A DOS AÑOS DE LA NOTIFICACIÓN DEL CASO ALVARADO ESPINOZA, INCUMPLIMIENTO Y RETROCESOS

 

Chihuahua, Chih., 21 de diciembre de 2020. Hace dos años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó la sentencia condenatoria al Estado mexicano por la desaparición forzada de Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, en Chihuahua. Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2009 y, desde entonces sus familiares desconocen su paradero y el caso sigue en completa impunidad.

La sentencia de la Corte IDH era una oportunidad propicia no solo para brindar una reparación integral a las familias sino para que el Estado mexicano adoptara medidas estructurales relacionadas con la militarización de la seguridad, la creación de un registro único de personas desaparecidas, la capacitación de fuerzas de seguridad y el compromiso expreso de que esos hechos no se repitieran a partir de un acto de reconocimiento de responsabilidad.

De manera preocupante, el Estado mexicano no solo no ha avanzado en el cumplimiento de la sentencia, sino que ha retrocedido en la adopción de esas medidas estructurales de no repetición. Esto se puede evidenciar con la emisión del “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria” emitido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de mayo. El retroceso también se refleja en la reforma a la Ley General de Víctimas en la cual se desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) que no solo serviría para terminar de indemnizar a las víctimas del caso sino a muchas más.

La excesiva burocracia, la falta de una coordinación efectiva entre dependencias, la renuencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la rotación de funcionarios y funcionarias involucrados en el cumplimiento de la sentencia y la pandemia de COVID 19 también han sido factores determinantes para no poder avanzar de manera sustantiva en el caso.

Por tal situación, se ha solicitado a la Corte IDH la celebración de una audiencia de seguimiento en la cual se reitere al Estado mexicano la obligación de cumplir de buena fe con sus obligaciones internacionales.

En febrero de 2010, Andrés Manuel López Obrador se entrevistó con una delegación de familiares. En esa ocasión, les externó todo su apoyo. Hoy, a dos años de la sentencia y a 11 años de la desaparición de las tres víctimas, las familias -frustradas, desesperadas y preocupadas- le recuerdan ese hecho y le piden congruencia.

 

A 10 años del asesinato de Marisela Escobedo

Chihuahua, Chih., a 17 de diciembre de 2020. El día de ayer, se cumplieron 10 años del asesinato de Marisela Escobedo Ortiz, quién realizaba una protesta frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua, exigiendo justicia para su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo, quién fue víctima de feminicidio a manos de su pareja.

Al día de ayer, se cumplieron 3,653 días sin justicia para Marisela y 4,494 para Rubí.

Como lo hemos hecho en los últimos 9 años, el día de ayer recordamos la lucha de Marisela y la deuda de justicia que existe para miles de mujeres en este país; sin embargo, debido a la situación que vivimos actualmente a causa del COVDI-19 no pudimos reunirnos físicamente y lo hicimos de forma virtual y buscamos reivindicar la lucha de Marisela Escobedo quien dio su vida con la esperanza de que el feminicidio de su hija Rubí Fraire fuera el último en Chihuahua y en México.

El primer acto tuvo lugar a las 8:00 horas en donde las Mujeres de Negro colocaron una ofrenda de flores en la placa colocada en el lugar donde cayera Marisela Escobedo antes de morir; las Mujeres de Negro son un importante precedente en la región latinoamericana que lograron hacer visible el tema de la violencia feminicida en Chihuahua.

A las 10:00 horas tuvimos la oportunidad de escuchar a Jessica, Juan Manuel y Alejandro Fraire, hija e hijos de Marisela Escobedo quienes de forma contundente reclamaron justicia para el caso de su madre, haciendo énfasis en que existen elementos suficientes para investigar a los verdaderos asesinos de su madre. Por otro lado, las organizaciones que les acompañamos en su demanda de justicia frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hicimos énfasis en la importancia de que el estado Mexicano, adopte medidas suficientes, adecuadas y oportunas para evitar que casos como los de Rubí y Marisela no se repitan.

La conmemoración culminó con el evento transmitido virtualmente  a la 18:00 horas   En donde se contó con la participación de Luz Estela (Lucha) Castro quien tuvo a su cargo el posicionamiento de las organizaciones y resaltó que aún queda mucho camino por recorrer para lograr que el estado Mexicano responda de forma adecuada a las víctimas de violencia en México; de igual forma se contó con la participación de Narce Dalia, Lavinia Ekaterina, Vivir Quintana y Alejandro Fraire quienes compartieron su arte como instrumento de denuncia e indignación colectiva.

Asimismo, en este décimo aniversario, se entregaron en diferentes lugares de México y el mundo, una carta con las principales demandas de la familia de Rubí y Marisela, así como de las organizaciones que les acompañamos en la demanda de justicia en el ámbito internacional.

Este año hemos conmemorado su asesinato de una manera muy diferente, debido a las circunstancias. Esta tarde fueron encendidas más de cuatro mil veladoras alrededor del Palacio de Gobierno y de la placa que honra su lucha, cada una de las cuales simboliza la indignación, la solidaridad, la impotencia y sobre todo la esperanza de que un México más justo e igualitario es posible.

 A 10 años del vergonzoso asesinato de Marisela Escobedo, organizaciones y colectivas:

•        Demandamos se realice una investigación oficiosa, imparcial, exhaustiva y diligente sobre el asesinato de Marisela Escobedo que permanece impune;
•        Exigimos una investigación eficaz sobre las acciones u omisiones que llevaron a la familia de Marisela Escobedo a solicitar asilo político en otro país.
•        Demandamos la adopción de todas las medidas necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en México, tal como lo establecen los tratados internacionales de los que nuestro país es parte.
•        Seguiremos insistiendo en la necesidad de fortalecer la política pública para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, que implica necesariamente destinar los recursos suficientes y adoptar medidas que garanticen que podamos seguir realizando nuestra labor en condiciones de libertad y seguridad.
•        En general, demandamos el cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales de protección de derechos humanos que nos presentan una ruta para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra niñas y mujeres en el Chihuahua y en México.

¡Porque Justicia para Marisela Escobedo es Justicia para Todas y Todos!

Antecedentes 

Marisela tenía 52 años cuando fue cobardemente asesinada. Hasta sus 48 años, se había dedicada a sus hijos e hijas, a su vocación de enfermera y siguiendo su espíritu de emprendedora. Fueron los últimos cuatro años de su vida, los que marcaron para siempre la historia de Chihuahua, del sistema penal acusatorio en México y los que evidenciaron al mundo la impunidad imperante en nuestro país.

Marisela se convirtió en la principal investigadora de la desaparición de su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo ocurrida en agosto de 2008. Gracias a las evidencias recabadas por ella, se pudo determinar que Rubí fue asesinada por su pareja, Sergio Rafael Barraza Bocanegra quien ya había huido de Chihuahua; Marisela logró ubicarlo y gracias a esto pudo ser detenido para enfrentar un juicio en el recién estrenado Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Durante la declaración de Marisela en el juicio contra Sergio, explicó que estaba ahí porque quería que el feminicidio de su hija fuera el último en Chihuahua. El Tribunal absolvió y liberó al asesino confeso.

En segunda instancia, se logró una sentencia condenatoria, pero Sergio Rafael ya no estaba detenido, entonces Marisela comenzó una tenaz lucha para exigir la aprehensión del asesino de su hija.

Recorrió el país, encabezó marchas, realizó múltiples protestas, se reunió con autoridades de diferentes niveles, encontró por su cuenta a Sergio en tres ocasiones y demandó su detención, confrontó al Gobernador, denunció la colusión entre autoridades y el narcotráfico, enfrentó amenazas de muerte de la familia del asesino, advirtió que sería asesinada si no hacían nada para protegerla y que su muerte sería la vergüenza del Gobierno.

La noche del 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo Ortiz fue asesinada en las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua.

The Three Deaths of Marisela Escobedo brought to the Inter-American Commission on Human Rights.

 

• The emblematic case of the human rights defender, murdered while demanding justice for her daughter who was the victim of a femicide, began its proceedings before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) by notifying the Mexican State of the complaint filed against her.

Chihuahua, Mexico and San José, Costa Rica, November 2, 2020- The Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) notified the Mexican State of the complaint filed against it regarding the femicide of Rubí Fraire Escobedo and the murder of Marisela Escobedo, the latter of whom occurred in December 2010 in front of the Chihuahua Government Palace, when she was carrying out a strong campaign demanding justice for her daughter Rubí and other victims of femicide.

This case has been widely publicized with the broadcast of the documentary "The three deaths of Marisela Escobedo", which was released this October through the Netflix platform. Her story takes on special relevance in the current Mexican context, which only in the month of June registered record numbers of femicide, with an average of 10.3 crimes of women per day.

The petition (international complaint) was presented to the IACHR on June 2019 by the family of Marisela Escobedo, and the accompanying organizations: The Center for Women's Human Rights (CEDEHM), the Center for Justice and International Law (CEJIL), and the organization Mexicans in Exile. When the petition was transferred to the Mexican State, the Commission gave it three months to submit its observations.

For the representatives, the beginning of the process at the IACHR is a step forward in a long journey for justice. "Taking Marisela's case to the Inter-American Human Rights System is a commitment to her family and to her struggle; but it is also the way to demand that the State

recognizes its responsibility in the serious human rights violations that have been committed, particularly in the State of Chihuahua," said Ruth Fierro, director of CEDEHM.

"The prompt handling of the petition by the Commission shows that this case is a priority and emblematic of the Mexican State's debts in the area of women's rights. Not only because it reflects the continued impunity that persists in the cases of femicide, but also because of the lack of guarantees of protection for the families of the victims who seek justice, who become human rights defenders facing a corrupt and viciously articulated system with factual powers," added Vanessa Coria, CEJIL's legal coordinator.

The organizations hope that, following the State's response, the IACHR will decide to admit the case and subsequently find Mexico internationally responsible for the violation of the human rights of Rubí Fraire, Marisela Escobedo and their family. With this, we hope that the walk for the end of impunity, which Marisela began in 2010, will continue to advance until justice is achieved.

The facts about the case

Rubi Fraire, 16 years old, disappeared at the end of August 2008. Due to the lack of progress in the investigation, her mother, Marisela Escobedo, left everything to become an investigator and human rights defender. Based on the background information that she independently gathered, it was determined that Rubí was murdered by her partner, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, who had already fled Chihuahua.

Thanks to Marisela's efforts, Barraza was captured, but the judicial process ended up exonerating him. Later, in the Court of Cassation, a guilty verdict was reached, but Sergio had again escaped. It was then, that Marisela began a tireless struggle to demand the apprehension of her daughter's murderer and undertook a series of actions to achieve it. Marisela's struggle brought the country's attention to the deficiencies of the Mexican justice system and violence against women in the country.

On December 16, 2010, while demanding the clarification of the Rubi femicide, Marisela was murdered in front of the Government Palace in Chihuahua, and in the presence of her family members.

After the crime, the threats Marisela received extended to her family: her brother-in-law Manuel Monge was murdered and her nuclear family had to flee Mexico to seek political asylum, a problem that has not been addressed by the Mexican State either.

Las tres muertes de Marisela Escobedo ante la CIDH

 

·      El emblemático caso de la defensora de derechos humanos, asesinada mientras exigía justicia para su hija víctima de feminicidio, inició su trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al notificar al Estado mexicano sobre la denuncia interpuesta en su contra.

Chihuahua, México y San José, Costa Rica, 2 de noviembre de 2020- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Estado mexicano la denuncia interpuesta en su contra por el feminicidio de Rubí Fraire Escobedo y por el asesinato de Marisela Escobedo, éste último acontecido en diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, cuando desarrollaba una fuerte campaña exigiendo justicia para su hija Rubí y otras víctimas de feminicidio.

Este caso se ha dado a conocer ampliamente con la emisión del documental “Las tres muertes de Marisela Escobedo”, el cual se estrenó este mes de octubre a través de la plataforma Netflix. Su historia cobra especial relevancia en el contexto actual mexicano, que tan sólo en el mes de junio registró cifras récord de feminicidio, con un promedio de 10.3 crímenes de mujeres por día.

La petición (denuncia internacional) fue presentada ante la CIDH en junio de 2019 por la familia de Marisela Escobedo, y las organizaciones acompañantes: el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la organización Mexicanos en el Exilio. Al trasladar al Estado mexicano la petición, la Comisión le otorgó un plazo de tres meses para remitir sus observaciones.

Para las representantes, el inicio del trámite en la CIDH es un avance en un largo camino por la justicia. “Llevar el caso de Marisela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un compromiso con su familia y con su lucha; pero también es la vía para exigir al Estado que reconozca su responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos que se vienen cometiendo particularmente en el Estado de Chihuahua”, indicó Ruth Fierro, directora de CEDEHM. 

“El pronto traslado de la petición por parte de la Comisión muestra que este caso es prioritario y emblemático de las deudas del Estado mexicano en materia de derechos de las mujeres. No sólo porque refleja la continua impunidad persistente en los casos de feminicidio, sino también por la falta de garantías de protección de las familias de las víctimas que buscan justicia, quienes se convierten en defensoras de derechos humano enfrentando un sistema corrupto y cruelmente articulado con poderes fácticos”, agregó Vanessa Coria, coordinadora jurídica de CEJIL.

Las organizaciones esperan que, tras la respuesta del Estado, la CIDH decida admitir el caso y que posteriormente encuentre responsable internacionalmente a México por la violación de los derechos humanos de Rubí Fraire, Marisela Escobedo y su familia. Con ello, esperamos que la caminata por el fin de la impunidad, que emprendió Marisela en 2010 continúe avanzando hasta alcanzar justicia.

 

Los hechos del caso

 

Rubí Fraire, de 16 años, desapareció a fines de agosto de 2008. Ante la falta de avances en la investigación, su madre, Marisela Escobedo, dejó todo para convertirse en investigadora y defensora de derechos humanos. A partir de los antecedentes que recabó de manera independiente, se determinó que Rubí fue asesinada por su pareja sentimental, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien por entonces ya había huido de Chihuahua.

Gracias a los esfuerzos de Marisela se logró capturar a Barraza, sin embargo, el proceso judicial terminó absolviéndolo. Posteriormente, en la Sala de Casación se logró una sentencia condenatoria, pero Sergio había vuelto a escapar. Fue entonces cuando Marisela comenzó una lucha incansable para exigir la aprehensión del asesino de su hija y emprendió una serie de acciones para conseguirla. La lucha de Marisela atrajo la atención del país sobre las deficiencias del sistema de justicia mexicano y sobre la violencia contra las mujeres en el país.

El 16 de diciembre de 2010, mientras demandaba el esclarecimiento del feminicidio de Rubí, Marisela fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, y en presencia de sus familiares.

Tras el crimen, las amenazas que recibía Marisela se extendieron a su familia: su cuñado Manuel Monge fue asesinado y su familia nuclear tuvo que huir de México para solicitar asilo político, problemática que tampoco ha sido atendida por parte del Estado mexicano.

Urge la restauración del diálogo entre la Presidencia de la República y el Gobierno del Estado de Chihuahua

Chihuahua, Chih., a 17 de octubre de 2020. Las organizaciones de la sociedad civil y personas que firmamos este documento, exhortamos al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y al Gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, a que restablezcan cuanto antes el diálogo para que prevalezca la relación institucional y republicana que por ley y oficio deben honrar, independientemente de sus diferentes puntos de vista.

Les recordamos que más allá de sus posturas personales, independientemente de qué tanta razón les asiste en sus argumentos, como autoridades electas, representan al pueblo de Chihuahua, el único perjudicado en el conflicto que ambos protagonizan.

Muchos son los problemas que atañen tanto a la Federación como al Gobierno Estatal que deben asumir de manera coordinada. Sólo para mencionar los más urgentes: el problema del agua generado, en su mayor parte, por la sobreexplotación irracional e ilegal; la seguridad pública; el asesinato de personas defensoras de derechos humanos; la violencia de género exacerbada contra las mujeres en la pandemia; la salud; la hambruna en la Sierra Tarahumara; los presupuestos federales y estatales; la agudización del desempleo; así como el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Porque sabemos que es posible, esperamos cordura, civilidad y cuanto antes: la reposición de un diálogo claro en sus planteamientos, respetuoso de sus competencias, justo en sus reclamos, civilizado en los modales, interesado en el bien común y con la dignidad que da la soberanía y la investidura de las partes, sin prepotencias, descalificaciones y amenazas.

Para un diálogo fructífero, proponemos que se ayuden de una eficaz intermediación, así como del apoyo en expertos(as) para una resolución pacífica del conflicto y con la presencia de testigos de calidad.

De nuestra parte, estaremos atentas y atentos a los acontecimientos para colaborar, pero también para exigir el cumplimiento de sus obligaciones anteponiendo siempre el bien del pueblo de Chihuahua y de nuestra Nación.

 

ATENTAMENTE,

 

Organizaciones y colectivos:

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.

El Barzón Chihuahua

Uno de Siete Migrando, A.C.

Ejido Benito Juárez, Mpio. de Buenaventura, Chihuahua

Mukira Género y Buenas Prácticas, A.C.

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C.

Abogadas Demócratas

Ecos de Mirabal

Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.

Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, A.C.

Fátima I.B.P.

Sin Violencia, A.C.

Mujeres por México en Chihuahua, A.C.

Organización de Defensa del Patrimonio Familiar y de Derechos Humanos, A.C.

Unión Campesina Democrática

Complejo Asistencial Clínica Santa Teresita, A.C.

Ciudadanas y ciudadanos:

Pbro. Camilo Daniel Pérez

P. Javier Ávila Aguirre, S.J.

P. Javier Campos Morales, S.J. Superior de la Comunidad de Jesuitas de Tarahumara

Jorge G. Cruz Russek

P. Miguel Quintanilla, S. J.

Rossina Uranga Barri

Lucero de Lourdes Espíndola de la Vega

María Hilda De la Vega Cobos

Lucha Castro, defensora de Derechos Humanos

Martha Paola Sáenz Solís

Alberto Rodríguez Cervantes

David Lauer

Ocho hombres de una familia desaparecidos, nueve años y ninguna autoridad los busca

Chihuahua, Chih., a 19 de junio de 2020. 

Un día del padre difícil de olvidar

Nos encontrábamos el 8 de agosto de hace nueve años en Creel, Chihuahua. Acudimos a conmemorar y acompañar a las familias de las víctimas de la primera masacre en el país en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, Albino y Doña Ema, llegaron y sus rostros demostraban un profundo dolor, entre sollozos ahogados nos compartieron su testimonio.

El 19 de junio del 2011, la familia MUÑOZ VELETA decidió celebrar el día del padre con un festejo acostumbrado, el padre, los hijos, las nueras, nietos y nietas fueron convocados a la humilde casa de Doña Ema en Anáhuac, Chih. En plena celebración, por la tarde ya anocheciendo, llegó un numeroso grupo de hombre armados, portaban insignias y uniformes de la policía federal, custodiados por la policía municipal de Anáhuac, sin mediar palabra y con lujo de prepotencia y violencia, apuntando sus armas largas, uno a uno, los hombres de la familia fueron golpeados y subidos a los vehículos. Desde esa fecha nada se sabe de su paradero.

Doña Ema comparte que intentó retener a su esposo y a dos de sus hijos y uno a uno les fueron arrancados de sus brazos. Desde entonces, las mujeres de la familia han peregrinado exigiendo verdad y justicia.

A Doña Ema le fueron arrebatados: su esposo Toribio; sus hijos: Jaime, Oscar, Hugo y Guadalupe; su sobrino Luis; su nieto Oscar Guadalupe y su yerno Nemesio. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, ha dado acompañamiento psicosocial y legal a las familias y este caso, permitió la colaboración del Equipo Argentino de Antropología Forense en el año 2016 para la identificación de restos.

El Caso Muñoz es emblemático, no existe en el país ningún caso documentado en que ocho integrantes de una familia en un mismo hecho hayan sido desaparecidos forzadamente por agentes policiacos, sino por la indolencia de todas las autoridades para investigar a los perpetradores del evento criminal.

Después de consultar a expertos internacionales sobre las investigaciones del caso, se concluyó que por las complicidades entre el crimen organizado y los cuerpos policiacos de la región, una investigación de los hechos en la zona occidente, situada en ciudad Cuauhtémoc era imposible de realizar, por lo que se radicó en Chihuahua capital, la investigación se paralizó con el argumento de que es materialmente imposible practicar diligencias de indagatorias, en un lugar diverso al que se cometieron los delitos. Posteriormente se regresa el expediente a Ciudad Cuauhtémoc, en donde se ubica a probables responsables de las desapariciones forzadas, se solicitan órdenes de aprehensión y el Juez Cesar Arnulfo Estrada Vigíl con absoluta irresponsabilidad y sin entrar al fondo del caso, se declara incompetente para liberar las ordenes que se le solicitan, y lo remite a la PGR, hoy Fiscalía General de la República, con el argumento de la probable participación de integrantes del crimen organizado. El drama legal continuó, la instancia federal no acepta la carpeta de investigación y la regresa a la Fiscalía Estatal, esta argumenta tener incapacidad jurídica para continuar el caso derivado de la orden del Juez.

A nueve años de la desaparición de ocho hombres de una familia, por los vericuetos legales de las propias autoridades, dejaron en el limbo jurídico la investigación y como consecuencia en la impunidad garantizada.

La Familia y el CEDEHM han expuesto la situación legal que impide el acceso a la Justicia y como consecuencia nadie es responsable de la búsqueda de los ocho integrantes de la familia Muñoz. Hemos recurrido a todas las autoridades federales y estatales; al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; al Lic. Alejandro Encinas, Sub secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; al Maestro Abel Galván Gallardo, Fiscal especializado en investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR y al Gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado. A nueve años de la desaparición forzada, ninguna autoridad ha respondido.

Las familias de las víctimas nada saben ni quieren saber de fueros, si son del fuero local o del fuero federal, quieren que busquen e investiguen.

Exigimos:

Que urgentemente las autoridades federales y estatales se coordinen y asuman la responsabilidad de la investigación y la búsqueda.

No aceptamos pretextos de competencias ni fueros, la responsabilidad de las investigaciones y la búsqueda es de todas las autoridades.

Comunicado sobre el proyecto Tren Maya en el marco de la visita presidencial para su promoción

1 de junio de 2020

Al pueblo de México,

A los medios de comunicación,

Al Sr. Presidente Lic. Andrés M. López Obrador

En el marco de la visita prevista del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para “dar banderazo” de salida a su proyecto denominado “Tren Maya,” las y los suscritos, organizaciones no gubernamentales, colectivos indígenas y populares, comunidades de base, académicos y académicas, personas en lo particular, a la vez que señalamos lo inoportuno de dicha visita en medio del momento más crítico de la pandemia de la COVID-19, realizamos este comunicado.

El “Tren Maya”, ha sido presentado como uno de los principales proyectos de la actual administración federal. En el discurso, la obra servirá para “detonar el desarrollo del sureste y potenciar el turismo y el desarrollo económico de la región”. Sin embargo, durante el avance del proyecto se han atropellado los derechos y garantías de la población y se ha violentado el Estado de derecho. Es por las siguientes razones que expresamos nuestro rechazo al proyecto:

PRIMERO. Siendo que existen diversos amparos en los que jueces federales han ordenado la suspensión de muchas de las actividades del proyecto y que la CNDH ha ordenado como medida cautelar, la suspensión de actividades no esenciales  del  proyecto, la visita del Señor Presidente atentaría contra el orden Constitucional. El objetivo de su visita desdeña y desacata órdenes judiciales y del Ombudsperson afectando el delicado balance y el equilibrio del ejercicio de poder en nuestro país.

El avance del proyecto que se fuerza desde el gobierno federal se cobija en la disminuida actividad del Poder Judicial Federal por la emergencia sanitaria, y las consecuentes repetidas negativas de juzgados federales de Campeche y Yucatán de recibir demandas de amparo en contra del proyecto. Es preocupante el ambiente que se cimbra en la conciencia nacional por las faltas de independencia judicial y de garantía de acceso a la justicia en el contexto de este proyecto.

En este mismo sentido, por causa de la pandemia, han sido canceladas las reuniones informativas y mesas de discusión, y se ha establecido que los términos para obtener información no corren, lo cual limita el acceso de la población involucrada a información cabal, suficiente y oportuna.

SEGUNDO. El megaproyecto en cuestión, aunque afecta de manera directa a comunidades indígenas de al menos 4 de las 5 entidades federativas se ha ido erigiendo sin la participación de los pueblos originarios y de otros sectores de la sociedad en el diseño y planeación de un proyecto de desarrollo. Para este proyecto no existió un diálogo preliminar con las comunidades para tomar su parecer y conocer sus  necesidades y pasando por alto el derecho que tienen a decidir libremente su futuro, violando un derecho que se encuentra constitucionalmente protegido, que es el derecho   a la libre determinación.

Sobre este particular, es preciso recalcar que las reuniones realizadas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, no pueden ser consideradas como un proceso de consulta indígena, en principio porque se efectuaron a través de instancias no representativas de las comunidades y pueblos. En segundo porque no se cumplió con los estándares mínimos del derecho a la consulta, establecido en el Convenio 169 de la OIT, situación que incluso fue señalada  por la Oficina para México del Alto Comisionado de Naciones Unidas1. Así también, porque durante las mismas, los funcionarios presentes aceptaron no tener toda la información sobre el diseño de la obra, la ruta del tren y, los impactos ambientales y socioeconómicos. Los procesos de consulta (y de pagos simbólicos por derechos de vía) a ejidos y comunidades indígenas continúan durante la emergencia sanitaria en contra de las recomendaciones de organismos internacionales y sin otorgar información suficiente con respecto a las afectaciones. Aún siguen sin definirse la ubicación y número de los llamados polos de desarrollo así como el funcionamiento de las FIBRAS (Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces) que estimamos son acciones para “bursatilizar la tierra” y contra los cuales se ha pronunciado con una opinión negativa el mismo Procurador Agrario (19 mayo 2020).

Decidir el futuro de las comunidades y pueblos indígenas unilateralmente, afirmando que serán los principales beneficiados de un proyecto que desconocen y en el cual su papel principal será el de la mano de obra barata, significa reproducir la discriminación  sistémica que ha impulsado por años el Estado mexicano y que les ha negado a esos pueblos ser los dueños de su propio destino y futuro. La actual administración dilapida  una oportunidad histórica de hacer las cosas de manera distinta y generar condiciones adecuadas para llevar a cabo un diálogo intercultural que permita generar condiciones de desarrollo a partir de las realidades, especificidades, historias y prácticas de esos  pueblos. Según los mismos informes del gobierno federal, los miles de empleos que supuestamente se crearían, muy probablemente serían empleos precarios, mal pagados, temporales y sin garantías de seguridad social para las y los trabajadores, es decir que tampoco contribuiría al desarrollo regional, como se ha dado en otros proyectos impulsados por el FONATUR.

TERCERO. Existen serios cuestionamientos en torno a la viabilidad ambiental del proyecto denominado Tren Maya. Esta afirmación tiene sustento no sólo en lo señalado por académicos, académicas y comunidades desde sus instituciones de forma independiente, sino también por instancias del propio gobierno federal. Al respecto es preciso recordar que existe un estudio realizado por un grupo de 30 científicos convocados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para determinar el impacto del Tren Maya en los territorios donde se planea su construcción, mismo que concluye  que existen riesgos ambientales y sociales en este proyecto de desarrollo. Éste y otros estudios concluyen que el Tren Maya propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de veintitrés Áreas Naturales Protegidas, entre las cuales se encuentran Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo como Yum Balam, Manglares de Nichupté, Uaymil y las Reservas de la Biosfera de Sian Ka’an y Calakmul, ambas patrimonio de la Humanidad, así como siete Regiones Terrestres Prioritarias, y once Regiones Hidrológicas Prioritarias, a tal grado que podría convertirlas en áreas biológicamente inhóspitas. Estos estudios resaltan que no existe información suficiente acerca de los distintos proyectos económicos que este conllevaría, como las nuevas ciudades, los parques industriales y nuevos enclaves de desarrollos turísticos. Asimismo, los estudios exponen riesgos para la identidad cultural y posible mercantilización de la propia cultura indígena; violación al derecho a la tierra y mecanismos de financiamiento que no favorecen a los propietarios de las parcelas en los polos de desarrollo, así como la sobre- densificación del corredor turístico Cancún-Tulum.

Pero además, el estudio determina, claramente, que el Proyecto Tren Maya traza una ruta de infraestructura no sólo ferroviaria sino de desarrollos turísticos, habitacionales y de traslado, almacenamiento y comercio de mercancías de tipo diverso, situación que  supone un profundo reordenamiento territorial en los cinco estados afectados por el proyecto. Como consecuencia de lo anterior, y dada las condiciones naturales excepcionales y altamente vulnerables de la región así como diversidad biológica que existe en las cinco entidades federativas, se afectarán grandes macizos de selva, manglares y otros humedales, con la consecuente pérdida de  servicios  ambientales como las recargas al manto freático o su capacidad para capturar dióxido de carbono. Estas afectaciones en un contexto de alta conflictividad socio-ambiental vigente caracterizado por el despojo de bienes comunes de territorios campesinos e indígenas conllevan a su vez al deterioro de sistemas ambientales. La infraestructura ferroviaria y los llamados polos de desarrollo significarán también, irremediablemente, especulación y privatización de tierras ejidales. En este sentido también se pronunciaron académicos frente al Congreso de la Unión en septiembre de 2019.

Los cuestionamientos se agravan con el hecho de que no existe una evaluación de impacto ambiental del proyecto en su totalidad, ni de ningún centro urbano que se propone, así como tampoco hay estudios realizados ni información sobre cuál sería el impacto acumulativo del Tren Maya en toda el área de afectación. Esta falta de evaluaciones violenta el marco jurídico nacional e internacional que establece la obligación de llevar a cabo estudios de impacto ambiental para este tipo de proyectos. FONATUR se escuda en que por el momento no se construirán nuevas vías, sin embargo esto es sólo parcialmente cierto puesto que las vías serán ampliadas en toda su  extensión y se construirán y habilitarán carriles para un tren nuevo para el cual se requieren nuevos sistemas de durmientes y de rieles. Como reconoce el mismo Fonatur, los contratos firmados con los concesionarios tienen también la finalidad de que se construyan estructuras para el nuevo tren.

En este sentido, aún y cuando FONATUR anunció que el gobierno federal contaba con el 95% del derecho de vía, esto se ha comprobado incorrecto (por más del 40%) por estudios independientes y por el mismo FONATUR en el reciente informe del Director General Rogelio Jiménez Pons en la rueda de prensa del 18 de mayo pasado.

CUARTO. El proyecto del Tren Maya genera graves riesgos al patrimonio histórico y cultural, todos bienes nacionales, particularmente de la península. En los alrededores del trazo del Tren Maya el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene registro de siete mil 274 sitios arqueológicos. De éstos, mil 288 se encuentran a distancias no mayores a 10 kilómetros de la vía férrea, de manera que tendrían una afectación directa, según el citado estudio encargado por el CONACYT. En el mismo se afirma que “Atendiendo a los cálculos de pasajeros y carga del tren, podrían implicar la destrucción irrecuperable de posibles vestigios culturales, daño físico, adulteración o uso turístico excesivo”. En una denuncia penal realizada por arqueólogos, antropólogos, historiadores  y expertos de diversas organizaciones e institutos de investigación por daños  a  los bienes nacionales a raíz de los proyectos de los trenes maya y transistmico, se denunció que los estudios de salvamento fueron realizados por una persona que no cuenta con experiencia ni títulos en la materia.

QUINTO. Aún y cuando el gobierno federal ha buscado publicitar un supuesto apoyo desde las Naciones Unidas al proyecto, dicho apoyo no existe. Existen consultores contratados por FONATUR a través de ONU-Habitat y la UNESCO que colaboran actualmente con estudios para el proyecto, sin embargo esto no representa un espaldarazo al proyecto por parte de las Naciones Unidas. Es más, las acciones de ONU- Habitat para el proyecto han sido denunciadas porque han puesto en peligro la salud de las personas al realizar censos, entrevistas y encuestas para su desalojo y despojo de  sus hogares durante la emergencia sanitaria declarada desde el gobierno federal.

Finalmente queremos señalar que, frente a este proyecto que desde un inicio ha sido opaco por la ausencia de información, que beneficiará a grandes consorcios empresariales y que ha avanzado aún durante la pandemia de la Covid-19, poniendo en riesgo la salud de las trabajadoras, trabajadores, comunidades y la población en general, representantes de distintas comunidades indígenas y campesinas en los estados afectados han presentado diversas acciones legales. Lo han hecho ante instancias nacionales e internacionales, en las cuales han señalado la violación a diversos derechos. Dichas comunidades, a pesar de la dificultad que históricamente han tenido para acceder a la justicia, han logrado, hasta ahora, tres suspensiones, una en Calakmul, otra en Palenque y una más en Campeche, así como la emisión de medidas cautelares por parte de la CNDH.

En dichos procesos se han evidenciado claras violaciones a la ley, contradicciones y falsedades en la implantación del proyecto por parte fundamentalmente del FONATUR, pero sobre todo se ha expresado la voluntad de la población de mantener la exigencia y  la batalla jurídica y política para hacer efectivos sus derechos a preservar su territorio y medio ambiente.

En esa lógica, el Gobierno Federal tiene la oportunidad histórica, a partir de las promesas de cambio que su titular ha expresado, de generar un proceso en donde las demandas, puntos de vista y exigencias de las comunidades indígenas, académicos y diversos colectivos que han expresado su oposición al tren, puedan ser escuchados, de tal  manera que se genere un proceso realmente democrático en la definición de la política  de desarrollo de las comunidades y pueblos.

1 Pronunciamiento   del   19   de   diciembre   de   2019. https://www.hchr.org.mx/index.php?

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