Inexplicablemente, Juez de Chihuahua condena a un feminicida a 15 años de prisión, cuando el Código Penal del Estado establece una pena mínima de 30 años

Igualmente inexplicable, que la negligencia de las autoridades haya culminado en el feminicidio de Jazmín Nayeli Rodríguez

Chihuahua, Chih., 8 de julio de 2015. Jazmín Nayeli Rodríguez Gallardo, era una joven funcionaria pública del Gobierno de Chihuahua que trabajó inicialmente en la Fiscalía de Atención a Víctimas y posteriormente como policía estatal. Al igual de cientos de mujeres en esta entidad federativa, esta joven de 26  años víctima de violencia familiar  desatendida, cuyo resultado fue sumamente doloroso e indignante: su ex pareja, Oscar Campos Nava cumplió sus amenazas al esperarla afuera de la casa de su madre, arrebatarle la pistola que portaba Jazmín y con ella la asesinó. Posteriormente huyó al extranjero; no obstante, mediante un proceso de extradición, el feminicida fue llevado a juicio.

El 1 de julio del presente año concluyó el  juicio oral sobre este feminicidio. En esta ocasión, el juez que iba a dictar la sentencia definitiva dictó un receso, por lo que la Sra. Bertha Alicia Gallardo salió de la sala y esperó a que volvieran a llamar a las partes para reiniciar el juicio. Inexplicablemente, la señora esperó más de cinco horas afuera de la sala de audiencias hasta que alguien vio a la atribulada madre esperando ser llamada de nuevo en su calidad de ofendida para estar presente en la sentencia, cuando le informaron que hacía varias horas que la audiencia había terminado. Al parecer, habían cambiado de sala y tanto la agente del Ministerio Público como el Juez se olvidaron de avisarle.

Además de este maltrato inexplicable e injustificable -que denota la insensibilidad de los operadores del sistema de justicia en Chihuahua-, la madre de Jazmín fue informada en el pasillo que el feminicida de su hija había recibido una sentencia de quince años.

Ante esta situación injusta, inexplicable y tremendamente lamentable, la Sra. Bertha Alicia acudió al CEDEHM en busca de asesoría. Al hacer las indagaciones con las autoridades, el CEDEHM fue informado que la propia Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género declinó el caso a la Fiscalía Zona Norte debido a que consideraron que no se trataba de un feminicidio ya que el arma utilizada fue una pistola nueve milímetros. Ese fue, inexplicablemente, el criterio de una fiscalía especializada.

Durante el tiempo que Jazmín convivió con su agresor, sufrió violencia física, económica y psicológica. Esta violencia que presenció su bebé que meses de nacido. La Sra. Bertha Alicia Gallardo intervino en múltiples ocasiones para proteger a su hija. Jazmín intentó dejar a su agresor en distintos momentos, pero él la buscaba, la acosaba, la seguía a todos lados, le llamaba por teléfono todo el día,  la amenazaba de muerte y con quitarle a su bebé y llevarlo lejos, incluso en una ocasión lo hizo, pero con ayuda de la policía pudo recuperarlo.

Esta situación de violencia familiar que Jazmín vivía la llevó a pedir ayuda en distintas oficinas de gobierno. Acudió a la Defensoría de Oficio a exponer la situación de violencia que vivía, donde le ofrecieron llevarle un trámite de pensión alimenticia. Luego, fue a la Fiscalía Zona Centro donde fue maltratada y regañada al decirle “que cómo era posible que siendo ella policía, permitiera ese trato”. Inexplicablemente, tampoco hubo una respuesta efectiva, diligente y proporcional de las autoridades a las que la joven rogaba auxilio.

Por último, Jazmín fue a solicitar ayuda al DIF, donde la respuesta fue “que no era bueno iniciar un trámite legal, y que sería mejor que ella se arreglara en forma voluntaria con su ex pareja, por el bien de su hijo, porque era muy triste para la vida de una niño que sus padres estuvieran en pleito legal, y que viera a uno de ellos en visitas supervisadas.”

Hoy, a nadie le importa que ese niño al que trataron de proteger sea un huérfano. Tampoco parece importar que un extorsionador de 10,000 pesos o un secuestrador tengan penas de prisión vitalicia, mientras que los feminicidas obtienen sentencias que no coinciden con el propio Código Penal, ya que el artículo 126 del Código Penal del Estado de Chihuahua establece que la sanción mínima para el asesinato de una mujer es de 30 años.

Ante la negligente respuesta de las autoridades, Jazmín intentaba protegerse y proteger a su hijo y a su madre, pues constantemente le hacía recomendaciones de cuidado del bebé si ella moría. Jazmín presentía tanto su muerte por las amenazas y la falta de protección respecto de estas, que solo unos minutos antes de ser asesinada le grabó y envió un mensaje de voz a su hijo.

Por todas las razones inexplicables, se puede entender por qué la muerte de Jazmín era la única crónica anunciada. Es explicable que una mujer víctima de violencia que denuncia y no obtiene respuesta adecuada de las autoridades, se encuentre en mayor riesgo. Es explicable que una Fiscalía Especializada que no entiende los antecedentes del ciclo de violencia, derive los casos a otras Fiscalías. Es explicable que la madre de una mujer asesinada no sea tomada en cuenta en el juicio contra el feminicida de su hija. Es explicable que una y más vidas de mujeres se pierdan porque las autoridades no cumplen con sus obligaciones.

Todo ello es explicable, pero no es justificable, ni merece perdón ni olvido. Todas las instituciones fallaron en protegerla, como sucede con cientos de mujeres hoy en día que acuden a presentar denuncias cuando su vida corren peligro, y como única opción en enviarles a un refugio, lugares que no tienen la capacidad ni para 30 mujeres, en comparación con las miles de denuncias penales que se presentan en el Centro de Justicia para las Mujeres sobre distintas formas de violencias que siguen sufriendo las niñas y mujeres en Chihuahua. De acuerdo con la Fiscalía Especializada, de las 2,879 denuncias interpuestas entre enero y marzo de este año en Chihuahua y Ciudad Juárez, 2,447 (85%) de las mujeres se quedan sin medidas de protección porque no existe capacidad institucional para implementarlas.

Por ello, exigimos a las autoridades correspondientes:

Primero: una explicación detallada a la madre de Jazmín sobre el proceso y veredicto dictado en el caso de su hija, especialmente sobre la pena impuesta y la reparación del daño moral otorgado, tema continuamente ausente en las sentencias penales.

Segundo: una revisión a fondo sobre el actuar del Juez César Miguel Rodríguez Martínez, Juez del Tribunal Oral, al haber dictado una sentencia injusta y contraria a derecho.

Tercero: una revisión administrativa de todas las autoridades que tuvieron conocimiento de la situación de riesgo en que se encontraba Jazmín Nayeli Rodríguez y que deliberadamente no hicieron nada.

Cuarto: La adopción de medidas estructurales tanto al interior de la Fiscalía como del Poder Judicial y del DIF que redunden en una efectiva protección de mujeres que sufren violencia.

¡Ni una menos!