jueves, 19 de diciembre de 2013

Carta al Gobernador de Chihuahua, sobre el caso del Lic. Ildefonso Chávez Olveda

Chihuahua, Chih. 19 de diciembre de 2013

Lic. César H. Duarte Jáquez
Gobernador del Estado de Chihuahua
Presente

Llamamos su atención sobre el caso del Lic. Ildefonso Chávez Olveda, periodista y director del medio de comunicación El Pueblo, que se encuentra en huelga de hambre desde hace 18 días, orillado a una acción de esta naturaleza, por una serie de demandas hacia su gobierno y en estos últimos días, está pidiendo una entrevista con usted.

Consideramos que los medios de comunicación, sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, donde la pluralidad se valora porque tiende a significar mayores contrapesos y variedad de puntos de vista a los que las y los ciudadanos podamos optar.

El caso del Lic. Chávez Olveda pone en la palestra que faltan políticas de comunicación social que obliguen a dar transparencia en los convenios de publicidad oficial y  sobre el presupuesto destinado a este rubro.

Los trabajadores reporteros-comunicadores sin duda, requieren mejores condiciones laborales y el respeto a su trabajo, temas pendientes, que nos llevan a la reflexión del necesario  reordenamiento de la estructura mediática en Chihuahua, que los recursos públicos y contratos discrecionales no sirvan de moneda de cambio para servir incondicionalmente al partido en el poder, sino al contrario, que contribuyan en el desarrollo equilibrado de nuestra entidad.

Por lo anterior expuesto, le solicitamos atentamente sea atendida en la solicitud  de audiencia con usted y se procure llegar a una justa solución.

Atentamente

Red por la Participación Ciudadana, FEDECO, El Barzón Chihuahua, Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas, Mujeres por México en Chihuahua, UCD, Grupo Observa Ciudadana, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y Por un Chihuahua Libre y Sin Temor.


c.c.p. medios de comunicación


lunes, 16 de diciembre de 2013

Síntesis de la Recomendación 44/2013 de la CNDH







"¿Qué está esperando el gobierno? ¿Qué venga y termine conmigo? pues que termine conmigo pero aquí enfrente -de Palacio de Gobierno- a ver si les da vergüenza"

Palabras expresadas por la defensora de derechos humanos en diciembre del 2010, en relación a las amenazas recibidas por Sergio Barraza el asesino de su hija Rubí.


En el marco del tercer aniversario del feminicidio de Marisela Escobedo,  Defensora de Derechos Humanos que murió sin acariciar el rostro de la justicia, su presencia es vigente, la exigencia de justicia es compromiso de quienes compartimos su  lucha y la nuestra  por  el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Antecedentes:

Rubí tenía solo 16 años cuando fue asesinada por su pareja sentimental Sergio Rafael Barraza  Bocanegra, una vez que cometió el artero crimen, no dudo en deshacerse de la víctima para lo cual la incinero y la llevó hasta un chiquero de marranos, confiado el feminicida en que ciudad Juárez es la cuna de la impunidad, en que cientos de niñas y mujeres desaparecen y sus cuerpos son tirados en el desierto; cobijado con la impunidad de esta ciudad, continuó viviendo tranquilamente al menos por un tiempo, sin embargo Sergio Rafael, no contaba  con la entereza y el coraje de una madre, que luchó incansablemente, primero por encontrar a su hija, para tal propósito no dudó en dejar su trabajo dedicándose de tiempo completo a esta tarea; recorrió ciudad Juárez día y noche, portando su única arma, un puñado de volantes con los que recorría las colonias más alejadas en busca de su pequeña Rubí; la lucha de esta madre por encontrar la justicia, tuvo una singular respuesta en personas como Ángel, el joven que inició la pista para encontrar los restos de Rubí,  que tras una larga y desgastante lucha lograron dar con el paradero del asesino, quien había huido.

Marisela,  haciendo sus propias pesquisas llegó hasta el asesino de su hija a quien prácticamente entregó a las autoridades. El lugar en que el asesino incineró a la víctima  y la dejó, es tan difícil  de acceder  que a pesar de tres rastreos realizados por personal especializado estos fracasaron, de tal forma que de  no haber  acudido el mismo  asesino, a indicar el lugar en donde había depositado el cadáver, jamás se hubiera encontrado, ya antes, Sergio Rafael había confesado el crimen a amigos, familiares, posteriormente a policías municipales y ministeriales.
 El papel de coadyuvante que la madre hizo patente desde la búsqueda de su  hija, hasta la participación en la sala de juicio oral, en el cual logró una singular confesión del feminicida, al pedirle  perdón  por el daño causado, sin embargo esto no fue suficiente para el tribunal oral, quienes dictaron una sentencia absolutoria que llenó de indignación al mundo, ella incansable continuo luchando por la justicia, logró una sentencia de cincuenta años para el feminicida de Rubí que nunca cumplió.

La defensora,  fue asesinada frente al Palacio de Gobierno el 16 de diciembre del 2010, mientras participaba en una protesta pacífica para exigir  al Gobierno del Estado de Chihuahua realizará las acciones necesarias para castigar al asesino de su hija.

Marisela, la mujer que pasó de víctima a Defensora de Derechos Humanos,  la madre que jamás se rindió, cuya lucha por la justicia le costó la vida.
Entre el activismo judicial que Marisela realizó en todo el país, se ubica la Queja  CNDH/5/2010/2852/Q, interpuesta por ella, el 16 de mayo de 2010. Ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos la Defensora  recorrió todas las instancias y realizó todas las acciones posibles para obtener justicia, sin los recursos humanos ni materiales con los que cuenta el Estado Mexicano, a continuación presentamos un compendio de la recomendación 44/2013 del 28 de octubre del año 2013  la cual puede ser consultada de forma íntegra en: www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/Recomendaciones/2013/REC_2013_044.pdf

Ante las amenazas recibidas el 13 de septiembre del 2010, Marisela interpone denuncia ante la PGJE-Chihuahua (hoy FGE) en contra que Andy Barraza, hermano de Sergio Barraza, no hay investigaciones ni protección y el  16 de diciembre del mismo año, ella se encontraba en compañía de su hermano, y es asesinada frente al Palacio de Gobierno.
En el expediente de Queja de la  CNDH se encuentran las pruebas siguientes:
Queja interpuesta por Marisela ante la CNDH, b) queja interpuesta por Marisela el 10 de septiembre de 2010  ante la CEDH-Zacatecas en contra de la PGJE-Zacatecas y la Presidencia Municipal de Fresnillo, y la constancia del allanamiento de estas dos instancias, c) diligencias realizadas por Marisela Escobedo ante CNDH hasta el 16 de noviembre de 2010, d) notas periodísticas sobre el homicidio de Marisela, e) numerosas solicitudes de información a la FGE sobre los avances en las investigaciones del homicidio de Marisela y constancias de la falta de voluntad de la Fiscalía para proporcionarla diligentemente, incluso negándose y cuestionando la facultad de la CNDH para conocer esta información, f) información de la SRE sobre la solicitud de asilo en los EEUU por parte de los hijos de Marisela, g) notas periodísticas sobre la detención de José Enrique Jiménez Zavala "el Wicked" como el presunto autor material del homicidio de Marisela, h) notas periodísticas sobre el abatimiento de Sergio Barraza, i) constancias que integran la carpeta de investigación del homicidio de Marisela, de las que se desprenden, entre otras cosas que el hermano de Marisela (presente en el asesinato) compareció a las oficinas de la PGR en El Paso, y en diligencia oficial identificó en rueda fotográfica a Andy Barraza como el asesino, que la PGR remitió al Ministerio Público local estas constancias, que posteriormente la PGR le solicita información a la FGE respecto de si se inició la búsqueda del homicida y que la FGE se niega a darle información, y  que existe una confesión del Wicked donde se declara culpable.

De las evidencias, la CNDH concluye que existen elementos suficientes para evidenciar que se violaron los derechos humanos de: legalidad, seguridad jurídica, trato digno, debida procuración de justicia y derecho a la verdad en agravio de Marisela Escobedo, defensora de derechos humanos y de su hermano e hijos en su calidad de víctimas y ofendidos del delito, derivado de las irregularidades atribuibles a servidores públicos de la FGE.
La recomendación considera tres premisas que le permitieron fundamentar y motivar la multicitada recomendación:

PRIMERA.-  Falta de interés y colaboración de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos , y las responsabilidades en que con esto se incurren,  que esta institución, solicitó desde el 11 de enero de 2011 copia certificada e informe pormenorizado de las diligencias practicadas para el esclarecimiento del homicidio de Marisela Escobedo y que sin embargo a la fecha en que se dictó la recomendación ".esto es, 1016 días después de formular la solicitud, se encuentra pendiente de atender por parte de esa Fiscalía".

Además el 20 de enero de 2011, el Fiscal Especializado en Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito cuestionó la legitimidad de la intervención de la CNDH en el homicidio y negó el acceso a para la consulta de la carpeta de investigación, circunstancia que obra en acta circunstanciada."

"esta CNDH considera necesario hacer patente que, durante la investigación del caso materia de esta recomendación se presentaron obstáculos y falta de colaboración por parte del Fiscal General del estado de Chihuahua, quien, pese a las diversas solicitudes de información formuladas, omitió́ remitir copia certificada de la carpeta de investigación, iniciada por el delito de amenazas en agravio de Marisela Escobedo."  [Esta] omisión de brindar información del caso de manera oportuna, a pesar de las múltiples solicitudes realizadas, denota un claro desinterés hacia la labor investigadora que realiza esta comisión nacional

SEGUNDA.- Omisiones del Ministerio Público para brindar protección y seguridad que derivaron en violaciones a derechos humanos.

 Las omisiones en las que incurrieron los Ministerios Públicos, tanto el que conoció de la denuncia de amenazas interpuesta por Marisela y como el encargado de la investigación de su homicidio, derivaron en violaciones a los derechos humanos de Marisela Escobedo y de sus familiares. Además la CNDH destaca que las violaciones cometidas en perjuicio de la defensora de derechos humanos, tienen una doble dimensión: individual y colectiva.

Aún cuando la comisión  no pudo tener acceso a la carpeta de investigación abierta por el delito de amenazas en contra de Marisela Escobedo interpuesta por ella el 13 de septiembre de 2010, le consta que la querella fue interpuesta y que en la misma señaló a Andy Barraza como la persona que la había amenazado  y que incluso tenía un empleado suyo había sido testigo, de esto se supo porque obra copia en el expediente aperturado por su homicidio,  además que en la diligencia de identificación de cadáver del cuerpo de Marisela, sus hijos manifestaron al Ministerio Público que hacía un par de meses su madre había interpuesto la denuncia en Ciudad Juárez y que a la fecha no tenían conocimiento de alguna diligencia realizada con este motivo. 

CNDH concluye que no cuenta con evidencias para afirmar que el Ministerio Público ante quien  Marisela denunció las amenazas, hubiera practicado todas aquellas actuaciones necesarias orientadas a garantizarle sus derechos como víctima y de dictar las providencias legales necesarias para proteger su vida y la  integridad física  y el acceso a la justicia. Se observa que la falta de sensibilidad y diligencia del Ministerio Público que conoció de la denuncia de amenazas, "generó las condiciones idóneas para que 93 días después, esto es, el 16 de diciembre de 2010, al encontrarse sin protección institucional, un desconocido la privara de la vida cuando realizaba una protesta pacífica frente al Palacio de Gobierno"  pues "al hallarse indefensa, el homicida ejecutó el delito sin que la víctima pudiera oponer mayor resistencia".

Se destaca el papel fundamental de las personas defensoras de derechos humanos y la necesidad de brindarles protección inmediata y eficaz en virtud de que los temas que abordan son de interés público y que cualquier agresión en su contra tiene una afectación doble, una individual por la violación a sus derechos y una colectiva pues deriva en el menoscabo del ejercicio del ejercicio efectivo de prerrogativas fundamentales de otros miembros de la sociedad particularmente de quienes se benefician de su apoyo y asistencia. Sobre los/as familiares de Marisela Escobedo, se advierte que: "debido a las condiciones de vulnerabilidad en la que se encontraban [.], la omisión de la FGE respecto a brindarles protección y seguridad, en su carácter de ofendidos del delito, provocó su desplazamiento y cambio de lugar de residencia a los EEUU, en aras de salvaguardar su integridad y seguridad personal"

TERCERA.-  Falta de debida procuración de justicia en la carpeta de investigación abierta por el homicidio de la defensora.

Observaciones respecto a la negligencia y omisiones que obran en la investigación del homicidio, y como estas derivaron en una nueva victimización institucional para los/as familiares, es decir, no sólo padecieron el delito sino las consecuencias de éste sino que la desconfianza en el sistema de procuración de justicia que los forzó a solicitar asilo en una nación extranjera. Todo esto resulta en una violación al derecho a la debida procuración de justicia y el derecho a la verdad que debe satisfacer el Estado tanto a los familiares como a la sociedad como un todo.

Es de resaltar las conclusiones de la CNDH cuando señala que:  "Se omitió considerar como principal línea de investigación la probable participación de Andy Barraza  en el homicidio.", omisión que no se explica máxime cuando la PGR remitió a la FGE copia certificada del exhorto que contiene la declaración realizada el 22 de marzo de 2012, desde El Paso, Texas, EEUU, del hermano de Marisela (testigo del asesinato) de la que "se advierte que a través de rueda fotográfica, el compareciente reconoció a Andy Barraza como la persona que privó de la vida a su hermana, es decir, el mismo sujeto que Marisela había denunciado como quien la había amenazado de muerte. "Concluyó"que con los elementos de prueba que constaban en la indagatoria, no era posible establecer una comparativa positiva entre el imputado José Enrique Jiménez Zavala, "el Wicked" y el homicida que aparece en las imágenes de una videograbación del homicidio de Marisela Escobedo."

En suma la CNDH considera que los Ministerios Públicos, tanto el que tuvo conocimiento de las amenazas como los dos encargados de la investigación del homicidio, "incumplieron [.] con la obligación de practicar y ordenar todos los actos conducentes a la comprobación de los elementos constitutivos del delito penal y demostrar la probable responsabilidad."  Las  omisiones en la integración de las carpetas de investigación que atañen el caso concreto, "constituyen una seria limitación al derecho a conocer la verdad que merece ser reparado." 

Así mismo destaca la manifestación de la CNDH en la que señala que la actitud omisa de las autoridades de la FGE "evidencia una falta de compromiso con la cultura de la legalidad, así como una efectiva protección y defensa de los derechos humanos y, como consecuencia, demostró también un incumplimiento de la obligación que tienen de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en los términos que establece el artículo 1, párrafos primero, segundo y tercero, de la Constitución."

Después de un minucioso análisis la Comisión Nacional del Derechos Humanos llega las siguientes conclusiones y emite ocho recomendaciones al Gobernador del Estado de Chihuahua.

La CNDH atribuye las violaciones a derechos humanos de Mariela Escobedo y sus familiares a conductas de servidores públicos pertenecientes a la FGE, que a su vez forma parte orgánicamente del poder ejecutivo estatal.

1.                  Que la FGE implemente las acciones necesarias para otorgar a los familiares de Marisela Escobedo la asistencia médica, psicológica, social y material necesaria hasta en tanto no cesen los padecimientos psíquicos y médicos generados por la pérdida de la defensora.
2.                  Que se ofrezca una disculpa institucional a los familiares que además implique el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos en que incurrieron los servidores públicos de la FGE; dándose a conocer las  medidas y garantías de no repetición de actos como los que dieron origen a la queja ante CNDH.
3.                  Que el FGE realice todas las acciones necesarias para que se integren y determinen las carpetas de investigación respecto a las amenazas y el homicidio de la defensora.
4.                  Que se tomen las medidas necesarias a fin de que los agentes de la FGE observen a cabalidad los derechos de las víctimas y ofendidos del delito, garantizándolo sin que enfrenten complejidades que signifiquen impedimento u obstrucción a la satisfacción pronta.
5.                  Que en lo subsecuente los fiscales especiales, jefes de unidad, directores y agentes del Ministerio Público atiendan, en tiempo y forma, las solicitudes de información que formule la CNDH con motivo de las investigaciones que lleva a cabo.
6.                  Que se diseñen e impartan programas integrales de capacitación y formación, a fin de promover la actualización y especialización de los Ministerios Públicos, específicamente en materia de atención a víctimas, así como fortalecimiento de valores éticos y morales, en los que se les induzca a adecuar su actuación a los principios que rigen el servicio público.
7.                  Que el Gobernador colabore ampliamente con la CNDH en el trámite de queja que promoverá ante la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la FGE, en contra de los servidores  públicos involucrados en los hechos que dieron origen a la recomendación.
8.                  Que el Gobernador colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que hará  la CNDH ante la FGE contra los servidores públicos involucrados a fin de que se inicie una averiguación previa.

No es dable regatear esta recomendación las y los Defensores de Derechos Humanos exigimos su cumplimiento total e inmediato.

“Yo quisiera que la muerte de mi hija no fuera en vano, que fuera el último feminicidio de esta ciudad.”
Testimonio de Marisela Escobedo que expresó en la audiencia de juicio oral.


















martes, 26 de noviembre de 2013

Manifiesto del Movimiento Estatal de Mujeres de Chihuahua

Chihuahua posee una de las tasas más altas de homicidios de mujeres del mundo. Desde 2008 ha sido consistentemente la entidad con más homicidios de mujeres en México. Tan solo en 2013, han sido asesinadas al menos 146 mujeres y niñas.

Esta violencia feminicida es la culminación de una grave discriminación contra las mujeres y de otros actos de violencias contra ellas. Esta situación se agrava con la violencia institucional que se da cuando el gobierno tolera, minimiza y omite investigar esos graves crímenes. El gobierno de Chihuahua además acusa a las mujeres y grupos que denuncian esta problemática, y criminaliza a las y los familiares que buscan justicia. Varias defensoras de derechos humanos, incluida Marisela Escobedo han sido asesinadas al exigir justicia, y estos asesinatos no han sido debidamente investigados.

Por ello, este 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, reiteramos nuestra exigencia al gobierno federal, estatal y municipal:

 1. Asegurar la integridad de las y los familiares de las víctimas, miembros de ONG´s y periodistas que han sido hostigados por su defensa de los derechos humanos y por buscar justicia. Esclarecer las amenazas y asesinatos de las y los defensores de derechos humanos.
 2. Implementar acciones urgentes y efectivas, consensuadas con las organizaciones de mujeres, para cumplir con los compromisos derivados de la Convención CEDAW y Belèm do Pará, así como cumplir con las recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2013, en materia de derechos humanos de las mujeres. 


 3. Implementar políticas públicas efectivas para erradicar las violencias de género: tales como la institucional, laboral, económica, comunitaria, sexual, familiar, trata de personas y feminicidio.

 4. Establecer un mecanismo de reacción eficaz e inmediato para atender a las mujeres en situación de violencia, y brindarles alternativas reales para que rehagan su vida libres de violencia.

 5. Buscar inmediatamente a las mujeres y niñas desaparecidas, de conformidad con los estándares de la sentencia de campo algodonero, e informar mensualmente sobre el número de desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas.

 6. Terminar la ofensiva que nulifica los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los cuales deben ser reconocidos y respetados, para hacer efectivo el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y a una maternidad libre.

 7. Garantizar la igualdad sustantiva participativa y justa, implementando las medidas necesarias para revertir las desigualdades de género y nombrar a por lo menos 40% de mujeres en puestos para avanzar a un Estado verdaderamente democrático.

 8. Implementar políticas y presupuestos públicos etiquetados para programas y acciones con perspectiva de género, con mecanismos de monitoreo de la sociedad civil, que atiendan a los principios de certeza, transparencia, justicia, legalidad y rendición de cuentas.

 9. Garantizar la efectividad de las leyes que regulan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, mediante la implementación de políticas públicas eficaces para la procuración de justicia, evitando la simulación gubernamental existente.

 10. Garantizar la justicia para las víctimas y sus familias, ya que la falta de voluntad política en resolver los asesinatos y desaparición de mujeres, así como la corrupción y complicidad de funcionarios públicos, mantiene en la impunidad a más del 95% de los casos.

 11. Apoyar las alertas de género que han sido solicitadas en los diferentes estados de la República Mexicana y dar seguimiento al cumplimiento de la Sentencia de Campo Algodonero, evitando la simulación.

De no atenderse esta grave situación de violencia de género, 2 de cada 3 niñas serán violentadas por sus propias parejas.


Movimiento Estatal de Mujeres

martes, 19 de noviembre de 2013

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Ernesto Medina y grupo de teatro Génesis presentan puesta en escena En off ¡no!


El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el grupo de Teatro Génesis y el director Ernesto Medina, colaboran para dar testimonio de supervivencia a la adversidad de cuatro mujeres, a través de la obra En off ¡no!, que será presentada el próximo viernes 22  a las 18:00 hrs. y sábado 23 a las 20:00 hrs.,  en el teatro de Cámara “Fernando Saaverdra”, de esta ciudad.

Este  evento se llevará a cabo en el mes de noviembre en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ejemplificando a través de la historia de estas mujeres la situación de violencia que viven otras en el anonimato.

“Camino de luz”narra la experiencia de dos niñas que fueron abusadas sexualmente por el pastor de una secta religiosa desde los 11 a los 18 años, en la que el fanatismo religioso y la sinrazón de un culto que empujaba a las mujeres que lo formaban a complacer los atroces apetitos de su líder espiritual se denuncian por primera vez en voz alta.

“Yo soy Clara”, esta joven dejó a su bebé en una iglesia. Su historia fue un caso muy mediático en su momento, por lo que tenemos la información a través de los medios que la expusieron sin permitirle contar su lado de la historia.

“Yo también soy heroína”, una mujer que mató a su esposo en defensa propia y en defensa de su hijo, que fue condenada a prisión y que contrasta con otra historia, en la que un ciudadano asesina a tres asaltantes en defensa propia cuando entraban a robar en su casa y la sociedad, lejos de condenarlo, lo considera un héroe. Sin embargo, cuando se trata de una víctima de la violencia que se resuelve contra su agresor, la sociedad la criminaliza sin tener en cuenta las circunstancias.

“Intermitente amor”, habla de una relación que entra en un círculo vicioso, donde el hombre golpea a la mujer, ella se intenta separar pero él la sigue acosando, sin dejarla vivir su vida, persiguiéndola. “Esta fue el primer caso de juicio oral” explica Ernesto Medina, quien se documentó sobre cada caso e incluso tuvo la oportunidad de hablar con algunas de las protagonistas reales de estas historias.

El director Ernesto Medina, pretende con esta obra, que aquellos temas que solo hablamos en voz baja se digan públicamente, que se visibilicen las mujeres que han tenido que vivir estas experiencias, que ese escuche su voz, pero desde donde se les vea, desde el centro del escenario con la voz y la luz.

El reparto para esta obra está compuesto por Liz Mirel Cázares, Margot Hernández, Yamil Guerrero, Odile Rubio, Erika Mendoza, Lorena Beltrán, y el actor Oswaldo Ronquillo.

Ernesto Medina se muestra entusiasmado con el proyecto, que pese a la dureza de la temática que aborda, ha resultado un trabajo muy positivo para poder desarrollar el aspecto de denuncia social de su teatro.

En el CEDEHM estamos convencidas que las manifestaciones de la cultura son conductores importantes para el logro de la concienciación de la sociedad en los grandes problemas que nos aquejan.


Los boletos están a la venta en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, ubicado en la Ave. Juárez No. 4107-B Col. Centro.



sábado, 9 de noviembre de 2013

LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EVIDENCIA UNA FALTA DE COMPROMISO CON LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, ASI COMO UNA EFECTIVA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS[1] Caso Marisela Escobedo, recomendación 44/2013

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emite RECOMENDACIÓN al Gobernador de CHIHUAHUA, por la violación de Derechos Humanos a la Defensora de Derechos Humanos MARISELA ESCOBEDO, a sus hijos y hermano.

El pasado 28 de octubre del año en curso, la CNDH emitió la recomendación 44/2013 al Gobernador del Estado de Chihuahua, Cesar Duarte Jáquez sobre la indebida procuración de Justicia. La QUEJA, fue presentada inicialmente con motivo de la impunidad del feminicidio de Rubí. Desde el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres se dio seguimiento a dicha petición y le dará seguimiento al cumplimiento puntual de la Recomendación, como un compromiso post mortem con la defensora de derechos humanos, en honor a su congruencia.

Antecedentes:

Marisela Escobedo acudió a la CNDH a interponer queja el 16 de mayo del 2010, cuando un Tribunal Oral dictó sentencia absolutoria al feminicida de su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo. El 21 de mayo del 2010 el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres como Acusadoras Coadyuvantes o representantes de la víctima, ante un tribunal de casación logró invalidar la sentencia, obtener una sentencia condenatoria y una orden de reaprehensión. Con esta resolución judicial, la defensora de derechos humanos, continuó su activismo en búsqueda del acceso a la justicia.

El 16 de diciembre del 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, Marisela fue asesinada cuando realizaba una protesta pacífica.

La recomendación enumera una serie de evidencias que la sustentan, entre ellas: la queja interpuesta en la CEDH de Zacatecas por la no reaprehensión del feminicida, la cual fue remitida por incompetencia a la CNDH; la solicitud de asilo político en Estados Unidos de los hijos de Marisela, así como de Heiry la hija de Rubí y nieta de Marisela, quienes ante las condiciones de vulnerabilidad y la omisión de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, respecto de brindarles protección y seguridad, en su carácter de ofendidos del delito, provocó la petición de asilo político en Estados Unidos.

En el texto de la recomendación se advierten diversas fechas en que personal de la CNDH acudió a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, quienes cuestionaron la competencia de la Institución y negaron en forma reiterada la consulta del expediente del homicidio de Marisela y únicamente brindaron información sobre las diligencias realizadas, sin que éstas pudieran ser constatadas. La mencionada recomendación señala al Fiscal General de Chihuahua como responsable de los obstáculos y falta de colaboración, violentando el artículo primero párrafo tercero de la Constitución Federal, así como los artículos 67 primer párrafo y 69 de la Ley de la CNDH y la violación al artículo 23 fracciones I y XVII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Las infructuosas peticiones se hicieron ante el fiscal especializado en atención a víctimas y ofendidos del delito; el Director de atención y Análisis; la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua; la Dirección Jurídica de la Fiscalía General; el Secretario de la Contraloría del Estado. En la Queja se señala que 1016 días después de formular dicha solicitud, aún se encuentra pendiente de atender por parte de la Fiscalía General de Chihuahua.[2]

El 13 de septiembre de 2010 Marisela presentó denuncia penal por el delito de amenazas la cual fue desestimada, y la fiscalía no protegió a la defensora de derechos humanos, ni garantizó sus derechos, ni realizó providencias legales necesarias para proteger la vida e integridad de la defensora de derechos humanos. El Ministerio Publico tiene la obligación de llevar a cabo medidas activas tendentes a garantizar este derecho y no asumir una actitud pasiva frente a sus obligaciones en materia de protección a la seguridad de las víctimas y ofendidos del delito, como ocurrió en el caso[3] señala del documento que contiene la recomendación.

Preocupó a la CNDH la falta de sensibilidad y diligencia en la atención que se le brindó a Marisela Escobedo en su calidad de víctima y defensora de derechos humanos, que generó las condiciones idóneas para que 93 días después[4], ….. al encontrarse sin protección institucional, le privaran de la vida.

Además, menciona la recomendación como una omisión de suma importancia, la negativa de la fiscalía de considerar como principal línea de investigación a la persona señalada por Marisela como quien la amenazó de muerte, así como la declaración de fecha 22 de marzo del 2012, rendida por el hermano de Marisela, testigo directo del asesinato, situación que quedó documentada en la diligencia judicial realizada en el Consulado General de México en el Paso Texas, Estados Unidos del que se advierte que, a través de rueda fotográfica, el hermano reconoce a la persona que privó de la vida a su hermana y que coincide con quien la amenazó de muerte y que fue denunciado.

La Queja concluye que la actuación de los servidores públicos encargados de la procuración de justicia en el estado de Chihuahua no se adecuó a los estándares que establecen en la Constitución Mexicana y en los tratados internacionales en materia de protección y defensa de los derechos de las víctimas de los delitos. Así mismo señala que existen elementos suficientes para poner en evidencia las violaciones a derechos humanos a la legalidad, la seguridad jurídica, el trato digno y la debida procuración de justicia y al derecho a la verdad.

La recomendación considera que la falta de cuidado y debida diligencia ocasionaron “una victimización institucional debido a que el hermano de Marisela reconoció a (S3) como la persona que había privado de la vida a su hermana, de lo que resulta que, al tener la Fiscalía General del estado de Chihuahua a S4 como probable responsable del homicidio de la defensora de derechos humanos, los familiares de Marisela consideran que hay un chivo expiatorio; circunstancia que resulta inaceptable, pues el propio sistema al que acudieron a pedir justicia, es el que agravó su situación.”[5]

Las omisiones advertidas en la investigación del feminicidio de Marisela Escobedo constituyen una limitación al derecho a la verdad que merecen los familiares, por lo que debe realizarse una investigación efectiva para esclarecer el asesinato de Marisela a partir del reconocimiento que el hermano hace.

Considera el documento que contiene la Recomendación que: en la investigación del feminicidio de Marisela debe llevarse a cabo la práctica de diligencias de conformidad con los estándares del debido proceso para conocer la verdad histórica, respetando el derecho humano de los familiares a saber la verdad.

Es importante señalar que la recomendación señala que: LA FISCALÍA GENERAL DE ESTADO DE CHIHUAHUA, EVIDENCIA UNA FALTA DE COMPROMISO CON LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, así como una efectiva protección y defensa de los derechos humanos[6] en los términos del artículo primero Constitucional.

El documento de 25 páginas finaliza con ocho RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- Se instruya al fiscal General del estado de Chihuahua a fin de que se implementen las acciones necesarias para otorgar a los familiares de Marisela, asistencia médica, psicológica, social y material y se envíen constancias a la CNDH del cumplimiento

SEGUNDA.- Disculpa Institucional a los familiares de Marisela Escobedo, que implique el reconocimiento de las violaciones a derechos humanos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Medidas y garantías de NO REPETICION de actos como lo que dieron origen a esta investigación e informar a la CNDH sobre las acciones que se llevan a cabo para tal efecto.

TERCERA.- Se instruya al Fiscal General del Estado de Chihuahua, a fin de que realice todas las acciones necesarias para la debida investigación de las amenazas y homicidio en agravio de Marisela Escobedo, y que se envíen a este organismo nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.

CUARTA.- Se instruya al Fiscal General del Estado de Chihuahua, para que se tomen las medidas necesarias para que los agentes de esta institución, observen los derechos de las víctimas y ofendidos del delito y se remitan a la CNDH las constancias con que se acredite su cumplimiento.

QUINTA. Se instruya al Fiscal General del Estado de Chihuahua, para que en lo subsecuente, los fiscales especiales, jefes de unidad, directores y agentes del MP atiendan en tiempo y forma las solicitudes de información que la CNDH formule con motivo de investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos y se remita a este organismo nacional las evidencias que le sean solicitadas, y las constancias con que se acredite su cumplimiento.

SEXTA.- Se diseñen e impartan programas integrales de capacitación y formación, a los Agentes de Ministerio Publico, en materia de atención a víctimas, fortalecimiento de valores éticos y morales de conformidad con el convenio de colaboración de la PGR, la Procuraduría General de Justicia Militar, y las Procuradurías Generales de los treinta y un estados y se envíen a este organismo nacional los indicadores de eficiencia para evaluar el impacto efectivo de la capacitación que se aplique al personal que los reciba.

SÉPTIMA.- Se colabore ampliamente con este organismo nacional en el trámite de QUEJA que este organismo público promueva ante la Fiscalía Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Contra los servidores públicos involucrados en los hechos que dieron origen al presente pronunciamiento y se remitan a esta Comisión Nacional las constancias con que se acredite su cumplimiento.

OCTAVA.- Se colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que este organismo nacional formule ante la Fiscalía General del estado de Chihuahua, contra los SERVIDORES PUBLICOS involucrados, a fin de que se inicie la averiguación previa y se remitan a esta comisión nacional las constancias con que se acredita su cumplimiento.

El Presidente, Dr. Raúl Plascencia Villanueva, quien firma la Recomendación número 44/2013 al Gobernador del Estado de Chihuahua, advierte al mandatario que ésta, según lo señalado en el artículo 102 apartado B, de la Constitución Mexicana tiene el carácter de pública y se emite con el propósito de que se investigue y se apliquen las sanciones que correspondan así como se subsanen las irregularidades.

También el Dr. Plascencia le recuerda al Gobernador Chihuahuense, que el artículo 46 segundo párrafo de la Ley de la CNDH establece la obligación de informar sobre la aceptación de la recomendación en un plazo de quince días hábiles siguientes a la notificación, así como la pruebas correspondientes del cumplimiento de la recomendación y que la falta de pruebas, da lugar a que se interprete que la recomendación no fue aceptada por lo que la CEDH, quedando en libertad de hacer pública esta circunstancia, y se podrá solicitar al senado de la República o a las legislaturas de las entidades federativas, la comparecencia del Gobernador para que expliquen el motivo de la negativa.



[1] Párrafo 115
[2] Párrafo 66
[3] Párrafo 77
[4] Párrafo 78
[5] Párrafo 104
[6] Párrafo 105

miércoles, 9 de octubre de 2013

Celebran convenio de colaboración el Instituto Nacional de las Mujeres y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua

El pasado martes 8 de octubre, en el Salón Exportadores de la Secretaría de Economía en México, Distrito Federal, se celebró la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM); contando con la presencia de la Licenciada Lorena Cruz Sánchez, Presidenta de INMUJERES; Maestro Mario Alberto Torres López, Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública; Licenciada Marcela Eternod Arámburu, Secretaria Ejecutiva de INMUJERES; Licenciada María Guadalupe Díaz Estrada, Directora General de Transversalización de la Perspectiva de Género y la Licenciada Luz Estela Castro Rodríguez  Coordinadora General del CEDEHM.

Este  convenio tiene como objetivo unir esfuerzos y capacidades técnicas para llevar a cabo acciones de capacitación en los temas de derechos humanos y género; perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación violencia y homicidios de mujeres por razones de género, y superación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres dirigidos a funcionarios/as públicos de los ámbitos judicial, defensa pública, procuración de justicia y seguridad pública.

Asimismo, permitirá recuperar las buenas prácticas en materia de profesionalización de funcionarias y funcionarios públicos dedicados a la atención de mujeres víctimas de violencia, expresó la Lic. Lorena Cruz.

Por su parte, la Lic. Castro, Coordinadora General del CEDEHM, mencionó que este programa  se trata de contribuir a un cambio cultural profundo, para que la semilla que las mujeres mexicanas que nos precedieron y que lograron la creación del INUMERES siga germinando, recordando que este noble y comprometido Instituto con la vida de las mujeres, tiene sus raíces justamente en la lucha  por el derecho a una vida libre de violencia, y son los pasos que se deben darse, para contribuir a saldar la deuda histórica del estado mexicano con las mujeres.

En reconocimiento al trabajo que realiza el CEDEHM en el sistema penal acusatorio, la Presidenta de INMUJERES comentó que la sinergia desarrollada por instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil con larga experiencia en el tema logrará que más y más mujeres accedan a la justicia.


La Lic. Cruz finalizó señalando que la celebración de este convenio ratifica la obligación del Estado Mexicano ante los mecanismos internacionales para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia en protección a los derechos humanos.