Exigen organizaciones defensoras de derechos humanos de Chihuahua transparencia, calidad y perfil idóneo en la integración de magistradas/os del Poder Judicial

Chihuahua, Chihuahua, 13 de noviembre de 2014

Lic. José Miguel Salcido Romero Presidente Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua P R E S E N T E

Diputado Rodrigo De la Rosa Ramírez Presidente Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chihuahua P R E S E N T E

Ref.: Exigen organizaciones defensoras de derechos humanos de Chihuahua transparencia, calidad y perfil idóneo en la integración de magistradas/os del Poder Judicial

Señores representantes del Supremo Tribunal y del Congreso de Chihuahua:

Ante el súbito proceso de selección de magistrados y magistradas del Poder Judicial de Chihuahua, las organizaciones que suscribimos la presente nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra más profunda preocupación sobre el súbito proceso de designación de magistrados y magistradas.

En un Estado en donde el difícil acceso a la justicia tiene como consecuencia tanto la impunidad como la enorme cantidad de delitos no denunciados, la integración del órgano jurisdiccional es una de las más importantes responsabilidades que asumirá la actual legislatura. 

Ante la falta de credibilidad e independencia de las instituciones por nombramientos poco transparentes y basados en intereses distintos a los que prevé la norma como requisitos de elegibilidad, la responsabilidad de ambos Poderes cobra especial importancia en el nombramiento de trece magistrados/as del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

En primer lugar, dado que la terna tiene que ser presentada por el Poder Judicial ante el Poder Legislativo, queremos recordar que existen diversos instrumentos, documentos y pronunciamientos de instancias internacionales, entre los que se encuentran la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos –cuya jurisprudencia es obligatoria, según la contradicción de tesis 293/11- y diversos órganos de supervisión de tratados de Naciones Unidas.

Los anteriores pronunciamientos se han convertido en estándares dan una serie de elementos para garantizar la independencia del Poder Judicial. Por ejemplo, en un reciente informe, la CIDH ha señalado que dentro de los procesos de selección y nombramiento se deben consideran la igualdad de condiciones y no discriminación; la selección con base en el mérito y capacidades; la publicidad y transparencia del proceso; cuestiones relacionadas con la duración en el nombramiento; y la no intervención de órganos políticos, entre otros[1]. De igual manera, la relatora de las Naciones Unidas tiene un sinnúmero de informes y documentos que son necesarios revisar en este tipo de procesos.

Por otra parte, queremos recordar que el desaliño en la designación de Consejeras del ICHITAIP, la cuestionada e ilegal reelección del Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, así como la aprobación de  los códigos de procedimientos  civil y familiar que carecen de perspectiva de género y derechos humanos, han sido una simulación de consulta y de participación de la sociedad civil y han generado una justificada preocupación por la calidad de funcionarios/as designados en puestos de gran responsabilidad en el Estado.

La forma en la que se han hecho esas designaciones viola directamente el párrafo tercero del artículo 1º constitucional, que expresamente establece que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.” Es evidente que dentro de “todas las autoridades” se encuentran los Poderes de los cuales ustedes tienen representación.

Más aún, actos como los antes enunciados también muestran la ausencia de división de poderes, expresada en el sometimiento del legislativo al ejecutivo.

Todo lo anterior son suficientes motivos para nuestra fundada preocupación y exigencia. Por tanto, quienes representamos legalmente a víctimas en los tribunales (en especial en el ámbito familiar y penal) y debido a que  somos las usuarias del sistema jurisdiccional, poseemos información privilegiada sobre el actuar de dichos funcionarios /as, y como  partes interesadas,  hemos dado seguimiento al proceso de reforma incluyendo la designación de nuevos funcionarios /as. 

Nos preocupa que personas como el actual Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial Morelos, el Lic. Carlos Espino Holguín, integre una de las ternas aspirando al nombramiento de magistrado.

El Juez  Espino Holguín asume conductas discriminatorias y sexistas que afectan los derechos humanos de mujeres, niñas y niños, como se ha demostrado en diversas audiencias, comentarios y en distintas resoluciones emitidas por el funcionario. Por ello, en varias ocasiones hemos expresado nuestra preocupación ante el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a quien incluso hemos solicitado una auditoria al Juzgado Cuarto.

Las decisiones del Juez Espino ponen en riesgo la vida de las mujeres y niñas, al no respetar decisiones de depósito de personas y conceder la guarda y custodia de hijos a agresores; al dictar resoluciones de guarda y custodia favorables a agresores (teniendo elementos que evidencian esa conducta); al discriminar a mujeres indígenas y emitir decisiones que les quitan a sus hijos/as; y al retrasar de manera injustificada los juicios en perjuicio de las mujeres, contrario a la prontitud de las resoluciones dictadas a favor de los hombres. En definitiva, y haciendo un recuento histórico, el Lic. Espino es el único juez que pone obstáculos para otorgar la medida de protección a las mujeres y niños/as (depósito de personas), exigiéndoles que en el momento que acuden los documentos originales, como serías actas de matrimonio y de nacimiento de hijas. De igual manera actúa tratándose de concubinas que acuden a pedir “depósito de personas”, aun cuando tengan hijos con el agresor, les niega la medida hasta en tanto acrediten el concubinato con testigos.

Pero no sólo el Juez Cuarto de los Familiar tiene esas actitudes, sino que su ejemplo ha permeado en todo el personal de ese juzgado. Por esa razón es que se ha pedido en varias oportunidades una auditoría imparcial y apegada a derecho a esa área, lo cual se reitera en esta misiva.

El nombramiento del licenciado Espino Holguín y de otros con antecedentes similares estaría en contradicción de los criterios de oxigenación, honorabilidad y ética profesional que se pretende. Más aún, ello pondría en riesgo el derecho a una justicia pronta, expedita e imparcial, el cual está reconocido en nuestra Constitución y en un sinnúmero de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México.

Nos preocupa que no sean tomados en cuentan como criterios de elegibilidad para todas y todos los funcionarios que aspiran a integrar el órgano jurisdiccional, lo mandatado por el artículo 145 k, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual establece que “las evaluaciones que entre otros aspectos incluyan la perspectiva de género, que sirvan de parámetro para el ingreso, permanencia y ascenso en el poder Judicial”.

De igual manera, es alarmante que en los exámenes de conocimiento se omita la formación en derechos humanos, principios rectores del quehacer judicial a partir de la reforma constitucional del 2011 y de distintas resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los distintos protocolos que ha emitido esa alta instancia judicial.

En razón de las anteriores consideraciones, y de acuerdo con los artículos 1º, 6º y 8º y 17 constitucionales, les urgimos a lo siguiente:

Al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado:

Primero: A que dentro de las ternas que presenten ante el Congreso del Estado, garanticen que se encuentren las personas que cumplan, al menos, con los requisitos mencionados previamente, y que aseguren una justa representación de género.

Segundo: Que se ordene inmediatamente una auditoría al Juzgado Cuarto de lo Familiar y, en caso de encontrar una anomalía, se tomen las medidas correspondientes para que ese juzgado actúe con prontitud, respeto a los derechos humanos, independencia, imparcialidad, compromiso y responsabilidad, sabiendo que la vida e integridad de muchas mujeres y niños/as dependen de sus decisiones.

Al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chihuahua

Único: luego de recibir las ternas correspondientes, exigimos  que las y los diputados realicen un examen riguroso, transparente, serio y participativo, que encuentre a las mejores personas que asuman la trascendente  responsabilidad de  procurar y administrar justicia de manera independiente e imparcial en nuestro estado.

Atentamente,

Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC)

Centro de Atención a la Mujer Trabajadora (CAMT)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.

Círculo de Estudios de Género

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)

Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC)

Ecos de Mirabal

El Barzón Chihuahua

Fátima IBP

Grupo de Mujeres en Gran Morelos

Grupo Feminista 8 de Marzo

Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas

Justicia Para Nuestras Hijas

Mujeres Barzonistas

Observa Ciudadana

Organización de Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A.C. (UCD)

Red por la Participación Ciudadana

c.c.p.   Diputados y diputadas del Congreso de Chihuahua. Para su conocimiento y atención.

Magistrados y magistradas del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Mismos fines.

Sra. Gabriela Knaul. Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas. Mismos fines.

Comisionado Jesús Orozco Enríquez. Relator de defensoras y defensores de derechos humanos (incluyendo operadores de justicia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mismos fines.

Sr. Javier Hernández Valencia. Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Mismos fines.

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[1] CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas. Doc. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44, de 5 diciembre 2013. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/Operadores-de-Justicia-2013.pdf

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Lucha Castro, defensora de derechos humanos y coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, es invitada a Bellas Artes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

En el marco de la  Conmemoración de los 20 años de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém do Pará” y del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, Lucha Castro, también integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, recibió la invitación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para participar como lectora en la obra teatral "Heridas de Muerte" escrita por la dramaturga italiana Serena Dandini, la cual será puesta en escena el este próximo  8 de noviembre, en la  Sala principal del Palacio de Bellas Artes, en la ciudad de México.

Con el objetivo de generar un espacio de sensibilización en cuanto a la violencia de género, así como la gravedad y cercanía del fenómeno, y transmitir un mensaje sobre la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres, 15 mujeres darán voz a un caso real de feminicidio, tomado del libro de Dandini.

Las mujeres mexicanas que prestarán su voz a las víctimas son: Olga María Sánchez Cordero, Ministra de la SCJN, Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres,  Martha Lucía Micher Camarena, Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Luz Estela Castro Rodríguez, defensora de derechos humanos, Eufrosina Cruz Mendoza Presidenta de la Comisión para Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social, Lía Limón García, Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Amalia Dolores García Medina, Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, Jimena de Santiago, cantante y conductora de televisión, María Angélica Luna Parra, titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, Jacqueline Perchard Mariscal, integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, María Lucero Saldaña Pérez, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, Carmen Moreno Toscano, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, y María del Carmen Alanis Figueroa, Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y experta Titular de México ante el MESECVI.

Esta invitación es un reconocimiento al trabajo del CEDEHM, organización que se ha distinguido por la defensa activa de los derechos humanos de las mujeres.

OSC’s DENUNCIAN NULA ACTUACIÓN DEL ESTADO MEXICANO FRENTE A LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD ANTE LA CIDH

Washington, DC, 30 de octubre. El día de hoy, varias organizaciones de la sociedad civil  estuvimos presentes en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el tema de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado en México, en la cual, se tocaron diferentes aspectos relacionados con la desaparición y ejecución de personas en las décadas de los años 60, 70 y 80, conocido como Guerra Sucia, y que continúan ocurriendo en la actualidad como el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero.

Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Sucia por parte de agentes del Estado siguen impunes por diversas razones violatorias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

A pesar de que el titular del Ejecutivo Federal creó en el año 2001 la hoy desaparecida FEMOSPP, dicha instancia padeció una evidente falta de voluntad política y el abandono presidencial, lo que originó su absoluta ineficacia y la consecuente impunidad. De ello es muestra la impunidad imperante, a la luz de la inadecuada clasificación de los delitos denunciados, el cierre de investigaciones sin haber obtenido resultados, la falta de localización de personas desaparecidas y la falta de sentencias condenatorias en contra de los agentes estatales responsables. Igualmente señalamos la insistencia en cerrar las averiguaciones previas argumentando criterios de prescriptibilidad, pasando por alto que se trata de crímenes de lesa humanidad.

La conclusión global es que la actuación del Estado mexicano, a través de sus tres poderes, durante el periodo 2006-2014 ha sido mínima e incoherente para revertir el estado de impunidad que guardan los crímenes de lesa humanidad cometidos en México durante las etapas más cruentas de la represión estatal.

La impunidad por los delitos del pasado propicia la repetición de hechos semejantes en la actualidad, incluidos actos de desaparición forzada masiva, ejecuciones extrajudiciales y el uso sistemático de la tortura por agentes de las fuerzas de seguridad. De esta manera, el enorme rezago en materia de justicia transicional que caracteriza a México trae consecuencias devastadoras no solamente para las víctimas y sus familias, sino para la sociedad y las instituciones mexicanas: los delitos del pasado son los delitos del presente.

Los comisionados de la CIDH evidenciaron la “conexión entre la impunidad por los crímenes de esta época mal llamada Guerra Sucia y lo que está aconteciendo hoy en día en México”. Además urgieron al Estado a dar “saltos cualitativos por para enfrentar el problema. Tanto peticionarios, miembros del Estado y comisionados, reconocieron que existen nulos resultados en las investigaciones realizadas por el Estado: de 570 denuncias recibidas al parecer solo existe una sola sentencia por desaparición forzada de un servidor público que al parecer hoy goza de prisión domiciliaria. El Estado además expuso que hay 159 averiguaciones que fueron cerradas por prescripción a criterio de la autoridad investigadora, 53 por poder judicial y otras 96 se declinaron a jurisdicciones locales.

Los comisionados expresaron su gran preocupación por la situación de impunidad y urgieron al Estado mexicano a esclarecer y sancionar los delitos de esa época, en virtud de la vinculación con los hechos del presente, sobre todo con las masacres que se siguen suscitando en México y el creciente número de desapariciones forzadas, sobre todo haciendo hincapié en la desaparición de los 43 normalistas. La CIDH finalmente concluyó que este tema es prioritario para la CIDH y adelantó que pronto publicará un informe sobre derecho a la verdad, por lo que continuará dando seguimiento a esta situación en México.

Finalmente, las organizaciones aquí firmantes exigimos a todos los poderes y niveles del Estado que pongan fin a la impunidad en los crímenes de lesa humanidad que constituyen el vínculo con la gravísima situación de violación a los derechos humanos de hoy en día, en particular la desaparición forzada de personas.

ATENTAMENTE

AFADEM

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.

Comité 68

Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua

Fundación Diego Lucero

Fundar Centro de Análisis e Investigación

H.I.J.O.S. México

Red TDT

Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.

Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa

A quienes todavía tienen ojos para leer, a quienes están y creen que nunca serán desaparecidxs, les queremos decir unas palabras

México, 14 de octubre de 2014

A la sociedad mexicana (a los que quedan).

A quienes todavía tienen ojos para leer, a quienes están y creen que nunca serán desaparecidos, les queremos decir unas palabras.

Somos H.I.J.O.S. México y esta vez, con la rabia de siempre, pero ya sin pesar ni vergüenza, nos referimos a ustedes en estos términos. Todas aquellas personas que hoy queden vivas y libres, todas aquellas personas que leen o escuchan esto con curiosidad y que no cuentan en su familia o amistades a alguien desaparecido, deben saberlo de una vez: ustedes siguen.

Es terriblemente simple: por décadas nuestras abuelas gritaron en las plazas, marcharon, repartieron volantes, se colgaron las fotos de sus hijos al pecho; las llamaron locas,  las amenazaron y las reprimieron. Mientras tanto, la inmensa mayoría del pueblo mexicano hacía una sola cosa: nada. Voltearon hacia otro lado; aprendieron la sonrisa sin memoria; compraron algún bien y siguieron en la ficción de una vida sin desaparecidos, porque “no eran suyos”. Después, dejaron crecer solos a sus hijas e hijos, sin pensar siquiera si esa piedrita incómoda en el zapato podría crecer. Hoy, con el dolor de los años, podemos decirles que se equivocaron: el horror ha vuelto y creció.

Somos hijos e hijas también de su olvido, habitantes de este país despedazado, al que estúpidamente amamos todavía, desde lo más profundo. Por eso somos hijos del enojo, la indignación y la rabia ante los hechos acontecidos en Tlatlaya, Estado de México y en Iguala, Guerrero; somos hijos del dolor en Acteal, El Bosque, El Quemado, Aguas Blancas y tantas otras. Nuestros padres son y fueron hombres y mujeres dignos y aguerridos que lucharon de distintas maneras porque este país fuera mejor. Nosotros somos la reivindicación de sus ideales y los mantendremos vivos siempre; porque pese a todo, nos oponemos al olvido. 

Pensamos que el horror había tocado nuestras vidas cuando estábamos por nacer, cuando usábamos pañales; pensamos que nuestra herida sería la de luchar contra el olvido de nuestro país, jamás contra las fuerzas que nuevamente arrebatan padres y madres de sus casas dejando más hijas e hijos en un abrazo vacío.

Si hoy, cuando nos siguen faltando y urge localizar a los 43 estudiantes desaparecidos; si hoy ustedes tienen la sensación de que pueden volver a mirar hacia otro lado; si tienen el oculto deseo de que todo vuelva a ser igual, si quieren que este episodio de horror pase y no atormente más sus pobres almas la próxima semana, sepan que esa es la señal inequívoca: el suelo ha empezado a desmoronarse precisamente bajo sus pies.

Somos el fantasma de las navidades futuras. Estamos aquí para recordarles un porvenir que quieren desconocer. Generaciones enteras de niños, niñas y jóvenes crecen hoy como un dolor en la raíz del miedo, construyendo un futuro que ustedes, desde ya, quieren olvidar. Pero nosotros no olvidamos. Y no perdonamos. Por suerte no somos los únicos.

Hoy, quizá como nunca antes, entendemos la motivación de nuestros padres y madres al elegir el camino que eligieron. Queremos que caiga este Estado en que todos los partidos y niveles son cómplices; queremos castigo a los responsables y queremos a nuestros compañeros vivos; queremos verdad y justicia.

De lo hecho o dicho hasta ahora, nada nos calma ni nos hace sentido (salvo la rabia cruda, la gente en las calles). Losopinólogos deberían hacer más y opinar menos; los analistas deberían moverse antes de descalabrarse por el derrumbe de sus teorías. ¿De verdad creen que es suficiente? No esperen que les aplaudamos a sus funcionarios cuando salen a buscar desaparecidos por las calles como si se hubieran perdido en una tormenta; como si no supieran por dónde y por quiénes empezar a buscar. No esperen que el verbo “esclarecer” nos deje tranquilos, ni que sus renuncias aparezcan como actos de heroísmo: todo eso no es ni lo mínimo. No basta. Nuestro pueblo debe tener más autoestima. Los queremos vivos, queremos bien a sus familias; queremos tras las rejas a responsables y cómplices, y queremos que nunca más nadie tenga que llorar un desaparecido por motivos políticos, ni por ningún otro motivo.

La herida en el corazón del país no podía ser más clara. Desaparecer estudiantes; desaparecer futuros profesores. Nuestros padres también estudiaron en Ayotzinapa, ¿es que a este país no le bastó con que ellos ya hayan dado su vida? Nosotros pagamos el precio para que esta sociedad transitara hacia un futuro mejor y aún así esta sociedad no lucha por merecerlo. ¿Quieren desaparecer nuestra memoria? No lo permitiremos.

Es por esto que, en los albores de nuestros quince años de existencia, H.I.J.O.S. México anuncia que se replanteará su actuar, en honor a la memoria de nuestros padres y nuestras madres, y en honor a quienes aún hoy, ante todo, siguen luchando por un otro mundo mejor. Esa alegría que algunos admiraban se nos borró de golpe en Ayotzinapa; los colores que solemos usar se están quebrando entre nuestras muelas apretadas de dolor y rabia. Y no nos vengan a contar aquella historia de la alegría y la esperanza, porque también nosotros la inventamos, pero hoy sabe a poco y no basta.

Y lo hacemos esta vez por ellos, por ellas. Por Elín, por Juan Carlos, por Esther, por el Flaco, por Rafael, por Valentín, por Tomás, por Alicia. Por tantos y tantas que nos faltan, desde hace tanto. Lo hacemos esta vez también por los nuevos hijos, por las hermanas Alvarado, por Nadin, por Dianita, por Heber, por Janahuy, por las nietas de Luli. Lo hacemos también por nuestros hijos, los hijos de H.I.J.O.S., porque otra vez nos negamos a que crezcan en un país que no se merecen.

Si la sociedad mexicana no hace hoy lo extraordinario, cuando llegue el día en el que conozcan este dolor como propio, no nos pregunten ¿por qué no hacemos nada en la búsqueda de sus familiares?, sólo recuerden que llevamos décadas denunciando al terrorismo de Estado, que no es nuevo. Asuman su responsabilidad en la continuidad de las desapariciones forzadas en este país lleno de impunidad, simulación y corrupción. Sabemos que hay muchas personas, maravillosas y valientes, que ponen cada día su trabajo y corazón para detener el horror. Lo reconocemos y agradecemos, pero es urgente que nos demos cuenta de que no está siendo suficiente.

Sentimos no tener hoy palabras más hermosas, se nos están acabando; nos las quitaron cuando nos quitaron a 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, como nos quitaron a nuestras madres y padres, como ha sucedido en los últimos 45 años que ustedes, los sin dolor, no quieren ver.

Hacemos un llamado a la sociedad civil de todo México, de América Latina y del mundo entero a solidarizarse urgentemente con el pueblo del cual formamos parte. Esperamos en consecuencia que este llamado que hacemos -que no es como tantos otros que hemos hecho- haga eco. Deseamos y confiamos en que habrá una reacción a este grito que no hacemos nosotros, sino todo el pueblo digno de México y que ahora replicamos. Repudien a los gobernantes de este Estado asesino a donde quiera que vayan, exijan a los gobiernos de los demás países romper relaciones con ellos hasta que se presente con vida a los 43 compañeros normalistas desaparecidos, así como a las decenas de miles de mexicanos que se encuentran también desaparecidos. Queremos justicia y si el Estado no la provee, es el responsable directo del terrorismo en que estamos inmersos. Ayúdennos a condenarlos como humanidad, porque los desaparecidos nos faltan a todos, desde siempre y como nunca.

  

Hoy más que nunca: no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Juicio y castigo a los culpables y sus cómplices.

¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!

 Porque las y los desaparecidos nos faltan a todas y todos

No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos

Juicio y castigo a los responsables y sus cómplices

Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S. México)