- El Estado mexicano ha fallado en garantizar un ambiente seguro para las personas defensoras de la comunidad de Coloradas de la Virgen, la que cuenta con una baja presencia estatal y una fuerte presencia del crimen organizado.
- Se hace un llamado al Estado mexicano para la verdad, justicia y reparación en el caso de Julián Carrillo.
Julián Carrillo era un defensor
de derechos humanos que desde el año 1992 fue elegido por la comunidad para distintos
cargos de liderazgo como, por ejemplo, comisario de policía y presidente de
bienes comunales, cuya función era cuidar el territorio, el bosque, el agua y
los animales silvestres del territorio de Coloradas de la Virgen.
En entrevista con Amnistía
Internacional, semanas antes de su asesinato, Julián Carrillo informó su
preocupación por los altos niveles de violencia en Coloradas de la Virgen,
generados por la división de la comunidad debido al otorgamiento de derechos
ejidales a mestizos y la presencia del crimen organizado, el cual se había
apropiado de la zona con el objetivo de sembrar cultivos ilícitos, como
cannabis y amapola.
Desde 2015 a la fecha, cinco
familiares de Julián Carrillo habían sido asesinados por actividades
relacionadas a la defensa de su territorio. El 24 de octubre de 2018, Julián
fue asesinado por hombres no identificados, aproximadamente dos semanas después
de que personas de la comunidad denunciaran ante distintas autoridades
estatales y federales la existencia de una concesión minera a tres particulares
en el territorio de Coloradas de la Virgen.
“Las personas indígenas rarámuri de la comunidad de
Coloradas de la Virgen han enfrentado por años una serie de ataques y amenazas
debido a su labor de defensa de derechos humanos y de su territorio ancestral”,
en el cual, “ha habido una ausencia histórica de las autoridades”, dijo Erika
Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En este sentido, mencionó que “el asesinato de
Julián Carrillo es la evidencia más palpable e inaceptable del fracaso de las
autoridades mexicanas de cumplir con su obligación de garantizar la protección
efectiva frente a todo tipo de violencia, amenaza o represalia resultante de su
labor en defensa de los derechos humanos”.
“Ante la situación histórica de Coloradas de la
Virgen, el Estado Mexicano, por conducto de las instituciones del sector
agrario de entonces, ha sido cómplice, por omisión o acción, de los despojos de
los territorios que históricamente les pertenecen a las comunidades”, dijo Isela
González Díaz, directora ejecutiva de Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), y añadió
que “la lucha jurídica es muy simple: consiste en obligar al Estado mexicano a
garantizar el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas en la
defensa de su territorio”.
Desde el 2012, México estableció
un Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas
con el objetivo de determinar e implementar medidas de prevención y protección
que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas
defensoras de derechos humanos y periodistas que se encuentren en situación de
riesgo.
Julián Carrillo era beneficiario
de este Mecanismo desde el año 2014. Las medidas de protección para
salvaguardar su vida e integridad incluían, entre otras, teléfonos satelitales,
botones de pánico y escoltas policiales. Sin embargo y de acuerdo con Erika
Guevara, estas medidas eran insuficientes si se considera que no hay una
presencia estatal en la región que pueda garantizar verdaderas condiciones de
seguridad para la comunidad ante la presencia del crimen organizado.
“Las autoridades mexicanas no pueden seguir
limitando la protección de personas defensoras de derechos humanos a un Mecanismo
que no funciona”, dijo Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía
Internacional México. A lo que añadió que “no podemos plantear una política de
protección sin respetar la cosmovisión y perspectiva de las personas
indígenas”.
Tania Reneaum señaló también que “el gobierno debe
adoptar sin demora una política pública integral - con la participación de los
beneficiarios - que atienda las causas estructurales que generan un contexto de
riesgo para las personas defensoras de derechos humanos. La defensa del
territorio y del medio ambiente no debe ser una sentencia de muerte”.
Erika Guevara mencionó que “en un contexto en el
que se sigue apostando por una respuesta militarizada, es de suma preocupación
que sean las personas defensoras de los derechos humanos quienes estén en la
línea de fuego, arriesgando su vida y la de sus familiares, para defender el
derecho a la defensa de su territorio y los recursos naturales”.
Según reportes de Amnistía Internacional, tan sólo
en 2018 fueron asesinadas alrededor de 250 personas defensoras del territorio y
recursos naturales en América Latina. De estos casos, siete se encuentran en
investigación y únicamente dos en proceso de judicialización, de los cuales,
sólo en uno los responsables han sido llevados ante la justicia.
“En Chihuahua han sido asesinadas 36 personas
defensoras desde 1973, la mayoría entre 2008 y 2016, y sus casos se encuentran
en total impunidad”, dijo Gabino Gómez, coordinador del área de personas
desaparecidas, personas desplazadas y personas defensoras del Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres (CEDEHM).
En lo que respecta a los asesinatos registrados con
motivo de la defensa del territorio y recursos naturales en Coloradas de la
Virgen, “desde 1973 y hasta 2018 han sido asesinadas 14 personas, sin
considerar a sus familiares”, señaló.
Gabino Gómez hizo un recuento sobre la negativa de
las autoridades estatales ante la presentación de dos informes previos de
Amnistía Internacional en Chihuahua, uno en 2003, relativo a los feminicidios
en Cd. Juárez, y otro en 2016, referido a los casos emblemáticos de personas
desaparecidas en Ayotzinapa y Cuauhtémoc. “Esperamos que ante este nuevo
informe el Gobierno del Estado de Chihuahua reaccione favorablemente para
atender la situación que se vive en Coloradas de la Virgen”, dijo.
A tres meses del asesinato de Julián Carrillo, las
autoridades mexicanas aún no han identificado a los responsables para llevarlos
ante la justicia. Ante estos hechos, Amnistía Internacional hace un llamado al
Estado mexicano a tomar medidas urgentes para acabar con la impunidad de los
ataques contra miembros de Coloradas de la Virgen y a llevar a cabo
investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre el asesinato de
Julián Carrillo y los demás miembros de su familia.
El asesinato de Julián Carrillo sucede en el marco
de una alerta preventiva para personas defensoras de derechos humanos que
continúa sin ser efectiva. Razón por la cual, el CEDEHM y ASMAC llaman a las
autoridades federales y estatales a refrendar su compromiso y a retomar a la
brevedad posible los compromisos derivados de ese plan.
Organizaciones firmantes:
Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C.
(CEDEHM)
Para ver el
informe completo de Amnistía Internacional, dirigirse a:
https://amnistia.org.mx/contenido/informe-entre-balas-y-olvido/
El comunicado de
Amnistía InternacionaI sobre la presentación del informe está aquí:
https://bit.ly/2HwkGyz
No hay comentarios:
Publicar un comentario