viernes, 23 de agosto de 2013

Logran Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos la admisión del primer caso del sexenio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por desaparición forzada en el “Operativo Conjunto Chihuahua”

En los últimos meses se ha puesto al descubierto la dimensión extraordinaria del problema de las desapariciones en México, esto confirmó lo que organizaciones de víctimas y sociedad civil  plantearon  desde el sexenio pasado del ex presidente Felipe Calderón, que el problema era colosal.

En el anterior periodo presidencial, el tema fue constantemente negado por las autoridades y parecía que la atención del gobierno se enfocaba en la hecatombe en la que, según cifras oficiales, se contabilizaron más de 100,000 muertes.

Sin embargo, a partir de la publicación del periódico norteamericano Washington Post en noviembre de 2012 respecto a la existencia de más de 25,000 reportes de personas desaparecidas,  el reconocimiento fue inevitable y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, aceptó en febrero de este año, que cuentan con un registro de más de 27,000 reportes y a su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que cuenta con un registro de más de 48,000 reportes de personas desaparecidas en el periodo de 2005 a 2012.

Según el informe de fecha 4 de junio del 2013, presentado por Amnistía Internacional, "Enfrentarse a una pesadilla, la desaparición de personas en México", el estado de Chihuahua es de los estados de la república mexicana, en donde se presenta con más frecuencia el fenómeno de la desaparición, ante esta situación; organizaciones defensoras de Derechos Humanos de esta entidad federativa y familiares de víctimas han documentado y denunciado ante instancias  nacionales e internacionales los casos concretos y han visibilizad la negación del gobierno estatal por reconocer la existencia del problema.

Es en este contexto y bajo el litigio estratégico del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC), Justicia para Nuestras Hijas (JPNH) y el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) presentaron el caso de la Familia Alvarado  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la ilegal detención por miembros del ejército mexicano y posterior desaparición forzada, de Nitza Paola Alvarado Espinoza de 31 años , Rocío Irene Alvarado Reyes  de 19 años y José Ángel Alvarado Herrera de 31 años

El día 29 de diciembre del 2009, alrededor de las 20:00 horas, en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura Chihuahua, diez militares quienes vestían uniformes del ejército mexicano y portaban cascos en su cabeza, así como rifles de alto poder, subieron a la fuerza a José Ángel Alvarado Herrera, a su prima Nitza Paola Alvarado Espinoza que se encontraban a  bordo de un vehículo tipo pick up afuera de la casa de la suegra de José Ángel. Posteriormente acudieron al domicilio de Rocío Irene Alvarado Reyes ubicado en la misma comunidad, entraron a la vivienda sin ninguna orden judicial, detuvieron y se llevaron a Rocío; hasta la fecha los tres permanecen desaparecidos. 

El 3 de febrero de 2010, Nitza logró hacer una llamada a una amiga aproximadamente a las 17:30 horas, Nitza Paola le dijo llorando “ayúdenme, sáquenme de aquí, sigo viva, tengo miedo”. Acto seguido la voz de un hombre comunicó a otro hombre “puta madre pinche vieja ya habló, te dije que no la dejaras sola”.

La familia acudió a denunciar los hechos en el fuero civil  en el ámbito federal, local y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin obtener respuesta, presentaron todas las denuncias en todas las instancias que existen en el estado mexicano en búsqueda de justicia (31/12/2009 Denuncia en Fiscalía General del Estado: AP 124/09, 04/01/2010: Queja ante la CNDH:  2/2010/108/Q 04/01/2010: queja operativo CCH: 886/09 06/01/2010: Denuncia PGR . AP/PGR/CHIH/JUA/3634/2011).

Al acudir a las organizaciones sociales, éstas enviaron el caso al Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU, solicitaron Medidas Cautelares para la protección de las denunciantes ante la CIDH; ante la continuidad de amenazas y atentados la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó Medidas Provisionales a 37 beneficiarios de la familia Alvarado y presentaron el caso ante la CIDH el 26 de junio de 2011.

El 28 de junio del 2011, María de Jesús Alvarado, hermana de Nitzia Paola y prima de Rocío y José Ángel, acudió en compañía de las organizaciones representantes ante el máximo tribunal de las Américas y explicó ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José Costa Rica, el calvario de su familia en la búsqueda de justicia, las amenazas, atentados,  persecución, hostigamiento y allanamientos ilegales, lo que ha causado desplazamiento y empobrecimiento.

El 30 de junio de 2011, la CNDH emitió la recomendación 43/2011 concluyendo que existen elementos suficientes para atribuir la desaparición forzada a los militares.

Las organizaciones sociales representantes de las víctimas, en sus alegatos ante la CIDH  consideraron que hay y hubo falta de investigación efectiva y debida diligencia respecto a los hechos; alegando además que el Estado tendría responsabilidad internacional por una serie de violaciones a los derechos humanos cometidas en prejuicio de los familiares de las víctimas.

Tras analizar el caso, la CIDH decidió admitir el caso, al considerar que los hechos expuestos caracterizan posibles violaciones a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y a la Convención de Belém do Pará, así mismo publicará e incluirá dicho caso en su informe para la Asamblea General de la OEA, según el informe 48/13.

Desde marzo de 2010 la CIDH otorgó medidas cautelares (MC 55-10) a favor de Rocío Irene, Nitza Paola y José Ángel, requiriendo al Estado mexicano informará sobre su paradero, su estado de salud y la situación de seguridad en la que se encontraban. Asimismo, le solicitó que informar de las acciones realizadas por las autoridades estatales para investigar los hechos que motivaron la adopción de las medidas cautelares y lograr su esclarecimiento. 

En mayo del mismo año, la CIDH decidió elevar una solicitud de medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoiDH), que posteriormente han sido ampliadas requiriendo al Estado mexicano que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de 36 familiares de las víctimas y sus representantes.


Este importante avance, es el paso de la antesala de llevar un nuevo caso de violaciones a derechos humanos perpetrada por  militares ante el máximo tribunal de las Américas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y constituye un reconocimiento a la familia de Nitzia, Rocío y José Ángel por su perseverancia en la búsqueda por la justicia y la verdad. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada