viernes, 10 de julio de 2015

Inadmisible la violencia contra niñas y mujeres en Chihuahua



Chihuahua, Chih., 10 de julio de 2015. La situación de violencia contra las mujeres en el estado de Chihuahua no ha dejado de ser preocupante, e incluso escandalosa. Lo que se busca presentar como “hechos aislados” por distintas autoridades, no es otra cosa que el consentimiento para la reproducción y perpetuación de la violencia hacia las niñas y mujeres por parte de todos los niveles y poderes del estado.

Los ataques violentos y asesinatos de mujeres en lo que va del año en el estado, evidencian la lo poco que se ha avanzado en una urgente transformación cultural que deberían llevar a cabo las autoridades en apego tanto a los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, así como a las legislaciones generales y locales derivadas de éstos. La igualdad sustantiva y el derecho a vivir una vida libre de violencias -que transversalizan la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) y especialmente, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará, 1994)-, no sólo está lejos de alcanzarse en Chihuahua, sino que lo que se ha logrado hasta el momento en este sentido, corre grave riesgo de retroceso, derivado de toda una serie de omisiones, errores dolosos y falta de sensibilidad de todos las autoridades estatales.

Entre otros hechos representativos de este clima de misoginia, se encuentra la detención del maestro de primaria por los delitos de violación y abuso sexual a al menos a 14 niñas indígenas en el municipio de Bocoyna; la detención en enero pasado de una adolescente de 16 años y la mujer que la asistió por el delito de aborto (quien posteriormente acudió a la audiencia penal en silla de ruedas por la tortura sufrida en detención); el hallazgo en febrero de una joven muerta que había sido denunciada como desaparecida desde 2009, de la que sin embargo la Fiscalía contaba con los restos desde el 2013; el hecho de que los asesinatos de mujeres por sus parejas sentimentales siguen siendo tratados como delitos pasionales; la falta de sanción adecuada de los homicidios de mujeres (como el caso de Jazmín Rodríguez); y el indignante homenaje post portem por la Policía Municipal de Parral de uno de sus policías que se suicidó tras dispararle a su pareja sentimental.  

A las autoridades del estado de Chihuahua, no les ha quedado claro que la violencia contra las mujeres tiene que ser sobre todo prevenida, investigada y sancionada, a través de la implementación de políticas públicas específicas que transformen tanto la condición de las mujeres así como las relaciones de poder que se construyen a partir de los estereotipos de género. Ello, muy a pesar de lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González y otras vs. México.

Peor aún, el día de ayer trascendió en medios de comunicación el caso del Magistrado de la Segunda Sala Civil del Distrito Bravo en Ciudad Juárez, Filiberto Terrazas Padilla, quien al llegar a su casa en estado de ebriedad habría golpeado salvajemente a su esposa, para después echarla a la calle junto con sus hijos y amenazarles de muerte. Preocupa a  las organizaciones que justamente una de las responsabilidades del magistrado, es garantizar el acceso a la justicia de mujeres que viven violencia, contradictoriamente, pocas esperanzas pueden tener las víctimas que acuden ante este juzgado para protección de la justicia.

Las organizaciones integrantes del Movimiento de Mujeres de Chihuahua denunciamos que las formas de operación de este sistema misógino en el estado, las cuales incluyen la normalización y/o justificación de hechos violentos en contra de las niñas y mujeres, la victimización de las mismas, así como la perpetuación sistemática de un sistema jurídico y administrativo que permite y alienta la reproducción de estas actitudes violentas.

Con todo ello, el estado de Chihuahua vuelve a ser un ejemplo nacional e internacional de cómo no actuar para las autoridades de los tres poderes de gobierno. Nunca antes, como ahora, los derechos alcanzados para y por las mujeres, se habían encontrado en tanto riesgo de retroceder.


Por lo anterior que exigimos:

1.      Que el Gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, dé cabal cumplimiento al contrato firmado con el Movimiento de Mujeres de Chihuahua en noviembre de 2012.

2.      Que, luego de las investigaciones correspondientes, se emitan las sanciones penales y administrativas correspondientes contra el magistrado Filiberto Terrazas Padilla, cuyo nombramiento -al igual que otros 13 abogados/as sin experiencia en el ámbito de procuración y administración de la justicia- fue ratificado por el congreso de Chihuahua en noviembre de 2014.

3.      Que se haga una urgente revisión a las políticas y presupuestos destinados a las instancias de prevención, procuración y administración de justicia, para garantizar que las niñas y mujeres vivamos sin violencia en Chihuahua.

4.      Que el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua establezca de una vez por todas un Consejo de la Judicatura que deberá responsabilizarse de la selección, formación y supervisión de funcionarios y funcionarias judiciales.



Atentamente,

Abogadas Demócratas
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Círculo de Estudios de Género, A.C. (CEG)
Ecos de Mirabal
Justicia para Nuestras Hijas, A.C.
Fátima, I.B.P.
Grupo Feminista 8 de Marzo
Grupo Género Parral
Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Kakum Colectiva
Mujeres Barzonistas
Mujeres por México en Chihuahua, A.C.
Red por la Participación Ciudadana, A.C.
Observa Ciudadan@
Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua)
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez


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