México ante el Comité contra la Desaparición Forzada: la obligación de hacer de la crisis actual, un punto de inflexión en la política del Estado

• Los familiares solicitan intervención del Comité para impulsar avances concretos y estructurales

• Caso Ayotzinapa, una prueba para México ante el mundo

Ciudad de México, a 3 de febrero de 2015.- El día de ayer 2 de febrero y hoy, 3 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) evaluó por primera vez el cumplimiento de México con respecto a sus obligaciones contraídas en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada.

Durante la sesión destaco la presencia de familiares de personas desaparecidas de Guerrero, Chihuahua y Coahuila, quienes acudieron a esta instancia internacional como parte de su incansable búsqueda  en la exigencia de la presentación con vida de sus seres queridos y ante la falta de respuestas efectivas por parte del Estado.

El CED cuestionó ampliamente al Estado mexicano en relación a las acciones y políticas destinadas a prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas, así como para la búsqueda y protección a los familiares. En este sentido, el Comité interrogó al Estado sobre las razones del cierre de la FEMOSPP, instancia encargada de la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Sucia, así como la tardía intervención del gobierno federal en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa. El CED señalo que el caso Ayotzinapa representa un desafío para el Estado mexicano pero también es muestra de una problemática más amplia y estructural que se ha mantenido debido a la impunidad.

Así mismo, el Comité destacó la necesidad de una búsqueda en vida y de desarrollar las capacidades para el adecuado registro de restos encontrados en fosas clandestinas; el tema de la falta de bases de datos y cifras confiables; el uso abusivo de la reserva de información en casos de graves violaciones a derechos humanos; la ausencia de investigación por desaparición forzada en casos de participación de autoridades; la restricción del acceso efectivo a la justicia para las víctimas en particular para las personas migrantes y sus familias desde sus países de origen; la facilidad con la cual una persona puede desaparecer en detención por falta de comunicación con sus familias; entre otros. Asimismo cuestionó la falta de una legislación integral y armonizada con la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada – como podría ser una ley general – y la negativa del Estado hasta ahora de reconocer la competencia del Comité CED para conocer de casos individuales de desaparición forzada en México.

Frente a la revisión del CED y la autoridad moral de los familiares presentes en la sesión, incluidos madres y padres de los 43 estudiantes normalistas y otros provenientes de los estados del norte que presentan alarmantes cifras de desapariciones, la respuesta de la numerosa delegación del Estado fue insatisfactoria. Así quedó evidenciada ante la comunidad internacional la obligación urgente del Estado de tomar acciones efectivas para poner fin a la práctica de las desapariciones en el país y romper el ciclo de impunidad que se ha mantenido vigente durante décadas, abonando a la crisis de derechos humanos que vive el país.

Por esta razón, las organizaciones firmantes destacamos que la revisión de México por el CED y el seguimiento a las recomendaciones que este emitirá el próximo 13 de febrero representan una oportunidad para enderezar la política de Estado frente a las desapariciones, que hasta la fecha se ha empeñado en minimizar la problemática y desarrollar protocolos que se traduzcan verdaderamente en la prevención, búsqueda efectiva, verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Confiamos en que la tenacidad de los y las familiares rinda frutos, y el Estado empiece a dar pasos firmes hacia el futuro, en que no sea posible nunca más la desaparición de personas.

Organizaciones firmantes:

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos  Juan Gerardi
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación

H.I.J.O.S. México

Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos