viernes, 31 de agosto de 2012

Declaración pública en vísperas del sexto y último informe de gobierno del presidente Calderón


Fuente: Amnistía Internacional

Declaración Pública
31 de agosto de 2012


Último informe del Presidente Calderón:
¿reconocerá el grave deterioro en la protección de los derechos humanos durante su sexenio?




En momentos en que el presidente Calderón se dispone a presentar su último informe
de gobierno, es imprescindible reflexionar sobre el impacto de sus políticas en
materia de justicia y seguridad pública sobre los derechos humanos en México.

Desgraciadamente la administración actual ha tolerado un grave deterioro en la
protección de los derechos humanos y ha hecho caso omiso a las miles de víctimas de
violaciones que se han atrevido a denunciar los abusos y reclamar justicia.

El gobierno del Presidente Calderón puso en marcha una política de seguridad
pública para enfrentar militarmente a grupos del crimen organizado, que agravó la
violencia severamente en varias regiones del país, sin contar con una estrategia o
capacidades para frenarla y garantizar la seguridad para las poblaciones afectadas.

Esta política se construyó sobre el despliegue masivo y rutinario de las Fuerzas
Armadas en tareas policiales, la cual generó un aumento escalofriante en las
denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de
seguridad, como detenciones arbitrarias, tortura, ejecuciones extrajudiciales, y
desapariciones forzadas.

El gobierno y las fuerzas de seguridad con frecuencia han intentado minimizar el
impacto de la violencia, acusando a las víctimas de los abusos cometidos por el
ejército y la policía de ser criminales. Sin embargo, en su gran mayoría no eran
criminales sino personas comunes que han sufrido las consecuencias de la política de
seguridad del gobierno mexicano.

En vez de asumir el liderazgo necesario para combatir la impunidad por las
violaciones de derechos humanos y garantizar investigaciones imparciales y
exhaustivas, el gobierno ha preferido usar los mismos mecanismos deficientes de
rendición de cuentas que han minimizado e ignorado las violaciones de derechos
humanos durante décadas. La jurisdicción militar, las procuradurías generales de
justicia, las investigaciones internas de las instituciones imputadas y las comisiones estatales de derechos humanos han dejado en el desamparo a las víctimas.

Ante esta política de negación, no es sorprendente que el gobierno no sea capaz de
ver las alarmantes dimensiones de los abusos, la desesperada situación de las
víctimas ni de encontrar a los responsables.

El impacto de las políticas a favor de los derechos humanos que el gobierno ha
anunciado en diferentes ocasiones es escaso. Por ejemplo, las medidas para
fortalecer los derechos de las mujeres, las personas migrantes y los pueblos indígenas han sido insuficientes como lo demuestra que el hecho de que estas poblaciones siguen sufriendo abusos graves, como ha sido constatado por los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas que han estudiado a México.

La reciente adopción por Amnistía Internacional de dos presos de consciencia, los
indígenas defensores del derecho al agua, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual
Agustín Cruz en el Estado de Puebla, es una muestra más como el sistema de justicia
continúa prestándose a la persecución infundada de defensores de derechos humanos
y personas indígenas.

Las y los defensores de derechos humanos y periodistas han sido objeto de ataques,
asesinatos, amenazas e intimidación en represalia por su trabajo. Durante años el
gobierno se resistió a establecer un mecanismo eficaz de protección para estas
personas en riesgo. Solo este año, con el nuevo marco legal aprobado por el Congreso
y promovido por la sociedad civil, el gobierno ha tomado los primeros pasos para
establecer un mecanismo de protección. Aún así, todavía existen muchas dudas
acerca de su eficacia, sobre las investigaciones penales necesarias para esclarecer los ataques y sobre el compromiso de la próxima administración a de dar continuidad al mecanismo.

Un avance de esta administración debería haber sido la reforma del sistema de
justicia en 2008. Sin embargo, solo una minoría de estados ha implementado los
cambios, y ni siquiera en estos, parece haber reforzado la protección de los derechos
de las víctimas o los acusados. En la práctica la reforma no ha contribuido hasta
ahora a mejorar la certeza del sistema de justicia, ni la confianza de la sociedad en
estas instituciones. El hecho de que la mayoría de los estados y la federación sigan
sin introducir las reformas, significa que continúan operando bajo un sistema que no
garantiza la justicia y tolera la impunidad.

La introducción del arraigo a la Constitución, un mecanismo arbitrario y abusivo que
debilita la justicia y no la refuerza. Es tal vez uno de los retrocesos más significativos impulsados por el gobierno en los últimos años. Este retroceso se ha dado ignorando las recomendaciones de las Naciones Unidas de abolirlo.

A pesar de estos aspectos negativos, Amnistía Internacional reconoce avances muy
importantes durante esta administración, en particular, las reformas en materia de
derechos humanos a la Constitución de junio 2011 que implican finalmente asumir la
obligación de cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos
ratificados por México.

Las consecuencias de estas reformas apenas han empezado a sentirse. Un ejemplo,
es la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de limitar el
fuero militar en conformidad con las sentencias de Corte Interamericana de Derechos
Humanos para excluir las violaciones de derechos humanos de la jurisdicción militar.

Este último paso, pendiente todavía de convertirse en jurisprudencia obligatoria para
los demás tribunales, se ha logrado después de años de campaña por parte de
familiares y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en su lucha por
la justicia, verdad y reparaciones. En realidad, el gobierno se ha opuesto de forma constante a este cambio. Solo gracias al esfuerzo de las víctimas y sus familiares se
ha empezado a desmantelar el muro de impunidad que protege a quienes violan los
derechos humanos.

Un gobierno que ignora a la sociedad civil como impulsora del cambio y que no
atiende su sed de justicia, esta destinado a fracasar en el fortalecimiento del estado de derecho y la protección de derechos humanos.

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