¿Además de Clara Armendáriz Gutiérrez y de su papá Raúl Armendáriz
Sígala, no existen más familiares de la niña Antonia?
Porque en la resolución que emite el DIF estatal no solamente está
anunciando que iniciará un juicio para quitarle la patria potestad a la madre, que
deberá resolverse ante un juzgado familiar que no prejuzgue, sino que ya está
“cocinando” la adopción de la niña.
Es importante resaltar que existe una ley estatal y tratados
Internacionales que indican claramente que cualesquier niño o niña tiene
derecho a estar y crecer en primer lugar con su familia y que el DII es la
última instancia para ejercer la patria potestad.
Es lamentable que el DIF ignore que la niña tiene un tío, tías,
bisabuela y demás familiares que están dispuestos a hacerse cargo de ella y que
tiene derecho de vivir al lado de sus familiares.
¿Dónde quedan los derechos de Antonia a vivir con su familia
consanguínea? ¿Y donde queda la visión del DIF que se supone es la institución
que integra a la familia?
Es criticable que el DIF no garantice los lineamientos
internacionales mandatados en la Convención de los Derechos de los Niños y las
Niñas y consecuentemente viole el Artículo 1º Constitucional que obliga a toda
autoridad a promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos.
Cuando ignora las circunstancias del caso y no analiza
profundamente las circunstancias que llevaron a Clara a tomar la decisión que
la tiene en esta situación, el DIF está omitiendo un análisis con perspectiva
de género.
Si actuara con perspectiva de género, el DIF explicaría la culpa y
vergüenza que sintió Clara por un embarazo sin estar casada. En este caso, lo
que se esperaría es que la institución se aboque a atender a Clara para dotarle
de posibilidades de salir de su depresión y apoyarla con la finalidad de que
madre e hija accedan al derecho de estar unidas y enfrentar la vida con todos
los retos que ello implica.
Es sabido que la circunstancia que vive Clara es debido a una
ausencia de política pública que apoye el conocimiento acerca de la prevención
del embarazo y por ende al cuidado de la salud sexual.
Vivimos en una sociedad que no quiere reconocer que las y los
jóvenes asumen su sexualidad y que al hacerlo corren constantemente riesgos
como el embarazo no deseado, situación que lleva a las mujeres a detener su
proyecto personal y dedicarse a la crianza y educación de hijos e hijas, cuando
por otro lado las exigencias para preparase y trabajar son una realidad, por lo
que se vive la doble jornada para las mujeres. Es decir, se ha construido un mundo
donde solamente a las mujeres se les exige el cuidado de casa e hijos,
escenario por demás discriminativo.
Las organizaciones del movimiento de
Mujeres manifestamos:
- - Desacuerdo en que el DIF realice acciones para que Clara
pierda la patria potestad de su hija.
- - Desacuerdo en que el DIF sustituya a Clara y no le
proporcione apoyo para que ella pueda estudiar y cuidar a su hija.
- - Desacuerdo en la falta de políticas públicas que
desarrollen capacidades que lleven al ejercicio pleno de la sexualidad de los y
las jóvenes, sin enfrentar embarazos no deseados.
Decidir desde el poder, como castigar sin analizar, es una
característica en gobiernos autoritarios, es pretender cubrir sus omisiones y
carencia de políticas públicas a necesidades básicas de una sociedad, por lo
que el Movimiento de Mujeres rechazamos tales medidas en el caso de Clara Armendáriz Gutiérrez.
Es muy importante contar con el apoyo de estas organizaciones que siendo de mujeres, comprenden mejor el contexto en que la vida de una mujer puede desarrollarse y los diversos aspectos que motivan la toma de una u otra decisión, que a veces puede ser errada, pero rectificada.
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