El Poder Judicial también tiene que rendir cuentas a la ciudadanía
Chihuahua, Chih., 14 de
enero de 2015-. El pasado 7 de enero, el Centro de Derechos Humanos de las
Mujeres (CEDEHM) presentó denuncia penal contra el Lic. Carlos Espino Holguín,
juez cuarto de lo familiar del Distrito Judicial Morelos, por los delitos de
discriminación, tráfico de influencias, negación en la impartición de justicia
y prevaricación. Esta denuncia quedó radicada en la carpeta de investigación 286 / 2015.
Desafortunadamente, no
es la primera ocasión en que las defensoras de derechos humanos de las
víctimas, acuden ante el Poder Judicial a denunciar el comportamiento del
mencionado funcionario público. A pesar de haber utilizado el proceso legal de
quejas, éstas fueron desechadas; y haber solicitado una auditoría al juzgado
para demostrar las graves irregularidades que constituyen violaciones a los
derechos humanos de las mujeres, niños y niñas, las peticiones fueron denegadas
en forma reiterada.
El derecho a la
justicia está garantizado en la Constitución mexicana y en un sinnúmero de
tratados internacionales que ha ratificado México. Una de las razones que
obstaculizan la sanción a funcionarios/as que impiden el acceso a la justicia,
es que Chihuahua no cuenta con un órgano independiente que supervise las
ilegales o irregulares actuaciones de integrantes del Poder Judicial
(jueces/zas, magistrados/as y otro personal sustantivo y administrativo). Este
órgano debería incidir en la formación, los procesos de selección, la
supervisión/fiscalización y evaluación del personal que tiene a su cargo la
responsabilidad de administrar la justicia, tan necesaria en nuestro estado.
El CEDEHM tiene
documentados varios juicios en los que el Juez Espino ha actuado claramente
protegiendo a hombres que ejercen violencia contra mujeres y niñas/os, como el caso de Alberto Espino de la
Peña, hombre conocido en el ámbito
político por haber tenido cargos en gobiernos municipales y estatales
relacionados con el arte y la cultura. Además del
poder político, posee poder económico y tráfico de influencias para manipular
el sistema judicial.
Arropado por el poder
judicial, con absoluta impunidad hace un año que el privilegiado agresor impide
que su pequeña hija de doce años conviva con su madre, violentando los derechos
de la niña y por supuesto de la madre.
“El año de la
Justicia”, bautizado así por el gobernador César Duarte, pasa por hacer
realidad la justicia en la vida cotidiana de las personas; no bastan edificios
nuevos, ni discursos plagados de buenas intenciones: el hecho es que el Estado
mexicano es el país en el continente con mayor número de peticiones anuales
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debido a que el sistema de
justicia no actúa de forma adecuada. También es innegable que Chihuahua es un
importante contribuyente a esos señalamientos, ya que nuestro estado ha
recibido más de cuatrocientas recomendaciones de organismos nacionales e
internacionales con motivo de las violaciones a los derechos humanos de mujeres
y niñas; por la práctica de la tortura, las desapariciones forzadas de personas, la
falta de protección adecuada a personas defensoras de derechos humanos y otras
problemáticas similares.
Por las anteriores
consideraciones y ante los obstáculos que encuentran las mujeres para acceder a
la justicia, la promulgación de Códigos que violentan los Derechos de las
víctimas, el nombramiento de Magistrados/as sin experiencia, la ineficacia de recursos judiciales que protejan derechos humanos especialmente
para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, es necesario un
Consejo de la Judicatura, y esperamos que en el primer informe de labores del
actual Presidente del Supremo Tribunal
de Justicia, esta propuesta sea aceptada.
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