lunes, 21 de diciembre de 2020

A DOS AÑOS DE LA NOTIFICACIÓN DEL CASO ALVARADO ESPINOZA, INCUMPLIMIENTO Y RETROCESOS

 

Chihuahua, Chih., 21 de diciembre de 2020. Hace dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó la sentencia condenatoria al Estado mexicano por la desaparición forzada de Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, en Chihuahua. Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2009 y, desde entonces sus familiares desconocen su paradero y el caso sigue en completa impunidad.

La sentencia de la Corte IDH era una oportunidad propicia no solo para brindar una reparación integral a las familias sino para que el Estado mexicano adoptara medidas estructurales relacionadas con la militarización de la seguridad, la creación de un registro único de personas desaparecidas, la capacitación de fuerzas de seguridad y el compromiso expreso de que esos hechos no se repitieran a partir de un acto de reconocimiento de responsabilidad.

De manera preocupante, el Estado mexicano no solo no ha avanzado en el cumplimiento de la sentencia, sino que ha retrocedido en la adopción de esas medidas estructurales de no repetición. Esto se puede evidenciar con la emisión del “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” emitido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de mayo. El retroceso también se refleja en la reforma a la Ley General de Víctimas en la cual se desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) que no solo serviría para terminar de indemnizar a las víctimas del caso sino a muchas más.

La excesiva burocracia, la falta de una coordinación efectiva entre dependencias, la renuencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la rotación de funcionarios y funcionarias involucrados en el cumplimiento de la sentencia y la pandemia de COVID 19 también han sido factores determinantes para no poder avanzar de manera sustantiva en el caso.

Por tal situación, se ha solicitado a la Corte IDH la celebración de una audiencia de seguimiento en la cual se reitere al Estado mexicano la obligación de cumplir de buena fe con sus obligaciones internacionales.

En febrero de 2010, Andrés Manuel López Obrador se entrevistó con una delegación de familiares. En esa ocasión, les externó todo su apoyo. Hoy, a dos años de la sentencia y a 11 años de la desaparición de las tres víctimas, las familias -frustradas, desesperadas y preocupadas- le recuerdan ese hecho y le piden congruencia.

 


jueves, 17 de diciembre de 2020

A 10 años del asesinato de Marisela Escobedo



Chihuahua, Chih., a 17 de diciembre de 2020. El día de ayer, se cumplieron 10 años del asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, quién realizaba una protesta frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua, exigiendo justicia para su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo, quién fue víctima de feminicidio a manos de su pareja.

Al día de ayer, se cumplieron 3,653 días sin justicia para Marisela y 4,494 para Rubí.

Como lo hemos hecho en los últimos 9 años, el día de ayer recordamos la lucha de Marisela y la deuda de justicia que existe para miles de mujeres en este país; sin embargo, debido a la situación que vivimos actualmente a causa del COVDI-19 no pudimos reunirnos físicamente y lo hicimos de forma virtual y buscamos reivindicar la lucha de Marisela Escobedo quien dio su vida con la esperanza de que el feminicidio de su hija Rubí Fraire fuera el último en Chihuahua y en México.

El primer acto tuvo lugar a las 8:00 horas en donde las Mujeres de Negro colocaron una ofrenda de flores en la placa colocada en el lugar donde cayera Marisela Escobedo antes de morir; las Mujeres de Negro son un importante precedente en la región latinoamericana que lograron hacer visible el tema de la violencia feminicida en Chihuahua.

A las 10:00 horas tuvimos la oportunidad de escuchar a Jessica, Juan Manuel y Alejandro Fraire, hija e hijos de Marisela Escobedo quienes de forma contundente reclamaron justicia para el caso de su madre, haciendo énfasis en que existen elementos suficientes para investigar a los verdaderos asesinos de su madre. Por otro lado, las organizaciones que les acompañamos en su demanda de justicia frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hicimos énfasis en la importancia de que el estado Mexicano, adopte medidas suficientes, adecuadas y oportunas para evitar que casos como los de Rubí y Marisela no se repitan.

La conmemoración culminó con el evento transmitido virtualmente  a la 18:00 horas   En donde se contó con la participación de Luz Estela (Lucha) Castro quien tuvo a su cargo el posicionamiento de las organizaciones y resaltó que aún queda mucho camino por recorrer para lograr que el estado Mexicano responda de forma adecuada a las víctimas de violencia en México; de igual forma se contó con la participación de Narce Dalia, Lavinia Ekaterina, Vivir Quintana y Alejandro Fraire quienes compartieron su arte como instrumento de denuncia e indignación colectiva.

Asimismo, en este décimo aniversario, se entregaron en diferentes lugares de México y el mundo, una carta con las principales demandas de la familia de Rubí y Marisela, así como de las organizaciones que les acompañamos en la demanda de justicia en el ámbito internacional.

Este año hemos conmemorado su asesinato de una manera muy diferente, debido a las circunstancias. Esta tarde fueron encendidas más de cuatro mil veladoras alrededor del Palacio de Gobierno y de la placa que honra su lucha, cada una de las cuales simboliza la indignación, la solidaridad, la impotencia y sobre todo la esperanza de que un México más justo e igualitario es posible.

 A 10 años del vergonzoso asesinato de Marisela Escobedo, organizaciones y colectivas:

  •        Demandamos se realice una investigación oficiosa, imparcial, exhaustiva y diligente sobre el asesinato de Marisela Escobedo que permanece impune;
  •        Exigimos una investigación eficaz sobre las acciones u omisiones que llevaron a la familia de Marisela Escobedo a solicitar asilo político en otro país.
  •        Demandamos la adopción de todas las medidas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en México, tal como lo establecen los tratados internacionales de los que nuestro país es parte.
  •        Seguiremos insistiendo en la necesidad de fortalecer la política pública para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, que implica necesariamente destinar los recursos suficientes y adoptar medidas que garanticen que podamos seguir realizando nuestra labor en condiciones de libertad y seguridad.
  •        En general, demandamos el cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales de protección de derechos humanos que nos presentan una ruta para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra niñas y mujeres en el Chihuahua y en México.

¡Porque Justicia para Marisela Escobedo es Justicia para Todas y Todos!


Antecedentes 

Marisela tenía 52 años cuando fue cobardemente asesinada. Hasta sus 48 años, se había dedicada a sus hijos e hijas, a su vocación de enfermera y siguiendo su espíritu de emprendedora. Fueron los últimos cuatro años de su vida, los que marcaron para siempre la historia de Chihuahua, del sistema penal acusatorio en México y los que evidenciaron al mundo la impunidad imperante en nuestro país.

Marisela se convirtió en la principal investigadora de la desaparición de su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo ocurrida en agosto de 2008. Gracias a las evidencias recabadas por ella, se pudo determinar que Rubí fue asesinada por su pareja, Sergio Rafael Barraza Bocanegra quien ya había huido de Chihuahua; Marisela logró ubicarlo y gracias a esto pudo ser detenido para enfrentar un juicio en el recién estrenado Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Durante la declaración de Marisela en el juicio contra Sergio, explicó que estaba ahí porque quería que el feminicidio de su hija fuera el último en Chihuahua. El Tribunal absolvió y liberó al asesino confeso.

En segunda instancia, se logró una sentencia condenatoria, pero Sergio Rafael ya no estaba detenido, entonces Marisela comenzó una tenaz lucha para exigir la aprehensión del asesino de su hija.

Recorrió el país, encabezó marchas, realizó múltiples protestas, se reunió con autoridades de diferentes niveles, encontró por su cuenta a Sergio en tres ocasiones y demandó su detención, confrontó al Gobernador, denunció la colusión entre autoridades y el narcotráfico, enfrentó amenazas de muerte de la familia del asesino, advirtió que sería asesinada si no hacían nada para protegerla y que su muerte sería la vergüenza del Gobierno.

La noche del 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo Ortiz fue asesinada en las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua.