miércoles, 31 de octubre de 2012

Carta entregada a la Embajada de Canadá en México


Chihuahua, Chih a 31 de octubre de 2012
Honorable Sra. Sara Hradecky
Embajadora de Canadá en México                                                                                              
PRESENTE


El pasado lunes 22 de octubre, asesinaron al dirigente del Barzón Ismael Solorio Urrutia y a su compañera Manuela Martha Solís Contreras, defensores de derechos humanos económicos, sociales y ambientales del campo chihuahuenses desde 1992, ingeniero agrónomo y maestra de educación primaria, respetivamente, y  padre y madre de Ismael, Erick y Uriel.

Estos asesinatos no son ajenos a ciudadanos y empresas del país que usted representa, y son consecuencia de las luchas que durante el último año han dado los miembros de El Barzón  de los municipios de Namiquipa, Buenaventura  y Ahumada del Estado de Chihuahua, en defensa del agua  en la cuenca hidrológica del Rio del Carmen y en contra de la empresa minera El Cascabel, subsidiaria de la empresa canadiense Mag Silver instalada en el Ejido Benito Juárez de Buenaventura donde Ismael y Manuelita vivían.

Defensa del agua

Desde los años 50s se construyó la presa Las Lajas sobre el Río del Carmen; se creó el Distrito de Riego 089; se estableció por decreto la veda total en la cuenca hidrológica, que prohíbe las perforaciones de nuevos pozos y obras de retención de agua; también se  entregaron concesiones de aguas superficiales y subterráneas a ejidatarios, colonos agrícolas y pequeños propietarios.

Sin embargo un grupo de personas, mayoritariamente menonitas, ciudadanos canadienses, han hecho uso indiscriminado e ilegal del agua de los afluentes del rio, han realizado perforación y electrificación ilegal de pozos, han desmontado de manera ilegal más de 35,000 hectáreas de tierra del desierto chihuahuense, para abrirlas al cultivo, que ponen en riesgo la viabilidad, ya de por si precaria, de esta región, afectando gravemente a los productores con derechos históricos, legales y reconocidos para el uso del agua en la cuenca hidrológica, así como a la población urbana de la región.

Por otro lado, hace 6 años la empresa minera canadiense Mag Silver y su subsidiaria Cascabel, compró de manera ilegal 40 derechos de uso común en la zona de pastoreo del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura (el total de los ejidatarios es de 398). La asamblea ejidal en dos ocasiones ha negado el permiso para realizar trabajos de exploración a la minera. A pesar de la decisión de la asamblea, la minera ha seguido con la exploración en la región, provocando daños ambientales y conflictos sociales en la zona.

Por acuerdo de la asamblea de ejidatarios/as se realizó una investigación sobre la actuación de la minera y se detectaron diversas ilegalidades:


Violaciones a la legislación ambiental
  • Violación de la NOM 120 SEMARNAT
  • Perforación de 400 pozos de exploración a profundidad de 400 metros, por abajo del nivel freático, lo cual está prohibido por la normatividad ambiental.
  • Sus actividades carecen del estudio de vulnerabilidad del acuífero que exige la ley

Violaciones a la legislación agraria
  • Falsificación de dos actas de asamblea ejidal para realizar la certificación de terrenos de uso común ante el Registro Agrario Nacional a nombre de 3 de sus empleados
  • Trabajos de exploración sin permiso de la Asamblea Ejidal
  • Compra ilegal de terrenos de uso común

Desde hace seis años la minera realiza ilegalmente trabajos de exploración en territorio ejidal; no sólo ha perforado la tierra, también lo ha hecho con la comunidad--corrompe, contrata sicarios y golpeadores, etc.

En el caso del agua desde hace más de un año, la movilización de organizaciones y productores de los ejidos y colonias agrícolas  así como representantes de la pequeña propiedad  ha logrado una serie de acuerdos con autoridades estatales y federales para hacer recorridos de inspección y vigilancia, clausura inmediata de los aprovechamientos irregulares  de aguas superficiales y subterráneas, la cancelación en el suministro de la energía eléctrica a pozos irregulares y el re direccionamiento de los subsidios para la tecnificación de riego a los usuarios históricos del agua en la cuenca.

Las respuestas del estado mexicano (gobiernos federal y estatal), de la trasnacional y de la comunidad de menonitas, se tradujeron en:
·         Tergiversación del problema, aparentando que se trata de un conflicto de intereses entre particulares.
·          Simulación de negociaciones desatendiendo la denuncia fundamental del Barzón, en el sentido de que son VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS AMBIENTALES y DE LAS LEYES MEXICANAS.
·         Campañas de desprestigio impulsadas por el gobierno de Chihuahua en contra del Barzón y de sus líderes sociales.
·         Campaña de linchamiento mediático al Barzón y en particular a Ismael Solorio lo que propició el camino para que fuera asesinado.

Denunciamos ante usted la corrupción promovida por la trasnacional y los ciudadanos canadienses menonitas, con funcionarios de las dependencias; del gobierno federal SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, Comisión Federal de Electricidad y principalmente el Gobierno del Estado.

Sabemos que una de sus tareas es velar por las y los ciudadanos de su país en el extranjero, pero esta labor no debe solapar la comisión de delitos, la violación de los derechos humanos de otras personas en la región o daños irreparables al medio ambiente.
Como lo expresó Carlos Montemayor en 2008: Contrastan con esta grandeza humanista, política, social y cultural de Canadá las empresas mineras canadienses, ejemplo de la depredación brutal y de ilegalidad inexcusable. El daño ecológico, económico y social que provocan en varias regiones del mundo y de México es un ejemplo contundente de cómo un país admirable puede producir empresas transnacionales depredadoras y salvajes que pisotean la lucidez con que el juez Lamer determinó que el usufructo de la tierra está limitado a los usos “que no pongan en riesgo la capacidad del territorio para sostener a las futuras generaciones de los mismos pueblos aborígenes”.
En virtud de estos hechos, y dada la gravedad de los mismos, le agradecemos su atención a este asunto y solicitamos:

 Que investigue, vigile y sancione a MAG Silver por las violaciones a los derechos humanos y ambientales que ha cometido en territorio mexicano.
Pedimos a la Embajada de Canadá garantizar y velar por los derechos humanos de la comunidad Ejido Benito Juárez y la organización El Barzón frente a las autoridades mexicanas y Minera El Cascabel / MAG Silver en Chihuahua para que los miembros de la comunidad pueden oponerse a las operaciones de la mina sin temor a la violencia o la discriminación por defender a la tierra y el agua.


Atentamente,
El Barzón

Alfonso Ramírez Cuellar             Martín Solís Bustamante             Gabino Gómez Escarcega


Joaquín Solorio Urrutia                  Luz Estela Castro Rodríguez             Heraclio Rodríguez Gómez


Contacto:
En México, Alfonso Ramírez Cuellar
Bucareli 42, primer piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,  México DF.
Tel 55 18 78 92  correo electrónico  alfonsoram@hotmail.com
En Chihuahua  Martín Solís  y Gabino Gómez  Avenida Juárez # 4107 Col Centro  correo electrónico



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