jueves, 27 de octubre de 2016

Ordena Juez a Ministerio Público investigar a José Luis García por abuso de autoridad contra Ema Saldaña


Foto: cortesía


Chihuahua, Chih., 27 de octubre de 2016.- El Ministerio Público debe investigar cabalmente la acusación de abuso de autoridad que interpuso Emma Saldaña Lobera, directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, en contra de José Luis García Rodríguez, quien fuera secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, ordenó Octavio Rodríguez Gaytán, juez de Control del Supremo Tribunal de Justicia.

Al final de la audiencia de control que se prolongó por más de tres horas, el juez revocó la determinación del Ministerio Público de no ejercer acción penal contra el exfuncionario por el delito de abuso de autoridad.

Ema Saldaña, como directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, sí era subordinada de José Luis García, en su calidad de secretario de Desarrollo Social, señaló tajante el juez, rechazando uno de los argumentos que emitió el Ministerio Público para no ejercer acción penal contra el exfuncionario.

Por lo tanto, el entonces secretario de Desarrollo Social sí pudo cometer abuso de autoridad en contra de la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, puntualizó el juez, descalificando otro de los argumentos del Ministerio Público.

El abuso de autoridad afecta el servicio público, pero también a la persona, por lo tanto sí es competencia del Ministerio Público investigar este delito en el caso concreto de José Luis García y Ema Saldaña, indicó el juez, desechando otro más de los argumentos del Ministerio Público.

El juez también insistió en la conveniencia de que el Ministerio Público realice a cabalidad las investigaciones, debido a que en este caso uno de los argumentos que esgrimió Irma Villanueva Nájera, abogada coadyuvante de Saldaña Lobera, fue que la autoridad ministerial decidió no ejercer acción penal contra el exfuncionario a pesar de que todavía no concluía el desahogo de pruebas de la víctima.

Asimismo, el juez señaló al Ministerio Público que con su resolución vulneró los derechos de la víctima reconocidos en la Constitución, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), concediendo la razón a las acusadoras coadyuvantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM).

Las abogadas coadyuvantes de Ema Saldaña, impugnaron la decisión que tomó el Ministerio Público a finales de septiembre de no ejercer acción penal contra García Rodríguez.

La audiencia de control se llevó a cabo este jueves, de 13:00 a 16:30 horas, en la Sala Seis del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, donde el juez de Control Octavio Rodríguez Gaytán escuchó a todas las partes antes de tomar la decisión de revocar la decisión de la autoridad ministerial.

Ejerciendo su derecho a hablar, Ema Saldaña le dijo al juez que durante su relación de subordinada con el exsecretario de Desarrollo Social se sintió violentada y vulnerada.

Emma Saldaña denunció a José Luis García el pasado 6 de junio por un maltrato institucional reiterado.

Al término de la audiencia, Irma Villanueva confió en que ahora sí el Ministerio Público desahogue todas las pruebas, para que integre bien la carpeta de investigación y el caso pueda ser judicializado. Recordó que el exfuncionario también fue acusado de discriminación, delito que sigue vigente en el proceso ministerial.

Por lo anterior, esperamos que el Ministerio Público realice una investigación exhaustiva, completa e imparcial, y que en el momento oportuno solicite la formulación y vinculación a proceso de José Luis García Rodríguez.

viernes, 21 de octubre de 2016

Sociedad civil exige cumplimiento de recomendaciones del Alto Comisionado de la ONU

  •         Indispensable, romper el círculo de impunidad por medio de instituciones autónomas.
  •         Es urgente la aprobación de Leyes Generales contra Tortura y Desaparición acordes con el derecho internacional y escuchando a las víctimas.
  •         El Estado no ha mostrado la suficiente voluntad para cumplir a fondo las recomendaciones internacionales.


Ciudad de México, 21 de octubre de 2016. Las organizaciones de la sociedad civil exigimos el pleno cumplimiento de las catorce recomendaciones formuladas al Estado mexicano por el Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, el Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, producto de su visita al país en octubre de 2015 y de posteriores intercambios con el Estado que le permitieron tomar en cuenta las políticas y acciones ya en curso en materia de derechos humanos.

La catorce recomendaciones para el Estado se derivan de las cuatro medidas urgentes que el Alto Comisionado señaló al concluir su visita hace un año: fortalecer las procuradurías para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas, conduciendo a resultados en tiempo; fortalecer la capacidad de la policía para llevar a cabo sus funciones de seguridad pública en línea con las obligaciones de derechos humanos, incluyendo el desarrollo de un marco legal sobre el uso de la fuerza; adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública e implementar las recomendaciones del GIEI y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves.

Desde diversos espacios y articulaciones de la sociedad civil hemos trabajado propuestas que van en concordancia con y profundizan las recomendaciones del Alto Comisionado; en ese sentido, manifestamos que la respuesta del Estado a las recomendaciones no muestra la suficiente voluntad de avanzar para resolver la profunda crisis de derechos humanos que se vive en México, constatada por este organismo internacional y sus diversos mecanismos en los años recientes, así como por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Consideramos particularmente importante el llamado a crear nuevos mecanismos contra la impunidad, en concreto un Consejo compuesto por renombrados expertos y expertas en derechos humanos para asesorar al Estado, realizar un diagnóstico nacional y propiciar una discusión pública de las acciones prioritarias. Esta recomendación refleja un análisis que compartimos al identificar a la impunidad como el principal obstáculo estructural que impide la consolidación del Estado de Derecho, la seguridad y el respeto por los derechos de la población.

En esta línea también es imprescindible acatar la recomendación de crear una fiscalía especializada para investigar graves violaciones a derechos humanos y un instituto nacional forense autónomo a disposición de todos los órganos de administración de justicia, pues sólo de esta forma se darán pasos hacia una investigación efectiva e imparcial de las violaciones que hoy padece la población más allá de renombrar instituciones.

La aprobación de las Leyes Generales en materia de tortura y desapariciones forzadas de acuerdo al derecho internacional aplicable, otro tema prioritario identificado por el Alto Comisionado, constituye una deuda pendiente a más de 10 meses de la presentación de las iniciativas en la materia. Exigimos al Congreso que priorice el cumplimiento de esta recomendación, recordando que la Ley General contra la Tortura está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados, mientras la Ley General contra las Desapariciones Forzadas sigue pendiente en el Senado.

Adicionalmente, el Alto Comisionado incluyó recomendaciones para prevenir graves violaciones, en particular un registro nacional unificado de toda detención (medida también ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que no se cumple con el sistema vigente) y, de manera más amplia, la reorientación de las políticas de seguridad hacia un enfoque de seguridad ciudadana.

Reiteramos que las recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas muestran una ruta para salir de la grave crisis de derechos humanos que hoy padecemos, ruta a la que han abonado también las recomendaciones emitidas por el GIEI y la propia CIDH en ocasión de su visita de país. Es deber del Estado demostrar que está escuchando no sólo a la sociedad civil mexicana sino a los organismos internacionales.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P. A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.
Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (Cencos)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C.
Colectivo Resonar
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Equis, Justicia para las Mujeres
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).