Por : Linda Flores
A Lucha, Isabel, Siria, Mine y
las mujeres del barzón
(las de la dignidad rebelde).
El lunes 15 de octubre vi al
señor Ismael Solorio lleno de moretones y sangre seca en el rostro, le pregunté
que si le dolía mucho, y respondió “ya no tanto”, lo dijo saliendo
de una reunión con el secretario de gobierno. Ese día, al
lado del secretario general de gobierno, Raymundo Romero, el secretario de
gobernación Wilfrido Campbell, y 5 de sus asesoras, lo escuché decir que la
vida de los barzonistas y defensores de derechos humanos estaba en peligro. El
señor Solorio y su esposa Manuelita fueron asesinados una semana después. Hoy
tengo la certeza de que todos estamos en peligro.
Los días transcurridos en este
mes han sido de los más tristes en esta administración gubernamental. Hagamos
un repaso en cuenta regresiva: los asesinatos de Ismael Solorio y Manuelita
Solís, donde es bien sabido que detrás de su muerte hay varias cuestiones
íntimamente ligadas al tema de la ausencia del agua y la batalla por la misma
–asunto donde están relacionados algunos menonitas que habitan la zona-, por
otro lado, la intención de que en el municipio de Benito Juárez se instale la
minera El Cascabel (filial de la empresa Mag Silver).
Una semana antes de estos
asesinatos, un grupo de barzonistas y defensoras de Derechos Humanos estuvo en
reunión con el secretario de gobierno planteándole la situación de riesgo en la
que estaba la gente de Benito Juárez, y los riesgos que están sufriendo quienes
cuestionan los posicionamientos oficiales –por ejemplo, los vendedores
ambulantes que a falta de empleos se dedican al comercio informal-. En lo
particular se habló de Lucha Castro (fundadora del grupo de Mujeres
Barzonistas, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y cofundadora de
Justicia Para Nuestras Hijas), cuando ella cuestionó la versión oficial de la
Fiscalía General del Estado, el 8 de octubre, al ser presentado de manera
oficial “El Wicked” como el asesino de Marisela Escobedo, Castro pidió se
transparentará la investigación y se dieran fundamentos para tal afirmación,
ya que meses atrás la Fiscalía declaró a otra persona como responsable por el
asesinato de la señora Marisela Escobedo (mamá de Rubí Frayre, víctima de
feminicidio).
La práctica de difamación a
Lucha Castro y activistas cercanas a ella se ha agudizado desde el mes de
marzo, cuando el gobernador César Duarte declaró en Washington, ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las defensoras lucraban con el
dolor y querían desprestigiar al estado de Chihuahua. A las semanas de esas
afirmaciones, que por desgracia, se siguieron repitiendo en medios de
comunicación local, se empezó a circular un correo electrónico donde se hacía
referencia a Alma Gómez, quien ha sido defensora de derechos humanos, y es un
referente teórico cuando se hacen estudios sobre la desaparición forzada y el
feminicidio, ambos temas muy recurrentes en el día a día de quienes vivimos en
Chihuahua.
En esa mesa, del 15 de
octubre, se recordó a los funcionarios que el gobernador de Chihuahua
previamente se comprometió a no señalar a las activistas, y se les pidió se
hiciera una declaración donde –como afirmaban en esa mesa de diálogo- los
señalamientos de critica al trabajo del barzón y Lucha Castro habían sido
desafortunados y mal entendidos,
y en ningún momento tenían la intención de poner en riesgo física, moral y
emocionalmente a los señalados.
Desde el 1 de mayo algunas mujeres intentaron
abrir un canal de diálogo con el gobernador para tratar la difamación a las
organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos. Organizaciones
de ciudad Juárez y Chihuahua, acudieron a una reunión con el gobernador: él,
acompañado por su gabinete se comprometió -entre otras cosas- a sacar un
posicionamiento donde aclararía que nunca fue intencional denostar y poner en
riesgo la integridad de Lucha Castro y demás organizaciones, acuerdo que hasta
el día de hoy no se ha cumplido, igual que otros mencionados ese día.
Como si la realidad que estamos viviendo los
chihuahuenses no fuera ya lo suficientemente cuestionable, los primeros días de
octubre se hizo oficial que el ex presidente de Colombia, Alvaro Uribe, sería asesor del gobernador César Duarte. En esa semana la
colombiana Patricia Ariza visitó la ciudad de Chihuahua para dar un taller a
mujeres sobrevivientes de diversas violencias, y artistas interesados en
temáticas de género, Ariza visitó el lugar donde asesinaron a Marisela Escobedo y
dejó una ofrenda floral, ahí señaló su solidaridad con las defensoras de
derechos humanos. El 5 de octubre, al finalizar la presentación del trabajo de
la directora Ariza en el teatro de la ciudad, un grupo de integrantes del
Movimiento de Mujeres de Chihuahua hizo un pronunciamiento público en contra de
la participación de Alvaro Uribe en el gobierno chihuahuense. En este contexto
no dejo de pensar en HannaAredt cuando describió "la banalidad del
mal" afirmando que los individuos actúan dentro de las reglas del
sistema sin reflexionar sobre sus actos, sin preocuparse por las consecuencias
y sólo es válido cumplir órdenes que vengan de superiores: la tortura, la
ejecución y demás actos violentos no se consideran a partir de sus efectos o
resultados, solamente se cumplen órdenes -como cuando el lunes pasado, la
policía cumplía la orden de sacar a quienes estaban en el palacio de gobierno
solidarizándose con la familia Solorio Solís, o cuando las instituciones de
cultura bloquean proyectos autónomos que cuestionan la forma burocrática de
trabajar desde gobierno-.
Frente a lo ocurrido: los cobardes asesinatos de
Ismael y Manuelita, los compromisos del gobernador César Duarte con barzonistas, el
apoyo nacional e internacional a los
defensores de Derechos Humanos, la próxima presencia de Alvaro Uribe en
Chihuahua, los bloqueos a las organizaciones y grupos autónomos por parte de
las instancias gubernamentales, y la evidente banalidad del mal que
demuestran los servidores públicos, espero que el barzón siga andando y jalando
por la dignidad nacional.
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