miércoles, 14 de enero de 2015

Exigen Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, creación de un Consejo de la Judicatura en el Estado de Chihuahua

El Poder Judicial también tiene que rendir cuentas a la ciudadanía

Chihuahua, Chih., 14 de enero de 2015-. El pasado 7 de enero, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) presentó denuncia penal contra el Lic. Carlos Espino Holguín, juez cuarto de lo familiar del Distrito Judicial Morelos, por los delitos de discriminación, tráfico de influencias, negación en la impartición de justicia y prevaricación. Esta denuncia quedó radicada en la  carpeta de investigación 286 / 2015. 

Desafortunadamente, no es la primera ocasión en que las defensoras de derechos humanos de las víctimas, acuden ante el Poder Judicial a denunciar el comportamiento del mencionado funcionario público. A pesar de haber utilizado el proceso legal de quejas, éstas fueron desechadas; y haber solicitado una auditoría al juzgado para demostrar las graves irregularidades que constituyen violaciones a los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas, las peticiones fueron denegadas en forma reiterada.

El derecho a la justicia está garantizado en la Constitución mexicana y en un sinnúmero de tratados internacionales que ha ratificado México. Una de las razones que obstaculizan la sanción a funcionarios/as que impiden el acceso a la justicia, es que Chihuahua no cuenta con un órgano independiente que supervise las ilegales o irregulares actuaciones de integrantes del Poder Judicial (jueces/zas, magistrados/as y otro personal sustantivo y administrativo). Este órgano debería incidir en la formación, los procesos de selección, la supervisión/fiscalización y evaluación del personal que tiene a su cargo la responsabilidad de administrar la justicia, tan necesaria en nuestro estado.

El CEDEHM tiene documentados varios juicios en los que el Juez Espino ha actuado claramente protegiendo a hombres que ejercen violencia contra mujeres y niñas/os,  como el caso de Alberto Espino de la Peña,  hombre conocido en el ámbito político por haber tenido cargos en gobiernos municipales y estatales relacionados con el arte y la cultura. Además del poder político, posee poder económico y tráfico de influencias para manipular el sistema judicial.

Arropado por el poder judicial, con absoluta impunidad hace un año que el privilegiado agresor impide que su pequeña hija de doce años conviva con su madre, violentando los derechos de la niña y por supuesto de la madre.

“El año de la Justicia”, bautizado así por el gobernador César Duarte, pasa por hacer realidad la justicia en la vida cotidiana de las personas; no bastan edificios nuevos, ni discursos plagados de buenas intenciones: el hecho es que el Estado mexicano es el país en el continente con mayor número de peticiones anuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que el sistema de justicia no actúa de forma adecuada. También es innegable que Chihuahua es un importante contribuyente a esos señalamientos, ya que nuestro estado ha recibido más de cuatrocientas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales con motivo de las violaciones a los derechos humanos de mujeres y niñas; por la práctica de la tortura,  las desapariciones forzadas de personas, la falta de protección adecuada a personas defensoras de derechos humanos y otras problemáticas similares.

Por las anteriores consideraciones y ante los obstáculos que encuentran las mujeres para acceder a la justicia, la promulgación de Códigos que violentan los Derechos de las víctimas, el nombramiento de Magistrados/as sin experiencia, la ineficacia  de recursos judiciales  que protejan derechos humanos especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, es necesario un Consejo de la Judicatura, y esperamos que en el primer informe de labores del actual Presidente del Supremo Tribunal  de Justicia, esta propuesta sea aceptada.


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