viernes, 15 de julio de 2011

El principio del fin de la impunidad militar

Por: Víctor M. Quintana S. | 14 de Julio del 2011 | 00:17 hrs


Nunca se imaginaron las hijas de Rosendo Radilla, alcalde combativo de Atoyac de Álvarez Guerrero,  que la denuncia de la desaparición forzada de su padre por miembros del Ejército Mexicano en 1974 iba a tener repercusiones históricas. Nunca se imaginaron los arrogantes mandos militares que el trabajo de hormiga de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en México iba a imponerles los controles sociales y ahora constitucionales que tanto han rechazado.
Ante la inutilidad o lentitud de las instancias gubernamentales de los derechos humanos las hijas de  Radilla,  luchador social y compositor de corridos, desaparecido en el contexto de la guerra sucia, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2001. El caso pasó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, quien en 2009 determinó que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con lo dispuesto en el artículo 2º de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque al establecer cuáles son los delitos contra la disciplina castrense no garantiza a los civiles o a sus familiares que sean víctimas de violaciones a los derechos humanos, que tengan la posibilidad de someterse a la jurisdicción de un juez tribunal ordinario. Siguiendo esta determinación, el martes 12 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó restringir el fuero militar para que cuando miembros de las fuerzas armadas violen las garantías fundamentales sean juzgados en tribunales civiles.
Así, según la  Suprema Corte, ella misma y todos los tribunales del país están obligados a interpretar este precepto a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y, consecuentemente, siempre que esté vinculado un civil al cual se le han violado, al menos en apariencia, sus derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, la jurisdicción será del fuero común, y no la jurisdicción militar, porque hay una decisión de la Corte Interamericana que hemos decidido que obliga y vincula a los juzgadores mexicanos.
Además, la Corte otorga facultades a todos los tribunales del país para que en casos concretos analicen e interpreten las leyes que aplican para que sus sentencias estén acordes no sólo a nuestra Constitución sino a los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos. Hasta ahora sólo la propia Corte podía analizar la legalidad de una ley y su aplicación.
La importancia de estas resoluciones radica en cuatro cuestiones: la primera, que,  México reconoce la obligatoriedad de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos y de las sentencias de los órganos de las mismas, como la Corte Interamericana. La segunda, que las resoluciones son muy oportunas teniendo en cuenta las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerza armadas en el contexto de esta “guerra contra el narcotráfico”.  La tercera, que plantea el principio del fin para la impunidad del Ejército y  del inicio del control constitucional, social, republicano,  sobre el mismo, pues hasta hoy se maneja como un poder que goza de un estado de excepción de facto.  La cuarta, que este hecho histórico es producto del activismo, de la presión, de la denuncia e incluso de la vida entregada de muchas organizaciones de derechos humanos de nuestro país.
Aquí es muy pertinente recordar que apenas el pasado 25 de junio tres derechohumanistas chihuahuenses, Lucha Castro, Emilia González y Gabino Gómez comparecieron precisamente ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para argumentar sobre la desaparición forzada de  los jóvenes Nitza Paola Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera el 29 de diciembre de 2009 por miembros del Ejército Mexicano, en el poblado de Benito Juárez, municipio de Buenaventura. Ésta y otras denuncias como las del caso de los campesinos ecologistas o de dos mujeres indígenas guerrerenses mucho habrán pesado en el ánimo de la Corte.
Las leyes ni se hacen ni se aplican solas: se necesitan luchadoras y luchadores que las hagan posibles y efectivas, como ahora.  Congratulémonos.

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martes, 12 de julio de 2011

ONG de derechos humanos expusieron recientemente el caso ante la Corte Interamericana en San José, Costa Rica




12 de julio, 2011
Chihuahua, Chih. México

  • CNDH emite recomendación por la desaparición forzada de tres jóvenes en Chihuahua, a manos del ejército mexicano
  • ONG de derechos humanos expusieron recientemente el caso ante la Corte Interamericana en San José, Costa Rica

El 30 de junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 43/2011, en la que confirma lo que organizaciones locales de derechos humanos habían señalado: Que fueron elementos del ejército mexicano y de la policía federal los responsables de la detención arbitraria y posterior desaparición forzada de tres jóvenes (dos muchachas y un muchacho) en Buenaventura, en el Estado de Chihuahua.

El 29 de diciembre de 2009, alrededor de las 8 de la noche, diez militares -quienes vestían uniformes del ejército mexicano y portaban cascos en su cabeza, así como rifles de alto poder- subieron a la fuerza a  José Ángel Alvarado Herrera, a su prima Nitza Paola Alvarado Espinoza y posteriormente acudieron al domicilio de Rocío Irene Alvarado Reyes para también llevársela sin presentar ninguna orden judicial en Buenaventura, Chihuahua. Hasta la fecha los tres permanecen desaparecidos.

Hace algunos días, la CNDH finalmente emitió una recomendación en la que señaló que elementos del ejército mexicano y de la policía federal se condujeron con falsedad. En el informe público, la Comisión Nacional evoca las pruebas con las que cuenta para determinar la responsabilidad del ejército y de la policía federal, y solicita al Secretario de la Defensa Nacional que realice la localización inmediata y presentación con vida de las víctimas de desaparición forzada, o en su caso y con el mismo carácter, se informe sobre su destino y se presenten sus restos mortales debiendo enviar las pruebas sobre su cumplimiento.

Es el primer caso ocurrido en la presidencia de Felipe Calderón que llega a un tribunal internacional, en la modalidad de medidas provisionales y que ahora ha provocado la recomendación de la CNDH. En días pasados, durante el encuentro público que sostuvo el Calderón con víctimas, Norma Ledezma, coordinadora de Justicia para Nuestras Hijas, hizo referencia a este caso.

La Corte Interamericana, mediante resoluciones de 26 de mayo de 2010[1], 26 de noviembre de 2010 y 15 de mayo de 2011 ordenó a México adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de: Rocío Irene Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza y José Ángel Alvarado Herrera, 33 familiares de aquéllos, y la representante Emilia González Tercero.

El 28 de junio de 2011, la Corte Interamericana convocó a una audiencia pública para analizar los argumentos de las peticionarias y familiares de las víctimas que sostienen que el Estado Mexicano no ha implementado ninguna medida para proteger a las víctimas y sus familias; la falta de resultados en las investigaciones; y el acoso del ejército mexicano en contra de la familia y las organizaciones que los acompañan en su búsqueda de justicia.

Lucha Castro, abogada de la familia Alvarado y coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, se mostró esperanzada por esta recomendación. “La recomendación evidencia lo que expusimos las organizaciones ante la Corte Interamericana. Fueron los militares y policías quienes se llevaron a los muchachos y el Estado Mexicano ha protegido a estos funcionarios que cometen abusos en contra de mujeres y de jóvenes, en lugar de investigarlos y sancionarlos. A pesar de la situación trágica que vivimos en Chihuahua, ésta es una oportunidad inigualable para que el gobierno de Calderón acate la recomendación y demuestre con hechos reales el compromiso con los derechos humanos que dice tener; ordene que localicen a las víctimas que detuvo el ejército mexicano y la policía federal y que permanecen desaparecidas, y castigue a los responsables”.
  
Las organizaciones representantes de la familia y que litigan el primer caso de desaparición forzada relacionado con la guerra emprendida por Felipe Calderón, en instancias internacionales, además de Justicia para Nuestras Hijas y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, son: Cossydhac  y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, este último fue allanado por policías federales días previos a la audiencia que se llevó a cabo en Costa Rica, relacionada con el caso Alvarado.

Las cuatro organizaciones consideran que desafortunadamente, el caso demuestra que en Chihuahua, y en México la desaparición forzada no es cosa del pasado sino que está presente en la vida de cientos de familias.

Estas cuatro organizaciones estarán atentas a la respuesta que brinde el gobierno de Felipe Calderón; el Gobernador del Estado de Chihuahua, César Duarte; y particularmente, el Secretario de la Defensa Nacional y el Secretario de Seguridad Pública Federal a quienes ha sido dirigida la recomendación 43/2011 de la CNDH. 



Contacto de prensa

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres
Tel. (614) 415-4152.
Twitter: @cedehm


Justicia para Nuestras Hijas
Tel. (614) 413-33-55



[1] Corte IDH. Asunto Alvarado Reyes y otros respecto México. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=20

lunes, 11 de julio de 2011

agreden a barzonistas

Hoy por la mañana un grupo de Barzonistas, utilizando la resistencia civil pacífica, como sucede desde hace 17 años,  logró la suspensión de un desalojo en el negocio de Grúas del Norte a través de un acuerdo entre las partes que fue consignado con el actuario del Supremo Tribunal de Justicia en la diligencia de cierre de la actuación.

Sin embargo los dos policías de seguridad pública municipal, adscritos a la central de actuarios, estuvieron en una actitud provocadora y azuzando a los cargadores que llevo el demandante para que agredieran a los Barzonistas, para que quebraran a pedradas los vidrios de los vehículos que estaban en los patios del negocio, al no obtener resultado, detuvieron, golpearon y esposaron  al  Sr Martín que se dirigía a su vehículo apara retirarse del lugar. Los Barzonistas trataron de impedir que se lo llevaran detenido, en ese momento llegaron 15 unidades de seguridad pública municipal, que nunca llegan cuando las y los ciudadanos los requieren y  también sobrevoló la zona el helicóptero.

Seguridad Pública Municipal detuvo, a tres personas: Sr Martín, Sr Jorge  y a Gabino Gómez, dirigente de El Barzón, después de ser golpeados y esposados se los llevaron a la Comandancia Norte. Todo  el camino Gabino fue  amenazad, entre otras,  que “de ahora en adelante esto te va a pasar cada vez”.

En el área de ingreso, uno de los policías de la Central de Actuarios le arrebató la credencial de elector a  Gabino para “saber donde vives” comentando al otro policía la dirección y que estaba “cerquita”. Pasaron a Gabino con otra persona que pretendió someterlo a actos humillantes y degradantes, Gabino se opuso, esposado  dos policías lo golpearon. El subdirector de SPM, que estaba cerca del lugar, escuchó y suspendió los actos de tortura de los policías. Posteriormente las tres personas fueron liberadas.

De todos estos hechos hubo información y comunicación constante con personas de primer nivel que no pudieron controlar a los elementos de SPM que actúan por la libre, a pesar de que en otra ocasión ya habían sido señalados por las mismas actitudes.

Ante tales hechos

·         Responsabilizamos a la autoridad Municipal de la actuación de los elementos de Seguridad Pública Municipal de los hechos relatados y de las amenazas proferidas a Gabino Gómez.

·         Demandamos investigación y sanción para los elementos de SPM

·         Demandamos integración a la Central de Actuarios de elementos capacitados y en vigilancia permanente de sus superiores

Hoy a las 17 hrs. estaremos en la Presidencia Municipal para entrevistarnos con el Presidente Municipal.