EL EJERCICIO DE LA JUSTICIA CONTRA DUARTE Y SUS CÓMPLICES PUEDE SER IMPEDIDO POR UNA RESOLUCIÓN JUDICIAL A MODO

Chihuahua, Chih a 12 de marzo de 2018.- La impunidad se podría reinstalar en Chihuahua, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena la sustitución del actual Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Chihuahua, por el consejo que se integró a escasas dos semanas de la salida de César Duarte del gobierno, con magistrados impuestos y sometidos a él.

Esto se da en un contexto caracterizado por la intensa y sólida labor del gobierno de Javier Corral por combatir la corrupción y la impunidad. Mediante una minuciosa y bien fundamentada acción legal contra César Duarte y sus cómplices, ha logrado la integración de cuatro decenas de expedientes judiciales, la liberación de órdenes de aprehensión, la vinculación a proceso y la detención de altos funcionarios del duartismo, así como el que la Interpol haya elaborado una “ficha roja” contra el ex gobernador y la Secretaría de Gobernación se haya comprometido a que la Fiscalía General del Estado sea coadyuvante en la solicitud de extradición de Duarte ante el gobierno de los Estados Unidos.

Todo esto ha sido posible por la labor de profesionalización y depuración del Poder Judicial que arranca con la conformación del actual Consejo de la Judicatura en mayo de 2017. Gracias a ello se ha garantizado un manejo imparcial, escrupulosamente apegado a derecho, en mano de jueces honestos y competentes, quienes han conducido impecablemente los diferentes casos de corrupción del duartismo.

Sin embargo, el Gobierno Federal ha hecho todo lo posible por bloquear la acción de la justicia chihuahuense: la PGR le ha dado largas a la solicitud de extradición de Duarte a pesar de haberse comprometido a incluir a la Fiscalía de Chihuahua como coadyuvante; luego que no pudo impedir la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, y su posterior reclusión en Chihuahua, señaló que había sido sometido a tortura. Esta acusación se ha desmoronado cuando un perito internacional habiendo aplicado el Protocolo de Estambul, dictamina que Gutiérrez no ha sido sometido a ningún tipo de tortura.

En su desesperación por impedir que prosigan la investigación y el juicio contra Alejandro Gutiérrez, que develan todo el sistema de corrupción manejado desde la cúpula del PRI y del gabinete de Peña Nieto, el régimen de éste puede llegar al colmo de la manipulación de las instituciones valiéndose de la Suprema Corte de Justicia y para esto , se aprovechan de la Controversia Constitucional 179/2017 promovida por el Poder Judicial del Estado de Chihuahua presentada por el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de nuestro estado, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Constitución Política local y la Controversia Constitucional 150/2016 promovida por el Magistrado Gabriel Sepúlveda Reyes en forma individual, sin tener facultades (quien por cierto, enfrenta varios procesos legales penales por corrupción , en su ejercicio como Presidente del Poder Judicial).

 Tanto en el turno en que se atienden como en el contenido de la respuesta a dichas controversias puede observarse la intención de trastocar el órgano que ha venido administrando la justicia demandada por el pueblo de Chihuahua para los muchos casos de corrupción de César Duarte y sus cómplices.

Por una parte, ambas controversias, hasta hace muy poco tiempo figuraban más abajo del centésimo turno en la lista de asuntos a ser resueltos por la SCJN de pronto y de manera inexplicable, son colocados en los turnos dos y tres para ser resueltos esta semana.

Por otra parte, y esto es lo más grave, de acuerdo al proyecto de resolución presentado por el ministro  ponente y que será resuelto en durante la semana por el pleno de los 11 ministros y ministras de la SCJN, no sólo no se responde a la solicitud del Poder Judicial del Estado de Chihuahua en el sentido de precisar las facultades del Consejo de la Judicatura de dicho poder, sino que se ordena que los cinco integrantes de dicho consejo sean removidos y en su lugar sean repuestos los cuatro que formaban parte del consejo que se nombró bajo la influencia de César Duarte, más dos que designe el Legislativo y uno propuesto por el Ejecutivo. Hay que aclarar que ese consejo de siete miembros nunca realmente se integró, pues sólo el Judicial nombró a sus representantes y ni el Ejecutivo ni el Legislativo nombraron a los de ellos.

El actual Consejo de la Judicatura del Estado ha sido integrado por el propio presidente del Poder Judicial Decano de los Magistrados y  dos magistrados de este poder, con amplia y reconocida trayectoria de carrera judicial por más de veinte años,  ninguno de ellos impuesto o designado por Duarte; además de una Consejera  apoyada por 35 organizaciones sociales de la sociedad civil y propuesta por el Ejecutivo y un consejero con el reconocimiento de todas las barras y colegios de abogados, cámaras empresariales y electo por mayoría calificada del Congreso del Estado.

Este Consejo de la Judicatura: ha emprendido una labor de profesionalización del Poder Judicial del Estado. Ha iniciado procesos contra la corrupción imperante en él, entre ellos, el juicio de procedencia contra el ex presidente y magistrado, Gabriel Sepúlveda, por los enormes fraudes en la construcción de la Ciudad Judicial. Ha iniciado también un proceso para someter a examen a todos los jueces y magistrados, que en buena parte fueron designados por César Duarte. Dicho examen está siendo elaborado por la Universidad Iberoamericana y será aplicado por diversas  instituciones de educación superior del estado.

Las consecuencias de que la Corte resuelva en el sentido del proyecto del Ministro ponente y restituye al Consejo de la Judicatura formado por Duarte son muy graves:

1.    Se vuelve a poner el Poder Judicial del Estado y en especial al Consejo de la Judicatura en manos de magistrados sin carrera judicial, colocados ahí por la sola voluntad de César Duarte.

2.    Una vez que ellos se hagan del control del Poder Judicial, ellos mismos serán quienes vigilen el manejo de los asuntos relacionados con las denuncias de corrupción de quien los elevó a ese puesto, es decir, César Duarte. Y tendrán la facultad de remover a los jueces de la causa, de promover acciones disciplinarias contra los que no se apeguen a sus instrucciones y criterios.

3.    Todo esto redundará de manera inmediata en la lenidad y falta de contundencia en contra de la corrupción que imperó en los poderes Ejecutivo y Judicial durante el sexenio de César Duarte y lo más probable es que desemboque en que los imputados por estos casos actualmente puedan seguir su proceso en libertad y, peor aún, que el resultado final de todo esto sea la exoneración total de César Duarte y quienes colaboraron con él a saquear al estado de Chihuahua.

4.    Además, se detendrá el proceso actual de depuración y de profesionalización del Poder Judicial del estado de Chihuahua y se tomarán represalias contra los jueces y magistrados que han obrado con estricto apego a derecho, que no se han sometido a los personeros de César Duarte.

5.    El perjuicio no sólo será para el pueblo de Chihuahua, sino para todo México ya que, como se ha demostrado, el caso Duarte demuestra las implicaciones y las complicidades del pacto de corrupción e impunidad en el que han participado la dirigencia nacional del PRI y el propio gobierno de Enrique Peña Nieto.

Por todo lo anterior, hacemos un llamado al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que cuando se discutan las controversias constitucionales presentadas por el Poder Judicial del estado de Chihuahua se atengan estrictamente a las peticiones solicitadas,  apegándose a derecho e impidan que el Poder Judicial de nuestro estado vuelva otra vez a ser rehén de quien durante seis años no tuvo empacho en violentar la división de poderes para salvaguardar sus negocios personales. Resolver en el sentido del proyecto del Ministro Ponente sería terminar con la dignidad de un poder que trabajosamente se reconstruye luego de haber estado sometido a la lógica del autoritarismo y de la corrupción.

Hacemos un llamado a la ciudadanía a dar seguimiento a la sesión en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en: https://www.scjn.gob.mx/transmision-en-vivo

Abogadas y abogados:

Asociación Chihuahuense de Abogados

Colegio de Abogados, A.C.

Grupo de Abogadas Demócratas

Empresarios:

Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra)

Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, A.C. (DESEC)

Organizaciones:

Alianza Ciudadana por Chihuahua

Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC)

Asociación Chihuahuense de Abogados

Bowerasa, A.C. Haciendo Camino

Casa Amiga Esther Chávez Cano, A.C.

Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Centro de Intervención en crisis Alma Calma, A.C.

Círculo de Estudios de Género, A.C.

Colectiva Rosa de Luxemburgo

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)

Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC)

El Barzón Chihuahua

Fátima I.B.P.

Grupo El Camino
Grupo Feminista 8 de Marzo, A.C.

Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas

Justicia para Nuestras Hijas, A.C. (JPNH)

Kakúm Colectiva

Instituto de Psicología Forense, S.C.

Instituto Regional de Estudios de la Familia, A.C. (IREFAM)

Movimiento Igualitario LGBTTTI Chihuahuense

Mujeres Barzonistas

Mujeres por México en Chihuahua, A.C.

Mukira, Justicia, Género y Buenas Prácticas, A.C.

Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua)

Organización Popular Independiente 

Programa Compañeros
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (PRODESC) 

Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, A.C.

Red por la Participación Ciudadana, A.C.

Sin Violencia, A.C.

Tertulianas Feministas Chihuahuenses

Transforma A.C.
Ventanas de Esperanza, A.C.

Personas:

Alberto Rodríguez, Alejandra E. Marín, Amelia Gutiérrez Quijano, Beatriz Rodríguez, Carlota Mendoza Flores, David Lauer, Kiriaki Orpinel, Jerónimo Ernesto Rodríguez Uranga, Luisa Fernanda Rodríguez Uranga, María del Lourdes Parra Contreras, Mercedes Fernández, Paibe González Guerrero, Teresa Camou Guerrero, Yadira Cantú Solís, Ximena Camou Guerrero