viernes, 13 de marzo de 2020

PRESENTA EL CEDEHM REPORTE DE ANÁLISIS DE SENTENCIAS EN CASOS DE VIOLENCIAS DE GÉNERO



Chihuahua, Chih., a 13 de marzo de 2020. El día de hoy tuvo lugar la presentación del Reporte de análisis de sentencias en casos de violencias de género, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM) con el financiamiento de Fundación MacArthur y Misereor. En este documento se analizan 35 sentencias obtenidas por el CEDEHM durante el último año, se identifican algunos de los principales retos para garantizar derechos desde la función jurisdiccional y se reconocen precedentes que deben observarse como punto de partida en la materia.

En el reporte se analizan las 35 sentencias obtenidas dentro de los procesos representados en el periodo comprendido entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, la mayoría de las cuales, fueron favorables. También se hace una referencia especial a cinco de las 35 sentencias, por considerárseles de gran importancia por su alcance: al reconocer a niños y niñas como víctimas directas de la violencia en la pareja; por determinar medidas más amplias para la reparación del daño; por hacer visible el trabajo no remunerado en el hogar, y por juzgar con perspectiva de género.

El evento fue inaugurado con las intervenciones de Ruth Fierro y Ma. Fernanda Aquino, coordinadora general y coordinadora del programa de violencias de género del CEDEHM, respectivamente. En la presentación también participaron la magistrada Adela Alicia Jiménez Carrasco, los jueces Jaime Antonio Acevedo Maldonado y Gabriel Gerardo Reyes Zúñiga, así como Griselda Macías Zafiro, usuaria del CEDEHM.

Ruth Fierro recordó que las mujeres que deciden iniciar una acción legal para poner un alto a la violencia de la que son víctimas, han atravesado por una enorme cantidad de obstáculos de índole social, familiar y emocional. “Y la única razón por la que persisten es porque tienen la esperanza de tener justicia: justicia que se traduce en libertad, tranquilidad y reconocimiento a su dignidad”. 

Añadió que “las resoluciones y sentencias que emiten quienes administran justicia, disponen sobre las vidas y destinos de las personas sobre quienes éstas recaen”. Por ello, instó a juezas, jueces, magistradas y magistrados, a responder a la coyuntura histórica por la que actualmente atraviesa nuestro país y a cambiar radicalmente el concepto de justicia para las mujeres.

A partir de los hallazgos del reporte, Ma. Fernanda Aquino indicó que las autoridades continúan revictimizando a las mujeres por cuestiones de forma en los procedimientos, así como por una falta de sensibilidad y perspectiva de género durante el proceso judicial. Agregó que no se considera la vulnerabilidad de la víctima por razones de género, sino únicamente cuando la víctima es una niña o un niño. Refirió que cuando se violan los derechos humanos de las mujeres, se generan procesos sociales de exclusión, señalamiento y estigmatización para las víctimas.

Señaló que, en algunos casos, las autoridades competentes omiten incluir la totalidad de los delitos que las víctimas o las asesoras jurídicas solicitan. Resaltó la necesidad de que juezas y jueces valoren adecuadamente los hechos con relación a la tipificación de los delitos concernientes. Finalmente, destacó que cuando la imputada es una mujer, las autoridades juzgan con mayor dureza y con un sesgo basado en juicios de valor sobre el “deber ser” de las mujeres.

Adela Alicia Jiménez destacó que es necesario desechar estereotipos de género y aplicar los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Habló sobre la importancia de identificar en cada caso si existen o no cuestiones de poder, de detectar situaciones de desventaja entre las partes y de emplear un lenguaje que no esté basado en estereotipos ni prejuicios de género. Subrayó la necesidad de que quienes litigan y participan como defensoras(es) de los derechos de las mujeres, niñas, niños y grupos vulnerables, se capaciten en la materia, en aras de facilitar y contribuir a una correcta impartición de justicia.

Jaime Antonio Acevedo dijo que “tenemos que enfocarnos en garantizar justicia e igualdad verdaderas”. Entre otras cosas, enfatizó el deber de los tribunales para que, las medidas de protección que se adopten, así sean típicas o atípicas, obedezcan a las circunstancias de cada caso en particular y que cumplan con criterios fundamentales de necesidad, idoneidad y racionalidad, es decir, que efectivamente funcionen para prevenir o erradicar posteriores agresiones.

Gabriel Gerardo Reyes subrayó la importancia de identificar las situaciones de vulnerabilidad y de construir nuevos paradigmas. Recalcó la necesidad de cuestionar la neutralidad de las normas, por ejemplo, cuando una mujer está inmersa en un círculo de violencia cíclica y sistemática. Indicó que cuando quienes acusan no tienen perspectiva de género, los argumentos y evidencias del caso se presentan de manera errónea y se plantean con un doble parámetro o doble moral, lo que en última instancia revictimiza a las mujeres. En este sentido, recordó que las mujeres que han sido agredidas pueden volver a serlo en cualquier momento, y finalizó diciendo que “nunca se deberá perder de vista el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”.  

Finalmente, Griselda Macías refirió las violaciones a los derechos humanos de las que ella y su hija fueron víctimas por parte de su agresor. Lamentó la falta de un trato digno en algunos de los procedimientos involucrados en el proceso de denuncia, aunque reconoció el trabajo en la integración de su expediente. Puntualizó que “desde el CEDEHM nos hicieron sentir que no estábamos solas”. Finalmente, refirió que se emitió una sentencia favorable para ella y su hija, por lo que se mostró agradecida hacia la jueza y hacia su abogada y representante legal.

Desde el CEDEHM se proporciona representación legal, acompañamiento psicosocial y psicoterapéutico, así como ayuda humanitaria o asistencia social a través del Programa de Violencias de Género, con el que actualmente se acompaña a 200 mujeres, niñas y niños que, en el ámbito de la representación legal, implica el litigio de más de 400 procesos en materia familiar y penal. En estos casos, el CEDEHM funge como denunciante o demandante, al igual que como defensa.

Nos comprometemos con los derechos humanos, el acceso a la justicia y el acompañamiento a mujeres, niñas y niños víctimas de violencias de género, en sus exigencias por una vida digna y libre de violencia. Buscamos sentar precedentes judiciales con base en estándares internacionales que sirvan de modelo para la impartición de justicia, que consideren la reparación integral del daño y que atiendan todos sus componentes: medidas de restitución, satisfacción, compensación y garantías de no repetición. En nuestro país aún existen importantes desafíos en la materia, por ello nos empeñamos en esta tarea.



lunes, 2 de marzo de 2020

POSICIONAMIENTO A 10 AÑOS DEL ASESINATO DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS ERNESTO RÁBAGO MARTÍNEZ



Chihuahua, Chih., a 2 de marzo de 2020. El 1 de marzo de 2010 fue cobardemente asesinado Ernesto Rábago Martínez, defensor de derechos humanos que dedicó su vida al acompañamiento de los Pueblos Indígenas de Baquéachi, Huahuachérare, Chinéach y Bakuséachí; en su digna lucha por la defensa de su territorio ancestral.

En Chihuahua (como en el resto del país), las comunidades indígenas tienen que defender la tierra que les ha pertenecido históricamente, de invasores que ilegalmente buscan apropiarse de su territorio a través de la imposición de la violencia y el terror. Todo esto ante un gobierno que ha sido incapaz de protegerles de forma oportuna, suficientes, efectiva y adecuada.

La muerte de Ernesto Rábago es una consecuencia directa de su trabajo a favor de las comunidades indígenas. Su asesinato ocurrió después de una serie de amenazas graves hacia él y su compañera, la licenciada Estela Ángeles Mondragón, luego del incendio de su despacho con bombas molotov y justo 15 días después de un atentado a su familia. Todo esto vinculado con la defensa legal del Ejido Baquéachi que Ernesto realizaba junto a su compañera Estela.

Hoy estamos aquí para conmemorar la vida y lucha de Ernesto y de las comunidades indígenas pero, sobre todo, estamos aquí porque ha pasado una década desde el homicidio del defensor de derechos humanos y el caso se mantiene en total impunidad: las autoridades no han esclarecido su asesinato, no existe ningún avance significativo dentro de la investigación y ningún culpable ha sido castigado.

No sólo eso, sino que hoy en día la situación de riesgo de Estela Ángeles Mondragón permanece y se incrementa, a partir de una campaña de desprestigio y criminalización emprendida en su contra por grupos con intereses poco claros que buscan aprovecharse de las comunidades indígenas.

El Estado mexicano, tiene la obligación de proteger a todas las personas defensoras de derechos humanos y de sancionar adecuadamente los delitos cometidos en su contra.

Por todo lo anterior, las comunidades de Baquéachi, Chinéachi y Bakuséachi, las organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos, demandamos:

A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO: Justicia para Ernesto Rábago, sanción a los culpables y adecuada reparación del daño causado a nivel familiar y comunitario.

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y AL GOBIERNO FEDERAL: Que el Estado garantice que las personas defensoras de derechos humanos podamos ejercer nuestra labor en condiciones de seguridad.

A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y AL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL COLUNGA MARTÍNEZ: El cese a la campaña de criminalización en contra de Estela Ángeles Mondragón y otros integrantes de la comunidad.

A TODO EL ESTADO MEXICANO: Que los derechos de los pueblos indígenas sean verdaderamente promovidos, protegidos, respetados y garantizados por el Estado mexicano; principalmente el de la seguridad jurídica sobre su territorio y recursos naturales.

SE CUMPLEN 10 AÑOS DEL ASESINATO IMPUNE DE ERNESTO RÁBAGO, DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS DE PUEBLOS INDÍGENAS EN CHIHUAHUA



Chihuahua, Chih., a 2 de marzo de 2020.- El día de hoy, a 10 años del asesinato impune de Ernesto Rábago Martínez, un contingente rarámuri proveniente de las comunidades indígenas de Baquéachi, Chinéachi y Bakuséachi, marchó desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús hacia la Fiscalía General del Estado y de ahí rumbo a la Cruz de Clavos, memorial de la impunidad frente a Palacio de Gobierno, para demandar justicia y castigo a los culpables.

Ernesto Rábago fue un abogado y defensor de derechos humanos que, junto a su esposa Estela Ángeles Mondrágon, a través de la asociación Bowerasa A.C., acompañó a diferentes comunidades indígenas en la defensa de su territorio, entre las que se encuentra la del ejido rarámuri de Baquéachi, municipio de Carichí..

Desde sus inicios, las acciones legales para la recuperación del territorio de Baquéachi suscitaron amenazas y agresiones contra Estela Ángeles y representantes de la comunidad, además de fallidos intentos de soborno. En el mes de marzo de 2009, las instalaciones de Bowerasa en la ciudad de Chihuahua fueron incendiadas con dos bombas molotov. Casi un año después, en febrero de 2010, la hija de Estela  fue víctima de un intento de homicidio.

A pocos días de este suceso, el 1 de marzo de 2010, Ernesto Rábago fue asesinado en las oficinas de dicha organización, como un hecho que se vincula directamente a las acciones jurídicas y a las movilizaciones pacíficas que emprendió como parte de su representación legal hacia la comunidad rarámuri. Diez años después, las autoridades siguen sin esclarecer su asesinato, por lo que tampoco se han aprehendido ni se ha dado castigo a los culpables. 

Desde 1927, la comunidad indígena de Baquéachi emprendió la lucha por la defensa de su territorio, mismo que abarca una extensión de 44 mil 784 hectáreas y que, a lo largo de los años, ha sufrido una serie de invasiones. Ganaderos del municipio de Nonoava les despojaron de 7 mil 800 hectáreas; mientras que ganaderos de Carichí terminaron por arrebatarles alrededor de 25 mil hectáreas.

Después de cerca de 25 años de litigio agrario, la abogada Estela Ángeles, de la mano de la comunidad indígena de Baquéachi, ha logrado recuperar más de 21 mil hectáreas de su territorio. En añadidura al asesinato de Ernesto y el atentado contra su hija, la abogada ha sido víctima de amenazas, agresiones, campañas de desprestigio y acciones legales que buscan criminalizar su labor, debido a los intereses económicos que su legítima defensa del territorio rarámuri ha trastocado.

El más reciente de estos ataques se suscitó en julio de 2019, cuando se interpusieron dos denuncias penales en su contra con falsas en infundadas acusaciones, a lo cual se sumó una campaña mediática de descrédito. Lo anterior, pese a que la abogada cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y es beneficiaria del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Hoy, tras casi 15 años de defensa legal por parte de la asociación civil Bowerasa, encabezada por Estela Ángeles, y a pesar de las constantes amenazas y agravios de los invasores, la comunidad indígena de Baquéachi celebra las sentencias dictadas a su favor y el reconocimiento que se les ha otorgado como legítimos dueños de su territorio. Exigen además que la injusticia no sea eterna: que se esclarezca y se de castigo a los culpables del asesinato de Ernesto Rábago.