domingo, 30 de agosto de 2015

DÍA INTERNACIONAL DE LA PERSONA DETENIDA-DESAPARECIDA



UNA LEGISLACIÓN SIN EL APORTE DE LAS FAMILIAS,
SERÁ ILEGÍTIMA Y ABONARÁ A LA IMPUNIDAD

México, D.F., 30 de agosto de 2015

Un día internacional de la persona Desaparecida no debería existir, esta tragedia no la debemos de vivir ninguna familia. Sin embargo existe y nuestras familias y pueblos no vamos a permitir que esta trágica práctica sistemática de desaparecer a nuestros seres queridos se mantenga, Este día miles de familiares en diferentes estados de la República y Centroamérica saldremos a las calles a exigir que los y las busquen y encuentren.

Esta tragedia humanitaria que vivimos en México, derivada de la Guerra contra la delincuencia organizada y de políticas erróneas de los gobiernos de la Región, han posibilitado la más grave crisis de seguridad y de Derechos en la que la sociedad civil es la principal afectada; las desapariciones generalizadas en el país están destrozando a nuestros pueblos; a éstas se suma el alarmante aumento de feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, la trata de personas, secuestro, desplazamiento forzado a causa de la violencia, entre otras graves violaciones a los Derechos Humanos. Como nunca en la historia reciente de nuestro país habíamos vivido esta atroz agresión a la población que reside en México o que va de paso por el país.

El fenómeno de las desapariciones es algo continuado en nuestra historia reciente, cuidar la memoria de quienes nos faltan es responsabilidad de nuestros pueblos para no perdernos en el sin sentido de la violencia institucionalizada. Nuestras desaparecidas y desaparecidos por motivos políticos de las décadas de los 60s y 70s y 80s les buscamos, nuestros hermanos y hermanas indígenas que en el contexto de la guerra de contrainsurgencia que se da desde los 90s en Chiapas, los buscamos. A las autoridades no les importa saber si no están, ni siquiera saben cuántos desaparecidos y desaparecidas hay en el país, en fechas recientes reconoció oficialmente más 26 mil personas “no localizadas”, un gobierno que no protege los Derechos de los Ciudadanos y niega tragedias sociales y humanas como la Desaparición, no es digno de nuestros Pueblos, y pero aún es responsable por estas graves violaciones a los Derechos Humanos; nosotras si sabemos que no están, sabemos sus nombres uno a uno, son nuestros hijos e hijas quienes nos faltan, no se fueron por gusto o hartazgo, nos los arrebataron, los y las desaparecieron.

Miles de familias hemos caminado por años en la búsqueda de nuestros seres queridos, hemos aprendido a investigar, a buscar, a interactuar con autoridades de todos los niveles, a interactuar con el Ejército o la Marina y también a redactar leyes y proponer políticas públicas, pero sobre todo hemos aprehendido a recuperar y defender nuestra dignidad y la de nuestros seres queridos desaparecidos. Hoy volvemos a exigir al Congreso de la Unión que apruebe una LEY GENERAL PARA ERRADICAR Y PREVENIR LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS. Para que esta Ley sea legítima debe incorporar imprescindiblemente las aportaciones de las y los familiares de las personas desaparecidas, ya que solo nosotras y nosotros, hemos velado por los Derechos de nuestros seres queridos, reafirmamos ¡No sin las familias! Las personas desaparecidas y sus familiares somos Sujetos de Derecho, no de caridad, ni de asistencia pública; una Legislación que no respete este Derecho será una Ley ilegítima que sólo perpetuará la impunidad y la violencia.

La LEY GENERAL PARA ERRADICAR Y PREVENIR LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS, que será aprobada en los próximos meses, deberá llamar por su nombre al delito de Desaparición de Personas y no desvanecerlo en tecnicismos; deberá tener un enfoque central de búsqueda y localización como Política de Estado, pero también y no menos importante, deberá garantizar todos los DERECHOS de las personas desaparecidas, es decir, debe reconocer la identidad y personalidad jurídica de las personas desaparecidas para garantizar la vigencia y protección de todos sus Derechos civiles, económicos, laborales, sociales, culturales. Esta Ley deberá también reconocer el interés jurídico de las familias como Sujetos de Derecho que representamos a nuestros seres queridos. La Desaparición de Personas es un delito que no prescribe y como tal la Ley deberá ser amplia y reconocer a todas y todos los desaparecidos, en este sentido y de manera enunciativa, mas no limitativa, el legislativo deberá hacer todas las reformas necesarias a otras Leyes para garantizar la vigencia de los Derechos de las personas desaparecidas, de no hacerlo se convertirán también en cómplices responsables de esta tragedia que viven nuestros Pueblos.

Este día de manera articulada decenas de movimientos de familiares con desaparecidos en México nos movilizares de cada rincón de la República, hemos llegado al punto en el que el Estado Mexicano no puede negar por más tiempo la tragedia humanitaria de las y los Desaparecidos y por tanto está forzado a actuar en consecuencia. Durante los últimos meses hemos preparado un documento que contiene las premisas básicas de lo que deberá contener la Ley para garantizar los Derechos de nuestros familiares desaparecidos y desaparecidas; el cual les entregaremos en cada Estado y a legisladores del Congreso de la Unión y les exigimos sea integrado a las mesas de redacción y aprobación de la Ley.

Por eso hoy, Día Internacional de la Persona Desaparecida – Detenida, hacemos un llamado enérgico a las autoridades municipales, estatales y federales, para que la palabra de nosotras, familias víctimas de la desaparición, sea la base fundamental de la LEY GENERAL PARA ERRADICAR Y PREVENIR LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS.

Porque nos faltan a todas y todos, ¡No pararemos hasta encontrarlas os!.

¡No sin las familias!

Verdad y Justicia,
Por un mecanismo real y eficiente de búsqueda nacional y trasnacional.

FUNDEM: FUND-Nuevo León, FUNDEM-Región Centro, FUNDEM- Región Laguna, FUNDEM región Saltillo.

 Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Casa del Migrante Saltillo, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. 




jueves, 13 de agosto de 2015

Chihuahua, sede de encuentro regional de familiares de personas desaparecidas

Chihuahua fue seleccionado para visibilizar la problemática de las desapariciones, un tema que ha sido negado por el gobierno de César Duarte.

Del viernes 14 al 16 de agosto se llevará a cabo el encuentro “Las desapariciones en el norte de México: intercambio de experiencias de familiares y organizaciones” con el objetivo de compartir experiencias de los familiares y las organizaciones en los procesos de búsqueda, verdad, justicia y reparación; abrir espacios para tratar el autocuidado y el acompañamiento psicosocial; y continuar con los intercambios relacionados con el contenido general de la legislación sobre desaparición de personas en México.

Durante el evento las familias y organizaciones que les acompañan trabajarán "a puerta cerrada" sobre temas concretos de la legislación sobre desaparición que se encuentra próxima a realizar en el Congreso de la Unión,  y se contemplan dos actos públicos.

El viernes 14 de agosto a las 9:00 hrs. se iniciará con una marcha desde las instalaciones del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres hasta la Cruz de Clavos, en Plaza Hidalgo.  Después de la marcha, las organizaciones de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas,  Baja California, Nuevo León y Guanajuato fijarán su posición política, para continuar el viernes y sábado los trabajos de reflexión y construcción de consensos.

El  domingo 16 de agosto a las 11:30 hrs. se realizará un evento público para entregar a diversos actores políticos, el resultado de los trabajos de las familias los días previos relacionados con los mínimos que debe contener la legislación sobre el tema de desaparición forzada e involuntaria. 












lunes, 10 de agosto de 2015

Organizaciones de Derechos Humanos instan a la Segunda Sala Penal del TSJ que resuelva con independencia la situación jurídica de líder del CECOP




·         Segunda Sala Penal debe de valorar las violaciones a la debida diligencia y defensa adecuada a la que fue sujeto Marco Antonio Súastegui y decidir apegada a derecho restituyendo su libertad.
·         Criminalización contra personas defensoras de derechos humanos, como la de Marco Antonio, continúa siendo una práctica preocupante.

México, 10 de agosto de 2015. En el contexto de la próxima sesión de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero (TSJG) a llevarse a cabo el 14 de agosto de 2015, organizaciones de derechos humanos firmantes instamos a las y los integrantes de la mencionada Sala a que emitan, sin mayor dilación, con apego a la ley y revisando cuidadosamente las pruebas presentadas, la resolución del recurso de apelación dentro de la toca penal VI-459/2014, en la que se le imputa injustamente el delito de robo al defensor Marco Antonio Suástegui, quien se encuentra privado de su libertad desde hace más de un año, en el Penal de la Unión de Montes de Oca, Guerrero.

Las organizaciones adherentes hemos seguido la situación jurídica del Señor Marco Antonio Suástegui desde el momento de su detención en junio de 2014, su traslado ilegal y la consolidación de diversos procesos judiciales integrados en contra del defensor comunitario, lo que nos ha permitido reconocer que éstos procesos son una clara acción para obstruir su labor como defensor; así como que se han utilizado mecanismos ilegales e inconstitucionales – como el traslado a un penal federal de máxima seguridad en Nayarit – para obstruir su derecho a la debida diligencia y a una defensa adecuada, tal y como fue reconocido por la Jueza Tercera de Distrito del estado de Guerrero el día 28 de enero del 2015, dentro del juicio de amparo 649/2014, lo que permitió su traslado a Guerrero.

Por todo lo anterior, estamos convencidas que la persecución al defensor y a otras y otros integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (CECOP), se debe a la continua amenaza de imponer el proyecto hidroeléctrico La Parota, hoy bajo el nombre del Proyecto “Nuevo Guerrero”. En ese marco, es que instamos respetuosas de la independencia judicial, a que la Segunda Sala Penal del TSJG a que valore con independencia las pruebas que la defensa de Marco Antonio Suástegui ha presentado en la audiencia de vista del 14 de julio, las cuales evidencian su inocencia, al destacar que los testimonios en su contra no cuentan con sustento para acreditar lo denunciado, ni documentales que prueben la posesión de los alegados bienes robados del supuesto agraviado y por el contario demuestran la fabricación de los cargos contra el defensor, poniendo en relieve las claras violaciones al debido proceso que ha enfrentado. De así hacerlo, externamos nuestra confianza en que dicha resolución se decidirá apegada a derecho y restituirá la libertad a Marco Antonio, absolviéndolo del delito imputado.

Cabe reiterar que la situación de las personas defensoras en Guerrero continua siendo preocupante pues es uno de los estados con mayores índices de amenazas, agresiones y constantes campañas deslegitimadoras en su contra; violentando día con día el derecho a defender derechos humanos. A eso se le añaden las prácticas recurrentes de criminalización y el uso indebido del sistema de justicia penal en contra de personas defensoras en el país y particularmente en Guerrero, donde ha sido documentado en diversas ocasiones que el Ejecutivo ha utilizado estas prácticas para obstruir su labor.

Por ello, el día de hoy, la Segunda Sala Penal del TSJG tiene en sus mano no sólo la decisión sobre la libertad del integrante del CECOP, sino también la oportunidad de demostrar la independencia judicial en el estado. Por nuestra parte, seguiremos pendientes de la situación jurídica de Marco Antonio y de las otras y otros integrantes del CECOP.

Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH)
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Asociadas por lo Justo – JASS
Casa del Migrante de Saltillo (Coahuila)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C.  CEDEHM (Chihuahua)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Chiapas)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Chihuahua)
Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica)
Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Coahuila)
Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)
Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. - BARCADH (Oaxaca)
Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón A.C. (Guerrero)
Ciudadanos en Apoyo a los derechos Humanos, A.C. – CADHAC (Nuevo León)
Comité Cerezo México
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. – Cosyddhac – (Chihuahua)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Oaxaca)
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracias (IMDHD)
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz)
SMR, Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)

lunes, 3 de agosto de 2015

Manifestamos nuestro rechazo y profunda indignación ante el asesinato de Rubén Espinosa, de la activista Nadia Vera y de tres mujeres más.





Sociedad en general.
Presidencia de la República.
Secretaría de Gobernación.
Mecanismo de Protección.
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la libertad de Expresión.
Procuraduría General de Justicia de Veracruz.

2 de agosto del 2015

Las y los periodistas así como defensoras y defensores de derechos humanos, congregadas en la ciudad de Saltillo, Coahuila, para el "Taller Sobre Aspectos Básicos del Mecanismo de Protección y la Estrategia de Autoprotección", manifestamos nuestro rechazo y profunda indignación ante el asesinato, el viernes 31 de julio, del fotoperiodista Rubén Espinosa, de la activista Nadia Vera y de tres mujeres más que se encontraban con él en la Ciudad de México. Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con las familias y el gremio periodístico.

Rubén Espinosa había sido desplazado para residir temporalmente en la Ciudad de México, a partir de una serie de amenazas que impidieron continuar con el ejercicio periodístico en el Estado de Veracruz.

Tras este deleznable hecho, son 13 periodistas asesinados en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, sin contar al sinnúmero de periodistas y personas comunicadoras sociales que han huido de Veracruz porque no existen garantías para realizar su trabajo en condiciones de seguridad.

Desde que Rubén Espinosa denunció los ataques sufridos en 2013, se desconocen los resultados de la investigación penal iniciada por la Procuraduría General de Justicia veracruzana y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, lo cual pudo contribuir en la inhibición de las amenazas. Insistimos: es la aplicación de la justicia la mejor medida de prevención de ataques y violaciones de derechos humanos.

De 2000 a la fecha, en México se han perpetrado 88 asesinatos de periodistas en México, 16 de ellos durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

Ante ello, exigimos:

Una investigación pronta, expedita, objetiva, diligente y exhaustiva que resulte en la identificación, procesamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Rubén Espinosa y las cuatro mujeres en cuestión. No más impunidad.

Que se investigue la actuación profesional de los funcionarios y funcionarias públicas que integran las instituciones responsables de investigar el caso y proteger la integridad del fotoperiodista Rubén Espinosa. Tanto de la procuraduría veracruzana, de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la libertad de Expresión, como del Mecanismo de Protección para que se finquen las responsabilidades administrativas y penales correspondiente por posibles actos de omisión en su desempeño.

Que se adopten todas las medidas necesarias, adecuadas y suficientes para que se ejerza el periodismo en Veracruz y en México, incluyendo la protección del entorno en el que laboran los y las periodistas.

Al Presidente Peña Nieto y al Gobernador Javier Duarte, que adopten sin dilación una política integral y eficaz para garantizar la aplicación de justicia y la protección a periodistas, comunicadores sociales y personas defensoras de derechos humanos.

2 de agosto de 2015

Periodistas y Defensoras de Derechos Humanos en México:






Alejandra Nuño
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehem) de Chihuaha.


Adrián López Ortiz
Editorial Noroeste, Sinaloa


Barzón Chihuahua


Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila.


Judith Ceballos Gómez
Mujeres Unidas Olympia de Gouges, A.C.
Tecate, Baja California



Héctor Emilio Macías Jurado
Alzando Voces Laguna, A.C., Torreón, Coahuila.

Roberto Montaño Castanedo
Libera Radio, Hermosillo, Sonora.

Ana Karen López Quintana
Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, A.C.
Tampico, Tamaulipas.


José Luis Manzo Rodríguez
Defensor Derechos Humanos en Saltillo, Coahuila
Isela González Díaz
Alianza Sierra Madre, A.C., Chihuahua
Jesús Oscar González Medina
Periodistas de Nuevo León, A.C. "José Alvarado Santos"

Guadalupe Parada
Ciudad Juárez, Chihuahua
Ana Lidia Murillo Camacho
Asociación Sinaloense de Universitarias A.C.

Cristian Torres Cruz
Asociación de Periodistas Universitarios de Baja California.

Aracely S. Escoto Domínguez
ChihuasTV, Chihuahua.
Juana María Nava Castillo
Nuevo León.

Roberto Delgado Escalante
www.notijuarez.com Ciudad Juárez Chihuahua.


Cecilia Guadalupe Espinosa Martínez
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Saltillo, Coahuila.

Mónica Aguilera Rodríguez
Miembro de Voces Irritilas A.C.

Julieta Hernández Camargo
Sí Hay Mujeres en Durango, A.C.

Lucía Pérez Paz.
Periodista Coahuila.

Camelia Muñoz Alvarado
Periodista en Coahuila

Rosario Aguilar Champo.
Asociación Nacional de Periodistas "Dr. Belisario Domínguez, A.C". Chihuahua.








Claudia Herrera Aguilar
A Simple Vista TV, Chihuahua.
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miércoles, 15 de julio de 2015

Tlatlaya: políticas de seguridad fallidas fomentan violaciones graves de DDHH



  • Organizaciones de derechos humanos pedimos al Estado mexicano combatir la impunidad, y lograr que en todos los casos de violación a los derechos humanos haya verdad justicia y reparación.


México, D.F. a 15 de julio de 2015.- Desde la presentación del informe “La Orden Fue Abatir”, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el pasado 2 de julio, se ha vuelto a visibilizar la preocupante situación en materia de derechos humanos, en particular sobre el alarmante uso desmedido de la fuerza, que ha llevado a la comisión de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves a los derechos humanos en el contexto de la estrategia de seguridad implementada desde diciembre de 2006, y en el marco del combate al crimen organizado.

A más de un año de la masacre de Tlatlaya, donde 22 personas perdieron la vida en el Estado de México, el Centro ProDH presentó los principales retos en materia de justicia, verdad y reparaciones en el caso Tlatlaya, el cual consideramos emblemático y una muestra de las consecuencias de la guerra contra las drogas. Las organizaciones firmantes nos hemos sumado a la exigencia de las víctimas de este caso por alcanzar verdad, justicia y reparación, haciendo hincapié en la necesidad de modificar las políticas que han puesto en riesgo la seguridad y los derechos de la sociedad mexicana.

Si bien el caso de Tlatlaya es paradigmático, no se trata de un evento aislado. Tlatlaya es ejemplo de una política de Estado de matar personas, enmarcada en un cuadro de violaciones graves a derechos humanos, como es la práctica sistemática y generalizada de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. No nos cabe duda que se trate de una decisión de Estado de no impulsar decididamente la profesionalización de la policía, lo que ha llevado a colocar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, militarizando así la seguridad pública.

La presencia militar ha significado un riesgo palpable de violación a derechos humanos, por lo que las organizaciones coincidimos en que la solución es establecer cuanto antes un plan de salida de las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública, y su regreso a los cuarteles.

Hemos mencionado en reiteradas ocasiones que la Reforma al Código de Justicia Militar realizada en 2014 no es suficiente para garantizar los principios de la correcta administración de justicia, cuando se trata de afectaciones y violaciones a los derechos humanos, tanto de civiles como de miembros de las fuerzas armadas.

Sobre el uso del término “abatir” coincidimos en que no se trata de un sinónimo de matar o asesinar, ni que ésta sea la única instrucción; sin embargo, se ha utilizado para referirse a la pérdida de vidas, y consideramos que se trata de un incentivo para ejecutar y cometer violaciones a derechos humanos.  De acuerdo a información obtenida mediante solicitudes de acceso a la información, entre el 1º de diciembre de 2006 y el 31 de diciembre de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 53 recomendaciones por ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 42 fueron dirigidas a la Secretaría de Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina. Resulta entonces preocupante que dentro de esta política de seguridad la orden no sea detener y poner a disposición, sino abatir y ejecutar.

Celebramos la decisión de la CNDH de exigir a la SEDENA que se “revoquen o sean modificados” todos los documentos y ordenanzas militares –vigentes a la fecha– en los que se utilicen términos como abatir personas u otros similares, sin precisar los alcances específicos.

No obstante, insistimos en que no es sólo cuestión del uso de los términos, sino también de la necesidad apremiante de analizar los resultados de una política de seguridad que no está funcionando. Tlatlaya y otros eventos evidencian que esta política de mano dura, donde no se respetan los derechos humanos, no ha sido efectiva para brindar seguridad. Por ello es de carácter urgente encontrar soluciones prácticas para revertir las crisis de Estado de Derecho y de seguridad que atraviesa el país.

La repetición y forma coincidente de las violaciones graves a derechos humanos excluye toda posibilidad de que se trate de violaciones a derechos humanos aisladas. Las Fuerzas Armadas han ejecutado sistemáticamente a población civil en el marco de una política en la que no se investiga, procesa y castiga a los responsables; lo que podría constituir crímenes de lesa humanidad.

Las instituciones de impartición de justicia han probado que no tienen la capacidad o la voluntad para investigar y sancionar a los responsables de los delitos. Es urgente buscar alternativas, tomando en cuenta las buenas prácticas internacionales para combatir la impunidad.

Las organizaciones firmantes hacemos un enérgico llamado a que se realicen investigaciones prontas, imparciales e independientes sobre las personas responsables materialmente de los hechos de Tlatlaya, así como de quienes institucionalmente son responsables. Los datos y recomendaciones presentados en el Informe muestran que casos como Tlatlaya tienen un fondo estructural y deben ser atendidas de manera inmediata.

Las organizaciones firmantes pedimos al Estado mexicano en todos sus niveles combatir la impunidad, y lograr que en todos los casos donde hubo una violación a los derechos humanos haya verdad justicia y reparación.


Artículo 19
Casa del Migrante de Saltillo [Frontera con Justicia AC] 
Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco A.C (Barcadh)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) 
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos AC (Cosyddhac)
FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
JASS (Asociadas por lo Justo)
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juarez A C
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 75 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):
Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)


viernes, 10 de julio de 2015

Inadmisible la violencia contra niñas y mujeres en Chihuahua



Chihuahua, Chih., 10 de julio de 2015. La situación de violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua no ha dejado de ser preocupante, e incluso escandalosa. Lo que se busca presentar como “hechos aislados” por distintas autoridades, no es otra cosa que el consentimiento para la reproducción y perpetuación de la violencia hacia las niñas y mujeres por parte de todos los niveles y poderes del estado.

Los ataques violentos y asesinatos de mujeres en lo que va del año en el estado, evidencian la lo poco que se ha avanzado en una urgente transformación cultural que deberían llevar a cabo las autoridades en apego tanto a los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, así como a las legislaciones generales y locales derivadas de éstos. La igualdad sustantiva y el derecho a vivir una vida libre de violencias -que transversalizan la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) y especialmente, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará, 1994)-, no sólo está lejos de alcanzarse en Chihuahua, sino que lo que se ha logrado hasta el momento en este sentido, corre grave riesgo de retroceso, derivado de toda una serie de omisiones, errores dolosos y falta de sensibilidad de todos las autoridades estatales.

Entre otros hechos representativos de este clima de misoginia, se encuentra la detención del maestro de primaria por los delitos de violación y abuso sexual a al menos a 14 niñas indígenas en el municipio de Bocoyna; la detención en enero pasado de una adolescente de 16 años y la mujer que la asistió por el delito de aborto (quien posteriormente acudió a la audiencia penal en silla de ruedas por la tortura sufrida en detención); el hallazgo en febrero de una joven muerta que había sido denunciada como desaparecida desde 2009, de la que sin embargo la Fiscalía contaba con los restos desde el 2013; el hecho de que los asesinatos de mujeres por sus parejas sentimentales siguen siendo tratados como delitos pasionales; la falta de sanción adecuada de los homicidios de mujeres (como el caso de Jazmín Rodríguez); y el indignante homenaje post portem por la Policía Municipal de Parral de uno de sus policías que se suicidó tras dispararle a su pareja sentimental.  

A las autoridades del estado de Chihuahua, no les ha quedado claro que la violencia contra las mujeres tiene que ser sobre todo prevenida, investigada y sancionada, a través de la implementación de políticas públicas específicas que transformen tanto la condición de las mujeres así como las relaciones de poder que se construyen a partir de los estereotipos de género. Ello, muy a pesar de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González y otras vs. México.

Peor aún, el día de ayer trascendió en medios de comunicación el caso del Magistrado de la Segunda Sala Civil del Distrito Bravo en Ciudad Juárez, Filiberto Terrazas Padilla, quien al llegar a su casa en estado de ebriedad habría golpeado salvajemente a su esposa, para después echarla a la calle junto con sus hijos y amenazarles de muerte. Preocupa a  las organizaciones que justamente una de las responsabilidades del magistrado, es garantizar el acceso a la justicia de mujeres que viven violencia, contradictoriamente, pocas esperanzas pueden tener las víctimas que acuden ante este juzgado para protección de la justicia.

Las organizaciones integrantes del Movimiento de Mujeres de Chihuahua denunciamos que las formas de operación de este sistema misógino en el estado, las cuales incluyen la normalización y/o justificación de hechos violentos en contra de las niñas y mujeres, la victimización de las mismas, así como la perpetuación sistemática de un sistema jurídico y administrativo que permite y alienta la reproducción de estas actitudes violentas.

Con todo ello, el estado de Chihuahua vuelve a ser un ejemplo nacional e internacional de cómo no actuar para las autoridades de los tres poderes de gobierno. Nunca antes, como ahora, los derechos alcanzados para y por las mujeres, se habían encontrado en tanto riesgo de retroceder.


Por lo anterior que exigimos:

1.      Que el Gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, dé cabal cumplimiento al contrato firmado con el Movimiento de Mujeres de Chihuahua en noviembre de 2012.

2.      Que, luego de las investigaciones correspondientes, se emitan las sanciones penales y administrativas correspondientes contra el magistrado Filiberto Terrazas Padilla, cuyo nombramiento -al igual que otros 13 abogados/as sin experiencia en el ámbito de procuración y administración de la justicia- fue ratificado por el congreso de Chihuahua en noviembre de 2014.

3.      Que se haga una urgente revisión a las políticas y presupuestos destinados a las instancias de prevención, procuración y administración de justicia, para garantizar que las niñas y mujeres vivamos sin violencia en Chihuahua.

4.      Que el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua establezca de una vez por todas un Consejo de la Judicatura que deberá responsabilizarse de la selección, formación y supervisión de funcionarios y funcionarias judiciales.



Atentamente,

Abogadas Demócratas
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Círculo de Estudios de Género, A.C. (CEG)
Ecos de Mirabal
Justicia para Nuestras Hijas, A.C.
Fátima, I.B.P.
Grupo Feminista 8 de Marzo
Grupo Género Parral
Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Kakum Colectiva
Mujeres Barzonistas
Mujeres por México en Chihuahua, A.C.
Red por la Participación Ciudadana, A.C.
Observa Ciudadan@
Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua)
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez