En el contexto de la próxima
revisión que el Estado mexicano tendrá ante el Comité contra las Desaparición
Forzadas de Personas de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), en 2015, las
organizaciones y colectivos que suscribimos el presente comunicado manifestamos nuestra preocupación e indignación por el clima
de graves violaciones a los derechos humanos en México. Por ello, hemos
presentado diversos informes que documentan la práctica de la desaparición
forzada de personas, desde la llamada Guerra
sucia de finales de los años sesenta hasta la actualidad.
La
desaparición forzada de personas, además de ser un crimen de lesa humanidad, es
un delito imprescriptible. Sin embargo, el Estado mexicano sigue siendo
responsable por acción y omisión de esta práctica. Observamos que la impunidad
ha sido y es el puente vinculante para que esta violación a derechos humanos
siga cometiéndose en México. Desde la primera desaparición forzada, documentada
el 19 de mayo de 1969, con el secuestro del maestro Epifanio Avilés Rojas y continuando
la política de Terrorismo de Estado de los años setenta, ésta práctica siguió
utilizándose por el Estado mexicano. Durante este período, también denominado Guerra sucia, que abarca desde finales
de los años sesenta hasta inicios de los ochenta, la represión gubernamental se
vio materializada en ejecuciones extrajudiciales, tortura y la desaparición
forzada de personas. No obstante, aunque han existido investigaciones tanto en la Comisión Nacional
de Derecho Humanos (CNDH) como en la Procuraduría General de la República (PGR) –primero
en la Femospp
y posteriormente en la
Coordinación General de Investigación– actualmente no hay
servidores públicos consignados ni sentenciados por esos crímenes aberrantes.
Esto demuestra que enMéxico, a diferencia de otras experiencias regionales y
mundiales, jamás existió una transición verdadera a la democracia ni esfuerzos
consistentes de justicia transicional.
Durante el
sexenio de Felipe Calderón la práctica de la desaparición forzada no sólo continuó,
sino que se agravó y complejizó en el contexto de la guerra contra la
delincuencia organizada, que terminó con un registro de 26,121 personas
desaparecidas. Recientemente el Secretario de Gobernación afirmó que tras un
proceso de depuración, esta cifra se redujo a 13,195 sin que se explicara la
metodología con la que se realizó esta dicha depuración. Además, resulta
alarmante que el gobierno reconoce oficialmente la existencia de 7,615 personas desaparecidas en lo que va de la actual administración
de Enrique Peña Nieto. Es decir, que el gobierno reconoce la existencia de 20,810
personas desaparecidas entre 2006 y
2014. Cabe señalar que esta cifra no incluye a las personas desaparecidas
durante la Guerra Sucia, que ascienden a 1,200 personas.
Sin embargo,
el Estado mexicano informa al Comité contra la Desaparición Forzada
de Personas que “cumple con esta
obligación internacional en un momento en el que se registran avances
sustantivos en la promoción, respeto y protección a los derechos humanos en el
país, gracias a un proceso de trasformación estructural y de modernización del
orden constitucional y legal para el fortalecimiento y consolidación de una
política de Estado en esta materia”.
Frente a lo
anterior, las organizaciones firmantes observamos con profunda preocupación que
la respuesta del Estado es insuficiente para erradicar la práctica de la
desaparición forzada, investigar y sancionar a los responsables, y determinar
el paradero de todas las personas desaparecidas desde la llamada Guerra sucia a la fecha, con lo cual
persiste la impunidad que da el mensaje de permisividad del Estado frente a las
desapariciones.
Denunciamos la
incongruencia en las cifras presentadas y lo que es peor, la falta de
reconocimiento de la dimensión del problema por parte del Estado y la
escasa información presentada en el
informe oficial, centrada en algunos avances legislativos, judiciales e
institucionales que no son proporcionales a la magnitud de la problemática, así
como la falta de una adecuada implementación y
la ausencia de disposiciones legales apropiadas en materia de la
legislación civil de la ausencia por desaparición, entre otros.
Los colectivos
y organizaciones que aquí nos manifestamos hemos presentado información de
primera mano al Comité las Desaparición Forzadas de Personas de la Organización
de Naciones Unidas, que permita aseverar
que no sólo se ha incumplido con la Convención Internacional contra la Desaparición
Forzada de Personas, sino que el Estado promueve, por acción y por omisión, que
esta práctica se continúe perpetrando en agravio de quienes se encuentran en
territorio mexicano y que la impunidad sea la regla que impere.
Solicitamos al
Comité contra la
Desaparición Forzada de Personas que a su vez le exija al
Estado mexicano el cumplimiento cabal de la Convención , a fin de
que se erradique esta práctica aberrante, a través de la verdad, justicia, y
reparación, tanto de los casos del pasado como los actuales.
Asociación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en
México (AFADEM)
Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos
Humanos Fray Juan de Larios
Centro de Derechos Humanos
Juan Gerardi
Centro de Derechos
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH)
Centro de Derechos
Humanos Victoria Diez
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)Comité 68
Comité de Madres de
Desaparecidos Políticos de Chihuahua
Fuerzas Unidas por
Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)
Fundación Diego Lucero
Fundación para la
Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Fundar, Centro de
Análisis e Investigación
H.I.J.O.S. México (Hijos
por la Identidad
y la Justicia
contra el Olvido y el Silencio, México)
Movimiento por la Paz con
Justicia y Dignidad
Nacidos en la Tempestad
Red Nacional de
Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”
(REDTDT)
Unión de Madres con Hijos
Desaparecidos de Sinaloa
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