viernes, 17 de febrero de 2012

Declinan militares investigación por desaparición forzada a favor de la PGR




      
Las organizaciones de derechos humanos de Chihuahua lograron que la Procuraduría de Justicia Militar, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, enviara la investigación que realizaba por la desaparición forzada de tres chihuahuenses a manos de militares, a la Procuraduría General de la República.
El 29 de diciembre de 2009, Nitza, Rocío y José Ángel Alvarado fueron detenidos arbitrariamente y posteriormente desaparecidos por un grupo de militares uniformados en el Municipio de Buenaventura, en el estado de Chihuahua.
El caso fue expuesto ante instancias internacionales por El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), La Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDHAC) y El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Paso del Norte).
El 28 de junio de 2011, se celebró una audiencia en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica para evaluar si el gobierno mexicano había implementado las medidas de protección, a favor de los familiares de las víctimas, quienes han sido amenazados por impulsar las investigaciones.  Cabe mencionar que este es el primer caso que ocurre durante la época del gobierno de Calderón -en el marco de la guerra contra el narcotráfico- que es conocido por un tribunal internacional, en lo relativo a medidas provisionales.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 43/2011 en la que concluye que la desaparición forzada de Nitza, Roció y José Ángel es atribuible a elementos del Ejército y de la Policía Federal. Sin embargo, hasta el día de hoy, ningún militar ha sido procesado ni sentenciado por estos hechos, y se han negado a revelar paradero de las dos jóvenes y su primo.
En el marco del cumplimiento de la recomendación referida, el 9 de febrero, la familia y sus representantes, sostuvieron una reunión con personal de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde los funcionarios les informaron que los 14 tomos que integran la investigación militar, finalmente fueron remitidos a la Procuraduría General de la República.
Las organizaciones que representan a las víctimas instan a la Procuradora Marisela Morales a que realice investigaciones de manera exhaustiva e imparcial que permitan localizar a las víctimas y terminar con la angustia de la familia de las víctimas, quienes desconocen  su paradero desde hace más de dos años. Asimismo, señalan que esperan que la PGR procese y sancione debidamente a los militares y generales que habrían participado en estos actos, como un primer paso para terminar con la impunidad militar por los abusos y violaciones a los derechos humanos que han cometido. 

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