#EnElCamino buscamos, luchamos y exigimos verdad y justicia

POSICIONAMIENTO DEL COLECTIVO DE FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS DE CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 30 de agosto de 2019. Nosotras, las madres, padres, hermanas, hijos e hijas, esposas y familias de algunas de las personas desaparecidas en Chihuahua, provenientes de diferentes municipios y comunidades de nuestro estado, principalmente de la zona sur y occidente, reunidas aquí hoy en el día internacional de las personas desaparecidas, venimos a encontrarnos para exigir justicia, verdad y reparación.

En Chihuahua, como sucede en el resto del país, el gobierno no responde adecuadamente a las desapariciones: las autoridades correspondientes siguen tratándonos con indolencia a las familias, NO actúan en las primeras horas de la desaparición por lo que se dejan ir posibilidades reales de localización; las investigaciones no avanzan y prevalece la impunidad; hay cientos de cuerpos sin identificar y prácticamente no existe la búsqueda en vida.

Las familias, agrupadas en el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, hemos impulsado la Ley General sobre Desapariciones; sin embargo, aún falta mucho para una implementación total de la ley, por esto hoy demandamos:

A todos los niveles de Gobierno: la coordinación efectiva para la implementación de la ley, particularmente para la base de datos nacional con perfiles genéticos (ADN), el registro único de fosas así como el registro público del total de personas actualmente desaparecidas y que se actualice periódicamente para conocer el tamaño real del problema y justificar los recursos que se asignen.

Del Gobierno del Estado de Chihuahua: que se destinen todos los recursos necesarios para una búsqueda real de las personas desaparecidas y la pronta implementación total de la ley;

De la Comisión Estatal de Búsqueda: que cuente con los recursos humanos, técnicos y materiales suficientes para que realicen una búsqueda exhaustiva de nuestros hijos e hijas en vida, además de la búsqueda forense.

De la Fiscalía General del Estado: investigaciones eficaces, con la debida diligencia para dar con las personas responsables y así contar con mayores datos para localizar a nuestros seres queridos.

De todas la autoridades: la atención digna, protección adecuada y total garantía de los derechos humanos de todas las familias de las personas desaparecidas.

No dejaremos de luchar, hasta encontrarles. ¡Ahora, ahora, se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables!

FAMILAS EXIGEN LA PRESENTACIÓN INMEDIATA Y CON VIDA DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS DE LA ENTIDAD

Chihuahua, Chih., a 30 de agosto de 2019. El día de hoy, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, tuvo lugar la “Marcha por la verdad, justicia y reparación”, encabezada por el colectivo de familiares de personas desaparecidas que acompaña el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM). En ésta se dieron cita familias provenientes de Jiménez, Camargo, Parral, Cuauhtémoc y Chihuahua, quienes exigieron a las autoridades la presentación inmediata y con vida de las personas desaparecidas de la entidad.

Según cifras oficiales de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobierno Federal, actualmente en México hay más de 40 mil personas desaparecidas y más de 37 mil cuerpos sin identificar. De acuerdo con el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, México se encuentra entre los 10 países con más casos de desaparición remitidos ante la ONU.

Ruth Fierro, coordinadora general del CEDEHM, recordó que los seis estados fronterizos del norte del país concentran casi el 50% de las desapariciones en México y que, en relación a su población, Chihuahua ocupa el tercer lugar nacional en casos de personas desaparecidas.

En el mismo sentido, en una reciente visita a la capital del estado, Jan Jarab, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que Chihuahua tiene 58 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 30.

Ruth Fierro agregó que no hay certeza respecto al número exacto de personas desaparecidas en la entidad, debido a que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) no se ha actualizado desde abril de 2018, a partir de la publicación de la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”. Por entonces, el registro contabilizaba 2 mil 211 personas desaparecidas en Chihuahua.

La coordinadora del CEDHEM reiteró que, aunque en el estado existe un avance significativo en la armonización de la legislación existente - debido a que se cuenta ya con una Comisión Estatal de Búsqueda independiente de los procesos de investigación, así como con una Fiscalía Especializada en Investigación a Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada – todavía hay una enorme carencia de recursos en la materia.

Durante la manifestación, las y los presentes realizaron un pase de lista con los nombres de las personas desaparecidas. En un posicionamiento colectivo, una representante de las familias expresó que “en Chihuahua, como en el resto del país, el gobierno no responde adecuadamente a las desapariciones: las autoridades correspondientes siguen tratándonos con indolencia. No actúan en las primeras horas de la desaparición y dejan ir importantes probabilidades de localización. Las investigaciones no avanzan y prevalece la impunidad. Hay cientos de cuerpos sin identificar y prácticamente no existe la búsqueda en vida”.

En el mismo documento las familias demandaron la coordinación efectiva de los tres niveles de gobierno para la implementación de la Ley, particularmente para la creación de una base de datos a nivel nacional que contenga un registro público de personas desaparecidas e información veraz y actualizada de fosas clandestinas, cuerpos sin identificar y perfiles genéticos de ADN, entre otros.

Al Gobierno del Estado de Chihuahua le exigieron destinar todos los recursos necesarios para garantizar búsquedas efectivas, así como la pronta implementación de la Ley. A la Comisión Estatal de Búsqueda, le demandaron destinar todos los recursos suficientes para la búsqueda en vida de las personas desaparecidas, además de la búsqueda forense.

A la Fiscalía General del Estado, le exigieron llevar a cabo investigaciones eficaces y con la debida diligencia para dar con las personas responsables y así tener más información que permita la localización de sus seres queridos. A todas las autoridades reclamaron el derecho a una atención digna, protección adecuada y total garantía de los derechos humanos de las y los familiares de las personas desaparecidas.

Estas demandas se empatan con las exigidas por el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx), integrado por más de 60 colectivos de familiares de personas desaparecidas del país y Centroamérica y del que el CEDEHM forma parte.

Desde el MovNDmx se pide la correcta implementación de la Ley en los estados y que se le asigne presupuesto para que funcione eficazmente. Que la búsqueda sea inmediata y la creación de protocolos de búsqueda para que las Fiscalías y Comisiones Locales de Búsqueda se puedan coordinar para la búsqueda efectiva y bajo la presunción de vida.

Que se cree un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense con recursos propios, apoyo internacional, técnico y financiero que incluya una perspectiva transnacional para la identificación de personas extranjeras desaparecidas en México. Que la impunidad termine, para que las desapariciones dejen de suceder. Y que todo lo anterior se haga con la participación de las familias porque #SinLasFamiliasNo.

Desde hace 10 años el CEDEHM brinda acompañamiento integral a familiares de personas desaparecidas. Actualmente representa más de 200 casos y el colectivo se integra por más de 500 personas, entre mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes.

El 21 de diciembre de 2010, ante el aumento de las desapariciones forzadas o involuntarias en diversas regiones del mundo y debido al creciente número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos o familiares de personas desaparecidas, la Asamblea General de la ONU decidió declarar el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Las desapariciones forzadas ocurren cuando agentes estatales o con el consentimiento del Estado, realizan detenciones y después las niegan o se rehúsan a decir dónde se encuentran las personas detenidas, ocultando la suerte y el paradero de las víctimas, dejándolas fuera del alcance de la protección de la Ley. Frecuentemente, la desaparición forzada se utiliza como una estrategia para infundir el terror entre las y los ciudadanos.

SE REALIZA CON ÉXITO EL FORO “DECLARACIÓN ESPECIAL DE AUSENCIA: RETOS Y SOLUCIONES PARA GARANTIZAR DERECHOS”

Chihuahua, Chih., a 23 de agosto de 2019. El día de hoy tuvo lugar el foro “Declaración especial de ausencia: retos y soluciones para garantizar derechos”, organizado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Dicho foro, que consistió en una conferencia y dos mesas panel, tuvo por objetivo abordar los retos y oportunidades para que las y los familiares de personas desaparecidas puedan tener resoluciones efectivas en relación a las solicitudes de declaración de ausencia, y puedan atender las consecuencias económicas y patrimoniales que trae consigo la desaparición de un ser querido.

La declaración especial de ausencia es un procedimiento que se realiza ante un juez o jueza y a petición de la familia de una persona desaparecida. Este trámite se realiza para definir la situación de bienes y relaciones familiares de la persona en cuestión, así como para reconocer, proteger y garantizar la continuidad de su persona jurídica y de sus derechos.

Entre otras cosas, permite la protección del patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito; nombrar un administrador de bienes que actúa como albacea; suspender las obligaciones mercantiles y fiscales de la persona en cuestión; garantizar los derechos de la familia para percibir salarios y prestaciones; diluir la relación conyugal, entre otras.

Por todo lo anterior, el foro estuvo dirigido a personal del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), del Registro Civil y del Registro Público de la Propiedad, así como a familiares de personas desaparecidas, quienes acudieron de los municipio de Chihuahua, Cuauhtémoc, Camargo, Jiménez y Parral.

En dicho evento contó con la participación de Rainer Huhle, ex integrante del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada y Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

La visita de Rainer, además, significó para las y los asistentes una excelente oportunidad para conocer de primera mano los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas que fueron estipulados desde la Organización de las Naciones Unidas.

En la inauguración, Ruth Fierro Pineda, coordinadora general del CEDEHM, celebró la oportunidad de elaborar propuestas que contribuyan a brindar soluciones para las desapariciones en Chihuahua, una de las entidades del país más afectadas por este problema.

Por su parte, Elizabeth Warfield, directora de USAID en México, relató algunos de los principales obstáculos que las y los familiares de personas desaparecidas enfrentan cuando se trata de solicitar una declaración especial de ausencia y destacó la relevancia del foro para escuchar de primera mano los testimonios de personas que día a día se encuentra en la búsqueda de un ser querido. 

En añadidura, Pablo Héctor González Villalobos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua (TSJ  Chihuahua), declaró que en Chihuahua, de la mano con iniciativas como la de Open Society, se trabaja en el establecimiento de mecanismos que permitan eficientar la búsqueda de personas desaparecidas.

El evento comenzó con la conferencia titulada “Las obligaciones de las y los operadores de justicia para garantizar el acceso a la justicia en las solicitudes de declaración de ausencia, a cargo de José Ramón Cossío Díaz, Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante su intervención, Cossío Díaz habló sobre la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Más concretamente, sobre la Ley Federal de la Declaración Especial de Ausencia y sus particularidades en el caso de Chihuahua.

Habló sobre las instancias y autoridades a las que hay que acudir, así como de las condiciones del proceso para solicitar la declaración especial de ausencia, la que dijo, de acuerdo con la ley, debe otorgarse en condiciones de inmediatez, celeridad y gratuidad. Celebró que en el caso de Chihuahua se contemple la continuidad del deber de las autoridades de investigar, así como de capacitar a las y los funcionarios encargados de impartir justicia en la materia.

Después, tuvo lugar la mesa “Retos y oportunidades de las instituciones de procuración e impartición de justicia respecto de las solicitudes de declaración de ausencia y la búsqueda de las personas desaparecidas”. En ella participaron César Augusto Peniche Espejel, Fiscal General del Estado; Lilia Fragoso, esposa de David Fuentes; Rainer Huhle; Iván Garza García, Magistrado Presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila; José Humberto Rodelo García, Magistrado de la Cuarta Sala Civil del TSJ de Chihuahua.

Peniche Espejel señaló que “tan sólo en los dos últimos años, en Chihuahua han habido cerca de 300 personas inhumadas que no han podido ser identificadas y que continúan con carácter de desconocidas”. Agregó que permanecen en esta condición porque no existe una base de datos nacional que permita hacer cruces masivos de información para la identificación de personas desaparecidas.

Lilia Fragoso, esposa de David Fuentes, desaparecido en febrero de 2013 en el municipio de Urique por un comando armado, relató sus fallidos intentos por obtener una declaración especial de ausencia a lo largo de los últimos dos años y medio. “¿Por qué necesito esta declaración? Por un crédito INFONAVIT que adquirió mi esposo”. Dijo que “a pesar de las legislaciones existentes, en Chihuahua no se quiere o no se puede hacer lo que las leyes dicen. Estoy solicitando un documento al que por ley tengo derecho ¿Cuánto más debo esperar? ¿Hasta perder mi casa? No creo que el INFONAVIT acepte una prórroga más”.

Rainer Huhle habló sobre los 16 Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, mismos que se basan en la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y en otros instrumentos internacionales relevantes. Puntualizó que estos parten del principio de presunción de vida y del trato digno, especialmente hacia quienes buscan a sus familiares. Por esta razón, agregó que “nos duele el maltrato y desprestigio del que son víctimas”.

Garza García expuso las experiencias legislativas de Coahuila en la materia y resaltó que a diferencia de las legislaciones que le preceden, el basamento de la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia, parte de la presunción de vida, lo que constituye la diferencia más determinante respecto a sus predecesoras.

Rodelo García mencionó que las autoridades no deben entender la declaración especial de ausencia como un pretexto para interrumpir la búsqueda, sino por el contrario, deben partir del entendimiento de que hay una persona desaparecida, no muerta.

Enseguida se realizó la mesa “El rol fundamental de algunos de los sujetos implementadores de las declaraciones de ausencia”, en la que intervinieron Jan Jarab; Rosa Emma Gámez Soto, madre de Adán Soto Gámez y esposa de Álvaro Soto; Lourdes Hernández, madre Pamela Portillo; José de la Luz Chacón Salas, Titular de la Jefatura de alud en el Trabajo y Prestaciones Económica y Sociales del IMSS en Chihuahua; Diego Alejandro Cárdenas Luján, gerente del área jurídica de la Delegación Regional II del INFONAVIT.

Jan Jarab señaló que “los procesos legislativos más efectivos son los que resultan de procesos participativos y consultivos con las víctimas. La declaración especial de ausencia genera derechos a la persona desparecida y a sus allegados, en materia civil, fiscal, laboral, de seguridad social, etc. Contempla procedimientos sencillos y ágiles y reconoce el principio de gratuidad, lo que lamentablemente no suele ocurrir”.

Gámez Soto, madre de Adán Soto y esposa de Álvaro Soto, padre e hijo desaparecidos cuyos restos fueron identificados este año por el Equipo Argentino de Antropología Forense, narró cómo es que incluso fue más sencillo el proceso de identificación de sus seres queridos que la obtención misma de una declaración especial de ausencia.

En este sentido, recordó el dolor y los problemas por el que día a día atraviesan las y los familiares de personas desaparecidas e hizo un llamado a las autoridades “para que no nos hagan más difícil la situación en la que vivimos”.

Lourdes Hernández, madre de Pamela Portillo, desaparecida en 2011 por una célula mixta, relató el calvario por el que tuvo que atravesar para solicitar la presunción de muerte de su hija y para, posteriormente, conseguir la adopción de sus dos nietas. Añadió que una vez resuelto este último trámite, tuvo que enfrentarse a la negativa de las autoridades para resolver y garantizar los derechos de seguridad social de las menores, ante la ausencia de su madre.

Por lo anterior, exigió que se considere la efectiva capacitación de las autoridades como una prioridad ya que, en su experiencia, la mayoría de las veces estas dicen desconocer cómo proceder ante situaciones “excepcionales” como las que enfrentó ella.  

José de la Luz dijo que “los problemas avanzan muy rápido y nosotros en la legislación vamos lentos”. Habló sobre la necesidad de modificar las leyes y, en particular, la Ley del Seguro Social, para hacerla más rápida, oportuna y eficiente; de armonizar las leyes que otorgan prestaciones a las personas desaparecidas y sus familias; así como de la necesidad de brindar algún tipo de prestación o seguridad social para la subsistencia de estas últimas.

Cárdenas Luján recalcó que el INFONAVIT puede otorgar prórrogas como una medida provisional para familiares de personas desaparecidas, presentando la denuncia de desaparición y las actas que acrediten la relación de parentesco con la víctima. Aseguró que en el caso de Chihuahua “no habrá ningún desalojo para familiares de personas que se encuentran en este supuesto”.

Concluyó su participación diciendo que “se tendría que generar una reforma integral que alcance y regule al IMSS, al INFONAVIT y a las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES). En el caso específico de INFONAVIT, ésta debería permitir la liberación de créditos y la devolución de los saldos en las cuentas de los trabajadores desaparecidos”.

De continuidad con su visita, el día de mañana Rainer Huhle acudirá a las instalaciones del CEDEHM en ciudad Cuauhtémoc para entrevistarse con familiares de personas desaparecidas de dicho municipio y compartir información relativa a los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. También acudirá Alan García Campos, coordinador de la Unidad Legal y de Análisis de la ONU-DH en México.

Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos rechazan campaña de desprestigio en contra de Estela Ángeles Mondragón

• La defensora de derechos humanos ha defendido los derechos territoriales del pueblo rarámuri durante más de dos décadas.
• Estela Ángeles cuenta con medidas cautelares de la CIDH y es beneficiaria del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación.

Chihuahua, Chih., 1º de agosto de 2019. El pasado domingo 28 de julio, el Heraldo de Chihuahua publicó, en primera plana, la síntesis de la nota que configura una seria acusación titulada “Lucran activistas con litigios ejidales” (https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/local/lucran-activistas-con-litigios-ejidales-3958744.html). En la nota completa de la versión impresa, el título es aún más preocupante: “ESTÁN AMENAZADOS DE MUERTE SI DENUNCIAN. Despojan a indígenas de sus tierras”. El subtítulo afirma: “Acusan a funcionaria de cobrar cuotas a los ejidatarios de Baqueachi”.

El artículo -firmado por las periodistas Samara Martínez y Adriana Saucedo- se suma a una agresiva campaña de descrédito en contra de la licenciada Estela Ángeles Mondragón, quien es una reconocida y experimentada litigante, comprometida y desinteresada defensora de derechos humanos y de los derechos colectivos del pueblo rarámuri de Baqueachi, Huahuachérare y Chineachi, en el municipio de Carichí.

Más preocupante aún: existen dos denuncias presentadas en contra de la defensora por supuesta malversación de 16 millones de pesos, lo cual es totalmente falso. Precisamente una de las personas entrevistadas en el artículo ha sido quien ha instigado la presentación de estas denuncias, lo cual es particularmente grave en uno de los estados de la República Mexicana con mayor número de ataques a personas defensoras de derechos humanos.

El caso de Estela Ángeles sería el primero de criminalización de una persona defensora de derechos humanos por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. En su informe sobre Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación sobre “el uso indebido del aparato penal del Estado en contra de defensoras y defensores de derechos humanos [el cual] no sólo interfiere con su trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos, sino que también afecta el rol protagónico que éstos tienen en la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho.”

Como abogada, Estela Ángeles Mondragón ha logrado, de la mano de la comunidad indígena de Baqueachi, recuperar alrededor de 21 mil hectáreas de tierra, cuyo uso y disfrute estaba en manos de ganaderos de la región, un litigio agrario que ha costado cerca de 25 años, el asesinato aún impune de su esposo Ernesto Rábago Martínez en marzo de 2010, atentados contra su hija y ella, así como amenazas de muerte contra ella por los fuertes intereses trastocados.

Por la situación de riesgo en que se encuentra, desde 2012 Estela Ángeles Mondragón cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH y es beneficiaria del Mecanismo para la Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Mecanismo de Protección). Ello significa que existe un deber reforzado del Estado mexicano en su conjunto de proteger a la defensora y de garantizar que realice su labor en condiciones de libertad, seguridad y dignidad.

La información que se vierte en la primera parte del reportaje de El Heraldo (la segunda será publicada el próximo domingo) descalifica la labor y el trabajo impecable desempeñado por la licenciada Ángeles Mondragón y, asimismo, atenta contra su persona, su imagen, su honra, su familia, así como en contra de las comunidades que ha acompañado por años.

Quienes suscribimos el presente comunicado entendemos que la libertad de expresión es la piedra angular de sociedades democráticas y reconocemos la importante labor que juegan los medios de comunicación que, de manera ética, informan a la sociedad. Lamentablemente, y de manera constante, las personas defensoras de derechos humanos de Chihuahua han sido víctimas de reportajes como el mencionado en donde se realiza una mezcla de información de datos reales y falsos para denostar el trabajo de los defensores de los derechos humanos.

Las organizaciones firmantes conocemos y reconocemos el trabajo que la abogada Estela Ángeles ha realizado durante más de dos décadas en defensa de los derechos territoriales de las comunidades rarámuri.

De acuerdo con Global Witness, México es el sexto país más peligroso del Mundo para las personas defensoras del medio ambiente y la tierra. Asimismo, Chihuahua es uno de los estados con mayor número de personas defensoras de derechos humanos asesinadas, razón por la cual desde 2016 la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección adoptó una alerta preventiva para esta entidad.

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos:

Primero: Que el diario El Heraldo de Chihuahua rechace la publicación de las notas que denuestan y difaman la labor de personas defensoras de derechos humanos y reconsidere la información que publicará próximamente como segunda parte del reportaje

Segundo: Que el Mecanismo de Protección emita un comunicado reconociendo la importante labor que ha realizado Estela Ángeles Mondragón y solicite información a las autoridades de Chihuahua sobre las acciones que están realizando para proteger a la beneficiaria.

Tercero: Que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua haga una revisión rápida de las denuncias presentadas y las concluya por falta de elementos suficientes para tramitarlas.

Cuarto: Que, en el marco de sus atribuciones, la CIDH solicite información al Estado mexicano en relación al cumplimiento de la medida cautelar MC 208/10 y la urja a implementarla adecuadamente.

Quinto: Que, de acuerdo con su mandato, las Relatorías sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y de pueblos indígenas tanto de la CIDH como del sistema de Naciones Unidas soliciten información urgente al Estado mexicano sobre la situación de la defensora Estela Ángeles Mondragón.

FIRMAS

FIRMAS INDIVIDUALES

Alejandra Nuño Ruiz Velasco, Aideé Borunda Encerrado, Alberto Rodríguez Cervantes, Alicia de los Ríos Merino, Alma Celia San Martín Cruz, Alma Gómez Caballero, Alma Rosa Dozal Estrada, Alma Verónica Chacón Márquez, Ana I. Juarez Villarreal, Ana María Torresgatón Peralta, Ángeles Enríquez Rincón, Araceli Osorio Martínez, Blanca Gámez Gutiérrez, Camilo Daniel Pérez, Carlos Garza Falla, Cecilia Guadalupe Espinosa Martínez, Cristina Vargas Bustos, Daisy Acevedo Mendoza, Daniel Solorio Ramírez, David Alan Lauer, Denise Dresser Guerra, Diana Villalobos Díaz, Diego Ventura León, Efraín Naranjo Cortés, Eliana García Laguna, Elsa Ángeles Vera, Erika Mendoza García, Eva Pérez Enríquez, Francisca Jiménez Barrientos, Fray Julián Cruzalta Aguirre, Genaro Lozano, Horacio Almanza Alcalde, Irma Rosa Martínez Arellano, Irma Villanueva Nájera, Javier Ávila Aguirre, S. J., Javier Campos Morales, S. J., Jorge Alberto Pérez Cobos, Jorge Javier Romero Vadillo, Josué Giuseppe Solorio Sandoval, Juan Jaime Loera, Laura Bustos Hernández, Laura Gutiérrez Robledo, Lucero Espíndola de la Vega, Luis Daniel Vázquez Valencia, Luz Estela Castro Rodríguez, Ma. Teresa Rodríguez López, Maite Azuela, Mar Cruz, Mara I. Hernández Estrada, María Antonieta Robles, María Elena Cárdenas Méndez, María Hilda de la Vega Cobos, María Magdalena López Paulino, María Teresa Guerrero Olivares, Mariclaire Acosta Urquidi, Martha Paola Sáenz Solis, Mayra E. Sáenz Solis, Nicolás Víctor Martínez Juárez, Nithia Castorena Sáenz, Patricia Bedolla Zamora, Patricia Colchero Aragonés, Pilar Noriega García, Randall Gingrich, Rodolfo Manuel Domínguez Márquez, Rosa María Cruz Lesbros, Rosa María Laguna Gómez, Rosa María Sáenz Herrera, Rosa María Trejo Villalobos, Rosalinda Salinas Durán, Rossina Elisa Uranga Barri, Sagrario Silva Velez, Sandra Villagomez Cárdenas, Santiago Corcuera Cabezut, Teresa Güemes, Thelma Gómez Durán, Verónica Zapata Suárez, Víctor Quintana Silveyra, Yadira Soledad Cortés Castillo.

FIRMAS DE ORGANIZACIONES

Abogadas Demócratas; Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos A.C.; Acción Colectiva Socioambiental, Plataforma Salvemos El Humedal Los Cárcamos; Agenda LGBT, A.C.; Albergue Tochan; Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.; Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Asilegal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI); Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Capítulo México (AMARC Mx); Bosque a Salvo IAP (Culiacán, Sinaloa); Casa Amiga Esther Chávez Cano, A.C.; Católicas por el Derecho a Decidir, A.C.; Causa en Común, A.C.; Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, A.C. (CAMT); Centro de Capacitación y Defensa de Derechos Humanos e Indígenas (CECADDHI); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, A.C.; Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM); Centro de Derechos Humanos Don Sergio; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C.; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.; Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, A.C.; Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A.C.; Centro de Derechos Indígenas, A.C. (CEDIAC); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C.; Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C.; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD); Centro Juvenil Generando Dignidad, A.C.; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Mujeres, A.C.; Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (Cencos); Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” (Centro Morelos); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” (BARCA-DH); Centro Regional de Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C.; Colectivo Aquí No! (Topolobampo Sinaloa); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos (CEPAZDH); Colectivo Epistémico de Chihuahua (COLEPI); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C.; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (COSYDDHAC); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, A.C. (Código DH); Comité de Derechos Humanos Ajusco, A.C.; Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental, A.C.; Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A.C. (Codehuco); Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, A.C.; Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C. (Codehutab); Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC); Consejo Ciudadano de Ecología del Estado de Sinaloa (Culiacán, Sinaloa); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C.; Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC); Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C. (DHIA); El Barzón Chihuahua; El Día Después; Estancia del Migrante González y Martínez, A.C.; Eureka-Jalisco; Fátima I.B.P.; Frente Cívico Sinaloense; Fundación Arcoíris/Mx; Fundación Find; Grupo de Danza y Teatro Campobello, I.A.S.P.; Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas; Hermandad de la Cuenca de la Independencia; Instituto de Asistencia Integral, A.C.; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C. (IJPP); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz; Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C.; Justicia Para Nuestras Hijas, A.C.; Kalli Luz Marina, A.C.; Kóokay, Ciencia Social Alternativa, A.C.; La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes; La Sandía Digital, Laboratorio Audiovisual; Laboratorio de Innovación para la Paz; Magdala, Instituto de Asistencia Integral, A.C.; Mujeres por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A.C. (CIARENA); Mujeres por México en Chihuahua, A.C.; Observa Ciudadana, Observatorio para el Acceso a la Información Pública; Organización Popular Independiente, A.C.; Pensamiento Social en Acción, A.C.; Plataforma Tómala.Mx; Programa Compañeros, A.C.; Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Tijuana - Ciudad de México; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC); Red por la Participación Ciudadana, A.C.; Red Puebla de Periodistas; Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C.; Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C.; Red de Trabajadoras de la Educación SNTE; Salvemos Temaca, A.C.; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz); Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América Latina (SICSAL) México; Tequio Jurídico, A.C.; Tierra Nativa, A.C.; Tonelhuayotzin Nuestra Raíz, A.C.; Unión General de Trabajadores de México (UGTM); Uno de Siete Migrando, A.C.; Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.; Voces por el Piaxtla (San Ignacio, Sinaloa).

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

Asociadas por lo Justo (JASS)

Colectivo Ansur (Colombia)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Latin American Working Group (LAWG)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

FIRMAS DE REDES

Coordinadora Nacional Agua para todxs, agua para la vida

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala

Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Red Nacional de Mujeres Indígenas Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y el Territorio (RENAMITT)

Espacio OSC, compuesto por: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comité Cerezo México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México y Amnistía Internacional México.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República: Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C. (Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A.C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A.C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A.C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A.C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A.C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A.C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A.C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A.C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A.C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab.); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab.); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A.C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos” (Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo., A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C. (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A.C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A.C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C.; Respuesta Alternativa, A.C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C. (San Cristóbal de las Casas, Chis).