Por:
Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | México, DF.- 24/10/2012
Manuela Martha Solís fue asesinada el lunes pasado
junto a su pareja Ismael Solorio, ambos militaban en el movimiento de El Barzón
defendiendo los derechos de poblaciones afectadas por la instalación de una
mina.
A partir de este crimen, los focos rojos se encendieron por la seguridad e integridad de la abogada Lucha Castro. ¿Quién la protegerá? ¿Qué tanto el reciente Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos logrará salvar vidas?
¿Quién defiende a las personas defensoras de Derechos Humanos? ¿Qué instancia logrará anular la sentencia que daba Lucha Castro en febrero pasado al recibir el Premio Internacional por parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de España? “Todas las mujeres mexicanas que desde los diferentes ámbitos defienden los Derechos Humanos, muchas veces, a costa de su propia vida”.
¿Cómo lograr que no se vuelva a repetir los crímenes contras las defensoras Marisela Escobedo y Manuela Solís Contreras, ambas con amenazas previas, amenazas que eran del conocimiento de los gobiernos estatales y federales, quienes con la inacción permitieron que ocurrieran?
No es la primera vez que Lucha Castro recibe amenazas. Esta abogada de Justicia para Nuestras Hijas ha estado del lado de las causas dignas, por ello es también abogada de El Barzón, es activista y defensora de Derechos Humanos y ha sido amenazada.
Cuando en este país ser defensora se vuelve un peligro es señal de que algo anda muy mal. Cuando una organización, AUDDHAC, registra en un año, 2011, 188 casos de personas defensoras de Derechos Humanos que sufrieron violencia por su labor, no es buena señal para la democracia y la estabilidad social de un país.
Estas cifras no tendrían que existir, no tendría que haber informes que documenten la violencia y los asesinatos contra las personas que defienden los Derechos Humanos de toda la población. No tendría que ser México el segundo país más peligroso para ellas, no tendría que preocuparnos que defensoras como Lucha Castro corran peligro.
No tendríamos que lamentar homicidios como los de Manuela o los de Fabiola Osorio Bernáldez, asesinada a tiros en la puerta de su domicilio en Acapulco, Guerrero, quien se oponía a la construcción de un muelle turístico en la Laguna de Coyuca.
Si el Estado protegiera a las defensoras, nadie se atrevería a amenazar, intimidar y mucho menos atentar contra sus vidas.
Que en 13 entidades federativas se registren atentados contra personas defensoras es inaceptable, que a las defensoras mujeres se les amenace reiteradamente debe ser motivo para declarar la Alerta de Violencia de Género en esos 13 estados. Nada es demasiado cuando se trata de proteger la vida.
Cuando se atenta contra quien nos defiende no sólo se afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que se deja en la indefensión a todas aquellas personas por quienes se trabaja; se lacera el papel fundamental que estas personas juegan en la construcción de una sociedad democrática sólida y el logro pleno del Estado de Derecho, afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¿Quién las defiende? Ésta es la verdadera prueba de fuego para el Mecanismo de Protección. Si no funciona, será la respuesta a las sospechas de que el Estado lo quiso así y eso a nadie le conviene.
A partir de este crimen, los focos rojos se encendieron por la seguridad e integridad de la abogada Lucha Castro. ¿Quién la protegerá? ¿Qué tanto el reciente Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos logrará salvar vidas?
¿Quién defiende a las personas defensoras de Derechos Humanos? ¿Qué instancia logrará anular la sentencia que daba Lucha Castro en febrero pasado al recibir el Premio Internacional por parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de España? “Todas las mujeres mexicanas que desde los diferentes ámbitos defienden los Derechos Humanos, muchas veces, a costa de su propia vida”.
¿Cómo lograr que no se vuelva a repetir los crímenes contras las defensoras Marisela Escobedo y Manuela Solís Contreras, ambas con amenazas previas, amenazas que eran del conocimiento de los gobiernos estatales y federales, quienes con la inacción permitieron que ocurrieran?
No es la primera vez que Lucha Castro recibe amenazas. Esta abogada de Justicia para Nuestras Hijas ha estado del lado de las causas dignas, por ello es también abogada de El Barzón, es activista y defensora de Derechos Humanos y ha sido amenazada.
Cuando en este país ser defensora se vuelve un peligro es señal de que algo anda muy mal. Cuando una organización, AUDDHAC, registra en un año, 2011, 188 casos de personas defensoras de Derechos Humanos que sufrieron violencia por su labor, no es buena señal para la democracia y la estabilidad social de un país.
Estas cifras no tendrían que existir, no tendría que haber informes que documenten la violencia y los asesinatos contra las personas que defienden los Derechos Humanos de toda la población. No tendría que ser México el segundo país más peligroso para ellas, no tendría que preocuparnos que defensoras como Lucha Castro corran peligro.
No tendríamos que lamentar homicidios como los de Manuela o los de Fabiola Osorio Bernáldez, asesinada a tiros en la puerta de su domicilio en Acapulco, Guerrero, quien se oponía a la construcción de un muelle turístico en la Laguna de Coyuca.
Si el Estado protegiera a las defensoras, nadie se atrevería a amenazar, intimidar y mucho menos atentar contra sus vidas.
Que en 13 entidades federativas se registren atentados contra personas defensoras es inaceptable, que a las defensoras mujeres se les amenace reiteradamente debe ser motivo para declarar la Alerta de Violencia de Género en esos 13 estados. Nada es demasiado cuando se trata de proteger la vida.
Cuando se atenta contra quien nos defiende no sólo se afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que se deja en la indefensión a todas aquellas personas por quienes se trabaja; se lacera el papel fundamental que estas personas juegan en la construcción de una sociedad democrática sólida y el logro pleno del Estado de Derecho, afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
¿Quién las defiende? Ésta es la verdadera prueba de fuego para el Mecanismo de Protección. Si no funciona, será la respuesta a las sospechas de que el Estado lo quiso así y eso a nadie le conviene.
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