Carta de solidaridad a Contec

C. Enrique Peña Nieto, Presidente de la República

C. Cesar Duarte Jaquez, Gobernador del Estado de Chihuahua

C. Ministro Juan N. Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

C. Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República

C. Jorge Venustiano González Ilescas, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados

Lic. José Miguel Salcido Romero, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado

C. Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México.
A las organizaciones nacionales y estatales no gubernamentales de derechos humanos

A la opinión pública 

Las asociaciones civiles y organizaciones sociales abajo firmantes hemos seguido de cerca las recientes resoluciones legales que han favorecido las demandas relacionadas con los derechos al  territorio ancestral,  a la consulta y consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas rarámuri ubicadas en la región del Divisadero donde se encuentra operando el Fideicomiso Barrancas del Cobre y en la zona de Creel, Chihuahua.

De estos triunfos mencionamos los siguientes:

1.      La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (marzo del 2012) a favor de la comunidad indígena de Huitosachi, Municipio de Urique, la cual obliga a los tres niveles de gobierno a constituir el Consejo consultivo Barrancas del Cobre como lo establece el decreto que dio origen a dicho Fideicomiso. Sin embargo, esta sentencia a la fecha no ha sido ejecutada.   

2.      El fallo en segunda instancia a favor de la comunidad rarámuri de Huitosachi  en contra de Fomento Agropecuario Campo Lindo SA de CV y de los hermanos Andrés Arturo y Jaime Federico Elías Madero, emitido por el LIC. GABRIEL ARMANDO RUIZ GAMEZ, Magistrado de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, mediante la cual se resuelve que los rarámuri ahora serán legalmente los legítimos propietarios de las tierras localizadas en ese lugar (2009-2014).

3.      La “suspensión de plano” de las obras del Aeropuerto regional de Creel,  municipio de Bocoyna,  decretada el pasado 3 de abril del año en curso a favor de la comunidad Bosques de San Elias-Repechique por el Lic. IGNACIO CUENCA ZAMORA juez del Juzgado 8vo de Distrito,  en tanto,  se resuelva la controversia interpuesta por la comunidad rarámuri en contra del Fideicomiso Barrancas del Cobre por la falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado y las afectaciones de las que han sido objeto a consecuencia de las obras de construcción referidas.

Hasta ahora la respuesta del poder ejecutivo del estado ha sido descalificar a las comunidades al presentarlas como menores de edad, incapaces de elegir lo que a ellos conviene. Igualmente, viene presionando a sus asesoras al intervenir a la Consultoría Técnica Comunitaria AC a través de una auditoria fiscal promovida por una petición del departamento jurídico de la Secretaria de Economía.

El avance en los tribunales civiles de las demandas para el respeto a los derechos territoriales y de consulta es una vía de acción oportuna para visibilizar al Pueblo rarámuri y su consideración irrestricta, por parte de los tres niveles de gobierno.

Nos alegramos de la existencia de convenciones internacionales y del marco jurídico constitucional que da la posibilidad a las comunidades indígenas para que puedan acceder a las controversias jurídicas en un nivel de equidad con sus ofensores.

Nos solidarizamos con las comunidades indígenas rarámuri que están dando una lucha ejemplar en los tribunales y  con la Consultoría Técnica Comunitaria asociación civil que ha apoyado a las comunidades indígenas a posicionarse en las controversias jurídicas y en la opinión pública.

Exhortamos al poder ejecutivo a respetar el estado de derecho y acatar las resoluciones que de los tribunales emanan, así como, buscar caminos conciliatorios con las comunidades indígenas.

Atentamente,

Luz Esthela Castro y Alma Gómez, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.

Javier Ávila, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos.

Gabino Gómez y Martín Solís Bustamante, el Barzón.

Gabriel Parga, Vicario de Pastoral Indígena de la Diócesis de Tarahumara.

Francisca Jiménez, Red por la Participación ciudadana.

Beatriz Verduzco, Grupo Observa Ciudadana.

Graciela Ramos, Mujeres por México.

Rodolfo Leyva Martínez, Académico.

Víctor Quintana Silveira, Asesor del Frente Democrático Campesino.

Ariana Rico, CooperAndo Economía Alternativa y Solidaria.

Isabel Encerrado, Unión Campesina Democrática.

Isela González, Alianza Sierra Madre.  

Rosa María Sáenz, Grupo de abogadas demócratas.

Goretti Espíndola de la Vega, Jóvenes Ante el desastre y la emergencia nacional – Chihuahua.

Colectivo Epistémico de Teoría Crítica de Chihuahua, Horacio Almanza Alcalde.

Carmen Herrera,  Abogados y abogadas por la justicia y derechos humanos.

Rocío Martínez Carrera, Colectivo la Gota.

Adrian Mahonry, Iskra casa de cultura.

Guillermo Palma, Servicios integrales emuri SINÉ.