viernes, 13 de marzo de 2020

PRESENTA EL CEDEHM REPORTE DE ANÁLISIS DE SENTENCIAS EN CASOS DE VIOLENCIAS DE GÉNERO



Chihuahua, Chih., a 13 de marzo de 2020. El día de hoy tuvo lugar la presentación del Reporte de análisis de sentencias en casos de violencias de género, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM) con el financiamiento de Fundación MacArthur y Misereor. En este documento se analizan 35 sentencias obtenidas por el CEDEHM durante el último año, se identifican algunos de los principales retos para garantizar derechos desde la función jurisdiccional y se reconocen precedentes que deben observarse como punto de partida en la materia.

En el reporte se analizan las 35 sentencias obtenidas dentro de los procesos representados en el periodo comprendido entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, la mayoría de las cuales, fueron favorables. También se hace una referencia especial a cinco de las 35 sentencias, por considerárseles de gran importancia por su alcance: al reconocer a niños y niñas como víctimas directas de la violencia en la pareja; por determinar medidas más amplias para la reparación del daño; por hacer visible el trabajo no remunerado en el hogar, y por juzgar con perspectiva de género.

El evento fue inaugurado con las intervenciones de Ruth Fierro y Ma. Fernanda Aquino, coordinadora general y coordinadora del programa de violencias de género del CEDEHM, respectivamente. En la presentación también participaron la magistrada Adela Alicia Jiménez Carrasco, los jueces Jaime Antonio Acevedo Maldonado y Gabriel Gerardo Reyes Zúñiga, así como Griselda Macías Zafiro, usuaria del CEDEHM.

Ruth Fierro recordó que las mujeres que deciden iniciar una acción legal para poner un alto a la violencia de la que son víctimas, han atravesado por una enorme cantidad de obstáculos de índole social, familiar y emocional. “Y la única razón por la que persisten es porque tienen la esperanza de tener justicia: justicia que se traduce en libertad, tranquilidad y reconocimiento a su dignidad”. 

Añadió que “las resoluciones y sentencias que emiten quienes administran justicia, disponen sobre las vidas y destinos de las personas sobre quienes éstas recaen”. Por ello, instó a juezas, jueces, magistradas y magistrados, a responder a la coyuntura histórica por la que actualmente atraviesa nuestro país y a cambiar radicalmente el concepto de justicia para las mujeres.

A partir de los hallazgos del reporte, Ma. Fernanda Aquino indicó que las autoridades continúan revictimizando a las mujeres por cuestiones de forma en los procedimientos, así como por una falta de sensibilidad y perspectiva de género durante el proceso judicial. Agregó que no se considera la vulnerabilidad de la víctima por razones de género, sino únicamente cuando la víctima es una niña o un niño. Refirió que cuando se violan los derechos humanos de las mujeres, se generan procesos sociales de exclusión, señalamiento y estigmatización para las víctimas.

Señaló que, en algunos casos, las autoridades competentes omiten incluir la totalidad de los delitos que las víctimas o las asesoras jurídicas solicitan. Resaltó la necesidad de que juezas y jueces valoren adecuadamente los hechos con relación a la tipificación de los delitos concernientes. Finalmente, destacó que cuando la imputada es una mujer, las autoridades juzgan con mayor dureza y con un sesgo basado en juicios de valor sobre el “deber ser” de las mujeres.

Adela Alicia Jiménez destacó que es necesario desechar estereotipos de género y aplicar los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Habló sobre la importancia de identificar en cada caso si existen o no cuestiones de poder, de detectar situaciones de desventaja entre las partes y de emplear un lenguaje que no esté basado en estereotipos ni prejuicios de género. Subrayó la necesidad de que quienes litigan y participan como defensoras(es) de los derechos de las mujeres, niñas, niños y grupos vulnerables, se capaciten en la materia, en aras de facilitar y contribuir a una correcta impartición de justicia.

Jaime Antonio Acevedo dijo que “tenemos que enfocarnos en garantizar justicia e igualdad verdaderas”. Entre otras cosas, enfatizó el deber de los tribunales para que, las medidas de protección que se adopten, así sean típicas o atípicas, obedezcan a las circunstancias de cada caso en particular y que cumplan con criterios fundamentales de necesidad, idoneidad y racionalidad, es decir, que efectivamente funcionen para prevenir o erradicar posteriores agresiones.

Gabriel Gerardo Reyes subrayó la importancia de identificar las situaciones de vulnerabilidad y de construir nuevos paradigmas. Recalcó la necesidad de cuestionar la neutralidad de las normas, por ejemplo, cuando una mujer está inmersa en un círculo de violencia cíclica y sistemática. Indicó que cuando quienes acusan no tienen perspectiva de género, los argumentos y evidencias del caso se presentan de manera errónea y se plantean con un doble parámetro o doble moral, lo que en última instancia revictimiza a las mujeres. En este sentido, recordó que las mujeres que han sido agredidas pueden volver a serlo en cualquier momento, y finalizó diciendo que “nunca se deberá perder de vista el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”.  

Finalmente, Griselda Macías refirió las violaciones a los derechos humanos de las que ella y su hija fueron víctimas por parte de su agresor. Lamentó la falta de un trato digno en algunos de los procedimientos involucrados en el proceso de denuncia, aunque reconoció el trabajo en la integración de su expediente. Puntualizó que “desde el CEDEHM nos hicieron sentir que no estábamos solas”. Finalmente, refirió que se emitió una sentencia favorable para ella y su hija, por lo que se mostró agradecida hacia la jueza y hacia su abogada y representante legal.

Desde el CEDEHM se proporciona representación legal, acompañamiento psicosocial y psicoterapéutico, así como ayuda humanitaria o asistencia social a través del Programa de Violencias de Género, con el que actualmente se acompaña a 200 mujeres, niñas y niños que, en el ámbito de la representación legal, implica el litigio de más de 400 procesos en materia familiar y penal. En estos casos, el CEDEHM funge como denunciante o demandante, al igual que como defensa.

Nos comprometemos con los derechos humanos, el acceso a la justicia y el acompañamiento a mujeres, niñas y niños víctimas de violencias de género, en sus exigencias por una vida digna y libre de violencia. Buscamos sentar precedentes judiciales con base en estándares internacionales que sirvan de modelo para la impartición de justicia, que consideren la reparación integral del daño y que atiendan todos sus componentes: medidas de restitución, satisfacción, compensación y garantías de no repetición. En nuestro país aún existen importantes desafíos en la materia, por ello nos empeñamos en esta tarea.



lunes, 2 de marzo de 2020

POSICIONAMIENTO A 10 AÑOS DEL ASESINATO DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS ERNESTO RÁBAGO MARTÍNEZ



Chihuahua, Chih., a 2 de marzo de 2020. El 1 de marzo de 2010 fue cobardemente asesinado Ernesto Rábago Martínez, defensor de derechos humanos que dedicó su vida al acompañamiento de los Pueblos Indígenas de Baquéachi, Huahuachérare, Chinéach y Bakuséachí; en su digna lucha por la defensa de su territorio ancestral.

En Chihuahua (como en el resto del país), las comunidades indígenas tienen que defender la tierra que les ha pertenecido históricamente, de invasores que ilegalmente buscan apropiarse de su territorio a través de la imposición de la violencia y el terror. Todo esto ante un gobierno que ha sido incapaz de protegerles de forma oportuna, suficientes, efectiva y adecuada.

La muerte de Ernesto Rábago es una consecuencia directa de su trabajo a favor de las comunidades indígenas. Su asesinato ocurrió después de una serie de amenazas graves hacia él y su compañera, la licenciada Estela Ángeles Mondragón, luego del incendio de su despacho con bombas molotov y justo 15 días después de un atentado a su familia. Todo esto vinculado con la defensa legal del Ejido Baquéachi que Ernesto realizaba junto a su compañera Estela.

Hoy estamos aquí para conmemorar la vida y lucha de Ernesto y de las comunidades indígenas pero, sobre todo, estamos aquí porque ha pasado una década desde el homicidio del defensor de derechos humanos y el caso se mantiene en total impunidad: las autoridades no han esclarecido su asesinato, no existe ningún avance significativo dentro de la investigación y ningún culpable ha sido castigado.

No sólo eso, sino que hoy en día la situación de riesgo de Estela Ángeles Mondragón permanece y se incrementa, a partir de una campaña de desprestigio y criminalización emprendida en su contra por grupos con intereses poco claros que buscan aprovecharse de las comunidades indígenas.

El Estado mexicano, tiene la obligación de proteger a todas las personas defensoras de derechos humanos y de sancionar adecuadamente los delitos cometidos en su contra.

Por todo lo anterior, las comunidades de Baquéachi, Chinéachi y Bakuséachi, las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos, demandamos:

A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO: Justicia para Ernesto Rábago, sanción a los culpables y adecuada reparación del daño causado a nivel familiar y comunitario.

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y AL GOBIERNO FEDERAL: Que el Estado garantice que las personas defensoras de derechos humanos podamos ejercer nuestra labor en condiciones de seguridad.

A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y AL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL COLUNGA MARTÍNEZ: El cese a la campaña de criminalización en contra de Estela Ángeles Mondragón y otros integrantes de la comunidad.

A TODO EL ESTADO MEXICANO: Que los derechos de los pueblos indígenas sean verdaderamente promovidos, protegidos, respetados y garantizados por el Estado mexicano; principalmente el de la seguridad jurídica sobre su territorio y recursos naturales.

SE CUMPLEN 10 AÑOS DEL ASESINATO IMPUNE DE ERNESTO RÁBAGO, DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS DE PUEBLOS INDÍGENAS EN CHIHUAHUA



Chihuahua, Chih., a 2 de marzo de 2020.- El día de hoy, a 10 años del asesinato impune de Ernesto Rábago Martínez, un contingente rarámuri proveniente de las comunidades indígenas de Baquéachi, Chinéachi y Bakuséachi, marchó desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús hacia la Fiscalía General del Estado y de ahí rumbo a la Cruz de Clavos, memorial de la impunidad frente a Palacio de Gobierno, para demandar justicia y castigo a los culpables.

Ernesto Rábago fue un abogado y defensor de derechos humanos que, junto a su esposa Estela Ángeles Mondrágon, a través de la asociación Bowerasa A.C., acompañó a diferentes comunidades indígenas en la defensa de su territorio, entre las que se encuentra la del ejido rarámuri de Baquéachi, municipio de Carichí..

Desde sus inicios, las acciones legales para la recuperación del territorio de Baquéachi suscitaron amenazas y agresiones contra Estela Ángeles y representantes de la comunidad, además de fallidos intentos de soborno. En el mes de marzo de 2009, las instalaciones de Bowerasa en la ciudad de Chihuahua fueron incendiadas con dos bombas molotov. Casi un año después, en febrero de 2010, la hija de Estela  fue víctima de un intento de homicidio.

A pocos días de este suceso, el 1 de marzo de 2010, Ernesto Rábago fue asesinado en las oficinas de dicha organización, como un hecho que se vincula directamente a las acciones jurídicas y a las movilizaciones pacíficas que emprendió como parte de su representación legal hacia la comunidad rarámuri. Diez años después, las autoridades siguen sin esclarecer su asesinato, por lo que tampoco se han aprehendido ni se ha dado castigo a los culpables. 

Desde 1927, la comunidad indígena de Baquéachi emprendió la lucha por la defensa de su territorio, mismo que abarca una extensión de 44 mil 784 hectáreas y que, a lo largo de los años, ha sufrido una serie de invasiones. Ganaderos del municipio de Nonoava les despojaron de 7 mil 800 hectáreas; mientras que ganaderos de Carichí terminaron por arrebatarles alrededor de 25 mil hectáreas.

Después de cerca de 25 años de litigio agrario, la abogada Estela Ángeles, de la mano de la comunidad indígena de Baquéachi, ha logrado recuperar más de 21 mil hectáreas de su territorio. En añadidura al asesinato de Ernesto y el atentado contra su hija, la abogada ha sido víctima de amenazas, agresiones, campañas de desprestigio y acciones legales que buscan criminalizar su labor, debido a los intereses económicos que su legítima defensa del territorio rarámuri ha trastocado.

El más reciente de estos ataques se suscitó en julio de 2019, cuando se interpusieron dos denuncias penales en su contra con falsas en infundadas acusaciones, a lo cual se sumó una campaña mediática de descrédito. Lo anterior, pese a que la abogada cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y es beneficiaria del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Hoy, tras casi 15 años de defensa legal por parte de la asociación civil Bowerasa, encabezada por Estela Ángeles, y a pesar de las constantes amenazas y agravios de los invasores, la comunidad indígena de Baquéachi celebra las sentencias dictadas a su favor y el reconocimiento que se les ha otorgado como legítimos dueños de su territorio. Exigen además que la injusticia no sea eterna: que se esclarezca y se de castigo a los culpables del asesinato de Ernesto Rábago.









sábado, 25 de enero de 2020

FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS DE LA ENTIDAD SE REÚNEN CON LAS COMISIONES DE BÚSQUEDA ESTATAL Y NACIONAL



Chihuahua, Chih., a 25 de enero de 2020. El día de hoy, en un encuentro convocado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDHEM), más de 100 familiares de personas desaparecidas provenientes de los municipios de Chihuahua, Cuauhtémoc, Balleza, Buenaventura, Guadalupe y Calvo, Hidalgo del Parral, Jiménez, Matamoros, Namiquipa y Valle de Allende, se reunieron con Laura Moreno, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, y Enrique Irasoque, Director General de Acciones de Búsqueda y Procesamiento de Información de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Las familias expusieron sus casos y los problemas a los que se han enfrentado en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Denunciaron los trámites burocráticos e irresolubles por los que atraviesan; la atención inadecuada y los malos tratos a los que se enfrentan; la falta de apoyos económicos para dar continuidad al proyecto de vida de sus familias; el exceso de retórica, la falta de compromiso y ejecución de acciones concretas, así como la simulación e inacción; pero sobre todas las cosas, la ausencia de suficientes diligencias de búsqueda por parte de las autoridades.

Mencionaron que no hay resultados “porque no hay esfuerzos de investigación y búsqueda en vida o muerte. Para nosotras las familias no hay tiempo que perder porque cada día que pasa, la esperanza desaparece. Actúen: hagan rastreos y búsqueda en vida”. Las y los presentes expusieron que la tragedia de tener un ser querido desaparecido, aunado a todos los obstáculos por los que deben atravesar en el proceso de búsqueda, hace que su salud física y mental se vean severamente comprometidas.

Enrique Irasoque habló sobre la próxima implementación del Programa Nacional de Búsqueda y del Programa Regional de Búsqueda para la zona noreste del país, que buscarán homologar criterios y procedimientos para alinear la implementación de buenas prácticas en la materia. Mencionó el Reporte de Personas Desaparecidas, una plataforma en línea que se alimenta con la información que proporcionan las familias y las autoridades que dan seguimiento a cada caso en particular.

Añadió que la Comisión Nacional de Búsqueda tiene el compromiso de apoyar y respaldar las acciones de búsqueda implementadas por el Gobierno del Estado de Chihuahua. Agregó que para el año en curso, la Comisión cuenta con un presupuesto de 400 millones de pesos en subsidios, dinero que de manera directa se puede otorgar a las comisiones locales, así como a proyectos específicos en la materia, como el Centro Regional de Identificación Humana en el estado de Coahuila.

Por su parte, Laura Moreno mencionó que la Comisión Estatal de Búsqueda presentará su proyecto de solicitud en cuanto se hagan públicos los nuevos lineamientos para el otorgamiento de estos subsidios. Durante su intervención, la comisionada presentó los resultados de las 93 intervenciones o acciones de búsqueda realizadas durante el año 2019 en municipios como Carichí, Chihuahua, Janos y Nuevo Casas Grandes, a partir de las cuales, se logró dar con el paradero de 20 personas desaparecidas sin vida, una con vida, y se localizaron fragmentos de restos óseos de cuatro personas.

Al finalizar el encuentro, la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de Búsqueda se comprometieron a: 1) Incluir a las familias y sus representantes del CEDEHM en el diseño del Plan Estatal de Búsqueda; 2) Realizar una reunión a principios del mes de febrero en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el que existe un preocupante número de personas desaparecidas que no cuentan con denuncia de desaparición debido al miedo de las familias; 3) Establecer reuniones periódicas para dar seguimiento e informar sobre el avance y resultados de los compromisos adquiridos.

sábado, 11 de enero de 2020

El Presidente López Obrador recibe peticiones de familiares de personas desaparecidas y víctimas de desplazamiento forzado, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua


Nuevo Casas Grandes, Chih., a 11 de enero de 2020. El día de hoy, una representación de colectivos de familiares de personas desaparecidas y víctimas de desplazamiento forzado, que son acompañados por las organizaciones del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y la Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), acudieron al municipio de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua, para encontrarse con el Presidente López Obrador y solicitarle medidas concretas de atención y respuesta frente a estas problemáticas. El mandatario, se encontraba en el lugar, en el marco de su visita a esta entidad federativa.

Las familias de personas desaparecidas, solicitaron concretamente la necesidad de que exista una verdadera coordinación entre la federación y el estado de Chihuahua para la investigación de los casos, y la búsqueda de sus seres queridos; además, pidieron la creación de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad que permita la participación de expertos y expertas extranjeras en las indagatorias. Dentro de este colectivo, se encontraban integrantes de la familia Alvarado, caso por el cual el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2018, por la participación del Ejército Mexicano en la desaparición forzada de tres personas en diciembre de 2009.

La familia Alvarado y sus representantes del CEDEHM solicitaron el cumplimiento íntegro de la sentencia de la Corte Interamericana, además de denunciar que la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a participar en las reuniones sobre el cumplimiento de la misma y de la renuencia de esa institución para participar en el acto público de reconocimiento de responsabilidad, tal como expresamente lo ordena la sentencia.

Por su parte, las demandas de las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, solicitaron al titular del Ejecutivo la creación de políticas públicas que respondan a la serie de violaciones de derechos humanos que resultan de vivir en esta condición. Especialmente solicitaron la participación de la federación para la pacificación de la Sierra Tarahumara que les permita regresar a sus hogares y, mientras eso sucede, que se implementen medidas para que puedan reubicarse en condiciones dignas, esto incluye salud, educación, vivienda y desarrollo económico.

A la llegada del Presidente al lugar donde tenía programada una reunión, los colectivos se acercaron para hacerle entrega de un documento que contenía las principales demandas de las familias que los integran; el mandatario escuchó a las personas, recibió el documento y aseguró que se daría seguimiento a las peticiones.


comunicacion@cedehm.org.mx

martes, 7 de enero de 2020

A 10 AÑOS DE LA DESAPARICIÓN DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA ALVARADO Y A UN AÑO DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA DE LA CORTE IDH, HAY NULOS AVANCES EN EL CASO



Chihuahua, Chih., 07 de enero de 2020. El 29 de diciembre de 2009, en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, fueron desaparecidos Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado por elementos del ejército mexicano. Desde entonces, sus familiares han buscado su paradero y han exigido justicia en el caso.

El caso ha sido tan paradigmático que el 20 de diciembre de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó la sentencia condenatoria en la que resolvió que el Estado mexicano había desaparecido a las víctimas, que era responsable del desplazamiento forzado de varios de sus familiares, así como de la impunidad en el caso y de la falta de protección ante amenazas e incidentes de seguridad. El tribunal interamericano ordenó, entre otras medidas de reparación, a buscar a las víctimas, sancionar a los responsables, reubicar a las familias desplazadas, brindar acompañamiento psicológico a las familias, realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional, publicar la sentencia en diferentes medios escritos y electrónicos, avanzar un registro de personas desaparecidas, avanzar en capacitaciones a fuerzas armadas y pagar indemnizaciones.

Al día de hoy, el Estado mexicano no ha cumplido en su totalidad ninguna de las reparaciones ordenadas por la Corte IDH. Peor aún: a principios de 2019 se llevó a cabo una reforma constitucional que permitió la creación de la Guardia Nacional. Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), autoridad fundamental en el cumplimiento de la sentencia, se ha rehusado a participar en las reuniones de implementación, así como en el otorgamiento de información sustancial para varias medidas de reparación como lo es la búsqueda de las víctimas, el avance en las investigaciones y las capacitaciones adecuadas.

Adicionalmente, el pasado 19 de diciembre, la Corte IDH notificó a las víctimas que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Embajada de México en Costa Rica, había presentado un escrito mediante el cual no quiere hacer el pago de la indemnización de una de las víctimas haciendo alegaciones de derecho interno basado en normativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para hacer el pago ordenado por el tribunal interamericano.

El actuar de la SRE es desafortunado e ilegal, en tanto el Estado mexicano contaba -si lo consideraba pertinente- con noventa días para presentar una interpretación de sentencia, lo cual no hizo.  El hacerlo un año después de notificada la sentencia no solo es extemporáneo y deja en desprotección a las víctimas, sino que justifica el incumplimiento de la sentencia en disposiciones de derecho interno, incumpliendo flagrantemente con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y con el artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En definitiva, el actuar del Estado mexicano en el presente caso se ha caracterizado por una excesiva burocracia, falta de coordinación, obstaculización flagrante de algunas autoridades y una lentitud que revictimizan a las familias.

De acuerdo con la sentencia emitida el 28 de noviembre de 2018 y notificada el 20 de diciembre siguiente, el Estado mexicano contaba con un plazo de un año para informar del cumplimiento de cada una de las medidas ordenadas en la sentencia. Las familias esperamos esa información, así como la estricta supervisión de cumplimiento por parte de la Corte IDH para que el actuar actual de las autoridades mexicanas no sigan revictimizando a las familias.

Han pasado 3,661 días desde una noche en que varios soldados detuvieron y desaparecieron a Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene. No obstante, el paso del tiempo no puede borrar de las memorias de sus familiares la ausencia, el miedo, la desesperación por no saber dónde están, el crecer sin padre y madres, sin hermanas y sin hijas e hijo. Hoy más que nunca, los rostros de las tres víctimas desaparecidas siguen en la memoria de sus familiares, quienes exigen al Estado que cumpla a cabalidad y prontamente con esa justa expectativa.