lunes, 29 de agosto de 2016

A un año de impunidad en la desaparición de siete personas que instalaban antena para gobierno de Chihuahua


Un caso emblemático de trato con indolencia.




1. Elizandro González Gardea, 17 años.
2. Carlos Antonio Perales Carrera, 28 años.
3. Dámaso Luna Ceballos, 45 años.
4. Ramón García Betance, 45 años.
5. José Refugio Gardea, 55 años.
6. Miguel Reyes Martínez, 55 años.
7. Bogar Uriel Marrufo Alonso, 33 años.

Fueron contratados hace un año para instalar una antena de la Red Nacional de Telecomunicaciones contra el narcotráfico en el municipio de Galeana. La  relevancia de este caso estriba en que los trabajadores realizaban esta obra para el gobierno, la antena de referencia es para el servicio del gobierno en todos sus niveles y se hacía con recursos provenientes del Gobierno de EEUU, como parte del acuerdo de México con Estados Unidos en la Iniciativa Mérida, también conocida como Plan Mérida. 

Dicho trabajo se hace con la supervisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ya que es quien aporta los recursos económicos y realiza la licitación para adjudicar las obras.

El grupo salió el 22 de  agosto de  2015 rumbo al campamento en la colonia Lebarón, municipio de Galeana, Chihuahua a bordo  de  una  camioneta  Ford, modelo 1995, con placas EA82111, que conducía Ramón. Ese mismo día avisaron que habían llegado al campamento; fue a partir del 29 de agosto del 2015, que las familias perdieron comunicación con ellos, algunas personas que pasaron por el lugar les dijeron que el campamento estaba vacío.

Cuando las familias reclamaron a las autoridades la falta de investigaciones para localizar al grupo de desaparecidos la primera reacción fue negar los hechos. Cuando ya no les fue posible ocultar la situación, trataron de criminalizarlos, incluso con la absurda declaración del Fiscal General diciendo que los trabajadores habían sido contratados por un líder criminal de Villa Ahumada. ¿instalar una antena de gobierno con recursos de Estados Unidos?

Después de un año, las autoridades justifican que no realizan ninguna búsqueda porque no tienen recursos para gasolina. Ellos como las 1,799 personas desaparecidas en el estado de Chihuahua que no son buscadas.

El Gobierno del Estado miente en este y muchos otros casos, miente cuando les dice a las familias que siguen buscándoles, cuando en realidad no los buscan. Miente cuando dice que no tienen responsabilidad, que trabajaban para los narcos. Miente doblemente porque el trabajo era para ellos. Le miente al gobierno federal, le ha informado que ya los localizaron, que por lo menos dos de ellos ya están con su familia, y nadie de ellos ha regresado.

Las  familias  atraviesan  por  una  severa  crisis  económica debido  a  la  pérdida  del  principal  proveedor  del  hogar,  particularmente en los casos de los que tienen hijos e hijas menores de edad, a quienes no se les cubren las necesidades básicas.

Las familias están abandonadas por el Estado, no se cumple con las leyes de víctimas que obligan al gobierno a la atención humanitaria.


¡Exigimos que los busquen, exigimos saber que pasó, tenemos derecho a la verdad y la justicia!



Chihuahua, Chih. a 29 de agosto de 2016

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