En ocasión del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

 Fuente: Prensa CIDH

Washington, D.C. – En ocasión del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda los avances que se han realizado en la región en la adopción de leyes y políticas públicas en la materia, pero advierte que aún existe una distancia significativa entre la legislación y su aplicación práctica. Asimismo, la Comisión expresa su preocupación por la persistencia de la discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos, incluyendo la política, la educación, el empleo y la salud.

El hogar continúa siendo un lugar peligroso para muchas mujeres de América, debido a las altas tasas de violencia doméstica existentes. Asimismo, las mujeres víctimas de violencia doméstica enfrentan obstáculos formidables en el acceso a la justicia. Para la mayoría de las mujeres, las leyes que existen en el papel sobre su derecho a la equidad y a la justicia no siempre se vuelven realidad.

La discriminación contra las mujeres continúa estando profundamente arraigada en las estructuras sociales de los países de la región. En general, las mujeres son más afectadas por la pobreza que los hombres, tienen menos acceso a vivienda y a servicios de salud, y son sujetas a violencia física y sexual en mayor proporción que los hombres. Existe además una interseccionalidad en la discriminacion contra las mujeres, en base a factores como la raza, la etnicidad y la pobreza. En este sentido, por ejemplo, las mujeres indígenas y las mujeres afrodescendientes están particularmente expuestas a actos de violencia física, psicológica y sexual. La Comisión ha destacado que la ausencia de una respuesta eficaz por parte del Estado y la impunidad reinante en relación con la violencia y la discriminación propician su repetición.

La Comisión ha emitido informes temáticos sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en las Américas que contienen recomendaciones específicas para los Estados a fin de mejorar sus capacidades para cumplir con la obligación internacional de prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia contras las mujeres. Adicionalmente, la CIDH ha emitido recomendaciones para el desarrollo de estándares legales en relación con recursos y reparaciones disponibles para víctimas de violaciones a los derechos humanos. En el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la CIDH urge a los Estados a implementar estas recomendaciones y avanzar en el combate a este flagelo. La Comisión reitera su disposición para colaborar con los Estados del Hemisferio en la materia.

           

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Ismael y Manuela

Fuente: Sergio Aguayo / Columna semanal
Liga: http://www.sergioaguayo.org/html/columnas/Ismaelymanuela_071112.html

Tengo décadas escribiendo sobre el acoso y asesinato de defensores de derechos humanos. Inaceptable es que sigue dándose como si no hubiésemos tenido alternancia.

El lunes 22 de octubre, por la mañana, Ismael Solorio y su esposa Manuela Solís se subieron a una camioneta Ford Lobo para ir a un hospital del ISSSTE en la capital de Chihuahua. Él era dirigente de El Barzón en un ejido, ella maestra de escuela. Avisaron que eran seguidos cuando circulaban por una brecha; más tarde aparecieron muertos. A él le dieron un balazo en la cabeza, a ella en el abdomen. Una semana antes habían golpeado y amenazado a Ismael; el gobierno de Chihuahua no hizo nada para protegerlo.

Una tradición mexicana es el saqueo de sus abundantes recursos naturales. El método empleado es muy sencillo: aunque no se cumpla con las exigencias de la ley los "desarrolladores" construyen, perforan o desmontan. A partir de ese momento los perpetradores defienden el hecho consumado con determinación y beligerancia. La mayoría de las veces tienen éxito porque cuentan con la complicidad o la anuencia de políticos o funcionarios y con los infinitos recursos que el litigio ofrece. A los cambios ilegales del uso del suelo le han entrado aguerridos perredistas, el frívolo Niño Verde en Cancún, los priistas solemnes o los panistas ceremoniosos. Es un manantial inagotable de dinero fácil.

Son también expertos en doblegar la resistencia de las comunidades (cuando la hay, porque en México la participación social es bastante rala). Lo común es que la protesta se diluya por la lentitud y el costo que tienen las gestiones y los litigios, o por los discretos "arreglos" con líderes venales. Hay casos en los que el conflicto crece porque el agravio es tan profundo como sólido el liderazgo y la organización. Esta dinámica tiene etapas.

Una indispensable es el rompimiento de los inconformes y el funcionario a cargo del asunto. Cuando hay conflicto los afectados visitan al responsable, que solícito ofrece mediar entre empresario y comunidad (¿quién no conoce las mesas de diálogo?). Cuando no hay solución y los agraviados hacen denuncias públicas, el político se "siente" ultrajado y responsabiliza de intransigentes a los afectados (a veces lo son). Entonces inicia la difamación que es la antesala de la eliminación.

Me dicen personas en cuya buena información y juicio confío que Ismael y Manuela eran líderes auténticos, incorruptibles y eficaces en el combate a quienes afectaban a los ejidatarios de Benito Juárez, municipio de Buenaventura: los granjeros menonitas que perforaron pozos para regar sus cultivos quitándole el agua a los oriundos y la minera El Cascabel, filial de la canadiense Mag Silver Corp., que empieza a devastar esa parte de México. Los compañeros de la pareja asesinada señalan como presuntos responsables a granjeros o mineros.

Chihuahua es una entidad polarizada por la violencia. En aquel estado hay un sector de la sociedad organizado que critica desde hace años a la autoridad por su incompetencia. Hay poderosos que ven con rencor a los beligerantes defensores. El gobernador de Chihuahua, César Duarte, declaró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los y las defensoras lucraban con el dolor y querían desprestigiar al estado de Chihuahua. En El Heraldo de Chihuahua se acusaba, el 14 de octubre, a Ismael y a El Barzón de "extorsionar" a la minera y comportarse como "gánster[s]".

El caso de Ismael y Manuela no es aislado. Si tomamos las protestas contra mineras canadienses, Mariano Abarca fue asesinado en Chiapas después de enfrentarse a Blackfire Exploration Ltd., Bernardo Méndez murió en Oaxaca por un conflicto con Fortune Silver Inc. La inversión extranjera es beneficiosa pero no en todos los casos y con ciertas restricciones. Por esos conflictos y por la guerra contra el narcotráfico vivimos una epidemia de acoso contra defensores y periodistas frente a la cual el Estado mexicano muestra su impotencia y desinterés.

¿Cómo frenar una sangría que debilita el funcionamiento de nuestra democracia? La situación mejoraría si funcionaran adecuadamente los organismos públicos de derechos humanos (uno de los sistemas más grandes e ineficaces del mundo). Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podría hacer mucho más, lo que depende de que ahora sí funcione la Comisión de Derechos Humanos del Senado, presidida en esta legislatura por la perredista Angélica de la Peña. En otras palabras, ya existen las instituciones que mediarían conflictos y evitarían asesinatos tan absurdos como el de Ismael y Manuela. Depende del Senado que cumplan.

La miscelánea

Después de publicada la columna de la semana pasada ("Patio trasero") recibí información sobre la firmeza con la cual el embajador Arturo Sarukhán ha enfrentado públicamente el ofensivo contrabando de armas a México. Desafortunadamente es un caso aislado. Su ejemplo no fue seguido ni por la Cancillería ni por Los Pinos.

Colaboró: Paulina Arriaga Carrasco

PBI Mexico: PBI México ampliará el acompañamiento internacional a estados del norte de México

Fuente: Brigadas Internacionales de Paz
Liga: http://www.pbi-mexico.org/los-proyectos/pbi-mexico/noticias/news/?no_cache=1&L=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=3655&cHash=3129a05f35a1c74b709414e475dc396a

Durante la reunión bianual del Proyecto México (MEP) de Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés), celebrada durante el mes de octubre, PBI México tomó la decisión de abrir un nuevo equipo de carácter regional a lo largo de 2013 para atender la situación de las y los defensores en los estados de Chihuahua y Coahuila. Esta decisión es el resultado de una misión exploratoria realizada por el MEP entre los meses de enero y octubre de 2012.

Para responder al contexto que enfrentan los defensores¹ y a las peticiones de acompañamiento recibidas, PBI comenzó en 2012 una misión exploratoria que incluyó viajes a los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Puebla y Tlaxcala. El objetivo principal de la misión era recopilar información acerca de la situación de las personas defensoras de derechos humanos y conocer las posibilidades de trabajo de PBI en otras regiones del país. Con la apertura de un equipo regional el próximo año, PBI dará seguimiento a la situación de derechos humanos en los estados de Chihuahua y Coahuila y al trabajo de las personas defensoras en la región.

Los datos recopilados durante la misión exploratoria indican que la mayor parte de las problemáticas en el ámbito de derechos humanos de esa región reflejan problemáticas nacionales. PBI publicará el próximo año un diagnóstico sobre la labor y la situación de las y los defensores en el país, basado en la información recogida durante la exploratoria para profundizar sobre la materia.

En 2013, el Proyecto México establecerá un equipo regional para determinar las posibilidades de acompañamiento en los estados de Coahuila y Chihuahua. PBI ha trabajado durante más de diez años en el país con el mandato de abrir espacios de actuación para las y los defensores, y seguirá manteniendo sus actividades de acompañamiento internacional en los estados de Guerrero, Oaxaca y en la Ciudad de México durante el próximo año.

PBI agradece a las organizaciones no-gubernamentales y organismos gubernamentales sus aportaciones a la misión exploratoria, y aprovecha para reconocer la importante labor de las y los defensores de derechos humanos en México. Asimismo, PBI reitera el compromiso de mantener un diálogo constante tanto con la sociedad civil como con las autoridades mexicanas a todos los niveles para contribuir a un mejoramiento de la situación de derechos humanos en el país.

¹La Alta Comisionada de las Naciones Unidas Navi Pillay, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Rodrigo Escobar Gil y el Parlamento de la Unión Europea, han expresado su preocupación sobre la difícil situación que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en México y el auge de las agresiones en su contra. Según un informe publicado por Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH) durante el año 2011, 188 personas defensoras sufrieron violaciones de derechos humanos. Los estados de Chihuahua y Oaxaca son los dos más afectados de acuerdo a este informe. Organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacional han reclamado la falta de una respuesta adecuada por parte del Estado mexicano para garantizar la protección e integridad de quienes defienden los derechos humanos.

Fuente: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Liga: http://cejil.org/comunicados/carta-al-gobernador-constitucional-del-estado-de-chihuahua-mexico

Carta al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, México

05-11-12

San José, Costa Rica, 22 de octubre de 2012

Cesar Duarte Jáquez

Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua

P R E S E N T E

Ref.: Incidentes relacionados con el

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Distinguido señor Gobernador:

Reciba un saludo cordial del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización regional de defensa y promoción de los derechos humanos, cuyo objetivo principal es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos y la asunción de la representación de víctimas de violaciones de derechos humanos ante el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos (SIDH).

En esta oportunidad me dirijo a Usted para manifestarle nuestra preocupación por los últimos sucesos relacionados con el trabajo de defensa realizado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), particularmente respecto de la Lic. Luz Estela Castro Rodríguez, directora de dicha organización.

Al respecto, como se desprende de la información publicada por diversos medios de comunicación y de diversa información con la que cuenta CEJIL, recientemente altas autoridades del Estado de Chihuahua emitieron declaraciones dirigidas a desprestigiar el trabajo de defensa de derechos humanos realizado por la Lic. Castro y el CEDEHM, en particular en relación con la búsqueda de justicia por el asesinato de la señora Marisela Escobedo Ortíz.

Dichas declaraciones se circunscriben en el marco de la importante defensa de los derechos humanos que realiza CEDEHM y especialmente la Lic. Castro tanto en el Estado de Chihuahua como en el país, y podrían tener por objeto amedrentarles en su importante labor social, además de obstaculizar su labor de defensa al constituir una forma de estigmatizar y disminuir la tarea que realizan.

Por ello, es propicio recordar lo manifestado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su más reciente informe sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas, en el que indicó:

Los gobiernos no deben tolerar ningún intento de parte de las autoridades estatales por poner en duda la legitimidad del trabajo de las defensoras, defensores y sus organizaciones. La CIDH ha indicado que los funcionarios públicos deben de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos.[1]

La CIDH además manifestó que lo anterior:

[…] puede producir cargas psicológicas que lesionan el derecho a la integridad psíquica y moral del defensor o defensora involucrado, y a la vez, puede generar un clima de hostilidad que dificulte el ejercicio legítimo de la libertad de asociación de demás defensoras y defensores[2].

Como es de su conocimiento, desde el año 2008 la CIDH otorgó medidas cautelares MC -147-08, a favor de los defensores y defensoras de derechos humanos miembros de CEDEHM, lo cual hace aún más apremiante la importancia de proteger a las personas integrantes del Centro y garantizar su trabajo sin obstáculo alguno. Cabe mencionar que nuestra organización ha podido constatar el profesionalismo, compromiso y responsabilidad con la que el CEDEHM realiza su trabajo, particularmente en varios procesos ante el SIDH.

Por lo anterior, muy respetuosamente le solicitamos que garantice la integridad física y psicológica de la Lic. Castro y del resto del equipo del CEDEHM, teniendo en cuenta su situación de riesgo; que se asegure que ningún funcionario público estigmatice, con declaraciones públicas o mediante cualquier otra forma, el trabajo de defensa de los derechos humanos realizados por el CEDEHM y la Lic. Castro; y, que se asegure que todas las defensoras y defensores de derechos humanos en Chihuahua pueden realizar su labor sin obstáculos ni temor.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

Alejandra Nuño

Directora

Programa para Centroamérica y México

CEJIL

c.c.p. Lic. Carlos Manuel Salas. Fiscal General del Estado de Chihuahua. Para su conocimiento.

La tortura NO es un delito

Por: Mercedes Llamas 
Fuente: Sin embargo
Liga: http://www.sinembargo.mx/opinion/05-11-2012/10498

Las investigaciones de defensores de derechos humanos así como las quejas por parte de los ciudadanos indican que la tortura ha aumentado indiscriminadamente en el último sexenio y que la lucha contra el narcotráfico ha permitido que la violación de los derechos humanos sea una constante.


El martes de esta semana, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos presentó ante Naciones Unidas la “Situación de la Tortura en México”, en donde se asegura que los actos de tortura en México se han incrementado en un 500% durante los últimos años; de igual forma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido muchas más quejas que en los sexenios anteriores.

Lo “normal” en un estado de derecho, donde existe un derecho positivo y donde los delitos están tipificados en un código, es que si la tortura se encuentra dentro de dichas tipificaciones, al verse aumentada en su comisión, paralelamente debería de incrementarse las sentencias de dicho delito.

Ante mi duda e investigando en los datos del INEGI, me doy cuenta de que la tortura NO se castiga en México: únicamente en el periodo de 1997 a 2011 ha habido la gran cantidad de 88 sentenciados con prisión por dicho delito en lo que compete al fuero común, y en cuanto al fuero federal, en la base de datos antes mencionada, ni siquiera figura la tortura, aún y cuando la legislación de dicho fuero establece de 3 a 12 años de prisión como sanción.

Para que el lector tenga una idea de la gravedad de lo anterior, me permito compartirles las cifras de este sexenio: en 2006 hubo dos sentenciados del fuero común por el delito de tortura; en 2007, cinco; en 2008, cuatro; en 2009, tres; en 2010, seis y en 2011, diez.

Pero qué tal se castiga la pobreza, con qué rudeza y severidad se priva de la libertad a personas que por no contar con oportunidades laborales o simplemente para poder dar de comer a sus hijos cometen un robo famélico, roban un litro de leche o simplemente llevan a cabo hurtos menores de dos mil pesos. A ellos todo el peso de la ley; se les separa de sus familias, se les expone al etiquetamiento y rechazo social, se les mezcla con delincuentes de todo tipo, se les marca de por vida…

¿Por qué no aplicar el mismo rigor de la ley a aquellos que torturan a los ciudadanos? Esos que rebajan al ser humano a condiciones animales y que ocasionan daños físicos y psicológicos a sus semejantes, que rebajan la dignidad del ser humano a lo más deplorable. La respuesta es sencilla: en México la tortura NO se castiga porque se encuentra al servicio del poder, porque la tortura para la autoridad constituye su medio de investigación más eficaz y sobre todo porque suple todas las deficiencias del sistema judicial de nuestro país.

¡¡¡VERGONZOSO!!!

Familias pobres gastan dineral para encontrar a sus hijas

Por: Gladis Torres Ruiz

Cimacnoticias | México, DF.- 05/11/2012

Al buscar a sus seres queridos y realizar trámites judiciales, madres de mujeres desaparecidas empeñan hasta sus vidas con tal de lograr justicia.

Además de la negligencia del personal judicial en México para resolver las desapariciones y asesinatos de mujeres, las familias de las víctimas –en su mayoría de escasos recursos– tienen que lidiar con los fuertes gastos que implica el acceso a la justicia.   

Al pago de abogadas o abogados que coadyuven en las investigaciones, se suman los costos de peritajes externos, amparos y copias de expedientes, así como los viáticos de las familias al buscar a sus hijas desaparecidas, o por los traslados a los juzgados o agencias del Ministerio Público (MP).      

En el colmo, hay madres de víctimas que deben pagar hasta la comida y los saldos de celular de los agentes judiciales asignados a los casos.   

Toda esa erogación suma en promedio al menos 300 mil pesos por familia, cifra que se multiplica según la complejidad del caso y la dilatación de las pesquisas, explican defensoras de Derechos Humanos.

El costo monetario de la justicia para las mujeres víctimas de violencia “es muy alto y nadie lo ve”, advierte Irma Villanueva, coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) de Chihuahua.

“No se habla tampoco de la pérdida de sus empleos, los gastos de comida y transporte, la desatención de las madres a sus otras hijas o hijos, nietas y nietos, así como el desgaste físico y emocional. Todo eso permanece en el anonimato”, critica la abogada.

El escenario se repite en prácticamente todo el país, donde las desapariciones de mujeres, el feminicidio y la impunidad judicial son el pan de cada día.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reporta que de enero de 2010 a junio de 2011, mil 235 mujeres fueron asesinadas en México por razones de género.

Entre 2005 y 2011, en el Estado de México –entidad emblemática de la violencia contra las mujeres– el OCNF registró 922 víctimas de feminicidio.

En Chihuahua, tan sólo en 2010 hubo 600 casos de feminicidio, según organizaciones civiles. La abogada Irma Villanueva precisa que de 2007 a 2008, en la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, se tenían 17 mil 700 carpetas de investigación, y que de ellas únicamente 531 fueron consignadas ante un juez.

“La mayoría de las mujeres víctimas de violencia no tiene idea de cómo presentar una denuncia, por ello muy pocos expedientes avanzan si no conocen el proceso judicial y cómo vigilar el trabajo del MP; por eso necesitan abogadas y abogados que las apoyen”, destaca. Tampoco las mujeres tienen dinero para seguir los trámites por lo que los casos se quedan “congelados”, lamenta.

BARRIL SIN FONDO

Villanueva detalla que contratar una abogada o abogado que coadyuve ante el MP en un caso de violencia de género cuesta entre 80 mil y 100 mil pesos.

Yuridia Rodríguez, defensora del OCNF, comenta que en el caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez, víctima de feminicidio en el Edomex en 2004, se interpusieron siete amparos, cada uno por un costo de 7 mil pesos, por lo que la suma ascendió a 49 mil pesos.

María Antonia Márquez, madre de Nadia, relata que en ocho años y medio de buscar justicia ha gastado cerca de 300 mil pesos. Agrega que desde la denuncia del crimen viajó tres veces por semana a Cuautitlán, Toluca o Tlanepantla, gastando por día 200 pesos en pasajes y alimentos.

Además tuvo que pagar 5 mil 400 pesos por las copias del expediente de su hija, de 3 mil 600 fojas. La copia de cada foja le costó 1.50 pesos. “Al inicio contraté a dos abogados; al primero le di un adelanto de 15 mil pesos y al segundo de 8 mil. Ambos abandonaron el caso”, detalla.

Otro ejemplo: la madre de una joven de 21 años desaparecida en 2011 en el municipio mexiquense de Atizapán –que pidió se resguardara su identidad–, reporta que en año y medio de búsqueda ha gastado más de 200 mil pesos.

Entre los gastos de ida a las Unidades de Atención a Víctimas del Delito, viajes al interior del país e incluso al extranjero para dar con el paradero de su hija, y el pago de un peritaje externo, la madre también tuvo que pagar mil pesos al día en comidas, gasolina y crédito de celular a los agentes ministeriales.

“Al no ver resultados, contraté un detective privado que trabajó dos meses y también le pagaba mil pesos por día”, reclama.

Ante la inacción de las autoridades por la desaparición de Esmeralda Castillo Rincón, el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez, sus padres tuvieron que viajar en marzo pasado al DF para buscar a la adolescente en La Merced

La familia vendió hamburguesas en la calle para costear el traslado, ya que el padre (enfermo de cáncer) perdió el empleo en la búsqueda de su hija, y la madre, por su edad, ya no consigue trabajo.
 

Machismo a la mexicana

Fuente: Gladis Torres Ruíz / CIMAC

Del total de casos contra defensores de derechos humanos en México en 2011, 40% fueron contra mujeres. Las reformas constitucionales y la forma en que se aplican las leyes son un signo evidente de violencia. Las autoridades tiene miedo y por eso atacan a la población femenina

Como si fueran la nueva Inquisición, las autoridades y los poderes fácticos de México hostigan, censuran e incluso asesinan a las defensoras de los derechos de las mujeres, aseguran académicas y activistas.

En una reedición actualizada de la persecución social, política y religiosa que sufrieron las mal llamadas "brujas" durante la Edad Media, en México las mujeres que defienden los derechos humanos, sexuales y reproductivos son desprestigiadas, amenazadas, perseguidas de manera implacable e incluso asesinadas por el poder y el crimen organizado.

Feministas, académicas e integrantes de organizaciones civiles por los derechos de las mexicanas coinciden en que hoy por hoy la Inquisición que perseguía a las mujeres de la antigüedad por ser sabias y libres, prevalece bajo el disfraz de la Iglesia, en especial la católica, y el sistema patriarcal que reprimen los derechos femeninos.

En su libro El retorno de las brujas, la filósofa especialista en ciencia y género por la Universidad Nacional Autónoma de México, Norma Blázquez Graf, explica que las mujeres de la Edad Media con conocimientos de anatomía, sexualidad, reproducción y botánica, representaron una "amenaza" para la sociedad, la Iglesia y, sobre todo, para la hegemonía masculina.

Entre los conocimientos femeninos que fueron prohibidos y castigados estaban el control de la natalidad y la práctica del aborto. Diversos autores señalan que desde el principio del cristianismo, los anticonceptivos naturales fueron considerados "pecado". Blázquez Graf advierte que en el siglo XXI las mujeres de conocimiento se han reacomodado al ocupar espacios importantes, logrando cambiar los espacios institucionales, por lo que todavía son vistas como "amenazas" por el patriarcado.

A decir de la psicoanalista Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las brujas no se quejan en la actualidad el patriarcado "tiene miedo", y por ello ataca los derechos de la población femenina a fin de eliminar conquistas ganadas desde hace décadas. "Siempre antes de un cambio profundo, aquellos en el poder se fortalecen o golpean más duro: con represión y violencia. Eso está sucediendo ahora contra las mujeres", explica.

AMENAZAS CON NOMBRE Y APELLIDO 

Para Marusia López, coordinadora en México de la organización internacional Asociadas por lo Justo (JASS, en inglés), el país está ante una "cacería de brujas", toda vez que la violencia contra las mujeres en todas sus formas es utilizada como mecanismo de control y para infringir miedo en la sociedad.

"La saña, el incremento del feminicidio, el uso de la violencia contra ellas por parte de las fuerzas militares en complicidad con el crimen organizado dan cuenta de ello, y lanza el mensaje de que las mujeres deben estar calladas y quietas", explica la activista. López agregó que si analizamos los casos de las defensoras que han sido asesinadas, encontramos que en su mayoría eran mujeres que denunciaron complicidades entre el Estado y los poderes fácticos, y repudiaron la violencia de género y la impunidad".

En los últimos dos años fueron asesinadas en el norteño estado de Chihuahua Marisela Escobedo, Josefina Reyes y Susana Chávez, activistas que acompañaban casos de feminicidio, como se definen los asesinatos de mujeres por razón de su género.

En el sureño estado de Oaxaca fue ultimada Beatriz Cariño, quien denunció la violencia de grupos paramilitares en esa entidad. Entre las defensoras de derechos humanos que han sufrido amenazas están la directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, Luz Estela Castro, y las abogadas Margarita Martínez, de Chiapas, y Bettina Cruz, de Oaxaca, quienes se oponen a megaproyectos económicos.

En tanto, Norma Andrade, Olga Reyes, Sara Salazar y Marisela Ortiz, todas de Chihuahua, tuvieron que dejar su lugar de residencia para evitar la persecución y proteger sus vidas y las de sus familias. Marusia López indica que al revisar los datos "en 2011 registramos que del total de casos de violencia contra defensores de derechos humanos, 40 por ciento fueron contra mujeres".

VIOLENCIA INSTITUCIONAL 

El Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres ­red de agrupaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos­ afirma que el Estado mexicano impide el ejercicio de los derechos femeninos.

Pone como ejemplo las reformas constitucionales realizadas en 17 de los 31 estados del país para "proteger la vida desde la concepción-fecundación". Estas legislaciones estaduales fueron aprobadas por el contubernio entre la Iglesia Católica y las dos fuerzas políticas dominantes: el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional.

Esta contrarreforma fue una reacción ante la decisión de los legisladores del Distrito Federal, asiento de la capital mexicana, de aprobar una ley que desde 2007 permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 12 semana de gestación. La entidad está gobernada desde 1997 por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática.

El país cuenta con una ley general que permite el aborto inducido en algunos supuestos terapéuticos, lo que ha quedado anulado de hecho en los estados que pasaron a penalizar el aborto desde la concepción en todos los supuestos.

Liga: http://www.talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=78403&tipo=AVA