La mesa de trabajo
celebrada el pasado 7 de agosto del presente, en las instalaciones del Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres (CEDEHM), tiene
como antecedente los compromisos que
asumieron las autoridades federales en el Foro Internacional de Desaparición
Forzada e Involuntaria en México que se celebró en junio en Saltillo, Coahuila;
a la cual acudieron Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua
y familiares de víctimas, denunciando la negación por parte del Gobierno
Estatal en el tema, buscando que sus voces sean escuchadas ante las autoridades
nacionales e internacionales.
Por parte de las Autoridades Federales que participaron en la mesa de trabajo asistieron: el Lic. Ricardo García
Cervantes, Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios
a la Comunidad; la Mtra. Nelly Montealegre Díaz, Fiscal Especial para los
Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas; el Dr. Salomón
Baltazar Samayoa, Titular de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas; la
Maestra Eliana García Laguna, Coordinadora General de Políticas Públicas de Derechos
Humanos de la SDHPDSC; el Lic. Jorge Zermeño Infante, Coordinador de Asesores
de la SDHPDSC y el Maestro César Augusto Peniche, Delegado de la Procuraduría
General del Estado en Chihuahua.
Del estado de Chihuahua
participaron familiares de víctimas y las organizaciones sociales: Centro de
Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte,
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Justicia Para Nuestras
Hijas y El Barzón Chihuahua.
Presentando como tema
de la agenda de trabajo el contexto y situación del estado de chihuahua
expuesta por el Dr. Víctor Quintana, quien señaló que la falta de desarrollo
democrático, el autoritarismo y la corrupción es lo que ha hecho que la
violencia sea más aguda y agravado la destrucción del tejido social en el estado.
Por otra parte, el
Sacerdote Jesuita Javier Ávila, explicó la situación de impunidad y la política
de simulación de atención en los casos de la sierra tarahumara, donde viven
entre el horror y la desesperanza, sin que nadie del Estado pueda parar tanta
muerte violenta.
De ciudad Juárez acudió
el Padre Oscar Enríquez detalló la situación que prevalece en esa ciudad y
denunciando la tortura como una forma de investigación, mencionando el tema de
los jóvenes Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez
Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí, quienes fueron
torturados para incriminarse en el caso denominado “carro bomba”.
Así mismo, Gabino Gómez
del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, explicó la problemática de las
familias que tienen en su seno algún familiar desaparecido y la negación del
Gobierno a reconocer el problema; solicitó el cumplimiento de la Nueva Ley
General de Víctimas, y encontrándose presente Dr. Salomón Baltazar Samayoa
Titular de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pidió la atención urgente de los casos de las
familias presentes, así como la necesidad de la participación en la identificación
de restos del Equipo Argentino de Antropólogas Forenses y de expertos
internacionales en investigaciones y criminalista; centrando su participación
en la necesidad de impulsar en forma eficaz la búsqueda de las personas
desaparecidas sean forzadas o involuntarias.
El Barzón Chihuahua
expuso la problemática que enfrentan
derivada de las denuncias que esta organización ha impulsado por la
violación de derechos humanos del medio ambiente, en concreto con el tema del
agua y con la Mina Canadiense Mag Silver, así como la criminalización de la protesta social,
reiterando la necesidad de esclarecimiento de los asesinatos de los defensores
de derechos Humanos Ismael Solorio y
Manuelita Solís.
Norma Ledezma de la
organización Justicia para Nuestra Hijas, señaló la responsabilidad del Estado
en el tema de trata, ante el involucramiento de autoridades federales y
estatales en la comisión de estos delitos, el altísimo grado de impunidad en
casos de feminicidios y el
incumplimiento de la sentencia internacional de campo algodonero.
Una representación de
maestros y maestras que fueron defraudados por su sindicato y empresas Sofomex,
también pidieron la intervención de los
funcionarios federales, para agilizar el
proceso de investigación en las denuncias presentadas ante la PGR.
Finalmente, Lucha
Castro informó sobre la situación de riesgo que enfrentan las y los defensores
de derechos humanos en el estado de Chihuahua, quién de acuerdo a los organismos
internacionales como la ONU, esta
entidad es uno de los lugares más peligrosos para realizar la actividad de
defensa de los derechos humanos. Denunció las campañas de desprestigio el clima de
impunidad en la investigación de los delitos que se cometen en contra de este
grupo y el incumplimiento de las Medidas de Protección que mandata la Comisión
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para garantizar la realización
de su trabajo.
La reunión de trabajo
se prolongó por seis horas y una vez que las autoridades federales escucharon a
las víctimas y a las organizaciones que les representan, el Lic. García Cervantes Subprocurador de
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se
comprometió a dar seguimiento a los casos expuestos mediante reuniones
posteriores creando una alianza de trabajo con las organizaciones de la
sociedad civil participantes.
El Titular de la Unidad
de Búsqueda de Personas Desaparecidas, informó sobre el alcance legal de la
función de esta instancia y se comprometió a hacer una revisión de los casos de manera particular y asumir tareas desde la
Unidad Especializada de Personas Desaparecidas.
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