Chihuahua,
Chih a 31 de octubre de 2012
Embajadora de Canadá en México
PRESENTE
El pasado
lunes 22 de octubre, asesinaron al dirigente del Barzón Ismael Solorio Urrutia y a su compañera Manuela Martha Solís Contreras, defensores de derechos humanos
económicos, sociales y ambientales del campo chihuahuenses desde 1992,
ingeniero agrónomo y maestra de educación primaria, respetivamente, y padre y madre de Ismael, Erick y Uriel.
Estos
asesinatos no son ajenos a ciudadanos y empresas del país que usted representa,
y son consecuencia de las luchas que durante el último año han dado los
miembros de El Barzón de los municipios
de Namiquipa, Buenaventura y Ahumada del
Estado de Chihuahua, en defensa del agua
en la cuenca hidrológica del Rio del Carmen y en contra de la empresa
minera El Cascabel, subsidiaria de la empresa canadiense Mag Silver instalada
en el Ejido Benito Juárez de Buenaventura donde Ismael y Manuelita vivían.
Defensa del agua
Desde los
años 50s se construyó la presa Las Lajas sobre el Río del Carmen; se creó el
Distrito de Riego 089; se estableció por decreto la veda total en la cuenca hidrológica, que prohíbe las perforaciones
de nuevos pozos y obras de retención de agua; también se entregaron concesiones de aguas superficiales
y subterráneas a ejidatarios, colonos agrícolas y pequeños propietarios.
Sin embargo
un grupo de personas, mayoritariamente menonitas, ciudadanos canadienses, han
hecho uso indiscriminado e ilegal del agua de los afluentes del rio, han
realizado perforación y electrificación ilegal de pozos, han desmontado de
manera ilegal más de 35,000 hectáreas de tierra del desierto chihuahuense, para
abrirlas al cultivo, que ponen en riesgo la viabilidad, ya de por si precaria,
de esta región, afectando gravemente a los productores con derechos históricos,
legales y reconocidos para el uso del agua en la cuenca hidrológica, así como a
la población urbana de la región.
Por otro
lado, hace 6 años la empresa minera canadiense Mag Silver y su subsidiaria
Cascabel, compró de manera ilegal 40 derechos de uso común en la zona de
pastoreo del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura (el total de los
ejidatarios es de 398). La asamblea ejidal en dos ocasiones ha negado el
permiso para realizar trabajos de exploración a la minera. A pesar de la
decisión de la asamblea, la minera ha seguido con la exploración en la región,
provocando daños ambientales y conflictos sociales en la zona.
Por acuerdo
de la asamblea de ejidatarios/as se realizó una investigación sobre la
actuación de la minera y se detectaron diversas ilegalidades:
Violaciones a la legislación ambiental
- Violación de la NOM 120 SEMARNAT
- Perforación de 400 pozos de exploración a
profundidad de 400 metros, por abajo del nivel freático, lo cual está
prohibido por la normatividad ambiental.
- Sus actividades carecen del estudio de
vulnerabilidad del acuífero que exige la ley
Violaciones a la legislación agraria
- Falsificación de dos actas de asamblea ejidal
para realizar la certificación de terrenos de uso común ante el Registro
Agrario Nacional a nombre de 3 de sus empleados
- Trabajos de exploración sin permiso de la
Asamblea Ejidal
- Compra ilegal de terrenos de uso común
Desde hace
seis años la minera realiza ilegalmente trabajos de exploración en territorio
ejidal; no sólo ha perforado la tierra, también lo ha hecho con la comunidad--corrompe,
contrata sicarios y golpeadores, etc.
En el caso
del agua desde hace más de un año, la movilización de organizaciones y
productores de los ejidos y colonias agrícolas
así como representantes de la pequeña propiedad ha logrado una serie de acuerdos con
autoridades estatales y federales para hacer recorridos de inspección y
vigilancia, clausura inmediata de los aprovechamientos irregulares de aguas superficiales y subterráneas, la
cancelación en el suministro de la energía eléctrica a pozos irregulares y el
re direccionamiento de los subsidios para la tecnificación de riego a los
usuarios históricos del agua en la cuenca.
Las
respuestas del estado mexicano (gobiernos federal y estatal), de la
trasnacional y de la comunidad de menonitas, se tradujeron en:
·
Tergiversación del problema, aparentando
que se trata de un conflicto de intereses entre particulares.
·
Simulación de negociaciones desatendiendo la
denuncia fundamental del Barzón, en el sentido de que son VIOLACIONES DE
DERECHOS HUMANOS AMBIENTALES y DE LAS LEYES MEXICANAS.
·
Campañas de desprestigio impulsadas por el
gobierno de Chihuahua en contra del Barzón y de sus líderes sociales.
·
Campaña de linchamiento mediático al
Barzón y en particular a Ismael Solorio lo que propició el camino para que
fuera asesinado.
Denunciamos
ante usted la corrupción promovida por la trasnacional y los ciudadanos
canadienses menonitas, con funcionarios de las dependencias; del gobierno
federal SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA, Procuraduría Agraria, Registro Agrario
Nacional, Comisión Federal de Electricidad y principalmente el Gobierno del
Estado.
Sabemos que
una de sus tareas es velar por las y los ciudadanos de su país en el
extranjero, pero esta labor no debe solapar la comisión de delitos, la
violación de los derechos humanos de otras personas en la región o daños
irreparables al medio ambiente.
Como lo
expresó Carlos Montemayor en 2008: Contrastan con esta grandeza humanista, política,
social y cultural de Canadá las empresas mineras canadienses, ejemplo de la
depredación brutal y de ilegalidad inexcusable. El daño ecológico, económico y
social que provocan en varias regiones del mundo y de México es un ejemplo
contundente de cómo un país admirable puede producir empresas transnacionales
depredadoras y salvajes que pisotean la lucidez con que el juez Lamer determinó
que el usufructo de la tierra está limitado a los usos “que no pongan en riesgo
la capacidad del territorio para sostener a las futuras generaciones de los
mismos pueblos aborígenes”.
En virtud de
estos hechos, y dada la gravedad de los mismos, le agradecemos su atención a
este asunto y solicitamos:
Que investigue, vigile y sancione
a MAG Silver por las violaciones a los derechos humanos y ambientales que ha
cometido en territorio mexicano.
Pedimos a la Embajada de
Canadá garantizar y velar por los derechos humanos de la comunidad Ejido Benito
Juárez y la organización El Barzón frente a las autoridades mexicanas y Minera
El Cascabel / MAG Silver en Chihuahua para que los miembros de la comunidad
pueden oponerse a las operaciones de la mina sin temor a la violencia o la
discriminación por defender a la tierra y el agua.
Atentamente,
El
Barzón
Alfonso Ramírez Cuellar
Martín Solís Bustamante
Gabino Gómez Escarcega
Joaquín Solorio Urrutia Luz Estela Castro
Rodríguez Heraclio Rodríguez
Gómez
Contacto:
En México,
Alfonso Ramírez Cuellar
Bucareli 42,
primer piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México DF.
En
Chihuahua Martín Solís y Gabino Gómez Avenida Juárez # 4107 Col Centro correo electrónico
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