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La desaparición forzada se dio en el marco de la
fallida estrategia de los Operativos Conjuntos implementados por la administración
de Felipe Calderón, con un saldo de miles de violaciones a derechos humanos
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Después de la desaparición de las víctimas se iniciaron
más de 10 investigaciones en diferentes instancias sin resultado alguno
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El caso representa una oportunidad histórica
para el proceso de memoria, verdad, justicia confiable y reparación integral a
favor de todas las personas desaparecidas en México y sus familiares
San José, Costa Rica / Chihuahua,
México, 24 de abril de 2018.- Los próximos 26 y 27 de abril, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) escuchará los testimonios de dos integrantes
de la familia de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y
José Ángel Alvarado Herrera, familiares entre sí, desaparecidos en el Ejido
Benito Juárez, municipio de Buenaventura, Chihuahua el 29 de diciembre de 2009 por
elementos del ejército mexicano.
Este hecho ocurrió en el marco de
la “Guerra contra el narcotráfico” estrategia que privilegia la participación
de las Fuerzas Armadas a cargo de la seguridad pública y que ha continuado
hasta la administración del Presidente Enrique Peña Nieto. Con la
implementación de Operativos Conjuntos en diferentes estados del país, Chihuahua
llegó a ser el estado más violento en México en 2010, con una tasa de 110 homicidios
por cada 100 mil habitantes.
Después de la desaparición, 12
instancias nacionales e internacionales han conocido del caso, entre ellas: la Fiscalía
General del Estado, diversas áreas de la Procuraduría General de la República, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y aún la jurisdicción militar. La
exigencia de justicia y de conocer el paradero de sus seres queridos ha traído amenazas
para las familias en varias ocasiones y les ha llevado a desplazarse
forzadamente, actualmente algunas de ellas están en proceso de asilo político
en Estados Unidos.
Este caso demuestra lo que viven
diariamente miles de familiares de personas desaparecidas en México: nunca hubo
acciones de búsqueda inmediatas ni efectivas que estuvieran encaminadas a
encontrar con vida a las personas desaparecidas; tampoco ha habido una
investigación encaminada a determinar la responsabilidad por la desaparición. Contrariamente,
el manejo de la investigación constituyó
en sí mismo un obstáculo para el acceso a la justicia y en múltiples ocasiones
se quiso colocar la responsabilidad del avance de las investigaciones a la
familia. Por tanto, esta será la primera ocasión que la CoIDH recibe
un caso en el marco actual de las desapariciones en México, cifra que según
datos oficiales asciende a 35,000 personas reconocidas como desaparecidas de
2007 a la fecha.
En junio de 2011 las familias presentaron la demanda ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH). Después de 8 años de que las familias de
Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel han exigido justicia y han buscado a sus seres queridos de forma
desesperada, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos conocerá el caso, producto del incumplimiento del Estado
mexicano sobre las recomendaciones realizadas por CIDH, instancia que determinó
que en este caso, el Estado mexicano era responsable por su desaparición
forzada y por tanto recomendó a México investigar los hechos con la debida
diligencia, buscar a las víctimas desaparecidas y sancionar a los responsables.
Adicionalmente, determinó la responsabilidad del Estado por las violaciones a
los derechos humanos de familiares derivadas de amenazas y hostigamientos en su
contra y solicitó que el Estado mexicano adopte una serie de medidas de
reparación y de no repetición de los hechos.
El caso fue sometido por la CIDH
el 9 de noviembre de 2016 y ya ha terminado la fase escrita del mismo. Durante
la audiencia pública ante la CoIDH declararán seis personas, se aportarán
testimonios y argumentos para demostrar la responsabilidad del ejército, la omisión
de las autoridades en la búsqueda y en las investigaciones y la falta de
protección a las y los familiares. Asimismo, se presentarán periciales por
parte de las víctimas, el Estado y la CIDH.
Para las y los familiares de este
caso, la sentencia que se emita de esta audiencia será un reconocimiento a su
lucha y a la de miles de familias que exigen medidas adecuadas y proporcionales
a la problemática de la desaparición en México.
Las organizaciones que representamos,
integradas por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), la
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), el
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN) y Mexicanos/as en el Exilio
esperamos que esta sentencia profundice en las consecuencias negativas de la
militarización como estrategia para la lucha contra la delincuencia organizada,
aborde la problemática del desplazamiento forzado en México que se expande
cada vez en el país sin el reconocimiento ni las políticas adecuadas y
también dé cuenta de todos los obstáculos y riesgos que tienen que pasar
las familias para encontrar a sus seres queridos y obtener justicia
en el caso.
Finalmente en el marco de la
política implementada en México en los últimos dos sexenios, esta sentencia puede
determinar que la Ley de Seguridad Interior viola tratados de derechos
humanos que México ha ratificado. De igual manera, la sentencia puede sumarse a
los múltiples pronunciamientos de la sociedad civil, e instancias locales, nacionales
e internacionales de derechos humanos. Sin duda, la sentencia puede servir para
los países de todo el continente donde se está discutiendo la militarización de
la seguridad.
Sigue la audiencia del caso
por streaming en: http://www.corteidh.or.cr
necesario.............
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