El Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres (CEDEHM), organización que acompaña el proceso legal y
el activismo de Genoveba manifiesta su postura en relación a la recuperación de
la niña, el proceso legal que debe seguirse y las consecuencias para las
autoridades que violentaron los derechos humanos.
La licenciada María Luisa
Salazar, abogada del CEDEHM y representante de Genoveba, madre indígena a la que le robaron a su hija
cuando la pequeña tenía tres meses de edad, señaló que el caso no puede
concluir con la retención de la niña en las instalaciones del DIF, debido a que es indispensable un proceso
especial de reincorporación de la niña de ahora cuatro años, a una cultura
diversa con su verdadera madre y familia, además señaló exigirán que se
castigue a las autoridades responsables.
Cabe mencionar que un juez
federal señaló que autoridades del Poder Judicial, Fiscalía y DIF violentaron
derechos humanos de la niña y la madre indígena, por lo que exigirán que los
funcionarios y funcionarias no gocen de impunidad. Además, la abogada
Salazar recordó que existe una denuncia penal presentada en la Unidad
Especializada en Delitos contra funcionarios/as públicos, en contra del Juez
Cuarto de lo Familiar por el caso de la sustracción de la niña rarámuri, por lo
que pedirán al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia que acepte la
recusación de este funcionario para que deje de conocer el caso de la custodia
de la niña y se realice una auditoría en este juzgado.
Irma Villanueva, directora
del área legal del CEDEHM, solicitó se respete los protocolos y estándares
internacionales que protegen la identidad de la niña debido a que fue un grave
error del Supremo Tribunal de Justicia, en boletín publicado el día de ayer, mencionar a la niña por su nombre completo,
cabe señalar que en las diversas denuncias las representantes legales de
Genoveba han omitido su nombre para preservar su identidad y evitar la estigmatización
de la víctima, lo cual no fue respetado por el Supremo Tribunal.
La abogadas del CEDEHM
señalaron que se tendrá una reunión con el Fiscal General, el Secretario
General de Gobierno y el Presidente del Supremo Tribunal, para pedirles que den
seguimiento a los casos de varias víctimas de violencia institucional que se
han organizado para exigir que sus casos sean revisado.
Rossina Uranga, directora
del área de psicología del CEDEHM, mostró su preocupación por el proceso
de transición que requiere una niña de cuatro años que considera como madre a
la persona que la sustrajo y planteará que se lleve a cabo un proceso
compartido entre ambas madres y/o familiares a fin de priorizar el interés
superior de la niña y evitar el trauma de la separación, para tal efecto lo
ideal es que un equipo multidisciplinario integrado por abogadas, psicólogas
con enfoque psicosocial, diferente al enfoque de psicología, y quienes tengan
experiencia en trabajos con niñas y niños sean las personas realicen el trabajo
de facilitación del proceso. Además es importante considerar que la niña debe
integrarse a la cultura indígena, lo cual requiere también un tratamiento especial.
Por todo lo
anterior exigimos:
1.
Un proceso especial de acompañamiento psicosocial de la niña, conformado
por un equipo multidisciplinario para la facilitación del proceso de transición
de la niña.
2.
Reparación integral del daño moral para J.M. y Genoveba, causado por las
autoridades involucradas.
3.
Castigo a las funcionarias y funcionarios que violentaron los derechos humanos de las
víctimas.
4.
Recusación del Juez Cuarto de lo Familiar, Lic. Carlos Espino Holguín, para
que deje de conocer el caso de la custodia de la niña.
5.
Se realice una auditoría al Juzgado Cuarto de lo Familiar.
6.
Creación de un Consejo de la Judicatura y de revisión del funcionamiento
del Centro de Justicia para las Mujeres y del DIF.
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