miércoles, 16 de diciembre de 2015

A cinco años del crimen de Estado de Marisela Escobedo, su caso se mantiene en completa impunidad

Las autoridades sabían de la situación de riesgo en que se encontraba y, lejos de protegerla, ni siquiera la acogieron dentro del Palacio de Gobierno de Chihuahua

Su familia en el exilio exige justicia en el consulado de México en El Paso, Texas, ante la imposibilidad de hacerlo en Chihuahua

Chihuahua, Chih. y El Paso, Texas, 16 de diciembre de 2015. Este día se cumplen cinco años del indignante asesinato de Marisela Escobedo, defensora de derechos humanos que había decidido hacer un plantón al lado de la enigmática Cruz de Clavos frente al Palacio de Gobierno del estado de Chihuahua por la impunidad en que se encontraba el asesinato de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo.

El 16 de diciembre de 2010, alrededor de las 20:00 horas y ante a los ojos del mundo, un hombre intentó dispararle. Marisela corrió hacia el Palacio de Gobierno y los guardias no abrieron las puertas, lo cual se volvería una práctica común desde que asumió la gubernatura César Duarte. A los pocos segundos, una bala mortal la encontró y la privó de la vida.

Ante la presión nacional e internacional, las autoridades de Chihuahua presentaron José Enrique Jiménez Zavala (alias “el wicked”) como el autor material del homicidio. No obstante, la familia y principalmente el hermano de Marisela -quien le vio el rostro al asesino-, desmintió la participación de éste en el crimen. Cabe recordar que cuatro años después, de manera por demás sospechosa, “el wicked” fue asesinado en la cárcel, cerrándose así el caso y la posibilidad de conocer la verdad sobre el mismo.

Marisela había caminado por un interminable via crucis en la exigencia de justicia para su hija Rubí, que con solo 16 años había sido asesinada por su compañero sentimental, Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Al igual que miles de madres que exigen justicia en el caso de sus hijos e hijas, se convirtió en investigadora y, a diferencia de la negligencia de las autoridades, detectó en varias ocasiones el paradero del asesino de Rubí para que lo detuvieran. Inicialmente, ella llevó el caso de Rubí sola, caminando diariamente desde la Fiscalía hasta la ciudad judicial. Luego de haberse emitido la injusta sentencia solicitó al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que fuera su representante legal y asumiera el juicio de casación correspondiente.

Marisela marchó a la ciudad de México exigiendo justicia y pidió una reunión con el entonces Presidente Felipe Calderón, la cual nunca fue concedida. También marchó a otras ciudades, como Zacatecas, en donde de nueva cuenta ella pudo encontrar al asesino de su hija, cosa que no había podido lograr la Fiscalía General de Chihuahua.

El 8 de diciembre Marisela hizo dos declaraciones, una ante el Fiscal General y otra ante el Comisario de la Policía Federal, en las que dio suficiente información de sus indagatorias, lo cual la puso en alto riesgo. Sorpresivamente, tal información fue suprimida del expediente penal.

A cinco años de su asesinato es imposible borrar los gritos de auxilio cuando corría por su vida. También es imposible borrar los llantos desesperados cuando en abril de 2010 el tribunal de juicio oral exoneraba a Sergio Barraza, quienes renunciaron ante la gran indignación desatada en todos los sectores y el asombro de la sociedad. Igualmente, es inolvidable recordar que su muerte vino seguida del secuestro y posterior asesinato de su cuñado, la quema del negocio de éste, y de la solicitud de asilo político de sus hijos y nieta, quienes desde Estados Unidos siguen exigiendo justicia para su hermana y su madre, y anhelan volver a su tierra.

Aun cuando se cuenta desde hace seis años con la histórica sentencia de “Campo Algodonero” y con cientos de recomendaciones de instancias internacionales sobre la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia hacia niñas y mujeres, Chihuahua sigue teniendo impostergables retos: es el segundo estado con mayor número de violaciones sexuales denunciadas, el primero con mayor número de embarazos de adolescentes y el cuarto lugar del país en violencia doméstica. Es el estado cuyas cinco principales ciudades se encuentran entre las 15 peores para ser mujer en México, lo cual se demuestra en el hecho que de los 2,361 feminicidios cometidos desde 1993 a la fecha, el 59% se haya cometido en los últimos seis años.

Asimismo, Chihuahua es uno de los estados más autoritarios, corruptos y endeudados de la República Mexicana.El estado se encuentra en el antepenúltimo lugar del índice democrático y carece de división real de poderes y el Poder Judicial. Chihuahua es uno de los estados más riesgosos para las personas defensoras de derechos humanos en México.

En este día conmemoramos la vida de una mujer valiente, comprometida y con un inmensurable amor hacia su hija y su familia. Pero también denunciamos la responsabilidad de las autoridades en prevenir y sancionar su cobarde asesinato. Por ello, el día de hoy se realizarán actos de exigencia de justicia del caso y de cumplimiento de la recomendación 44/2013 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tanto a las 13:00 horas afuera del consulado de México en El Paso como a las 18:00 horas en la placa colocada en el lugar donde fuera asesinada la ciudad de Chihuahua. El primer evento será organizado por Mexicanos y Mexicanas en el Exilio (MexenEx), mientras que en el segundo participarán activistas sociales de Chihuahua.



Anali Acosta Navarrete
Arsène van Nierop
Begoña Lecumberri Ustaran
Diana Villalobos Díaz
Edgar Cortez
Eufrosina Rodríguez Trejo
Gabino Gómez Escárcega
Hilda Ruíz Estrada
Humberto Robles de León
Jaime García Chávez
Javier Tovarich
Judith Vázquez Arreola
Lilian Fabiola de la Rosa
Lol Kin Castañeda Badillo
María Luisa Toledo
María Teresa Guerrero Olivares
Mario Antonio Mandujano Sánchez
Ofelia Medina 
Rocío Culebro
Silvia Núñez Esquer/Sonora
Teresa Zacarias
Víctor Quintana Silveyra


Acciona, A.C.
Asociadas por lo Justo, (JASS) Oficina Regional para México-Mesoamérica
Casa del Migrante de Saltillo
Casa Iskra
Centro de Apoyo al Trabajador, A.C.
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan"
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.
Círculo de Estudios de Género, A.C. (CEG)
Colectivo La Gota
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos,  A. C. (COSYDDHAC)
El Barzón Chihuahua
El Barzón Nacional
Fátima, I.B.P.
Frente de Consumidores, (FEDECO)
Fundación Hester
Grupo Feminista 8 de marzo
Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia,  A.C. (IMDHD)
Justicia para Nuestras Hijas, A.C.
Mexicanos en el Exilio (MexenEx)
Movimiento Insurgencia Magisterial de la ciudad de Chihuahua
Movimiento ResISSSTE-CNTE del estado de Chihuahua
Mujeres Artesanas
Mujeres Barzonistas
Mujeres por México en Chihuahua,  A.C.
Observa Ciudadan@
Observatorio para el Acceso a la Información Pública
Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua)
Red por los Derechos de la Infancia en México, A.C. (REDIM)
Red por la Participación Ciudadana, A.C.
Sociedad Unida, A.C.



Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio: Baja California: Mujeres Unidas: Olympia de Gouges; Campeche Observatorio de Violencia Social y de Género en  Campeche; Chiapas: Red Nacional de Asesoras y Promotoras Rurales; Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas AC-COLEM; Chihuahua: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Mujeres por México en Chihuahua;  Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Justicia para Nuestras Hijas; Red Mesa de Mujeres de Juárez; Coahuila: Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”; Colima: Comité  de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental; Guanajuato: Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”;  Hidalgo:  Servicios de Inclusión Integral, AC (SEIIN AC) ; Jalisco: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM); Distrito Federal: Academia Mexicana de Derechos Humanos; Católicas por el Derecho a Decidir; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Red Mujer Siglo XXI;  Morelos: Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C.; Nuevo León: Centro de Derechos Humanos "Solidaridad Popular, A.C.;   ARTHEMISAS por la Equidad, A.C.; Oaxaca: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Colectivo Bolivariano; Coordinadora de mujeres Oaxaqueñas “1· de agosto” (COMO) Sinaloa: Asociación Sinaloense de Universitarias,.; Sonora: OCNF Sonora; Estado de México: Red de Promotoras en Derechos Humanos de Ecatepec; Visión Mundial de México; Tabasco: Asociación Ecológica Santo Tomás; Centro Juvenil, Generando Dignidad;  Tlaxcala: Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local; Colectivo Mujer y Utopía, A.C.; Veracruz: Red Nacional de Periodistas; Yucatán: Ciencia Social Alternativa; Red Por sus Derechos Mujeres en Red.


Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México conformada por 189 defensoras de derechos humanos de 103 diversas organizaciones, ubicadas en 24 estados de la República: Agnieszka Raczynska (México D.F.); Aidé García (Católicas por el Derecho a Decidir, México D.F.); Alba Cruz (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca); Aleida Quintana (Grupo Interdisciplinario  Tékéi, Querétaro);Alejandra Ancheita (Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC), México D.F.); Alejandra Nuño (México D.F.); Alexandra Garita (México D.F.); Alicia Leal Puerta, (Alternativas Pacíficas, México D.F.); Aline Castellanos (Herramientas para el Buen Vivir A.C., Oaxaca); Alma Ángelica Barraza Gómez (Sinaloa); Alma Padilla García (Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Chiapas); Alma Delia Rodriguez Alor (Organización Tendremos Alas A.C.,Veracruz); Amelia Guadalupe Ojeda Sosa (Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. (UNASSE), Yucatán); América del Valle Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Estado de México); Ana Karen López Quintana  (Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, Tamaulipas); Ana Lidia Murillo Camacho (Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.; Sinaloa); Ana María Hernández Cárdenas (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Anaís Palacios Pérez (Colectivo por la Paz Región Xalapa, Veracruz); Analia Penchaszadeh (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Andrea Acevedo García (Mariposas Tlahuicas AC, Morelos); Andrea Eugenio Manuel (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Guerrero); Ángeles López (Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Guanajuato); Angélica Araceli Reveles (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer  CLADEM-México); Atziri Ávila (Coordinadora de la RNDDHM/Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Aurora  Montaño (México D.F.); Axela Romero Cárdenas (Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, México D.F.); Beatriz Hernández Bautista (Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género !Nduva Ndandi!, Oaxaca); Bettina Cruz Velázquez (Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Oaxaca); Blanca Martínez (Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, Coahuila); Blanca Mesina (Baja California); Blanca Velázquez (Centro de Apoyo al Trabajador (CAT), Puebla); Carina González Luis (Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C., Oaxaca); Carolina Cantú (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero); Carolina Coppel Urrea (Ambulante Más Allá (cine documental), México DF); Carolina Ramírez (Aura A.C., Veracruz); Cecilia Espinosa Martínez (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua); Cecilia Oyorzabal Gómez (Agencia Timomatchtikan,Puebla); Cirenia Celestino Ortega (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Clara G. Meyra Segura (Defensora de derechos humanos, México D.F.); Claudia Ángel (Mujeres Indígenas por Ciarena, A.C., México D.F.); Claudia Erika Centeno Zaldívar (México D.F.); Clemencia Correa (Proyecto de Acompañamiento Psicosocial ALUNA, México, D.F.); Concepción Felix Corral (Sí Hay Mujeres en Durango AC, Durango); Consuelo Morales (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Nuevo León); Cristina Auerbach (Familia Pasta de Conchos, Coahuila); Cristina Cruz López (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH); Cristina Hardaga Fernández (Asociadas por lo Justo (JASS), México D.F.);  Dalí Ángel Pérez, (Mujeres Indígenas por Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CIARENA), A.C, Oaxaca); Daptnhe Cuevas (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, México D.F.); Daniela  Fonkatz (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Diana Carolina Brito Bahena (Defensora independiente, Guerrero); Diana Damián Palencia (Formación y Capacitación AC (FOCA), Chiapas); Diana López Santiago (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Dolores González (Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (SERAPAZ), México D.F.); Dora Ávila (Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, Oaxaca); Elena Tapia Vásquez (Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca); Elga Aguilar (Comité Cerezo México, México D.F.); Elizabeth Ferreras (Defensa Jurídica y Educación para Mujeres S.C. Vereda Themis, México D.F.); Elizabeth Robles (Servicio Desarrollo y Paz, A.C., Coahuila); Emelia Ortiz (Campaña Si no están ellas no estamos todas, Oaxaca); Emilia González Tercero (Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC), Chihuahua); Esmeralda López Martínez (Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C., Oaxaca); Estrella Soria (México D.F.); Fabiola González Barrera (Comunicación en Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Fátima Ojeda (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Felicitas Martínez Solano (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC), Guerrero); Flavia Ester Anau (Centro de Atención Infantil Piña Palmera A.C.,Oaxaca); Gabriela Aguilar Martín (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer  CLADEM-México); Gabriela Morales Gracia (Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, México D.F.); Georgina Vargas Vera (Guanajuato); Gloria Muñoz Ramírez (Desinformémonos, México D.F.); Griselda Sánchez Miguel (Oaxaca); Guadalupe García Álvarez (Mujeres Luchas y Derechos para todos, Estado de México); Guadalupe Hernández Hernández (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Guadalupe López (Lesbianas en Patlatonalli, Jalisco); Harmida Rubio Gutiérrez (Veracruz);Hermelinda Tiburcio Cayetano (Kinal Antzetik, Guerrero); Icela Jaimes (Colectivo Raíz, Aguascalientes); Ileana Espinoza (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua); Imelda Marrufo (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua); Indira de Jesús Luis Aquino (Oaxaca); Ingrid López Miguel (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Irma Estrada Martínez (Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México D.F.); Ixchel Carrasco Arias (Enlace, Comunicación y Capacitación, Guerrero); Isela González Díaz (Alianza Sierra Madre, AC, Chihuahua); Janette Corzo (APRENDAMOS); Jaqueline Santana (Defensora Independiente, México D.F.); Johana Belén Sánchez Rojas (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Josefina Chávez (Cuadernos Feministas, México D.F.); Juliana García Quintanilla (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C., Morelos); Julieta Hernández Camargo (Si hay Mujeres en Durango, Durango); Julisa Bivian Luis  Hernández (Grupo de Mujeres 8 de Marzo A.C., Oaxaca); Laura Carlsen (Programa de las Américas, México D.F.); Laura García (Semillas, México D.F.); Laura Gutiérrez (Mujeres Unidas: Olympia de Gouges, Baja California); Laura Salas (La Sandía Digital, México D.F.); Laura Velázquez (Asociadas por lo Justo (JASS), México D.F.); Lenika Morales Zavaleta (Colectivo Liquidámbar/Colectivo Enrique Guerrero, México D.F.); Leticia Burgos (Red Feminista Sonorense, Sonora); Lidia Alpizar (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Lydia Cacho (México D.F.); Lorena Wolffer (México D.F.); Lorena Fuentes (Semillas, México D.F.); Lorena Maribel Peralta Rojas (México D.F.); Loreto Bravo (Palabra Radio, Oaxaca); Lucía Lagunes Huerta (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), México D.F.); Lulú V. Barrera (Luchadoras, México D.F.); Luz Estela Castro (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua); Ma. Hilda de la Vega (Mujeres por México en Chihuahua A.C., Chihuahua); Magdalena Santos (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Malú García Andrade (Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Chihuahua); María Luisa Aguilar Rodríguez (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero); Margarita Avalos (Colectivo Ollin Calli Tijuana A.C., Baja California); Margarita Guadalupe Martínez (Chiapas); María Guadalupe Ramos Ponce (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer  CLADEM-México, Jalisco); María Paula Castañeda (México D.F.); María Rosa Guzmán Valdez (Red de Promotoras de Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas en el Estado Jalisco, Jalisco); María Trinidad Ramírez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Estado de México); Martha Figueroa (COLEM Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, Chiapas); Martha Graciela Ramos Carrasco (Mujeres por México en Chihuahua, Chihuahua); Martha Pérez Pineda (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT-Atenco), Estado de México); Martha Sánchez Soler (Movimiento Migrante Mesoamericano, México D.F.); Martha Solórzano (Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad A.C., Sonora); Marusia López (Asociadas por lo Justo Mesoamérica (JASS-Mesoamérica), México D.F.); Matilde Pérez Romero (Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón en Chilapa de Álvarez, Guerrero); Mayela García Ramírez (Colectivo de Investigación, Desarrollo y entre Mujeres A.C., Veracruz); Melissa A. Vertiz Hernández (México D.F.); Mercedes Olivera (Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Chiapas); Minerva Nora Martínez (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Miriam González Sánchez (Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), México D.F.); Montserrat Díaz (Colectivo Feminista de Xalapa, Veracruz); Nadia Maciel (Guerrero); Nadín Reyes Maldonado (Comité de Familiares de Detenidos - Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, México D.F.); Nallely Tello (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Nancy Pérez (Sin Fronteras A.C., México D.F.); Nerida Gaspar Castillo (Colectivo Ollin Calli Tijuana A.C, Baja California); Nora Bucio (Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Morelos); Nora María Vargas Contreras (Equipo Mujeres en Acción Solidaria (EMAS), Michoacán); Norma Mesino (Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Guerrero);Obtilia Eugenio Manuel (Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Guerrero); Ofelia Cesáreo Sánchez (Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero); Paloma Estrada Muñoz (Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C.,Morelos); Patricia Matías López (Centro de Atención Infantil Piña Palmera A.C., Oaxaca); Patricia Yllescas (México D.F.); Reyna Martínez Hernández (Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (BARCADH), Oaxaca); Reyna Ramírez Sánchez, Colectivo de Obreras Insumisas To Tlaktole Calaki Mo Yolo, AC., Puebla; Rogelia González Luis (Grupo de Mujeres 8 de marzo, Oaxaca); Rosa María Laguna Gómez (Comité de América Latina y El Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer  CLADEM-México, Jalisco); Rosario Pacheco Leal (Alternativas Pacíficas, Nuevo León); Ruth Fierro (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua); Sanjuana Martínez (Nuevo León); Salomé Almaráz (Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P. A.C., México D.F.); Sandra Peniche (Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Yucatán); Sara Méndez (Comité de  Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CÓDIGO DH), Oaxaca); Sara Montes Ramírez (Colectivo Raíz de Aguascalientes, AC., Aguascalientes); Sayuri Herrera Román (México D.F.); Silvia Alejandra Holguin Cinco  (Centro de Derechos Humanos de la Mujeres de Chihuahua (CEDEHM), Chihuahua); Silvia Castillo Salgado (Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Guerrero); Silvia Núñez Esquer (Sonora); Silvia Pérez Yescas (Mujeres Indígenas por Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (CIARENA), A.C, Oaxaca); Siria Solís Solís (El Barzón Chihuahua, Chihuahua); Susana Mejía (Centro de Asesoría y Desarrollo Entre Mujeres A.C. (CADEM), Puebla); Tania Ramírez (Directora del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz en el Claustro de Sor Juana /Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) México D.F.); Teresa Emeterio Martínez (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Teresa Guardián (Cherán, Michoacán); Teresa Zúñiga (Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitarios (IMDEC), Jalisco); Theres Hoechli (Oaxaca); Valentina Rosendo Cantú (Guerrero); Verónica Corchado (Colectiva: Arte, Comunidad y Equidad, Grupo Articulación Justicia en Juárez, Chihuahua); Verónica Cruz (Las Libres, Guanajuato); Verónica Rodríguez Jorge (Amnistía Internacional México, México D.F.); Verónica Vidal (Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID); Ximena Andión (EQUIS: Justicia para las Mujeres, México D.F); Ximena Cortez (Rosas Chillante, Colectivo Feminista Socialista, México D.F.); Xóchitl Ramírez (Yotlakat Non Siwatl, Atzin Desarrollo Comunitario, Guerrero); Yanimiriam Valdez Baca (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua); Yanina Flores (Semillas, México D.F.); Yesica Sánchez Maya (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca); Yunuhen Rangel Medina (México D.F.); Zulma Méndez (Pacto por la Cultura y Red Mesa de Mujeres, Chihuahua).


Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 73 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila) Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.) Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chihuahua); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BCS.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo,Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla; Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Mujeres indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales CIARENA A. C (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)

lunes, 7 de diciembre de 2015

Logran Mujeres en Lucha y Centro de Derechos Humanos de las Mujeres resolución judicial que protege los derechos de la infancia

Bajo el lema “Mujeres en lucha: hijos /as lucho por nuestros derechos” nació a principios de este año el colectivo de mujeres organizadas bajo la tutoría del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM),  colectivo de mujeres convencidas que el activismo, el litigio  estratégico con perspectiva de género  y la denuncia contra servidores públicos que violentan derechos humanos, puede revertir sentencias discriminatorias del poder judicial. 

Los hombres que ejercen violencia, en múltiples ocasiones perpetúan las agresiones contra sus parejas, demandando ante los tribunales juicios para exigir la custodia de sus hijos e hijas  como estrategia para evadir la responsabilidad de otorgar una pensión alimenticia o  bien, para castigar a la mujer que decide  denunciarlos por violencia familiar. 

Uno de estos casos fue el que enfrento Celia Castro Márquez, quién tomó la decisión de poner límites a la violencia de su pareja, y como venganza  el 27 de mayo del 2009, Javier Eduardo Núñez Tapia, ex pareja de Celia, sustrajo ilegalmente a su hija  e hijos de 6 años y 1 año respectivamente y se los llevó a vivir a Monterrey, Nuevo León. 

La víctima acudió a presentar denuncia penal por sustracción de menores, la cual no aceptada por el Ministerio Pública bajo el argumento de que quien se los había llevado era su padre.  Ante la impunidad que cobijó el delito, Núñez Tapia continuó la espiral de la violencia, utilizando al Poder Judicial para sus propósitos, solicitó la perdida de  la patria potestad acudiendo ante la Jueza Nicolasa Concepción Payan Holguín, en el Juzgado Segundo Familiar.

A pesar de que la víctima demostró que ella cuidaba y sostenía a sus pequeños hijos, que jamás se había separado de ellos y que la causa primaria de la sustracción de sus vástagos era justamente la violencia, la Jueza Payan Holguín,  violentando los derechos de la infancia, autorizó convivencias provisionales que nunca fue capaz de hacerlas efectivas, coadyuvando con la tortura de la madre que se vio separadas de su hija e hijo, por  seis años y medio que duró el proceso legal.

En abril del 2015, Nicolasa Concepción dictó sentencia, alejada de la debida diligencia,  violentando los derechos humanos de Celia y de sus hijo/a, cabe mencionar que esta juzgadora se ha distinguido a lo largo de su carrera en el poder judicial  por brindar protección a los hombres agresores; en razón de esto, la jueza familiar deberá enfrentar una demanda penal y una queja por violentar los derechos de la niña, el niño y su madre.  


Ante la ilegal resolución judicial, el CEDEHM apeló la sentencia judicial y el 18 de noviembre del año en curso, la Magistrada de la Novena Sala Civil, Adela Alicia Jiménez Carrasco, concedió la razón a la víctima señalando que no se justifica circunstancia alguna que impida la convivencia con la madre, se acreditó que la madre y su hijo e hija fueron víctimas de violencia al ser separados por el padre.

La sentencia considera que existe violación por parte de la jueza familiar a la Convención Americana de Derechos Humanos. En cuanto al debido proceso a la igualdad ante la Ley y a la protección judicial , debido a que se le ha hecho nugatorio el derecho de convivencias con sus hija e hijo, la magistrada es enfática al considerar que se violentó el derecho fundamental y de interés superior que es el de los niños a convivir con la figura materna, la cual es de total trascendencia para su formación emocional y su adecuado desarrollo y crecimiento, omisión que no se logra reparar con la determinación tomada en la sentencia al no ordenar convivencias que se tornen efectivas.

Ahora el agresor, Javier Eduardo Núñez, está obligado mediante la sentencia de la magistrada a trasladar los pequeños a Chihuahua para permitir libremente  el ejercicio del derecho a la maternidad , las cuales no será únicamente mediante las conveniencias, sino que  podrán tener llamadas telefónicas, cartas, correos electrónicos y cualquier medio que la madre decida para comunicarse con sus hijos, además concluye que por tratarse de un delito se dará vista al Ministerio Publico para que proceda penalmente contra el victimario. 


Por su parte el equipo del CEDEHM reitera la exigencia de un Consejo de la Judicatura que observe la conducta de operadores del sistema de justicia que pese a tener un costosa ciudad judicial no se ve traducida en acceso a la justicia.  

jueves, 3 de diciembre de 2015

Familiares de personas desaparecidas del norte de México solicitan audiencia con el Papa Francisco en su próxima visita a Ciudad Juárez, Chihuahua

México, D.F. a 3 de diciembre del 2015.- Gabino Gómez y Lucha Castro del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, organización que acompaña en el estado de Chihuahua a familiares con personas desaparecidas, acudieron el día de hoy a audiencia con Monseñor Dagoberto Campos, Consejero responsable de la Nunciatura de México, a entregar carta de solicitud de audiencia en Ciudad Juárez con el Papa Francisco en el marco de su visita a México en febrero del próximo año.

Después de compartir con el Consejero del Nuncio Apostólico  la intención de que el Papa reciba a las familias, y animados por la misión pastoral que ha realizado en su pontificado, le entregaron formalmente la solicitud de audiencia, la cual se encuentra firmada por 932 personas en  búsqueda de 736 familiares desaparecidos  y  27 organizaciones sociales que les acompañan en la búsqueda de verdad y justicia. La petición reconoce la inédita sensibilidad del Papa con las víctimas y en su mensaje pletórico de símbolos bíblicos, las familiares expresan:

¡Bienaventurados/as las que lloran porque serán consoladas! ¡Bienaventurados/as las que luchan por la justicia!

Hermano Francisco, Pastor de nuestra amada Iglesia:

Somos madres, padres, esposas, hermanas/os, hijas/os  de personas desaparecidas. Vivimos crucificadas desde que forzadamente se llevaron a nuestros seres queridos. La tortura diaria de no saber su paradero se traduce en dolor que nos consume. Cada hora de ausencia nos preguntamos: ¿Quién les ayudará si tienen hambre, sed, frío o miedo? Estas preguntas sin respuesta nos tienen en constante dolor y sólo la fe en el Dios de la vida, nos anima para continuar caminando por el derecho a la verdad y la justicia.

En el Viacrucis que vivimos a diario hemos encontrado: Verónicas que enjugan nuestro rostro, Cirineos que nos ayudan a cargar la pesada cruz impuesta, el silencio y la indiferencia de gran parte de la sociedad y a Pilatos que se lava las manos. Tu compromiso con los más pobres y tus significativos gestos de misericordia para los que más sufren, nos llenan de esperanza.

Hoy, amado Padre Francisco, reconocemos en ti al Buen Samaritano que puede curar nuestras heridas. Tú llegada a esta dolorida tierra es un signo de esperanza, es la respuesta a nuestro clamor: Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado?
Ahora que estarás en Ciudad Juárez queremos verte y escuchar de tu boca las Bienaventuranzas para reconfortar nuestros destrozados corazones.


Te pedimos una audiencia para que bendigas nuestras luchas de resistencia y fortalezcas nuestra esperanza y nuestra Fe en el Dios de la vida. 





viernes, 6 de noviembre de 2015

LOGRA EL BARZON CHIHUAHUA Y EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES ACUERDOS IMPORTANTES SOBRE EL DERECHO A LA VIVIENDA Y LA SALUD CON EL GOBIERNO DE CHIHUAHUA

Antecedentes:  
El Fraccionamiento Rinconada Los Nogales fue construido a espaldas de la antigua Fundidora Ávalos. El Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua (IVIECH) antes, hoy la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del Estado de Chihuahua (COESVI), fue la institución responsable de la construcción del fraccionamiento y quien adquirió la propiedad.
Los terrenos de la Fundidora Ávalos y circundantes se encuentran contaminados por varios metales pesados tales como: plomo, arsénico, cadmio, zinc, cobalto 40 y mercurio, entre otros.  Algunas personas cuyas viviendas fueron construidas en esos terrenos, ante diversos problemas de salud formaron la organización “Familias Unidas por la Salud de los Niños A.C.¨ y solicitaron al CEDEHM apoyo para defender  el derecho a la salud y la vivienda digna.
Para sustentar con base científica las exigencias de los solicitantes, el CEDEHM y Familias Unidas,  contaron  con la participación del  Doctor Melchor Palomares Cera, quién realizó un diagnóstico sobre la situación y propuestas integrales de atención. 
Después de diversas acciones se logró un acuerdo firmado por el Secretario General de Gobierno, Lic. Mario Trevizo, en el cual se asumen los siguientes compromisos:
1.-  Realización de exámenes y atención médica por medio de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua y en caso de diagnosticarse la necesidad de una atención más especializada, ésta se brindará por las Instituciones subrogadas por esta Institución u otras.
2.-  El Gobierno se compromete a incluir en la iniciativa del Presupuesto de Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal 2016, la partida presupuestal por el monto correspondiente al pago de las viviendas según el avalúo realizado por perito certificado independiente.
3. Entrega de viviendas en comodato.  A efecto de cumplir con las recomendaciones médicas de sacar de inmediato a las familias del ambiente contaminado, el Gobierno por medio de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura del Estado de Chihuahua (COESVI), entregará un listado de 41 viviendas, que corresponden a las integrantes de Familias Unidas,  de las cuales podrán disponer de forma inmediata, para que sean habitadas por las familias.

Por otra parte, El Barzón Chihuahua logra la creación de una mesa especial con la Fiscalía del Estado para revisar los casos de la organización que se encuentran en esta instancia y  la instalación de una mesa para impulsar las negociaciones de pagos de deudas de vivienda con Instituciones Bancarias,  la cual será convocada por la Secretaria General de Gobierno.


jueves, 5 de noviembre de 2015

Subsecretario de Derechos Humanos de SEGOB se reúne con defensores/as de derechos humanos y periodistas de Chihuahua

Chihuahua, Chihuahua a 5 de noviembre de 2015.- El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) recibió el día de ayer en sus oficinas a Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB); Sara Irene Herrerías Guerra, Titular de la Unidad para Defensa de Derechos Humanos; Patricia Colchero, Titular de la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y  Oscar Ochoa Mancera, Director General Adjunto de la Unidad de Evaluación de Riesgos. El objetivo de la visita fue reunirse con víctimas de violaciones a los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil para explicar la situación de violencia que se vive en el estado de Chihuahua, la cual tiene mayor impacto en las personas que defienden los derechos humanos. 

Integrantes de las organizaciones de El Barzón Chihuahua, Bowerasa, Alianza Sierra Madre, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), Consultoría Ténica Comunitaria (Contec) y CEDEHM exigieron el esclarecimiento de los 19 defensores asesinados de Chihuahua que continúan en la impunidad. También denunciaron las campañas de desprestigio, auditorías ilegales, ataques a las oficinas de las organizaciones, el cierre de espacios en medios para denunciar la violencia en el estado y la política de simulación y de puertas cerradas del Gobernador César Duarte.

Asimismo, una comisión de colonos de Rinconadas los Nogales se entrevistó con el Subsecretario de Derechos Humanos, exponiendo la problemática de contaminación con plomo, mercurio,  cadmio y otros metales. Dado que tal situación ha sido desatendida por el Estado, se solicitó al funcionario federal interviniera con la firma de convenio que se comprometió el Secretario General de Gobierno desde hace meses, relativo a la atención médica, reubicación inmediata y pago de las viviendas.

También participaron familiares con personas desaparecidas, entre las cuales se encontraban las madres y esposas de los siete hombres que instalaban la antena de la Fiscalía General del Estado, dentro de los trabajos del Plan Mérida y desaparecieron  en Lebaron el pasado 29 de agosto, así como familiares de personas desaparecidas en la Mina Diabras de México en Urique y familiares de personas desaparecidas en ciudad Cuauhtémoc.

Debido a que Chihuahua ocupa el primer lugar  de personas defensoras  en el país con medidas de protección a nivel internacional  por el alto riesgo que enfrentan por su trabajo, las personas defensoras asistentes solicitaron que se decrete la alerta temprana que está prevista en el artículo 43 de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como una medida de prevención de mayores ataques a estos sectores. También solicitaron que, de acuerdo con el artículo 44 de ese ordenamiento, se lleve a cabo una campaña de reconocimiento público a la labor que realizan periodistas y defensores/as de derechos humanos.

Para finalizar la reunión, el Subsecretario de Derechos Humanos se comprometió a valorar la solicitud de alerta y a conversar con el Gobernador y el Fiscal General todas las exigencias vertidas en las distintas reuniones sostenidas.






miércoles, 21 de octubre de 2015

Ante la imposición del ejecutivo en el Congreso con la aprobación de los códigos procesales familiar y civil: Alerta de Género para Chihuahua



A pesar de que Chihuahua recibió el primer pronunciamiento en la historia emitido por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) que preside el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong;  aunado al acuerdo de todas las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado para enviar los códigos de procedimientos familiar y civil a expertos internacionales en la materia, el Congreso decidió acatar las órdenes del Ejecutivo y promulgar leyes que vulneran gravemente los derechos humanos.

El pasado 29 de septiembre, con la presencia de todos los coordinadores parlamentarios, se suscribió un compromiso en la torre legislativa con el Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHMUJER) y el Movimiento de Mujeres, dicho acuerdo consistió en enviar a los expertos, Roxana Arroyo y Rodrigo Jiménez, integrantes del programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del delito y tratamiento del delincuente (ILANUD) con sede en Costa Rica, los citados códigos procedimentales.
Se contactó a los expertos, se contrataron sus servicios profesionales y sin respetar el plazo pactado, el Congreso decidió aprobar los mencionados ordenamientos legales sin tomar en cuenta las observaciones; obedeciendo la exigencia del Ejecutivo, premura empatada con la visita del Presidente de la República al Estado, en la cual el Gobernador ha insistido en la inauguración de la Ciudad Judicial  y vanagloriarse con los nuevos códigos.

El día de ayer, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres reunió en sus instalaciones, de manera urgente, a la Maestra Alejandra Negrete, titular de la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres (Conavim); a la Maestra Ángela Quiroga, Fiscala Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra); y Roberto Cabrera de la Comisión Nacional de Seguridad, donde se denunció la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en el Estado, en especial en la Sierra Tarahumara; y uno de los puntos centrales fue el incumplimiento del Gobierno de Chihuahua en las recomendaciones del SNPASEVM.
Al enterarse en dicha reunión, de la aprobación de los códigos violatorios a los tratados internacionales que México ha ratificado, contraviniendo el principio de igualdad y no discriminación que el legislativo debió garantizar en estas normas familiares y civiles, se solicitó a la CONAVIM la activación de la alerta de género por agravio comparado, compromiso que fue asumido por su titular.


La alerta de género, contenida en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 31,  tiene como finalidad eliminar las desigualdades producidas por un ordenamiento jurídico o políticas públicas que impidan el reconocimiento o el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las Mujeres protegidos en todos aquellos instrumentos internacionales reconocidos y ratificados por el Estado mexicano.


Algunos ejemplos detectados por el CEDEHM que sustentan el agravio comparado:

·         Reiteramos el grave error de legislar códigos de procedimiento sin tener los códigos sustantivos que son la base,  no se tiene el derecho que se va a desarrollar en el proceso a seguir, que es un mínimo de lógica jurídica.

·      El código carece de un procedimiento eficaz que facilite se asuma la responsabilidad paterna, era la gran oportunidad para dar respuesta al clamor de miles de niños y niñas que merecen el derecho a la paternidad, nos referimos a las madres solteras que enfrentan la responsabilidad en solitario ante la irresponsabilidad de los hombres. La Convención sobre los Derechos de Niño establece como obligación legislar procedimientos para garantizar que niñas y niños tengan reconocimiento paternidad, obligación omitida en los códigos aprobados, es decir, por lo que no existe homologación de las normas con los estándares internacionales.

·       Los códigos aprobados omiten los derechos de personas vulnerables; reiteramos era el momento oportuno para armonizar los códigos con los convenios y tratados internacionales de protección a derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres, niños, niñas, personas de la tercera edad, indígenas, personas con capacidades diferentes y diversidad sexual; es decir, los códigos incumplen por la falta de procedimientos especiales para atención a estos grupos.

·             En relación a usar el lenguajes inclusivo, no solo debe limitarse a decir juez o jueza, mujer o hombre, se trata de elaborar una norma jurídica que en la práctica facilite el acceso a las mujeres a procedimientos sencillos, claros y oportunos que atiendan las desventajas, es decir hacer efectiva la igualdad sustantiva que establece la CEDAW.

·         El derecho humano a los alimentos evadido por algunos hombres, era también un momento histórico para obligarles al cumplimiento de dicha obligación. Uno de los grandes problemas de ruptura de tejido social obedece a la situación que enfrentan miles de niños y niñas abandonados que carecen de lo más indispensable, por esto era indispensable una legislación protectora a sus derechos.  

·         Aun cuando se habla de que no hay mediación, por el propio contenido del articulado se advierte presión para llegar a este propósito, es decir en las primeras audiencias del juicio oral, en conclusión no hay armonización con el derecho internacional de los derechos humanos como fue la exigencia del Sistema Nacional (SNPASEVM).

El CEDEHM lamenta que con la aprobación de estos códigos de nueva cuenta el estado de Chihuahua, lugar en que ha cobrado fama por los asesinatos de mujeres y niñas, que ocasionó la emblemática sentencia de Campo Algodonero, que tuvo el primer pronunciamiento del Sistema Nacional (SNPASEVM), ahora se sumará a la primera alerta de género por agravio comparado que se emita en el país.



jueves, 1 de octubre de 2015

MIENTE DIPUTADO RODRIGO DE LA ROSA




Chihuahua, Chih., 1º de octubre de 2015.- El Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHMUJER) y el Movimiento de Mujeres de Chihuahua desmienten al Diputado Rodrigo de la Rosa, líder de la bancada priista del Congreso del Estado, en afirmaciones realizadas a diversos medios de comunicación, en los que descalifica a las organizaciones y hace manifestaciones que no se apegan a la verdad.

Por tratarse de declaraciones calumniosas y ofensivas,  las activistas recordamos los antecedentes que obligaron al Congreso a reformar los códigos de procedimientos en materia familiar y civil:  

        A finales de 2013 y el 6 marzo de 2014, el Congreso abrió foros de consulta ciudadana en el Estado, que resultaron un acto de simulación absoluta. Las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres participamos activamente, presentando diversas propuestas que no fueron tomadas en cuenta. Los códigos fueron aprobados el 26 de junio de 2014.
        Ante la imposibilidad de ser escuchadas, integrantes del Movimiento de Mujeres acudimos a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación y Presidente del Sistema Nacional para Atender, Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) a denunciar la promulgación de los códigos que violentan los derechos humanos de diversos grupos, en especial de mujeres y niñas.
        El 20 de enero del año en curso, integrantes del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) acudieron en representación del SNPASEVM, informaron del pronunciamiento e instaron a una reforma legislativa.
        La denuncia del Movimiento de Mujeres fue justa y sustentada: el 15 de junio del presente año, fue notificado el Gobernador César Horacio Duarte Jáquez, del primer pronunciamiento emitido en la historia del SNPASEVM respecto de leyes violatorias de derechos humanos. El oficio CNPEVM/622/2015 retomó “las principales preocupaciones del Sistema Nacional en relación con las reformas realizadas a los Códigos de Procedimientos Civiles y Familiares del Estado de Chihuahua, e insta[ba] a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado a revisarlas y a adoptar una perspectiva de género adecuada y sean compatibles con los derechos humanos de las mujeres y los estándares internacionales en la materia.” De ese pronunciamiento se marcó copia, entre otros, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y al Presidente del Congreso del Estado.
        En julio de este año, el Secretario General de Gobierno compartió con el Movimiento de Mujeres una propuesta de reforma de los códigos de procedimientos trabajada desde el Ejecutivo, más nunca desde el Congreso, con quienes aún tenían que coordinarse.
        El retraso en la construcción de la ciudad judicial y la necesidad de cambiar los códigos obligó al Congreso el 13 de julio a cambiar la fecha de vigencia de los códigos. El 21 de julio del presente año, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia convocó al Movimiento de Mujeres de Chihuahua a un desayuno en el cual hizo entrega del proyecto de Código Civil para la revisión de las organizaciones. Entre otras cuestiones, las organizaciones insistimos en la necesidad de la presencia del Congreso y urgimos a que existiera coordinación entre los tres Poderes del Estado.
        El 6 de agosto que se instalaron las mesas para discutir los proyectos de códigos sustantivos. El Poder Judicial nos remitió una propuesta de reforma de códigos de procedimientos trabajada desde ese Poder y no desde el Congreso. Acudieron representantes del ICHMUJER, magistrados y abogados de la Consejería Jurídica y del Movimiento de Mujeres. No participó ningún diputado o diputada.
        Organizaciones tuvieron una reunión con integrantes de los 3 poderes y se comprometieron a convocar a una reunión con los líderes de las bancadas parlamentarias. Hasta ese momento, el Congreso no había entregado documento alguno.
        Fue hasta el pasado 23 de septiembre que, a través del ICHMUJER el Congreso envió una versión de reforma de los códigos de procedimientos, con la consigna de que en menos de ocho días deberíamos entregar todas las observaciones de dicho documento.

Ante todo ello, ¿Quién miente, Señor Diputado? Las anteriores afirmaciones se encuentran totalmente documentadas por diversas minutas, que se encuentran a disponibilidad de los medios de comunicación y de la sociedad en general. Por ello, emplazamos al diputado De la Rosa a que presente pruebas fehacientes que corroboren sus manifestaciones las cuales faltan a la verdad, tergiversan la realidad, buscan evadir la responsabilidad que el Congreso del Estado ha tenido en este tema y pretenden responsabilizarnos del trabajo que no han hecho.

Desde que inició este tortuoso proceso, el Movimiento de Mujeres ha insistido en la necesidad de que exista tiempo suficiente para revisar los más de 1,500 artículos que comprenden los códigos. No obstante, este ejercicio ciudadano serio, responsable, profesional y gratuito no puede hacerse en el tiempo que prevén los y las diputadas. El Movimiento de Mujeres tiene derecho a participar en estos procesos pero la obligación primordial es del Congreso del Estado, a quienes mensualmente les pagamos con nuestros impuestos $72,545 y el diputado de la Rosa recibe $132,242 al mes. Ello, sin incluir las gratificaciones anuales y prima vacacional. En total, el Congreso del Estado tiene un presupuesto anual de $325´000,000.

También denunciamos que esta Legislatura, como nunca antes en la historia del Congreso, ha legislado desde un escritorio, alejada de la realidad social y de los dramas de las personas a quienes supuestamente representan. Se ha caracterizado por el sometimiento al Ejecutivo del Estado en el nombramiento de órganos autónomos, en no aprobar leyes trascendentales como la ley de participación ciudadana, en aprobar una reforma electoral para obstaculizar las candidaturas ciudadanas y en favorecer el 2% para partidos políticos en contra de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y mientras el Congreso despilfarra millones de pesos, se le quita presupuesto a instituciones que trabajan para las niñas y mujeres en situación de violencia, como son el ICHMUJER y los Centro de Justicia para las Mujeres. En definitiva, la opacidad de los y las representantes populares será la más gris de la historia contemporánea de nuestro estado.


Abogadas Demócratas
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Círculo de Estudios de Género
Ecos de Mirabal
Justicia para Nuestras Hijas
Fatima, I.B.P.
Grupo Feminista 8 de Marzo
Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Kakúm Colectiva
Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHMUJER)
Mujeres Barzonistas
Mujeres por México en Chihuahua, A.C.
Red por la Participación Ciudadana
Observa Ciudadan@
Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua)