San
José de Costa Rica, 21 de noviembre de 2014.- En el marco de 106 Período Ordinario de Sesiones de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, citó al Estado mexicano y al Centro
de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), representante legal de la familia
Alvarado Reyes, para celebrar una audiencia pública conjunta en relación a las medidas
provisionales ordenadas por dicho Tribunal en el caso Alvarado Reyes y otros y
Castro Rodríguez respecto a México, con el objetivo de recibir de parte del
Estado información actualizada y detallada sobre el cumplimiento de las medidas
provisionales ordenadas en ambos asuntos y escuchar las observaciones de los representantes
y el parecer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El pasado 26 de junio de 2011 la Comisión Interamericana
de Derechos (CIDH), recibió la petición presentada por varias organizaciones no
gubernamentales del estado de Chihuahua,
en la cual se alega la responsabilidad del Estado Mexicano por la presunta
detención ilegal en diciembre de 2009 y posterior desaparición forzada
perpetrada por miembros del Ejército mexicano, de Nitza Paola Alvarado
Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, así como la
falta de investigación efectiva y debida diligencia respecto a los hechos;
alegando que el Estado tendría responsabilidad internacional por una serie de
violaciones a los derechos humanos cometidas en prejuicio de los familiares de
las víctimas, como consecuencia de la desaparición forzada de sus familiares y
por las acciones realizadas para conocer su paradero.
Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene fueron
desaparecidos la noche del 29 de diciembre de 2009 por elementos del Ejército
mexicano, en el Ejido Benito Juárez, municipio de San Buenaventura, Chihuahua;
a la fecha el Estado no ha realizado una investigación eficaz para dar con su
paradero y para juzgar y condenar a los responsables de tal crimen. A pesar de
diversas denuncias locales y nacionales, las y los familiares de las víctimas
no han recibido ninguna información acerca de ellos; y en virtud de las
acciones realizadas por las familias para esclarecer los hechos y dar con su
paradero, han sido objeto de actos de amenaza, persecución, hostigamiento y
allanamientos ilegales, lo que ha causado desplazamiento, viéndose obligados a
pedir asilo político en 2013, en los Estados Unidos de América.
Desde marzo de 2010 la CIDH otorgó medidas provisionales
(MC 55-10) a favor de Rocío Irene, Nitza Paola y José Ángel, requiriendo al
Estado mexicano informará sobre su paradero, su estado de salud y la situación
de seguridad en la que se encontraban. Asimismo, le solicitó que informar de
las acciones realizadas por las autoridades estatales para investigar los
hechos que motivaron la adopción de las medidas cautelares y lograr su
esclarecimiento. En mayo del mismo año, la CIDH decidió elevar una solicitud de
medidas provisionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoiDH),
que posteriormente han sido ampliadas requiriendo al Estado mexicano que adopte
las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de 36 familiares de
las víctimas y sus representantes.
Respecto del Asunto Castro Rodríguez, se relaciona con la
situación de riesgo en perjuicio de Luz Estela Castro Rodríguez en el Estado de
Chihuahua, en virtud de amenazas y hostigamientos sufridos por sus labores como
defensora de derechos humanos, las cuales se habrían incrementado en noviembre
de 2012. Se destaca que en el Estado de Chihuahua, existe un clima de amenazas,
hostigamientos, campañas mediáticas de desprestigio y criminalización contra defensores y
defensoras de derechos humanos y especial riesgo para quienes denuncian
activamente los casos de violencia. El pasado 13 de febrero de 2013, la Corte
ordenó al Estado mexicano adoptar las medidas que fueran necesarias y efectivas
para evitar daños a la vida e integridad personal de Luz Estela Castro. El
Tribunal ha emitido Resoluciones de fecha 13 de febrero y 23 de agosto de 2013.
Los Jueces que estarán presentes en esta audiencia son:
Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia), Presidente; Roberto F. Caldas
(Brasil), Vice-Presidente; Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica), Diego García-Sayán
(Perú), y Eduardo Vio Grossi (Chile). El Secretario de la Corte es el señor
Pablo Saavedra Alessandri (Chile) y la Secretaria Adjunta es Emilia Segares
Rodríguez (Costa Rica), quienes también estarán presentes, junto con otros
miembros de la Secretaría del Tribunal.
Hoy, en punto de las 14:00 hrs. (hora local) se
transmitirá en vivo dicha audiencia en la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: www.corteidh.or.cr
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