viernes, 13 de febrero de 2015

Carta pública sobre asistencia a firma de convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Instituto Nacional de las Mujeres



Ante la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), las organizaciones integrantes del Movimiento de Mujeres de la Ciudad de Chihuahua informamos a la sociedad Chihuahuense y mexicana lo siguiente:



El Movimiento de Mujeres de la Ciudad de Chihuahua integrada por diversas organizaciones sociales que por más de dos décadas hemos realizado una defensa activa de los derechos humanos en Chihuahua, acudimos a este evento únicamente en reconocimiento del apoyo que el INMUJERES ha brindado a nuestro estado. Especialmente reconocemos a la Lic. Lorena Cruz, titular del INMUJERES y Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, por su incondicional apoyo a las organizaciones respecto del inédito pronunciamiento que ese Sistema hará en relación a la urgencia de reformar los códigos de procedimientos familiares y civiles por contener diversas disposiciones violatorias de derechos humanos.



Dicho lo anterior, las organizaciones asistiremos a tal evento bajo protesta por las siguientes razones:



Estamos bajo protesta debido a que desde que el Gobernador César Duarte nos convocó al inicio de su mandato constitucional a trabajar de manera conjunta a favor de las mujeres   y desde esa fecha el incumplimiento de compromisos ha sido una constante.



Hemos documentado en toda la gestión del Gobernador Duarte las diversas propuestas que han quedado únicamente en buenas intenciones  pero que lamentablemente no se han realizado, algunos ejemplos:



La Ley de Participación Ciudadana fue uno de los primeros compromisos que asumió el Gobernador César Duarte, iniciativa  firmada por más de doce mil personas y se encuentra en el congelador.  



Los Centros de Justicia para las Mujeres (CEJUM), una política pública impulsada por las organizaciones de mujeres, realizada por el Gobierno, son un fracaso: no tienen recursos para cuestiones mínimas, sus instalaciones están descuidadas, carecen de personal suficiente y especializado, y todo ello revictimiza y repercute en una pésima atención a las niñas y mujeres que son  víctimas de violencias, terminándo en feminicidios previsibles. Existe un diagnóstico sobre la situación deplorable en que se encuentran los CEJUM,  el cual no se ha tomado en cuenta.



El discriminatorio  caso de Genoveba, la mujer indígena que permaneció dos años en los pasillos del CEJUM exigiendo que le devolvieran a su hija, la cual fue entregada por el juez cuarto de lo familiar  a la mujer que la robó es solo un ejemplo que salió a la luz pública, de la forma en que en Chihuahua se accede a la justicia. La reciente organización creada por madres que se han visto obligadas a salir a calle a exigir justicia ante el fracaso de los CEJUM es otro ejemplo.  



La Fiscalía que investiga los feminicidios, un esfuerzo inédito del país, se encuentra con cientos de expedientes archivados.



El incumplimiento de la emblemática sentencia de “Campo Algodonero”, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ve reflejado en la falta de capacitación adecuada a funcionarios/as, ausencia de protocolos de atención eficaces, falta de una base de datos fiable de mujeres desaparecidas y asesinadas, ausencia de sanciones a funcionarios/as que obstaculizaron el acceso a la justicia y una completa impunidad en el caso.  



El 10 de diciembre pasado, el Gobernador Duarte tuvo una reunión con 70 personas la mayoría eran  madres, esposas, hermanas, abuelas e hijas que tienen familiares desaparecidos en Ciudad Cuauhtémoc. Después de escuchar sus historias de dolor, hizo compromisos concretos y hasta la fecha, se han incumplido.



Algunas de nosotras recibimos la invitación del Gobierno del estado para formar parte de consejos ciudadanos, en un afán de coadyuvar con responsabilidad a buscar el acceso a la justicia y de participar en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas respecto de las políticas públicas para la atención, prevención,  sanción y erradicación de la violencia de género. Asumimos el compromiso y a pesar de nuestros esfuerzos hemos encontrado obstáculos importantes para que estos funcionen y se han convertido en una política de simulación: los responsables de las diversas áreas no acuden a las reuniones, no cumplen con los objetivos, no se toman en cuenta las observaciones que hacemos, en algunos consejos no hay reuniones. No se tiene voluntad para avanzar en políticas integrales que redunden en una vida más segura para las niñas y mujeres del estado. 



Venimos con desconfianza y reserva a insistir en la obligación que tiene el estado en prevenir la violencia y nos preocupa que ahora estén por promulgar un Código familiar y civil sin tomar en cuenta nuestras aportaciones de las organizaciones que acompañamos a las víctimas



Otra gran preocupación es la situación de las defensoras de derechos humanos y, en especial, estamos indignadas por la auditoría irregular y arbitraria que el Gobierno de Duarte realizo a  la Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), como una clara represalia a una organización que ha ganado junto con comunidades indígenas dos importantes amparos a favor de los derechos indígenas, la organización tuvo que soportar la presencia de un prepotente auditor, que al final decidió fincar responsabilidad por 300 mil pesos porque los indígenas no tienen facturas electrónicas.



Miles de mujeres se encuentran a punto de ser lanzadas de sus viviendas por desalojos forzosos ocasionados por la situación económica. El Gobernador asumió el compromiso de comprar la cartera vencida y abordar adecuadamente este problema social, lo cual se encuentra incumplido.



Finalmente, el 10 de diciembre de 2013 se firmó un convenio con el Gobernador Duarte  con el movimiento de mujeres el cual es letra muerta.



Todo lo anterior evidencia la política de puerta cerrada de este gobierno.





Chihuahua, Chihuahua, a 13 de febrero de 2015.





Organizaciones firmantes:



Abogadas Demócratas

Centro de Atención a la Mujer Trabajadora, A.C.

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C.

Círculo de Estudios de Género

Ecos de Mirabal

Justicia para Nuestras Hijas

Fatima, I.B.P.

Grupo Feminista 8 de Marzo

Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas

Mujeres Barzonistas

Mujeres por México

Red por la Participación Ciudadana

Observa Ciudadan@

Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A. C. (UCD Chihuahua)










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