Chihuahua,
Chih., 10 de julio de 2015. La situación de violencia contra las mujeres en el
estado de Chihuahua no ha dejado de ser preocupante, e incluso escandalosa. Lo
que se busca presentar como “hechos aislados” por distintas autoridades, no es
otra cosa que el consentimiento para la reproducción y perpetuación de la
violencia hacia las niñas y mujeres por parte de todos los niveles y poderes
del estado.
Los ataques violentos y
asesinatos de mujeres en lo que va del año en el estado, evidencian la lo poco
que se ha avanzado en una urgente transformación cultural que deberían llevar a
cabo las autoridades en apego tanto a los acuerdos y tratados internacionales
en materia de derechos humanos de las mujeres, así como a las legislaciones
generales y locales derivadas de éstos. La igualdad sustantiva y el derecho a
vivir una vida libre de violencias -que transversalizan la Convención para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979)
y especialmente, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará, 1994)-, no
sólo está lejos de alcanzarse en Chihuahua, sino que lo que se ha logrado hasta
el momento en este sentido, corre grave riesgo de retroceso, derivado de toda
una serie de omisiones, errores dolosos y falta de sensibilidad de todos las
autoridades estatales.
Entre otros hechos
representativos de este clima de misoginia, se encuentra la detención del
maestro de primaria por los delitos de violación y abuso sexual a al menos a 14
niñas indígenas en el municipio de Bocoyna; la detención en enero pasado de una
adolescente de 16 años y la mujer que la asistió por el delito de aborto (quien
posteriormente acudió a la audiencia penal en silla de ruedas por la tortura
sufrida en detención); el hallazgo en febrero de una joven muerta que había
sido denunciada como desaparecida desde 2009, de la que sin embargo la Fiscalía
contaba con los restos desde el 2013; el hecho de que los asesinatos de mujeres
por sus parejas sentimentales siguen siendo tratados como delitos pasionales; la falta de sanción adecuada de los homicidios
de mujeres (como el caso de Jazmín Rodríguez); y el indignante homenaje post portem por la Policía Municipal de
Parral de uno de sus policías que se suicidó tras dispararle a su pareja
sentimental.
A las autoridades del
estado de Chihuahua, no les ha quedado claro que la violencia contra las
mujeres tiene que ser sobre todo prevenida, investigada y sancionada, a través
de la implementación de políticas públicas específicas que transformen tanto la
condición de las mujeres así como las relaciones de poder que se construyen a
partir de los estereotipos de género. Ello, muy a pesar de lo establecido por
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González y otras vs.
México.
Peor aún, el día de
ayer trascendió en medios de comunicación el caso del Magistrado de la Segunda Sala
Civil del Distrito Bravo en Ciudad Juárez, Filiberto Terrazas Padilla, quien al
llegar a su casa en estado de ebriedad habría golpeado salvajemente a su
esposa, para después echarla a la calle junto con sus hijos y amenazarles de
muerte. Preocupa
a las organizaciones que justamente una de las responsabilidades del
magistrado, es garantizar el acceso a la justicia de mujeres que viven
violencia, contradictoriamente, pocas esperanzas pueden tener las víctimas que
acuden ante este juzgado para protección de la justicia.
Las organizaciones
integrantes del Movimiento de Mujeres de Chihuahua denunciamos que las formas
de operación de este sistema misógino en el estado, las cuales incluyen la
normalización y/o justificación de hechos violentos en contra de las niñas y
mujeres, la victimización de las mismas, así como la perpetuación sistemática
de un sistema jurídico y administrativo que permite y alienta la reproducción
de estas actitudes violentas.
Con todo ello, el
estado de Chihuahua vuelve a ser un ejemplo nacional e internacional de cómo no
actuar para las autoridades de los tres poderes de gobierno. Nunca antes, como
ahora, los derechos alcanzados para y por las mujeres, se habían encontrado en
tanto riesgo de retroceder.
Por
lo anterior que exigimos:
1.
Que el Gobernador del Estado, César
Duarte Jáquez, dé cabal cumplimiento al contrato firmado con el Movimiento de
Mujeres de Chihuahua en noviembre de 2012.
2.
Que, luego de las investigaciones correspondientes,
se emitan las sanciones penales y administrativas correspondientes contra el magistrado
Filiberto Terrazas Padilla, cuyo nombramiento -al igual que otros 13 abogados/as
sin experiencia en el ámbito de procuración y administración de la justicia-
fue ratificado por el congreso de Chihuahua en noviembre de 2014.
3.
Que se haga una urgente revisión a las
políticas y presupuestos destinados a las instancias de prevención, procuración
y administración de justicia, para garantizar que las niñas y mujeres vivamos
sin violencia en Chihuahua.
4.
Que el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua
establezca de una vez por todas un Consejo de la Judicatura que deberá
responsabilizarse de la selección, formación y supervisión de funcionarios y
funcionarias judiciales.
Atentamente,
Abogadas
Demócratas
Centro
de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C. (CAMT)
Centro
de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Círculo
de Estudios de Género, A.C. (CEG)
Ecos
de Mirabal
Justicia
para Nuestras Hijas, A.C.
Fátima,
I.B.P.
Grupo
Feminista 8 de Marzo
Grupo
Género Parral
Grupo
Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Kakum
Colectiva
Mujeres
Barzonistas
Mujeres
por México en Chihuahua, A.C.
Red
por la Participación Ciudadana, A.C.
Observa
Ciudadan@
Organización
para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD
Chihuahua)
Red
Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez
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