la presencia durante las 48 horas en las que los jóvenes detenidos estuvieron bajo la custodia del Ministerio Público[5] y de la radicación de quejas[6]. Finalmente, el comunicado emitido el 24 de junio aclara lo siguiente:

Finalmente y a través de las investigaciones se determinará por parte  de la Fiscalía General del Estado, el grado de responsabilidad que puedan tener las personas que se encuentran sujetas al proceso penal. Por parte de esta Comisión corresponderán determinar el grado de responsabilidad que pudiesen tener las autoridades y todo lo relacionado con el desarrollo de los recientes acontecimientos, por lo que exhortamos a la sociedad a hacer uso adecuado de los derechos que les asisten.[7]

Cabe mencionar que la información publicada en los comunicados anteriores no coincide en su totalidad con las manifestaciones que los familiares de los jóvenes detenidos hicieron a representantes de la sociedad civil y a lo verificado por organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que se conversó con distintos familiares el día 23 de junio.

Por lo anterior, y dadas las preocupaciones respecto de las violaciones a la integridad personal y el debido proceso de los jóvenes, y de acuerdo con los artículos 1º, 6º, 8º y 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los pertinentes de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, le urgimos a emitir las recomendaciones correspondientes, así como a informar sobre el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas y, especialmente, monitorear la situación de las personas actualmente procesadas.

Atentamente,

Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC)
Atención y Prevención del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil, A.C. (ACASMI)
Bowerasa, Haciendo Camino, A.C.
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.
Círculo de Estudios de Género
Colectivo Epistémico de Teoría Crítica de Chihuahua
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (COSYDDHAC)
Comité Primeros Vientos
Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC)
Ecos de Mirabal
El Barzón Chihuahua
Fátima, I.B.P.
Grupo de Abogadas Demócratas
Grupo Feminista 8 de Marzo, A.C.
Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Justicia Para Nuestras Hijas
Mujeres Barzonistas
Mujeres por México en Chihuahua, A.C.
Observa Ciudadan@, Observatorio para el Acceso a la Información Pública
Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua)
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A. C.
Red por la Participación Ciudadana
Tierra Nativa, A.C.
Transforma, A.C.


Rosalío Morales
Víctor Quintana Silveyra








[1] CEDH. Reporte cronológico de la manifestación del 22 de junio. Comunicado de 24 de junio de 2016. Disponible en: http://www.cedhchihuahua.org.mx/portal/2016/06/24/reporte-cronologico-de-la-manifestacion-del-22-de-junio/2117.
[2] CEDH. Implementa CEDH operativo emergente por disturbios en Palacio de Gobierno. Comunicado de 23 de junio de 2016. Disponible en: http://www.cedhchihuahua.org.mx/portal/2016/06/23/implementa-cedh-operativo-emergente-por-disturbios-en-palacio-de-gobierno/2113
[3] De acuerdo al comunicado, “Personal especializado de este organismo estuvo presente desde el inicio de la manifestación, conforme lo establece el protocolo vigente. Al detectar los primeros indicios de agresiones, el personal asignado notificó a la CEDH para incorporar el protocolo emergente. Tras lo anterior se instruyó a los 9 visitadores adscritos y personal especializado, para que acudieran a constatar y documentar el desarrollo de los hechos.” Asimismo, se informó que “Posteriormente, se organizaron circuitos de monitoreo en calles aledañas con el fin  de notificar cualquier acto violatorio a los derechos de las personas. Durante este proceso  se acopiaron: Actas circunstanciadas, fotografías y videos como evidencia.” Ídem.
[4] La Comisión Estatal señaló que “Al iniciar los disturbios y luego de las primeras aprehensiones, visitadores de la CEDH  se trasladaron, a las comandancias norte y sur, así como a la Fiscalía zona Centro, en donde se realizaron entrevistas a las y los detenidos para verificar la previsión de su integridad física y estado de salud. Se verificó también que a las personas detenidas se les otorgara el derecho a una llamada y luego de esto hicieron gestiones  para localizar a los familiares de detenidos e informar a los presentes sobre la ubicación de sus familiares. Asimismo los visitadores realizaron entrevistas a jueces, médicos y autoridades a fin  de presentar reportes en sitio.” Ídem.
[5] De acuerdo con ambos comunicados, “dentro de las 48 horas con que cuenta el agente del Ministerio Público, para tomar la declaración [d]e quienes son presentados, esta Comisión constituyó personal en las instalaciones de la Fiscalía, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la integridad personal de quienes fueron consignados y que tienen el carácter de imputados por la comisión de diversos delitos. De igual forma los visitadores de este organismo han acudido a verificar el recibimiento y la estancia de las personas que han sido trasladadas a los centros de reinserción social.” Ver, comunicados de los días 23 y 24 de junio.
[6] La CEDH publicó que “Las oficinas Generales de CEDH, establecieron guardias itinerantes para recibir quejas y brindar orientación a familiares de manifestantes y detenidos. Ahí algunos padres y madres de familia  acudieron a presentar sus querellas e inconformidades.” CEDH. Implementa CEDH operativo emergente por disturbios en Palacio de Gobierno. Op. Cit.
[7] CEDH. Reporte cronológico de la manifestación del 22 de junio. Comunicado de 24 de junio de 2016. Op. Cit.



lunes, 18 de julio de 2016

Solicitud de comparecencia de la Canciller Claudia Ruiz Massieu para explicar postura en relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Ciudad de México, a 15 de julio de 2016

Asunto: Se solicita comparecencia de la Canciller
Claudia Ruiz Massieu para explicar postura en 
relación con la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. 

Sen. Gabriela Cuevas Barrón 
Presidenta 
Comisión de Relaciones Exteriores, 
Senado de la República 

Sen. Angélica De la Peña Gómez 
Presidenta 
Comisión de Derechos Humanos, 
Senado de la República 

P R E S E N T E S 

Distinguidas senadoras, reciban un saludo de las organizaciones firmantes.

Les escribimos con preocupación tras conocer las declaraciones[1] emitidas por el Embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Alfonso de Alba Góngora en el contexto de crisis que actualmente enfrenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), misma que como ustedes saben, fue anunciada el pasado 22 de mayo.

En este contexto, el Embajador de Alba señala la necesidad de “reformar al Sistema Interamericano” para lo cual, propone realizar un sistema de cuotas que sería obligatorio para los países firmantes del Pacto de San José, el cual no ha sido ratificado por Estados Unidos, siendo este el mayor contribuyente de la CIDH. Además, propone trasladar la CIDH a Costa Rica (haciendo eco de argumentos anteriores de países como Venezuela y Ecuador), medida que perjudicaría el funcionamiento del Sistema. Tan es así que en 2013, el entonces Embajador de México ante la OEA, Joel Hernández, resumió la postura del Estado mexicano en los siguientes términos: “México se opone a un cambio de sede, por varias razones”[2].

Más preocupantes resultan las declaraciones del Embajador de Alba sobre el trabajo de la CIDH, pues aun cuando el Embajador señala que México es un país “amigo del Sistema Interamericano”, ello no se refleja en sus declaraciones. El Embajador afirma que la CIDH ha perdido “legitimidad” y se pregunta si la Comisión “se ha alejado de los Estados”, aseverando que no se debe comportar como “una ONG”, lo que se podría interpretar como una postura de rechazo frente a un órgano que ha emitido recomendaciones puntuales al Estado mexicano en los últimos años, como parte de su mandato. Tal postura pareciera confirmarse con la declaración del Embajador en el sentido de que documentar y señalar violaciones a derechos humanos no debe ser la “principal” actividad de un órgano internacional de protección de los derechos humanos.

Incluso, De Alba hace señalamientos imprecisos, como el que la CIDH no haya emitido una sola recomendación en los últimos 15 años sobre legislación en Colombia. En los hechos, la Comisión emitió diversos informes en los que se incluyen recomendaciones legislativas al Estado colombiano[3].

Si bien el Estado Mexicano dio un paso positivo al solicitar, junto con las familias afectadas, un mecanismo de la naturaleza del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para proveer asistencia técnica en el caso Ayotzinapa, nos preocupa que la postura expresada desde la Cancillería, refleje una actitud de rechazo ante las últimas actividades del GIEI y de la CIDH en nuestro país, incluyendo la visita in loco de la CIDH y la publicación del Informe de País correspondiente.

El reciente tono de descalificación al Sistema Interamericano no coincide con el apoyo públicamente expresado en años anteriores. Por ejemplo, en agosto de 2014, el entonces Subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería escribió sobre el “papel central” que desempeña la CIDH “en favor de la defensa y protección de los derechos humanos y en la expansión de la democracia en nuestro continente”, mencionando “su independencia e integridad” y que la presencia de la CIDH en México en 2014 “ha facilitado que los mexicanos conozcan mejor el conjunto de derechos inalienables del que son titulares y las garantías con las que cuentan para su protección”[4]. Concluyó: “la colaboración de nuestro país con los mecanismos especializados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido clave para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y para el diseño de sus políticas públicas en la materia”[5].

A la luz de lo anterior, si es que la actual valoración de la SRE es que la CIDH ha perdido “legitimidad” y “efectividad” como afirma el Embajador ante la OEA, casualmente dicha pérdida de legitimidad coincide con las actividades de la CIDH en México desde finales de 2014 hasta el primer semestre de 2016. En este sentido, el Estado mexicano corre el riesgo de quedar evidenciado ante la comunidad internacional como un país que en vez de buscar salir de una situación de crisis y construir una realidad de respeto y garantía de los derechos humanos, sea un país que ataca a órganos y expertos/as internacionales en represalia por la legítima labor que realizan.

Por lo anterior, consideramos fundamental que las Comisiones que ustedes honorablemente presiden, citen a comparecer a la Canciller Claudia Ruiz Massieu con la finalidad de que explique ante el Senado de la República la postura de México frente a la CIDH e informe sobre las acciones que llevará a cabo frente al contexto de crisis financiera que ésta atraviesa, así como el reciente cambio de postura del Estado en relación a propuestas de reforma al Sistema Interamericano incluyendo el traslado de la sede de la CIDH.

Lo anterior resulta fundamental para la consolidación de una política exterior del Estado mexicano que mantenga como eje central a los derechos humanos, lo cual debe traducirse en una postura de apoyo y compromiso con el Sistema Interamericano, que ha fungido un papel indispensable en la búsqueda por consolidar el respeto y garantía de los derechos humanos en la región.

Sin más por el momento, quedamos atentas a sus consideraciones sobre la presente.

Atentamente,

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)
Casa del Migrante de Saltillo (Coahuila)
Católicas por el Derecho a Decidir                                                             
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa) (Chiapas)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” (Guerrero)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) (Chihuahua)
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (Estado de México)
Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) (Jalisco)
Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Guerrero) Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) (Nuevo León)
Colectivo Resonar Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHMOR) (Morelos)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH) (Oaxaca)
Documenta: Análisis y acción para la justicia social
Elige, Red Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos
Equis, Justicia para las Mujeres Fundación Diego Lucero (Michoacán)
Fundar: Centro de análisis e investigación
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social
I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos
Indignación: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Yucatán)
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, Universidad Iberoamericana Puebla
Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
JASS (Asociadas por lo Justo)
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del ITESO (Jalisco)
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC)
Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)
Red Retoño para la prevención social de la Delincuencia Organizada
Red Solidaria Década Contra la Impunidad
Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República



[1] Nos referimos en particular a una serie de declaraciones visibles en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/07/10/mexicopidereformarsistemade derechosdeoea
[2]  Ver, por ejemplo, http://www.lanacion.com.ar/1562013elgobiernoquierequelasededelacidhse mudealaargentina.  
[3] En los siguientes informes especiales sobre Colombia la Comisión realiza un estudio del marco legal respectivo y realiza diversas recomendaciones, entre las que se encuentran medidas legislativas: CIDH, Informe “Verdad, justicia y reparación: Cuarto informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, 31 de diciembre de 2013, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/Justicia-VerdadReparacion-es.pdf
CIDH, Informe “Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia”, 18 octubre 2006, disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/ColombiaMujeres06sp/VI.htm CIDH
Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras la visita del relator sobre los derechos de los afrodescendientes y contra la discriminación racial a la República de Colombia, 27 de marzo de 2009, http://www.cidh.org/countryrep/ColombiaAfrodescendientes.sp/ColombiaAfros2009indice.sp.htm
[4] Juan Manuel Gómez Robledo, “México y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: una asociación mutuamente provechosa”, Excélsior, 18 de agosto de 2014, disponible en: http://www.excelsior.com.mx/opinion/mexico-global/2014/08/18/976748
[5] Vale la pena recordar que esa postura fue la que atinadamente asumió el Estado mexicano durante todo el eufemísticamente llamado proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano.





miércoles, 6 de julio de 2016

OSC presentan informe alternativo al Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU



  • El Estado mexicano simula el cumplimiento de recomendaciones del Comité CED.
  • Persiste estigmatización y criminalización de las víctimas para justificar la falta de búsqueda e investigación.
  • El escrutinio internacional podría fortalecer las capacidades del Estado; instan a implementar recomendaciones del GIEI, la CIDH y el CED.


Ciudad de México, a 5 de julio de 2016.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) emitió sus observaciones finales a México en febrero de 2015 y estableció tres recomendaciones prioritarias sobre las que el Estado debía informar en un plazo de un año, que abordan la necesidad de que el Estado establezca un Registro Único de Personas Desaparecidas, un Mecanismo Transnacional de Búsqueda y Acceso a la Justicia y medidas para fortalecer la búsqueda inmediata y, en caso de fallecimiento, la restitución digna de los restos. El Estado presentó su respuesta sobre el cumplimiento sobre éstas en febrero de 2016.

Frente a esto, organizaciones de la sociedad civil[1] que acompañan y representan a familiares de personas desaparecidas presentaron un informe alternativo al CED en el que manifiestan su preocupación por el hecho de que las desapariciones de personas continúan en aumento y la mayoría permanece en una situación de impunidad.

a. Registro Único de Personas Desaparecidas.  

El actual Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) no cumple con los estándares del CED. Omite información fundamental, como el número de personas encontradas con vida y sin vida. Tampoco arroja información que permita determinar si se trata de una desaparición forzada. En lugar de establecer un solo registro como recomienda el CED, el Estado elabora nuevos registros para paliar las deficiencias del RNPED, lo cual abona a la confusión. Además, el RNDEP invisibiliza a las personas migrantes y a niños, niñas y adolescentes.

b. Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación y la Comisión Forense.

Las organizaciones saludan la creación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y la apertura de su Titular, pero señalan su preocupación por la falta de recursos  y personal y la resistencia a remitir casos que vinculan a la delincuencia organizada argumentando que debe investigarlos la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO). Por otra parte, no se puede afirmar que exista una efectiva ejecución del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación debido a la falta de reglas operativas y de personal y la ausencia de colaboración eficaz por parte de áreas claves de la PGR. El informe de la sociedad civil reconoce a la Comisión Forense como una buena práctica, pero manifiesta su preocupación por la realización de actas circunstanciadas en casos de desaparición en vez de iniciar una investigación formal, además de que la PGR niega información relevante para la identificación de personas migrantes a la Comisión.  

c. Sobre la búsqueda inmediata de personas desaparecidas e identificación forense.

Los avances en materia de búsqueda presentados por el Estado mexicano son cambios cosméticos y sin estructuras operativas que permitan su implementación. A pesar del cambio de Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas a Fiscalía, esta instancia carece de recursos y personal suficiente y especializado. En el caso del Protocolo Homologado de Búsqueda e Investigación del Delito de Desaparición Forzada, en la práctica no existen las instancias de coordinación ni personal ministerial suficiente tanto a nivel federal como estatal. A esto se suma la colusión de autoridades y el hecho de que las autoridades competentes desconocen el protocolo. Persisten prácticas de estigmatizar y criminalizar a las víctimas o pedir sumas de dinero para desincentivar la denuncia y evadir su responsabilidad de iniciar la búsqueda. Por otro lado, las organizaciones reconocen la creación del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata en Nuevo León y el Mecanismo de Búsqueda Inmediata en el Estado de México.

La dilación en la implementación de la base de datos Ante Mortem/Post Mortem y la falta de una política de exhumación e identificación de restos humanos en fosas clandestinas han obligado a las organizaciones de familiares a iniciar búsquedas por sus propios medios en al menos siete estados a pesar de los riesgos. Una muestra es el reciente asesinato del señor José Jesús Jiménez Gaona, integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas, asesinado en Poza Rica, Veracruz, el pasado 22 de junio. Su esposa Francisca Vázquez Mendoza fue gravemente herida.

Otros puntos de preocupación son la falta de implementación de medidas cautelares; que la iniciativa de ley del Ejecutivo federal en la materia es deficiente para garantizar la búsqueda e investigación; la excesiva burocracia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la falta de actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Finalmente, las organizaciones recuperan las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado para el caso Ayotzinapa como parte de los requisitos para el efectivo cumplimiento de las recomendaciones prioritarias del Comité CED.

Las organizaciones de la sociedad civil confían en que el escrutinio internacional es una oportunidad para fortalecer las capacidades del Estado para enfrentar la grave situación de desapariciones, por lo que instan al Estado a mostrar su voluntad política, implementando las recomendaciones del GIEI, la CIDH y el propio CED.




[1] Informe que presentan el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

viernes, 24 de junio de 2016

El pueblo de Chihuahua vive momentos de extrema tensión e indignación, provocados por las acciones del gobierno más corrupto que ha visto el estado en los últimos tiempos

Las organizaciones, movimientos y personas abajo firmantes expresamos preocupación por los acontecimientos del pasado 22 de junio e instamos a las autoridades a respetar y garantizar los derechos humanos en el estado.


Foto: cortesía 


Chihuahua, 24 de junio de 2016.-  Como es sabido, el 23 de septiembre de 2014, el movimiento social Unión Ciudadana presentó una denuncia penal contra el gobernador saliente de Chihuahua César Horacio Duarte Jáquez, su secretario de Hacienda (Jaime Ramón Herrera Corral) y Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, actual Diputado Federal y entonces Presidente de la Junta Central de Aguas y Saneamiento. La denuncia, presentada ante la Procuraduría General de la República (PGR) evidenciaba la desmedida corrupción y el desvío de millones de pesos del erario público por parte de esos tres funcionarios para fondear el banco Progreso, del cual César Duarte sigue negando su existencia.

Luego de la pasada elección del 5 de junio ha habido diversos hechos que han indignado a las personas, generado incertidumbre en la ciudadanía y exacerbado el descontento social. Por tal razón, el pasado 22 de junio Unión Ciudadana convocó a una manifestación pública frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua para protestar por los últimos acontecimientos.

Al llamado acudieron cientos de personas. En dicha manifestación pudimos constatar el alto grado de inconformidad y de rechazo que existe en la población contra el gobierno de César Duarte. No obstante, la inconformidad fue aprovechada por grupos de provocadores pagados por el gobierno, trasladados incluso en vehículos de la Fiscalía General del Estado, para generar acciones de violencia contra dos reporteros de una empresa de televisión y contra el edificio del Palacio de Gobierno. Contamos con información de que dichos agentes provocadores provienen de agrupaciones priistas como Antorcha Campesina, varios seccionales del partido e incluso algunos de ellos son policías embozados. No existe sustento para comprobar las versiones propaladas por el PRI de que se trata de personas trasladadas desde Oaxaca y otros estados del sur.

Horas después iniciaron las detenciones de más de cien personas, llevadas a cabo a distancia considerable del Palacio de Gobierno, lugar donde se dieron los hechos. Hasta el día de ayer por la noche, se habían iniciado 36 carpetas de investigación, ocho de ellas en contra de personas menores de edad. Según reportes de prensa, otras carpetas habrían sido iniciadas contra diputados y defensores de derechos humanos que llamaron a la protesta pacífica, a no golpear periodistas ni dañar inmuebles. Entre se ellos se encuentran Víctor Quintana Silveyra, Gabino Gómez Escárcega, Oscar Castrejón Díaz y Jaime García Chávez así como los diputados Rogelio Loya Luna y Ana Lilia Gómez Licón.


Ante ello:

1.    Denunciamos todos los intentos del PRI y del gobierno de César Duarte por no obedecer la voluntad popular expresada en las urnas como son: la impugnación de la elección a gobernador; la destrucción y sustracción de documentos e información oficiales para sabotear el proceso de entrega-recepción del gobierno; el endeudamiento adicional que dejaría sin margen de maniobra al gobierno democráticamente electo, etc.

2.    Creemos que la paz es la vía para expresar indignaciones y propuestas, por lo que rechazamos cualquier tipo de violencia y reprobamos la forma como actuaron los cuerpos policiacos: mientras los provocadores actuaban, dejaron hacer sin intervenir de manera alguna. Luego, arremetieron indiscriminadamente contra todo tipo de personas, sobre todo jóvenes, golpeándolos, arrestándolos e incomunicando a varios de ellos, como al dirigente de Morena cuya aprehensión criminalización sería un manifiesto acto de criminalización política, Marcelino Gómez Brenes.


3.    Reiteramos que en todo momento, los defensores y defensoras de derechos humanos presentes en dicha manifestación, pidieron respeto para las y los trabajadores de la comunicación e pidieron que la gente expresara su inconformidad de manera no violenta. Sin embargo, los llamados no surtieron efecto ante una multitud enardecida y largamente agraviada. Entendemos la motivación de estas acciones pero rechazamos la violencia con que se expresan.

4.    Exigimos que cese inmediatamente la represión gubernamental, se respete el Estado de Derecho en Chihuahua y no se criminalice a las personas defensoras de derechos humanos.

5.    Demandamos una investigación profesional e imparcial sobre todos estos hechos, así como la libertad inmediata y el respeto irrestricto a los derechos de los detenidos contra quienes se fabricaron delitos. Exigimos también se proceda legalmente contra los infiltrados y provocadores que generaron la violencia y destruyeron el patrimonio público y que la Defensoría Pública actúe de manera pronta y profesional para garantizar los derechos humanos de las personas detenidas, especialmente los jóvenes.

6.    Pedimos que los organismos públicos de derechos humanos, especialmente la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos envíen visitadores y visitadoras que verifiquen las condiciones de detención de las personas detenidas, den fe del trato que se le está dando y aseguren que no sufran maltratos, incomunicación, falta de comida o medicamentos.


Begoña Lecumberri
Epigmenio Ibarra
Erendira Ibarra
Humberto Robles
Jesus Robles Maloof
Lucero Espindola de la Vega
Natasha Ybarra
Ofelia Medina
Rosalío Morales
Verónica Velasco


Abogadas Demócratas
Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL)
Casa del Migrante Saltillo
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro PRODH)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C. 
Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C.
Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (CENCOS)
Círculo de Estudios de Género
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Comisión Mexicana Para La Defensa Y Promoción De Los Derechos Humanos, A.C.
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC)
Ecos de Mirabal
El Barzón Chihuahua
Fátima, I.B.P.
Grupo Feminista 8 de Marzo, A.C.
Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
Insurgencia Magisterial
Justicia para Nuestras Hijas, A.C.
Mujeres Barzonistas
Mujeres por México en Chihuahua, A.C.
Mukira, A.C.
Observa Ciudadan@, Observatorio para el Acceso a la Información Pública
Organización Familias Pasta de Conchos
Red Mesa de Mujeres en ciudad Juárez
Red por la Participación Ciudadana
ResiSSSTE
Tierra Nativa, A. C.
Transforma, A.C.

Uno de Siete Migrando, A.C. 


Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila) Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.) Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chihuahua); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo,Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla; Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Mujeres indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales CIARENA A. C (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)