Chihuahua posee una de las tasas más altas de homicidios
de mujeres del mundo. Desde 2008 ha sido consistentemente la entidad con más
homicidios de mujeres en México. Tan solo en 2013, han sido asesinadas al menos
146 mujeres y niñas.
Esta violencia feminicida es la culminación de una
grave discriminación contra las mujeres y de otros actos de violencias contra ellas.
Esta situación se agrava con la violencia institucional que se da cuando el
gobierno tolera, minimiza y omite investigar esos graves crímenes. El gobierno
de Chihuahua además acusa a las mujeres y grupos que denuncian esta
problemática, y criminaliza a las y los familiares que buscan justicia. Varias
defensoras de derechos humanos, incluida Marisela Escobedo han sido asesinadas
al exigir justicia, y estos asesinatos no han sido debidamente investigados.
Por ello, este 25 de noviembre, día de la eliminación
de la violencia contra las mujeres, reiteramos nuestra exigencia al gobierno
federal, estatal y municipal:
1. Asegurar la integridad de las y los
familiares de las víctimas, miembros de ONG´s y periodistas que han sido
hostigados por su defensa de los derechos humanos y por buscar justicia.
Esclarecer las amenazas y asesinatos de las y los defensores de derechos
humanos.
2. Implementar acciones urgentes y efectivas, consensuadas con las
organizaciones de mujeres, para cumplir con los compromisos derivados de la
Convención CEDAW y Belèm do Pará, así como cumplir con las recomendaciones
emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2013, en materia de
derechos humanos de las mujeres.
3. Implementar políticas públicas efectivas para erradicar las violencias
de género: tales como la institucional, laboral, económica, comunitaria,
sexual, familiar, trata de personas y feminicidio.
4. Establecer un mecanismo de reacción eficaz e inmediato para atender a
las mujeres en situación de violencia, y brindarles alternativas reales para
que rehagan su vida libres de violencia.
5. Buscar inmediatamente a las mujeres y niñas desaparecidas, de
conformidad con los estándares de la sentencia de campo algodonero, e informar
mensualmente sobre el número de desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas.
6. Terminar la ofensiva que nulifica los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres, los cuales deben ser reconocidos y respetados,
para hacer efectivo el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y a una
maternidad libre.
7. Garantizar la
igualdad sustantiva participativa y justa, implementando las medidas necesarias
para revertir las desigualdades de género y nombrar a por lo menos 40% de
mujeres en puestos para avanzar a un Estado verdaderamente democrático.
8. Implementar políticas y presupuestos públicos etiquetados
para programas y acciones con perspectiva de género, con mecanismos de
monitoreo de la sociedad civil, que atiendan a los principios de certeza, transparencia,
justicia, legalidad y rendición de cuentas.
9. Garantizar la efectividad de las leyes que regulan
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, mediante la
implementación de políticas públicas eficaces para la procuración de justicia,
evitando la simulación gubernamental existente.
10. Garantizar la justicia para las víctimas y sus familias, ya que la
falta de voluntad política en resolver los asesinatos y desaparición de
mujeres, así como la corrupción y complicidad de funcionarios públicos, mantiene
en la impunidad a más del 95% de los casos.
11. Apoyar las alertas de género
que han sido solicitadas en los diferentes estados de la República Mexicana y
dar seguimiento al cumplimiento de la Sentencia de Campo Algodonero, evitando
la simulación.
De no atenderse esta grave situación de violencia de
género, 2 de cada 3 niñas serán violentadas por sus propias parejas.
Movimiento Estatal de Mujeres
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