Chihuahua, Chih a 12 de marzo de 2018.- La impunidad se
podría reinstalar en Chihuahua, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación
ordena la sustitución del actual Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del estado de Chihuahua, por el consejo que se integró a escasas dos semanas de
la salida de César Duarte del gobierno, con magistrados impuestos y sometidos a
él.
Esto se da en un contexto caracterizado por la intensa y
sólida labor del gobierno de Javier Corral por combatir la corrupción y la
impunidad. Mediante una minuciosa y bien fundamentada acción legal contra César
Duarte y sus cómplices, ha logrado la integración de cuatro decenas de
expedientes judiciales, la liberación de órdenes de aprehensión, la vinculación
a proceso y la detención de altos funcionarios del duartismo, así como el que
la Interpol haya elaborado una “ficha roja” contra el ex gobernador y la
Secretaría de Gobernación se haya comprometido a que la Fiscalía General del
Estado sea coadyuvante en la solicitud de extradición de Duarte ante el
gobierno de los Estados Unidos.
Todo esto ha sido posible por la labor de
profesionalización y depuración del Poder Judicial que arranca con la
conformación del actual Consejo de la Judicatura en mayo de 2017. Gracias a
ello se ha garantizado un manejo imparcial, escrupulosamente apegado a derecho,
en mano de jueces honestos y competentes, quienes han conducido impecablemente
los diferentes casos de corrupción del duartismo.
Sin embargo, el Gobierno Federal ha hecho todo lo posible
por bloquear la acción de la justicia chihuahuense: la PGR le ha dado largas a
la solicitud de extradición de Duarte a pesar de haberse comprometido a incluir
a la Fiscalía de Chihuahua como coadyuvante; luego que no pudo impedir la
detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del
PRI, y su posterior reclusión en Chihuahua, señaló que había sido sometido a
tortura. Esta acusación se ha desmoronado cuando un perito internacional
habiendo aplicado el Protocolo de Estambul, dictamina que Gutiérrez no ha sido
sometido a ningún tipo de tortura.
En su desesperación por impedir que prosigan la
investigación y el juicio contra Alejandro Gutiérrez, que develan todo el
sistema de corrupción manejado desde la cúpula del PRI y del gabinete de Peña
Nieto, el régimen de éste puede llegar al colmo de la manipulación de las
instituciones valiéndose de la Suprema Corte de Justicia y para esto , se aprovechan de la Controversia Constitucional 179/2017
promovida por el Poder Judicial del Estado de Chihuahua presentada por el pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado en contra de los Poderes
Legislativo y Ejecutivo de nuestro estado, demandando la invalidez de diversas
disposiciones de la Constitución Política local y la Controversia
Constitucional 150/2016 promovida por el Magistrado Gabriel Sepúlveda Reyes en
forma individual, sin tener facultades (quien por cierto, enfrenta varios
procesos legales penales por corrupción , en su ejercicio como Presidente del
Poder Judicial).
Tanto en el turno
en que se atienden como en el contenido de la respuesta a dichas controversias
puede observarse la intención de trastocar el órgano que ha venido
administrando la justicia demandada por el pueblo de Chihuahua para los muchos
casos de corrupción de César Duarte y sus cómplices.
Por una parte, ambas controversias, hasta hace muy poco
tiempo figuraban más abajo del centésimo turno en la lista de asuntos a ser
resueltos por la SCJN de pronto y de manera inexplicable, son colocados en los
turnos dos y tres para ser resueltos esta semana.
Por otra parte, y esto es lo más grave, de acuerdo al
proyecto de resolución presentado por el ministro ponente y que será resuelto en durante la semana
por el pleno de los 11 ministros y ministras de la SCJN, no sólo no se responde
a la solicitud del Poder Judicial del Estado de Chihuahua en el sentido de
precisar las facultades del Consejo de la Judicatura de dicho poder, sino que
se ordena que los cinco integrantes de dicho consejo sean removidos y en su
lugar sean repuestos los cuatro que formaban parte del consejo que se nombró
bajo la influencia de César Duarte, más dos que designe el Legislativo y uno
propuesto por el Ejecutivo. Hay que aclarar que ese consejo de siete miembros
nunca realmente se integró, pues sólo el Judicial nombró a sus representantes y
ni el Ejecutivo ni el Legislativo nombraron a los de ellos.
El actual Consejo de la Judicatura del Estado ha sido
integrado por el propio presidente del Poder Judicial Decano de los Magistrados
y dos magistrados de este poder, con
amplia y reconocida trayectoria de carrera judicial por más de veinte años, ninguno de ellos impuesto o designado por Duarte;
además de una Consejera apoyada por 35
organizaciones sociales de la sociedad civil y propuesta por el Ejecutivo y un
consejero con el reconocimiento de todas las barras y colegios de abogados,
cámaras empresariales y electo por mayoría calificada del Congreso del Estado.
Este Consejo de la Judicatura: ha emprendido una labor de
profesionalización del Poder Judicial del Estado. Ha iniciado procesos contra
la corrupción imperante en él, entre ellos, el juicio de procedencia contra el
ex presidente y magistrado, Gabriel Sepúlveda, por los enormes fraudes en la
construcción de la Ciudad Judicial. Ha iniciado también un proceso para someter
a examen a todos los jueces y magistrados, que en buena parte fueron designados
por César Duarte. Dicho examen está siendo elaborado por la Universidad
Iberoamericana y será aplicado por diversas instituciones de educación superior del
estado.
Las consecuencias de que la Corte resuelva en el sentido
del proyecto del Ministro ponente y restituye al Consejo de la Judicatura
formado por Duarte son muy graves:
1.
Se vuelve a poner el Poder Judicial
del Estado y en especial al Consejo de la Judicatura en manos de magistrados
sin carrera judicial, colocados ahí por la sola voluntad de César Duarte.
2.
Una vez que ellos se hagan del
control del Poder Judicial, ellos mismos serán quienes vigilen el manejo de los
asuntos relacionados con las denuncias de corrupción de quien los elevó a ese
puesto, es decir, César Duarte. Y tendrán la facultad de remover a los jueces
de la causa, de promover acciones disciplinarias contra los que no se apeguen a
sus instrucciones y criterios.
3.
Todo esto redundará de manera
inmediata en la lenidad y falta de contundencia en contra de la corrupción que
imperó en los poderes Ejecutivo y Judicial durante el sexenio de César Duarte y
lo más probable es que desemboque en que los imputados por estos casos
actualmente puedan seguir su proceso en libertad y, peor aún, que el resultado
final de todo esto sea la exoneración total de César Duarte y quienes
colaboraron con él a saquear al estado de Chihuahua.
4.
Además, se detendrá el proceso actual
de depuración y de profesionalización del Poder Judicial del estado de
Chihuahua y se tomarán represalias contra los jueces y magistrados que han
obrado con estricto apego a derecho, que no se han sometido a los personeros de
César Duarte.
5.
El perjuicio no sólo será para el
pueblo de Chihuahua, sino para todo México ya que, como se ha demostrado, el
caso Duarte demuestra las implicaciones y las complicidades del pacto de
corrupción e impunidad en el que han participado la dirigencia nacional del PRI
y el propio gobierno de Enrique Peña Nieto.
Por todo lo anterior, hacemos un llamado al pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación para que cuando se discutan las
controversias constitucionales presentadas por el Poder Judicial del estado de
Chihuahua se atengan estrictamente a las peticiones solicitadas, apegándose a derecho e impidan que el Poder
Judicial de nuestro estado vuelva otra vez a ser rehén de quien durante seis
años no tuvo empacho en violentar la división de poderes para salvaguardar sus
negocios personales. Resolver en el sentido del proyecto del Ministro Ponente
sería terminar con la dignidad de un poder que trabajosamente se reconstruye
luego de haber estado sometido a la lógica del autoritarismo y de la
corrupción.
Abogadas y
abogados:
Asociación
Chihuahuense de Abogados
Colegio
de Abogados, A.C.
Grupo
de Abogadas Demócratas
Empresarios:
Cámara
Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra)
Desarrollo
Económico del Estado de Chihuahua, A.C. (DESEC)
Organizaciones:
Alianza Ciudadana por
Chihuahua
Alianza
Sierra Madre, A.C. (ASMAC)
Asociación
Chihuahuense de Abogados
Bowerasa,
A.C. Haciendo Camino
Casa
Amiga Esther Chávez Cano, A.C.
Centro
de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua, A.C. (CAMT)
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
Centro
de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Centro de Intervención en crisis Alma Calma, A.C.
Círculo
de Estudios de Género, A.C.
Colectiva
Rosa de Luxemburgo
Comisión
de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
Consultoría
Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC)
El
Barzón Chihuahua
Fátima
I.B.P.
Grupo
El Camino
Grupo Feminista 8 de Marzo, A.C.
Grupo Promotor de los
Derechos Políticos de las Ciudadanas
Justicia para Nuestras
Hijas, A.C. (JPNH)
Kakúm
Colectiva
Instituto de Psicología Forense, S.C.
Instituto Regional de Estudios de la Familia, A.C. (IREFAM)
Movimiento Igualitario LGBTTTI Chihuahuense
Mujeres
Barzonistas
Mujeres
por México en Chihuahua, A.C.
Mukira,
Justicia, Género y Buenas Prácticas, A.C.
Organización
para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD
Chihuahua)
Organización
Popular Independiente
Programa
Compañeros
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (PRODESC)
Red
Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez, A.C.
Red
por la Participación Ciudadana, A.C.
Sin
Violencia, A.C.
Tertulianas
Feministas Chihuahuenses
Transforma
A.C.
Ventanas de Esperanza, A.C.
Personas:
Alberto
Rodríguez, Alejandra E. Marín, Amelia Gutiérrez Quijano, Beatriz Rodríguez,
Carlota Mendoza Flores, David Lauer, Kiriaki Orpinel, Jerónimo Ernesto
Rodríguez Uranga, Luisa Fernanda Rodríguez Uranga, María del Lourdes Parra
Contreras, Mercedes Fernández, Paibe González Guerrero, Teresa Camou Guerrero,
Yadira Cantú Solís, Ximena Camou Guerrero
