En los últimos meses se ha puesto al descubierto la dimensión
extraordinaria del problema de las desapariciones en México, esto confirmó lo
que organizaciones de víctimas y sociedad civil
plantearon desde el sexenio
pasado del ex presidente Felipe Calderón, que
el problema era colosal.
En el anterior periodo presidencial, el tema fue constantemente negado por
las autoridades y parecía que la atención del gobierno se enfocaba en la
hecatombe en la que, según cifras oficiales, se contabilizaron más de 100,000
muertes.
Sin embargo, a partir de la publicación del periódico norteamericano
Washington Post en noviembre de 2012 respecto a la existencia de más de 25,000
reportes de personas desaparecidas, el
reconocimiento fue inevitable y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto,
aceptó en febrero de este año, que cuentan con un registro de más de 27,000
reportes y a su vez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que
cuenta con un registro de más de 48,000 reportes de personas desaparecidas en
el periodo de 2005 a 2012.
Según el informe de fecha 4 de junio del 2013, presentado por Amnistía
Internacional, "Enfrentarse a una pesadilla, la desaparición de personas
en México", el
estado de Chihuahua es de los estados de la república mexicana, en
donde se presenta con más frecuencia el fenómeno de la desaparición, ante esta
situación; organizaciones defensoras de Derechos Humanos de esta entidad
federativa y familiares de víctimas han documentado y denunciado ante
instancias nacionales e internacionales
los casos concretos y han visibilizad la negación del gobierno estatal por
reconocer la existencia del problema.
Es en este contexto y bajo el litigio estratégico del Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres (CEDEHM), la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC),
Justicia para Nuestras Hijas (JPNH) y el Centro de Derechos Humanos Paso del
Norte (CDHPN) presentaron el caso de la Familia Alvarado ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), por la ilegal detención por miembros del ejército mexicano y
posterior desaparición forzada, de Nitza
Paola Alvarado Espinoza de 31 años , Rocío Irene Alvarado Reyes de 19 años y José Ángel Alvarado Herrera de 31
años
El día 29 de diciembre del
2009, alrededor de las 20:00 horas, en el ejido Benito Juárez, municipio de
Buenaventura Chihuahua, diez militares quienes vestían uniformes del ejército
mexicano y portaban cascos en su cabeza, así como rifles de alto poder,
subieron a la fuerza a José Ángel Alvarado Herrera, a su prima Nitza Paola
Alvarado Espinoza que se encontraban a
bordo de un vehículo tipo pick up afuera de la casa de la suegra de José
Ángel. Posteriormente acudieron al domicilio de Rocío Irene Alvarado Reyes
ubicado en la misma comunidad, entraron a la vivienda sin ninguna orden
judicial, detuvieron y se llevaron a Rocío; hasta la fecha los tres permanecen
desaparecidos.
El 3 de febrero de 2010, Nitza
logró hacer una llamada a una amiga aproximadamente a las 17:30 horas, Nitza
Paola le dijo llorando “ayúdenme, sáquenme de aquí, sigo viva, tengo miedo”.
Acto seguido la voz de un hombre comunicó a otro hombre “puta madre pinche
vieja ya habló, te dije que no la dejaras sola”.
La familia acudió a denunciar
los hechos en el fuero civil en el
ámbito federal, local y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin
obtener respuesta, presentaron todas las denuncias en todas las instancias que
existen en el estado mexicano en búsqueda de justicia (31/12/2009 Denuncia en
Fiscalía General del Estado: AP 124/09, 04/01/2010: Queja ante la CNDH: 2/2010/108/Q 04/01/2010: queja operativo CCH:
886/09 06/01/2010: Denuncia PGR . AP/PGR/CHIH/JUA/3634/2011).
Al acudir a las organizaciones
sociales, éstas enviaron el caso al Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas
de la ONU, solicitaron Medidas Cautelares para la protección de las
denunciantes ante la CIDH; ante la continuidad de amenazas y atentados la Corte
Interamericana de Derechos Humanos otorgó Medidas Provisionales a 37
beneficiarios de la familia Alvarado y presentaron el caso ante la CIDH el 26
de junio de 2011.
El 28 de junio del 2011, María
de Jesús Alvarado, hermana de Nitzia Paola y prima de Rocío y José Ángel,
acudió en compañía de las organizaciones representantes ante el máximo tribunal
de las Américas y explicó ante los jueces de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en San José Costa Rica, el calvario de su familia en la
búsqueda de justicia, las amenazas, atentados, persecución, hostigamiento y allanamientos
ilegales, lo que ha causado desplazamiento y empobrecimiento.
El 30 de junio de 2011, la
CNDH emitió la recomendación 43/2011 concluyendo que existen elementos
suficientes para atribuir la desaparición forzada a los militares.
Las organizaciones sociales
representantes de las víctimas, en sus alegatos ante la CIDH consideraron que hay y hubo falta de
investigación efectiva y debida diligencia respecto a los hechos; alegando
además que el Estado tendría responsabilidad internacional por una serie de
violaciones a los derechos humanos cometidas en prejuicio de los familiares de
las víctimas.
Tras analizar el caso, la CIDH
decidió admitir el caso, al considerar que los hechos expuestos caracterizan
posibles violaciones a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada
de Personas y a la Convención de Belém do Pará, así mismo publicará e incluirá
dicho caso en su informe para la Asamblea General de la OEA, según el informe
48/13.
Desde marzo de 2010 la CIDH
otorgó medidas cautelares (MC 55-10) a favor de Rocío Irene, Nitza Paola y José
Ángel, requiriendo al Estado mexicano informará sobre su paradero, su estado de
salud y la situación de seguridad en la que se encontraban. Asimismo, le
solicitó que informar de las acciones realizadas por las autoridades estatales
para investigar los hechos que motivaron la adopción de las medidas cautelares
y lograr su esclarecimiento.
En mayo del mismo año, la CIDH decidió elevar una
solicitud de medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CoiDH), que posteriormente han sido ampliadas requiriendo al Estado
mexicano que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad
de 36 familiares de las víctimas y sus representantes.
Este importante avance, es el
paso de la antesala de llevar un nuevo caso de violaciones a derechos humanos
perpetrada por militares ante el máximo
tribunal de las Américas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y
constituye un reconocimiento a la familia de Nitzia, Rocío y José Ángel por su
perseverancia en la búsqueda por la justicia y la verdad.
