jueves, 13 de noviembre de 2014

Exigen organizaciones defensoras de derechos humanos de Chihuahua transparencia, calidad y perfil idóneo en la integración de magistradas/os del Poder Judicial






Chihuahua, Chihuahua, 13 de noviembre de 2014


Lic. José Miguel Salcido Romero
Presidente
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua
P R E S E N T E
Diputado Rodrigo De la Rosa Ramírez
Presidente
Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chihuahua
P R E S E N T E


Ref.: Exigen organizaciones defensoras de derechos humanos de Chihuahua transparencia, calidad y perfil idóneo en la integración de magistradas/os del Poder Judicial


Señores representantes del Supremo Tribunal y del Congreso de Chihuahua:

Ante el súbito proceso de selección de magistrados y magistradas del Poder Judicial de Chihuahua, las organizaciones que suscribimos la presente nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra más profunda preocupación sobre el súbito proceso de designación de magistrados y magistradas.

En un Estado en donde el difícil acceso a la justicia tiene como consecuencia tanto la impunidad como la enorme cantidad de delitos no denunciados, la integración del órgano jurisdiccional es una de las más importantes responsabilidades que asumirá la actual legislatura. 

Ante la falta de credibilidad e independencia de las instituciones por nombramientos poco transparentes y basados en intereses distintos a los que prevé la norma como requisitos de elegibilidad, la responsabilidad de ambos Poderes cobra especial importancia en el nombramiento de trece magistrados/as del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

En primer lugar, dado que la terna tiene que ser presentada por el Poder Judicial ante el Poder Legislativo, queremos recordar que existen diversos instrumentos, documentos y pronunciamientos de instancias internacionales, entre los que se encuentran la Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos –cuya jurisprudencia es obligatoria, según la contradicción de tesis 293/11- y diversos órganos de supervisión de tratados de Naciones Unidas.

Los anteriores pronunciamientos se han convertido en estándares dan una serie de elementos para garantizar la independencia del Poder Judicial. Por ejemplo, en un reciente informe, la CIDH ha señalado que dentro de los procesos de selección y nombramiento se deben consideran la igualdad de condiciones y no discriminación; la selección con base en el mérito y capacidades; la publicidad y transparencia del proceso; cuestiones relacionadas con la duración en el nombramiento; y la no intervención de órganos políticos, entre otros[1]. De igual manera, la relatora de las Naciones Unidas tiene un sinnúmero de informes y documentos que son necesarios revisar en este tipo de procesos.

Por otra parte, queremos recordar que el desaliño en la designación de Consejeras del ICHITAIP, la cuestionada e ilegal reelección del Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, así como la aprobación de  los códigos de procedimientos  civil y familiar que carecen de perspectiva de género y derechos humanos, han sido una simulación de consulta y de participación de la sociedad civil y han generado una justificada preocupación por la calidad de funcionarios/as designados en puestos de gran responsabilidad en el Estado.

La forma en la que se han hecho esas designaciones viola directamente el párrafo tercero del artículo 1º constitucional, que expresamente establece que “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.” Es evidente que dentro de “todas las autoridades” se encuentran los Poderes de los cuales ustedes tienen representación.

Más aún, actos como los antes enunciados también muestran la ausencia de división de poderes, expresada en el sometimiento del legislativo al ejecutivo.

Todo lo anterior son suficientes motivos para nuestra fundada preocupación y exigencia. Por tanto, quienes representamos legalmente a víctimas en los tribunales (en especial en el ámbito familiar y penal) y debido a que  somos las usuarias del sistema jurisdiccional, poseemos información privilegiada sobre el actuar de dichos funcionarios /as, y como  partes interesadas,  hemos dado seguimiento al proceso de reforma incluyendo la designación de nuevos funcionarios /as. 

Nos preocupa que personas como el actual Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial Morelos, el Lic. Carlos Espino Holguín, integre una de las ternas aspirando al nombramiento de magistrado.

El Juez  Espino Holguín asume conductas discriminatorias y sexistas que afectan los derechos humanos de mujeres, niñas y niños, como se ha demostrado en diversas audiencias, comentarios y en distintas resoluciones emitidas por el funcionario. Por ello, en varias ocasiones hemos expresado nuestra preocupación ante el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a quien incluso hemos solicitado una auditoria al Juzgado Cuarto.

Las decisiones del Juez Espino ponen en riesgo la vida de las mujeres y niñas, al no respetar decisiones de depósito de personas y conceder la guarda y custodia de hijos a agresores; al dictar resoluciones de guarda y custodia favorables a agresores (teniendo elementos que evidencian esa conducta); al discriminar a mujeres indígenas y emitir decisiones que les quitan a sus hijos/as; y al retrasar de manera injustificada los juicios en perjuicio de las mujeres, contrario a la prontitud de las resoluciones dictadas a favor de los hombres. En definitiva, y haciendo un recuento histórico, el Lic. Espino es el único juez que pone obstáculos para otorgar la medida de protección a las mujeres y niños/as (depósito de personas), exigiéndoles que en el momento que acuden los documentos originales, como serías actas de matrimonio y de nacimiento de hijas. De igual manera actúa tratándose de concubinas que acuden a pedir “depósito de personas”, aun cuando tengan hijos con el agresor, les niega la medida hasta en tanto acrediten el concubinato con testigos.

Pero no sólo el Juez Cuarto de los Familiar tiene esas actitudes, sino que su ejemplo ha permeado en todo el personal de ese juzgado. Por esa razón es que se ha pedido en varias oportunidades una auditoría imparcial y apegada a derecho a esa área, lo cual se reitera en esta misiva.

El nombramiento del licenciado Espino Holguín y de otros con antecedentes similares estaría en contradicción de los criterios de oxigenación, honorabilidad y ética profesional que se pretende. Más aún, ello pondría en riesgo el derecho a una justicia pronta, expedita e imparcial, el cual está reconocido en nuestra Constitución y en un sinnúmero de tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México.

Nos preocupa que no sean tomados en cuentan como criterios de elegibilidad para todas y todos los funcionarios que aspiran a integrar el órgano jurisdiccional, lo mandatado por el artículo 145 k, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual establece que “las evaluaciones que entre otros aspectos incluyan la perspectiva de género, que sirvan de parámetro para el ingreso, permanencia y ascenso en el poder Judicial”.

De igual manera, es alarmante que en los exámenes de conocimiento se omita la formación en derechos humanos, principios rectores del quehacer judicial a partir de la reforma constitucional del 2011 y de distintas resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los distintos protocolos que ha emitido esa alta instancia judicial.

En razón de las anteriores consideraciones, y de acuerdo con los artículos 1º, 6º y 8º y 17 constitucionales, les urgimos a lo siguiente:


Al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado:

Primero: A que dentro de las ternas que presenten ante el Congreso del Estado, garanticen que se encuentren las personas que cumplan, al menos, con los requisitos mencionados previamente, y que aseguren una justa representación de género.

Segundo: Que se ordene inmediatamente una auditoría al Juzgado Cuarto de lo Familiar y, en caso de encontrar una anomalía, se tomen las medidas correspondientes para que ese juzgado actúe con prontitud, respeto a los derechos humanos, independencia, imparcialidad, compromiso y responsabilidad, sabiendo que la vida e integridad de muchas mujeres y niños/as dependen de sus decisiones.


Al Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chihuahua

Único: luego de recibir las ternas correspondientes, exigimos  que las y los diputados realicen un examen riguroso, transparente, serio y participativo, que encuentre a las mejores personas que asuman la trascendente  responsabilidad de  procurar y administrar justicia de manera independiente e imparcial en nuestro estado.


Atentamente,

Alianza Sierra Madre, A.C. (ASMAC)
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora (CAMT)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.
Círculo de Estudios de Género
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. (CONTEC)
Ecos de Mirabal
El Barzón Chihuahua
Fátima IBP
Grupo de Mujeres en Gran Morelos
Grupo Feminista 8 de Marzo
Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Justicia Para Nuestras Hijas
Mujeres Barzonistas
Observa Ciudadana
Organización de Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A.C. (UCD)
Red por la Participación Ciudadana






c.c.p.   Diputados y diputadas del Congreso de Chihuahua. Para su conocimiento y atención.
Magistrados y magistradas del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Mismos fines.
Sra. Gabriela Knaul. Relatora Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas. Mismos fines.
Comisionado Jesús Orozco Enríquez. Relator de defensoras y defensores de derechos humanos (incluyendo operadores de justicia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mismos fines.
Sr. Javier Hernández Valencia. Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Mismos fines.



[1] CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el Estado de Derecho en las Américas. Doc. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 44, de 5 diciembre 2013. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/Operadores-de-Justicia-2013.pdf






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