miércoles, 21 de octubre de 2015

Ante la imposición del ejecutivo en el Congreso con la aprobación de los códigos procesales familiar y civil: Alerta de Género para Chihuahua



A pesar de que Chihuahua recibió el primer pronunciamiento en la historia emitido por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) que preside el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong;  aunado al acuerdo de todas las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado para enviar los códigos de procedimientos familiar y civil a expertos internacionales en la materia, el Congreso decidió acatar las órdenes del Ejecutivo y promulgar leyes que vulneran gravemente los derechos humanos.

El pasado 29 de septiembre, con la presencia de todos los coordinadores parlamentarios, se suscribió un compromiso en la torre legislativa con el Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHMUJER) y el Movimiento de Mujeres, dicho acuerdo consistió en enviar a los expertos, Roxana Arroyo y Rodrigo Jiménez, integrantes del programa Mujer, Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del delito y tratamiento del delincuente (ILANUD) con sede en Costa Rica, los citados códigos procedimentales.
Se contactó a los expertos, se contrataron sus servicios profesionales y sin respetar el plazo pactado, el Congreso decidió aprobar los mencionados ordenamientos legales sin tomar en cuenta las observaciones; obedeciendo la exigencia del Ejecutivo, premura empatada con la visita del Presidente de la República al Estado, en la cual el Gobernador ha insistido en la inauguración de la Ciudad Judicial  y vanagloriarse con los nuevos códigos.

El día de ayer, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres reunió en sus instalaciones, de manera urgente, a la Maestra Alejandra Negrete, titular de la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres (Conavim); a la Maestra Ángela Quiroga, Fiscala Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra); y Roberto Cabrera de la Comisión Nacional de Seguridad, donde se denunció la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en el Estado, en especial en la Sierra Tarahumara; y uno de los puntos centrales fue el incumplimiento del Gobierno de Chihuahua en las recomendaciones del SNPASEVM.
Al enterarse en dicha reunión, de la aprobación de los códigos violatorios a los tratados internacionales que México ha ratificado, contraviniendo el principio de igualdad y no discriminación que el legislativo debió garantizar en estas normas familiares y civiles, se solicitó a la CONAVIM la activación de la alerta de género por agravio comparado, compromiso que fue asumido por su titular.


La alerta de género, contenida en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en su artículo 31,  tiene como finalidad eliminar las desigualdades producidas por un ordenamiento jurídico o políticas públicas que impidan el reconocimiento o el ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las Mujeres protegidos en todos aquellos instrumentos internacionales reconocidos y ratificados por el Estado mexicano.


Algunos ejemplos detectados por el CEDEHM que sustentan el agravio comparado:

·         Reiteramos el grave error de legislar códigos de procedimiento sin tener los códigos sustantivos que son la base,  no se tiene el derecho que se va a desarrollar en el proceso a seguir, que es un mínimo de lógica jurídica.

·      El código carece de un procedimiento eficaz que facilite se asuma la responsabilidad paterna, era la gran oportunidad para dar respuesta al clamor de miles de niños y niñas que merecen el derecho a la paternidad, nos referimos a las madres solteras que enfrentan la responsabilidad en solitario ante la irresponsabilidad de los hombres. La Convención sobre los Derechos de Niño establece como obligación legislar procedimientos para garantizar que niñas y niños tengan reconocimiento paternidad, obligación omitida en los códigos aprobados, es decir, por lo que no existe homologación de las normas con los estándares internacionales.

·       Los códigos aprobados omiten los derechos de personas vulnerables; reiteramos era el momento oportuno para armonizar los códigos con los convenios y tratados internacionales de protección a derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres, niños, niñas, personas de la tercera edad, indígenas, personas con capacidades diferentes y diversidad sexual; es decir, los códigos incumplen por la falta de procedimientos especiales para atención a estos grupos.

·             En relación a usar el lenguajes inclusivo, no solo debe limitarse a decir juez o jueza, mujer o hombre, se trata de elaborar una norma jurídica que en la práctica facilite el acceso a las mujeres a procedimientos sencillos, claros y oportunos que atiendan las desventajas, es decir hacer efectiva la igualdad sustantiva que establece la CEDAW.

·         El derecho humano a los alimentos evadido por algunos hombres, era también un momento histórico para obligarles al cumplimiento de dicha obligación. Uno de los grandes problemas de ruptura de tejido social obedece a la situación que enfrentan miles de niños y niñas abandonados que carecen de lo más indispensable, por esto era indispensable una legislación protectora a sus derechos.  

·         Aun cuando se habla de que no hay mediación, por el propio contenido del articulado se advierte presión para llegar a este propósito, es decir en las primeras audiencias del juicio oral, en conclusión no hay armonización con el derecho internacional de los derechos humanos como fue la exigencia del Sistema Nacional (SNPASEVM).

El CEDEHM lamenta que con la aprobación de estos códigos de nueva cuenta el estado de Chihuahua, lugar en que ha cobrado fama por los asesinatos de mujeres y niñas, que ocasionó la emblemática sentencia de Campo Algodonero, que tuvo el primer pronunciamiento del Sistema Nacional (SNPASEVM), ahora se sumará a la primera alerta de género por agravio comparado que se emita en el país.



jueves, 1 de octubre de 2015

MIENTE DIPUTADO RODRIGO DE LA ROSA




Chihuahua, Chih., 1º de octubre de 2015.- El Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHMUJER) y el Movimiento de Mujeres de Chihuahua desmienten al Diputado Rodrigo de la Rosa, líder de la bancada priista del Congreso del Estado, en afirmaciones realizadas a diversos medios de comunicación, en los que descalifica a las organizaciones y hace manifestaciones que no se apegan a la verdad.

Por tratarse de declaraciones calumniosas y ofensivas,  las activistas recordamos los antecedentes que obligaron al Congreso a reformar los códigos de procedimientos en materia familiar y civil:  

        A finales de 2013 y el 6 marzo de 2014, el Congreso abrió foros de consulta ciudadana en el Estado, que resultaron un acto de simulación absoluta. Las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres participamos activamente, presentando diversas propuestas que no fueron tomadas en cuenta. Los códigos fueron aprobados el 26 de junio de 2014.
        Ante la imposibilidad de ser escuchadas, integrantes del Movimiento de Mujeres acudimos a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación y Presidente del Sistema Nacional para Atender, Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) a denunciar la promulgación de los códigos que violentan los derechos humanos de diversos grupos, en especial de mujeres y niñas.
        El 20 de enero del año en curso, integrantes del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) acudieron en representación del SNPASEVM, informaron del pronunciamiento e instaron a una reforma legislativa.
        La denuncia del Movimiento de Mujeres fue justa y sustentada: el 15 de junio del presente año, fue notificado el Gobernador César Horacio Duarte Jáquez, del primer pronunciamiento emitido en la historia del SNPASEVM respecto de leyes violatorias de derechos humanos. El oficio CNPEVM/622/2015 retomó “las principales preocupaciones del Sistema Nacional en relación con las reformas realizadas a los Códigos de Procedimientos Civiles y Familiares del Estado de Chihuahua, e insta[ba] a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado a revisarlas y a adoptar una perspectiva de género adecuada y sean compatibles con los derechos humanos de las mujeres y los estándares internacionales en la materia.” De ese pronunciamiento se marcó copia, entre otros, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y al Presidente del Congreso del Estado.
        En julio de este año, el Secretario General de Gobierno compartió con el Movimiento de Mujeres una propuesta de reforma de los códigos de procedimientos trabajada desde el Ejecutivo, más nunca desde el Congreso, con quienes aún tenían que coordinarse.
        El retraso en la construcción de la ciudad judicial y la necesidad de cambiar los códigos obligó al Congreso el 13 de julio a cambiar la fecha de vigencia de los códigos. El 21 de julio del presente año, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia convocó al Movimiento de Mujeres de Chihuahua a un desayuno en el cual hizo entrega del proyecto de Código Civil para la revisión de las organizaciones. Entre otras cuestiones, las organizaciones insistimos en la necesidad de la presencia del Congreso y urgimos a que existiera coordinación entre los tres Poderes del Estado.
        El 6 de agosto que se instalaron las mesas para discutir los proyectos de códigos sustantivos. El Poder Judicial nos remitió una propuesta de reforma de códigos de procedimientos trabajada desde ese Poder y no desde el Congreso. Acudieron representantes del ICHMUJER, magistrados y abogados de la Consejería Jurídica y del Movimiento de Mujeres. No participó ningún diputado o diputada.
        Organizaciones tuvieron una reunión con integrantes de los 3 poderes y se comprometieron a convocar a una reunión con los líderes de las bancadas parlamentarias. Hasta ese momento, el Congreso no había entregado documento alguno.
        Fue hasta el pasado 23 de septiembre que, a través del ICHMUJER el Congreso envió una versión de reforma de los códigos de procedimientos, con la consigna de que en menos de ocho días deberíamos entregar todas las observaciones de dicho documento.

Ante todo ello, ¿Quién miente, Señor Diputado? Las anteriores afirmaciones se encuentran totalmente documentadas por diversas minutas, que se encuentran a disponibilidad de los medios de comunicación y de la sociedad en general. Por ello, emplazamos al diputado De la Rosa a que presente pruebas fehacientes que corroboren sus manifestaciones las cuales faltan a la verdad, tergiversan la realidad, buscan evadir la responsabilidad que el Congreso del Estado ha tenido en este tema y pretenden responsabilizarnos del trabajo que no han hecho.

Desde que inició este tortuoso proceso, el Movimiento de Mujeres ha insistido en la necesidad de que exista tiempo suficiente para revisar los más de 1,500 artículos que comprenden los códigos. No obstante, este ejercicio ciudadano serio, responsable, profesional y gratuito no puede hacerse en el tiempo que prevén los y las diputadas. El Movimiento de Mujeres tiene derecho a participar en estos procesos pero la obligación primordial es del Congreso del Estado, a quienes mensualmente les pagamos con nuestros impuestos $72,545 y el diputado de la Rosa recibe $132,242 al mes. Ello, sin incluir las gratificaciones anuales y prima vacacional. En total, el Congreso del Estado tiene un presupuesto anual de $325´000,000.

También denunciamos que esta Legislatura, como nunca antes en la historia del Congreso, ha legislado desde un escritorio, alejada de la realidad social y de los dramas de las personas a quienes supuestamente representan. Se ha caracterizado por el sometimiento al Ejecutivo del Estado en el nombramiento de órganos autónomos, en no aprobar leyes trascendentales como la ley de participación ciudadana, en aprobar una reforma electoral para obstaculizar las candidaturas ciudadanas y en favorecer el 2% para partidos políticos en contra de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y mientras el Congreso despilfarra millones de pesos, se le quita presupuesto a instituciones que trabajan para las niñas y mujeres en situación de violencia, como son el ICHMUJER y los Centro de Justicia para las Mujeres. En definitiva, la opacidad de los y las representantes populares será la más gris de la historia contemporánea de nuestro estado.


Abogadas Demócratas
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Círculo de Estudios de Género
Ecos de Mirabal
Justicia para Nuestras Hijas
Fatima, I.B.P.
Grupo Feminista 8 de Marzo
Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Kakúm Colectiva
Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHMUJER)
Mujeres Barzonistas
Mujeres por México en Chihuahua, A.C.
Red por la Participación Ciudadana
Observa Ciudadan@
Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua)