lunes, 19 de junio de 2017

La 47 Asamblea General de la OEA tiene una importante oportunidad de avanzar en la protección de los derechos humanos de la región





19 de junio de 2017.  El día de hoy inicia en Cancún la 47ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en un contexto de preocupación por la precaria situación de derechos humanos en el país, la impunidad y la violencia, que no cesa en diversos estados de la República así como la falta de participación efectiva de la sociedad civil en discusiones que pueden ser fundamentales para el mejor funcionamiento de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

No se puede desestimar la grave crisis de derechos humanos que enfrenta el país. En la última década han ocurrido aproximadamente 200,000 homicidios dolosos, más de 31,000 personas se encuentran desaparecidas, más de 300 mil personas son víctimas de desplazamiento forzado interno a causa de la violencia, ocurren siete feminicidios al día y se mantienen diversas formas de violencias de género, tres personas son asesinadas al mes por su orientación sexual o identidad de género, decenas de miles de migrantes siguen arribando y transitando a México violentadas de todos sus derechos y en lo que va de este año más de 17 personas periodistas y defensoras de derechos humanos han sido asesinadas, todo lo anterior en un contexto de acciones de espionaje cibernético y amenazas. Los autores de la violencia incluyen a la delincuencia organizada, actores privados y estatales. Los niveles de impunidad se mantienen así entre el 95% y el 98%, lo cual constituye un quebranto de las condiciones mínimas para un diálogo en democracia.

Pese a que la Asamblea General de este órgano regional representa una importante oportunidad para priorizar en la agenda la protección de los derechos humanos de la región, a través del fortalecimiento de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, la preparación de esta sesión se caracterizó por marginar la participación efectiva de la sociedad civil y no promover un diálogo con organizaciones y víctimas que recurren ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en torno a las prioridades temáticas que debía promover el Estado mexicano en este foro multilateral.

Aunado a ello, nos preocupa el cierre de espacios para la efectiva participación de la sociedad civil en este tipo de foros internacionales, el cual se evidenció con la decisión unilateral del gobierno de México de cambiar la sede de la Asamblea General –cuyo lema es “Fortaleciendo el diálogo y la concertación para la prosperidad”-, que originalmente estaba prevista para la Ciudad de México. De igual manera, expresamos nuestra preocupación por la falta de información sobre el cambio de formato de participación en tal evento, así como de las discusiones que se están dando respecto de temas fundamentales para los Estados Americanos, como son la seguridad multidimensional, la democracia y los derechos humanos. 

México tiene la gran oportunidad y responsabilidad, como país anfitrión de la 47º sesión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (AG-OEA), de impulsar estrategias en el hemisferio que se centren en la reducción de los índices de violencia - a través de políticas que privilegien el enfoque de seguridad ciudadana - en la garantía y respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y en la erradicación de la impunidad.

En este sentido, llama la atención la incongruencia entre el ofrecimiento de México de ser la sede de la Asamblea General de la OEA -así como de diversas sesiones extraordinarias de la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos- y el nivel de incumplimiento del Estado mexicano de diversas resoluciones estructurales emitidas por dicho Sistema. Por lo tanto, hacemos un llamado al Estado mexicano a priorizar el cumplimiento de sus obligaciones vinculantes bajo los tratados del Sistema Interamericano.

Aunado a ello, las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por el formato de participación en la Asamblea, mismo que resulta sumamente limitativo al asignar cinco minutos a cada grupo de diez o más OSC, muchas de las cuales han viajado desde otros países de la región para participar, así como por la falta de difusión amplia y transparencia proactiva acerca de las discusiones que se están dando respecto de temas fundamentales para los Estados Americanos, como son la seguridad multidimensional, el desarrollo sostenible, la democracia y los derechos humanos. 

No obstante ello, esta Asamblea General representa un momento crucial para mejorar la protección de los derechos humanos en nuestra región, puesto que se discutirán temas fundamentales para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre los que se encuentra el financiamiento suficiente para que la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos realicen su trabajo en condiciones adecuadas. Actualmente, la CIDH cuenta con un presupuesto de menos de 12 millones de dólares, mientras que la Corte Interamericana tiene 5 millones de dólares anuales. La mitad del presupuesto de ambos órganos proviene de fuentes que no sean el presupuesto regular de la OEA, incluyendo donativos realizados por los propios Estados miembros, situación que atenta contra la independencia de los órganos del Sistema Interamericano.

Otro tema fundamental dentro de la Asamblea General será la elección de tres integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de entre seis candidatos/as:  Antonia Urrejola Noguera (Chile), Carlos Horacio de Casas (Argentina), Joel Hernández García (México), Douglass Cassel (Estados Unidos), Gianella Bardazano Gradin (Uruguay) y Flávia Cristina Piovesan (Brasil). La elección de estas personas deberá tomarse con la mayor seriedad, poniendo la protección de las personas en el centro de la discusión, respetando los criterios de independencia, imparcialidad, conocimiento del tema, alta autoridad moral, diversidad y representación de género.

En conclusión, los Estados tienen la obligación de adoptar decisiones que respeten los derechos humanos, de coordinarse en brindar una mayor seguridad humana y de dar eficacia a los órganos de protección del Sistema Interamericano, a partir de la adopción -entre otros- de un aumento significativo del presupuesto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos mediante resolución adoptada en esta Asamblea General y la elección de perfiles adecuados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Organizaciones y redes firmantes: Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC), Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), Article 19 México, Bowerasa, A.C. Haciendo Camino, Casa Amiga Esther Chávez Cano, A.C., Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia, A.C.), Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, A.C. (CAMT), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (PRODH), Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C., Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Círculosde Estudios de Género, A.C., Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC), Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., (CMDPDH), Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC), Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C., Documenta Análisis para la Acción y la Justicia Social, A.C. (Documenta), Ecos de Miraval, Fatima IBP, Equis Justicia para las Mujeres (EQUIS), Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Fundar Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR), Grupo de Abogadas Demócratas de Chihuahua, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas, Justicia para Nuestras Hijas, A.C. (JPNH), Mujeres por México en Chihuahua, A.C., Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y de los Derechos Humanos, A.C., Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Red Latinoamericana y Caribeña que Lucha por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (REDLAMYC), Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C., Red por la Participación Ciudadana, A.C., Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Tierra Nativa, A.C., Uno de Siete Migrando, A.C.

Espacio OSC: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH); Casa de los Derechos de Periodistas A.C.; Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C. (CIC-PC); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comité Cerezo México; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz))


Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos  “Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

martes, 13 de junio de 2017

Alerta preventiva para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Chihuahua: un logro de la sociedad civil

·         Durante la firma del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, organizaciones civiles se pronunciaron por el cumplimiento de los compromisos suscritos

·         Vigilará observatorio internacional cumplimiento a la alerta preventiva para personas defensoras de derechos humanos y periodistas



Chihuahua, Chih. a 9 de junio de 2017.- El evento de aprobación del plan de contignecia de la primer alerta preventiva de protección dio inició con el pase de lista de personas defensoras y periodistas asesinadas en Chihuahua desde el 2008 a la fecha, y un minuto de silencio por el asesinato de Isidro Baldenegro, defensor de derechos humanos del medio ambiente; Juan Ontiveros, defensor de derechos humanos en defensa del territorio; Miroslava Breach Velducea, periodista quien fue parte de las primeras mesas de trabajo para el diagnóstico que derivó esta alerta y por el periodista Jesús Adrián Rodríguez Samaniego.

La grave situación de violencia en Chihuahua que comenzó años atrás y que no se ha erradicado pero que hoy es más visible, ha seguido costando la vida de compañeros que confirman la necesidad de hacer vigente el plan que hoy se aprueba, enfatizó Isela González, quien llevó la voz a nombre de las 26 organizaciones solicitantes de la alerta. 

Este plan, contiene cinco objetivos estratégicos: 1. Medidas estructurales de reconocimiento a la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y acceso a la justicia como garantía de no repetición; 2. Situación de Vulnerabilidad de Mujeres, Personas Migrantes y Grupos de la Diversidad Sexual, en la Zona Fronteriza; 3. Medio Ambiente; 4. Situación de la Sierra Tarahumara y; Periodistas.

Esta conformado por 53 acciones sobre estos temas, donde están involucradas 26 instancias de nivel estatal y 24 de nivel federal, que abarcan no sólo cuestiones estructurales como acceso a la justicia y reconocimiento de la labor realizada; sino medidas que atienden la situación de riesgo, siempre con la inclusión y participación de la sociedad civil.

Las acciones van desde a capacitación y sensibilización a diferentes funcionarios de los tres niveles de gobierno, fortalecimiento de instituciones con incremento de recursos humanos y presupuestales y con profecionalización de sus integrantes; campañas de reconocimiento; compromisos concretos de acción o abstención de determinadas autoridades; elaboración de protocolos y lineamientos; programas de prevención, atención o protección; fortalecimiento y supervisión de políticas públicas; garantizar la presencia del Estado en lugares históricamente abandonados; mesas interinstitucionales de seguimiento a problemáticas concretas; planes de protección y; creación, armonización o modificaciones legislativas.

La diversidad de problemas que hoy planteamos la sociedad civil obedecen a situaciones multifactoriales y es, a las autoridades de los tres niveles de gobierno que le compete la atención de las mismas. Es tiempo que las autoridades federales, estatales y municipales asuman lo que les corresponde en la atención de la situación de riesgo que viven permanentemente comunidades enteras en la Sierra Tarahumara  por el problema  del narcotráfico,  el despojo de la tierra y los recursos naturales donde han tenido que emerger los defensores de derechos humanos con el consabido riesgo de pérdida de su vida que corren permanentemente. Mismos problemas que también se trasladan a las zonas urbanas en nuestro Estado.

Por lo que, más allá del Plan que hoy se aprueba, es necesario generar partidas presupuestales federales suficientes destinadas a la atención de la problemática que se vive en el Estado de Chihuahua, así como una mayor implementación de medidas de seguridad pública coordinadas entre las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Realizar diagnósticos que identifiquen en las regiones los principales problemas o rezagos que prevalecen para así poder generar políticas públicas tendientes a abatir o disminuir los mismos.



La desigualdad social que vivimos es una deuda pendiente de resolver por parte de los tres niveles de gobierno la cual ha generado muchos de los problemas que actualmente vivimos, aún sigue sin acatarse parte de la sentencia del Campo Algodonero es responsabilidad del Estado asumirla, por otro lado estaremos la sociedad civil que continuaremos reclamando su cumplimiento al igual  que el seguimiento de lo que hoy nos ocupa.

Urge además, crear la ley de regulación e publicidad oficial. Una vez que retiraron los convenios discrecionales a los medios de comunicación y que se han hecho públicos los convenis con medios de comunciaciòn, lo cual aplaudimos, el siguiente paso es poner orden al otorgamiento de los recursos públicos para ese fin, porque de otra manera no tendría sentido ese esfuerzo que deja màs vulnerables a las reporteras y a los reporteros.

Urge legislar para establecer criterios que impidan la criminalización de las y los periodistas por autoridades de los tres niveles de gobierno, así como para sancionar con mayor energía, a quienes generen de manera intencional o por omisión, la impunidad en los delitos graves contra periodistas.

De igual forma se requiere transparentar el manejo del Sistema de Protección a Periodistas, instalado en la CEDH, dado que es producto de un protocolo no consultado con el gremio periodistico. Debe replantearse ese tipo de esquemas a la realidad de un periodismo libre y ético.

Estaremos pendientes de señalar a cada una de las autoridades competentes según sea el caso, que cumplan con su obligación  y  den muestra de cumplimiento y efectividad en sus funciones.

Hoy reconocemos la aprobación de esta alerta, pues es y ha sido un logro de la sociedad civil y el producto de un esfuerzo colectivo; sin embargo, estamos conscientes de que la implementación eficaz del plan sigue siendo un enorme reto que requiere verdadera voluntad política y coordinación de todos los ordenes y niveles de gobierno.

Es así, que para garantizar que los esfuerzos hasta hoy tengan frutos y que este plan pueda ser un precedente para todo el país:

Primero,  solicitamos que cada seis meses, se realice una reunión de alto nivel como la que presenciamos este día, para dar seguimiento a las acciones y estrategias de protección, así como para hacer nuestras observaciones sobre el monitoreo de la alerta preventiva.

Segundo, en aras de vigilar la realización de las acciones del Plan, las organizaciones de derechos humanos y las personas periodistas que participamos, nos hemos organizado formalmente en un observatorio que vigilará puntualmente cada una de las acciones aquí planteadas y al que se han integrado otras organizaciones del país e  internacionales. Asimismo, mantendremos como hasta hoy información detallada a organismos internacionales de protección a Derechos Humanos.

Tenemos esperanza, la misma que nos impulsa cada día a construir un estado respetuoso de los derechos humanos para todas y todos, pero también la misma esperanza que no quiere vivir de utopías, de discursos y eventos protocolarios como éste. Exigimos resultados. Es urgente el respeto a nuestra vida y a nuestra labor como personas defensoras y periodistas.

Nunca los intereses de ninguna índole deben prevalecer, bajo ninguna circunstancia o interferir en la labor derecho-humanista y periodística, por ello el Estado debe garantizar la vida de quienes en una conciencia social deciden mostrar los caminos para que la justicia y la verdad siempre se impongan. Derecho humanistas y periodistas esperanzados con expectativas de real voluntad somos testigos/as de este evento histórico en nuestro Estado.









jueves, 1 de junio de 2017

Organizaciones de la sociedad civil nos congratulamos por la reforma orgánica a la FGE que ordena la creación de la Fiscalía Especializada de Investigación de Violaciones los Derechos Humanos




        Defender el Estado deberá ser la regla y no más la excepción.
        Hay una deuda pendiente con las víctimas que durante tantos años han esperado justicia.
        Se cumple una de las promesas de Javier Corral, Gobernador del Estado de Chihuahua, de establecer una Fiscalía de Investigaciones a Violaciones a Derechos Humanos.
        Inicia una nueva etapa de acciones para asegurar su actuación.


Chihuahua, Chih. a 31 de mayo de 2017.- El 4 de octubre de 2016, al momento de asumir el cargo de Gobernador Constitucional del estado de Chihuahua, Javier Corral, entre otros pronunciamientos, manifestó:

 “No más casos de tortura para obtener confesiones. Necesitamos una investigación científica y aprovechar las herramientas de inteligencia que la propia ley nos permite. Vamos a recuperar la tranquilidad de la sociedad, vamos a atender el problema de los desplazamientos forzados de comunidades en la Sierra y combatir el fenómeno de la desaparición de personas. Enviaré al Congreso del Estado una iniciativa de Ley para modificar el Art. 3º de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para crear la Fiscalía especializada en graves violaciones a los Derechos Humanos, que entre otros investigará el delito de desaparición forzada de personas. La reorganización de la Fiscalía General es una tarea indispensable para lograr los objetivos. Daremos énfasis a la distribución de responsabilidades, a la atención a víctimas y la reorganización policial”.

En un contexto en el cual el sistema de justicia ha sido fuertemente cuestionado a partir de la falta de resultados en las investigaciones, procesamientos y juzgamientos a las graves violaciones a los derechos humanos y a la no imposición de sanciones a los perpetradores por los altos grados de impunidad, corrupción e ineficacia de las instituciones encargadas de la administración de justicia, las organizaciones de la sociedad civil del estado de Chihuahua nos congratulamos por la aprobación del Dictamen con carácter de decreto, por medio del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, así como de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública

El pasado 30 de mayo, el Congreso del Estado aprobó el dictamen en el cual, entre otras, la aprobación del decreto tendrá como consecuencia llevar a cabo la reforma integral de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en la cual se destacan de manera particular la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a los Derechos Humanos; la Fiscalía Especializadas en Operación Estratégica y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Asimismo, las reformas aprobadas promueven la creación de cuatro órganos administrativos desconcentrados con que contará la Fiscalía General del Estado a saber: la Comisión Estatal de Seguridad; el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.

Las organizaciones del Estado de Chihuahua que suscribimos la presente, nos congratulamos de dicho avance en la medida en que consideramos se abre una oportunidad para contar con órganos específicos que terminen con la impunidad del estado y sirve de modelo para otros estados acosados por la impunidad y corrupción.

Asimismo, reconocemos esta aprobación como un primer paso del Estado para responder a las reformas solicitadas por la ciudadanía e instan a todos los poderes del Estado a continuar por este camino y a dotar a la fiscalía de herramientas técnicas concretas, con los recursos financieros adecuados para su fortalecimiento institucional y la efectiva implementación de la carrera profesional.

El diseño de las Fiscalías brinda una oportunidad para asegurar a la población del estado a personas al frente de las Fiscalías  con las cualidades indispensables de honestidad, valor, independencia y compromiso para terminar con la impunidad.

Esperamos que dichas acciones sean un paso en la historia al mostrar que la justicia es posible.

Para avanzar, estamos claras de la necesidad de que exista voluntad política y de un sistema de justicia transparente y responsable.

En próximos meses, se pondrá a prueba la efectividad de las Fiscalías creadas en la medida en que se esperará de ellas avances sustantivos en la lucha contra la impunidad lo cual sin duda implicará la confrontación con diferentes grupos de poder, particularmente con grupos criminales.

Las organizaciones de la sociedad civil, instamos a las organizaciones nacionales, organismos internacionales y representantes de gobierno  a prestar atención y brindar apoyo para asegurar que esta oportunidad permita a las Fiscalías y órganos creados cumplir su mandato y hacer frente a los desafíos que se le presenten.

Estaremos vigilantes para acompañar el deber del Estado de proteger el derecho a la vida y a la integridad personal de sus habitantes y proporcionarles una tutela judicial efectiva y de asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos internacionalmente en materia de Derechos Humanos para introducir instrumentos efectivos para proteger estos derechos.


Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC)
El Barzón Chihuahua
Bowerasa, Haciendo Camino A.C.
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (COSYDDHAC)
Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC)
Ecos de Mirabal
Fátima I.B.P.
Grupo de Abogadas Demócratas
Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos
Red por la Participación Ciudadana A.C.
Uno de Siete Migrando
Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez A.C.

Firma Tierra Nativa, A.C.

viernes, 26 de mayo de 2017

Organizaciones de la Sociedad Civil de Chihuahua se congratulan por el nombramiento de Luz Estela (Lucha) Castro como integrante del Consejo de la Judicatura en el Estado de Chihuahua




Chihuahua, Chih., a 26 de mayo de 2017.- Las organizaciones de la sociedad civil que suscribimos nos congratulamos por el nombramiento de Luz Estela (Lucha) Castro Rodríguez como integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua.



La necesidad de que el estado de Chihuahua tuviera un Consejo de la Judicatura que se encargara de la administración, vigilancia y disciplina de los órganos jurisdiccionales, fue una demanda de la sociedad civil como condición indispensable para fortalecer la impartición de justicia y saludamos que hoy sea una realidad; consideramos transcendental que una de sus integrantes sea una propuesta formal de las organizaciones de derechos humanos, pues con esto se avanza en la ciudadanización de los órganos del Estado.



La Maestra Luz Estela Castro Rodríguez, es una comprometida abogada y defensora de derechos humanos que por décadas ha dedicado su vida al acompañamiento y defensa de víctimas de graves violaciones a derechos humanos; pionera en el litigio estratégico en el Sistema Penal Acusatorio y con una reconocida trayectoria a nivel internacional que le ha merecido diversos reconocimientos, entre otros el Premio Internacional del año 2011 por parte de la asociación Pro Derechos Humanos de España.



La experiencia de Luz Estela Castro Rodríguez en la incorporación de estándares internacionales en materia de derechos humanos y la perspectiva de género, sin duda serán una aportación fundamental en el Consejo de la Judicatura del Estado.



Las organizaciones de la sociedad civil, esperamos que la implementación del Consejo de la Judicatura redunde en un mejor acceso a la justicia y así a la plena vigencia de los derechos humanos.





Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC)

El Barzón Chihuahua

Bowerasa, Haciendo Camino A.C.

Casa Amiga Esther Chávez Cano A.C.

Centro de Atención a las Mujer Trabajadoras, A.C. (CAMT)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM)

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (COSYDDHAC)

Consultoría Técnica Comunitaria A.C. (CONTEC)

Ecos de Mirabal

Fátima I.B.P.

Mujeres por México en Chihuahua A.C.

Mukira A.C., Justicia, Género y Buenas Prácticas

Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos

Red por la Participación Ciudadana A.C.

Transforma A.C., Centro de Formación para el Desarrollo y Transformación de Vidas

Uno de Siete Migrando

Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez A.C.