lunes, 22 de octubre de 2012

¿Justicia o politiquería?, la autonomía del Ministerio


Por: Javier Corral
Liga: http://www.javiercorral.org/
Publicado en Opinión, el 21/10/12 en El Diario de Chihuahua

Desde hace dos décadas se insiste en diversos foros académicos y de investigación jurídica, en la necesidad de convertir a la institución del Ministerio Público –sea la Procuraduría General de la República o sean las fiscalías locales–, en órganos constitucionales autónomos. Se busca que el nombramiento de sus titulares responda no sólo a una amplia experiencia e idoneidad, sino que su actuación esté desprovista del interés o el sesgo político-partidista con el que la mayoría de los gobiernos orientan sus acciones, incluida por supuesto, la importantísima tarea de investigar los delitos y procurar justicia.

Es urgente y esencial dotar al Ministerio Público de esa independencia política, para una mayor armonía social y lograr la confianza ciudadana en sus autoridades, dispuesta a cooperar, a colaborar no sólo en la prevención de los delitos, sino en la denuncia, e incluso en la pesquisa. Sólo en la absoluta confianza ciudadana de que el Ministerio Público es en efecto una institución de buena fe, se podrá construir una cultura de la legalidad basada en la conciencia de que la ley es una para todos, y se aplica parejo.

Cuando la gente percibe la politiquería se derrumba la idea de imparcialidad. Por eso los procesos de averiguación para la persecución de los delincuentes nunca deben convertirse en treta o revancha partidista, mucho menos en la fabricación de culpables con fines mediáticos, o para salir al paso de las tensiones sociales que agitan cada vez más por todos rumbos del país la exigencia de justicia; cuando eso sucede se vuelven añicos largos años de construcción de confianza. Si alguna diligencia debe ser exigible, si algún rigor debe ser acreditado, si algún profesionalismo debe ser requerido, es en la actuación de la autoridad cuando lo hace como ministerio público, porque de todo ello depende que una persona sea presentada ante un juez –y luego ante toda la comunidad–, como presunto culpable de un delito. Y aún así, la justicia le estará esperando hasta el final en calidad de presunto inocente, si logra desvanecer las imputaciones que se le hagan.

Todo lo anterior viene a cuento porque se agitó en Chihuahua en los días recientes una polémica en torno de la detención del presunto asesino de Marisela Escobedo, la activista de derechos humanos que fue asesinada a las puertas del Palacio Estatal de Gobierno en la ciudad de Chihuahua, el 16 de diciembre de 2010, mientras mantenía una protesta contra el gobernador César Duarte por el asesinato –impune hasta ahora– de su hija Rubí. El caso ilustra la necesidad de dar autonomía al Ministerio Público, por donde se le vea, esencialmente por la reacción que tanto el gobernador del estado, como su fiscal, han tenido en relación con quienes han cuestionado la manera en que se ha iniciado el proceso en contra de José Enrique Jiménez Zavala, alias “El Wicked” como autor material del asesinato ocurrido entonces.

A dos meses de cumplirse el segundo año del asesinato de Marisela, la fiscalía decidió privilegiar una estrategia mediática de presentación del presunto autor material del homicidio, antes que llevarlo con la juez del caso, como lo estipula la ley y claramente lo prohibe como se hizo. Desplegó anuncios de media y plana completa en los principales diarios de la Ciudad de México, y ha basado toda su explicación pública en la confesión del indiciado, al parecer un sicario, ligado a la matanza de un bar donde fueron abatidas 16 personas, entre ellas, dos periodistas. Sólo en la narración de los hechos el fiscal estatal encontró los elementos técnicos y científicos para acreditar la responsabilidad de Jimenez Zavala.

Sin embargo el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) a cuya protección y coadyuvancia legal se acogió la familia de Marisela Escobedo Ortíz, cuestionó la detención.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, es una organización con prestigio nacional e internacional, la primera en el país que litiga en el sistema acusatorio como representante de las mujeres víctimas de violencias de género. En reconocimiento al riesgo del trabajo que realizan como Defensoras/es de Derechos Humanos, son beneficiarias de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, identificadas con el número MC-147-08 a favor del colectivo: “Centro de Derechos Humanos de las Mujeres”, las cuales obligan al Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, a brindarles protección y seguridad en el trabajo de la defensa activa de los derechos humanos.

Con motivo de la documentación de las violaciones de derechos humanos en Chihuahua, el Centro ha realizado diversos informes alternativos que contradicen las informaciones oficiales. “Esta actividad ha significado un riesgo extra por la que hemos enfrentado campañas de desprestigio, esto aunado a la situación de vulnerabilidad como consecuencia de la representación legal de víctimas de: feminicidio, desaparición forzada, tortura, trata , violencia sexual y familiar en un contexto de impunidad y de conflicto armado”, exponen en un comunicado. En las hemerotecas de los medios de comunicación y en el expediente internacional referido (MC-147-08) se contienen diversos escritos que dan cuenta de varias declaraciones del gobernador de Chihuahua César Duarte, y otros actores políticos que reiteradamente insisten en descalificar el trabajo de las organizaciones sociales, en realidad, el único contrapeso real que tienen las autoridades de Chihuahua.

El CEDEHM, representó legalmente el caso de feminicidio de Rubí Marisol Frayre logrando obtener una sentencia condenatoria de 50 años, en segunda instancia, en contra del feminicida Sergio Rafael Barraza, y acompañó a Marisela Escobedo, madre de Rubí, en sus protestas y activismo judicial para exigir el cumplimiento de la sentencia.

“En coherencia con este acompañamiento, el 8 de octubre del año en curso, el CEDEHM emitió un comunicado de prensa exigiendo al Gobierno de Chihuahua transparencia en la investigación del caso de Marisela Escobedo, al advertir que la Fiscalía había presentado el 15 de diciembre del 2011 a un autor material y el arma con la cual fue asesinada, y el 7 de octubre del 2012 presentó a un nuevo autor material y en ambos casos la fiscalía manifestó tener pruebas científicas y los consideró responsables del Feminicidio de Marisela”.

Este cuestionamiento fue suficiente para que se desatara una andanada en contra de la abogada Luz Estela Castro, coordinadora general del CEDEHM y en contra del hijo de la madre asesinada, Juan Manuel Frayre Escobedo. Embate mediático encabezado ni más ni menos que por el gobernador del estado, César Duarte y el fiscal general, Manuel Salas. Indebidamente el licenciado Salas calificó a Lucha Castro como una: “supuesta defensora de derechos humanos” que “defiende asesinos de periodistas y 14 personas más”. Incluso fue mucho más allá, al manifestar que la licenciada Castro manipula al hijo de Marisela, esto en relación a las declaraciones del 10 de octubre del año en curso, las cuales realizó Frayre como vocero de la familia de Marisela Escobedo.

Ya en anteriores ocasiones el gobernador Duarte ha hecho descalificaciones muy delicadas sobre la labor de denuncia de las organizaciones sociales, a las que quiere ceñidas y silentes ante su voluntad, pues además de creerse la encarnación misma de la entidad –“sólo se dedican a criticar a Chihuahua” –, ha llegado al extremo de correrlas del territorio: “si no les gusta, que se vayan”.

¿Por qué no tiene derecho a desconfiar del proceso el hijo y la abogada?. ¿Por qué suscita tanta irritación y desmesura que se cuestione la presentación de un nuevo presunto asesino, cuando hace un año presentaron a otro junto con el arma homicida?. ¿Tampoco se respetará el derecho a la libertad de expresión?

Esa desconfianza de muchos chihuahuenses en la actuación de las autoridades tiene un largo asidero, sobre todo en el fenómeno del feminicidio donde se han inventado varios chivos expiatorios. Esa desconfianza se ha incrementado históricamente y en el gobierno de César Duarte, el manejo faccioso y polítiquero que ha dado a la actuación del Ministerio Público, también se la ha ganado a pulso. El gobernador prejuzga con mucha frecuencia, incluso dicta sentencias. El propio fiscal Salas hizo la semana pasada trizas la presunción de inocencia en varias declaraciones; desafortunadísimas.

Detrás de la desconfianza hay decenas de casos en dos años, de pifias y francas injusticias. Hace apenas un par de semanas nos estremecimos con el relato de la madre de familia que permaneció 104 días presa en el Cereso estatal acusada del delito de homicidio en perjuicio de Linda Sandoval Sánchez, victimada en 2002, y que resultó absuelta por el magistrado de la Tercera Sala Regional, Roberto Siquieros Granados.

Entrevistada ya en su hogar por la reportera Luz del Carmen Sosa (Diario de Juárez), “para demostrarle a la sociedad que fue una víctima y no agresora”, la joven madre dice: “Estos meses de encierro fueron horribles, es lo peor que me ha pasado en la vida. Me sentí muy mal, sola, llegué a otro mundo que no conocía, muy diferente a todo lo que me había rodeado”. “Me expusieron ante los medios y los reporteros me trataron como la peor delincuente. Me dijeron lesbiana, que yo era amante de no sé quién, pero ninguno se acercó con mi familia para preguntar que pasaba”, reprocha.

Dice en el cuerpo de la entrevista la reportera: “Por la red circulan decenas de fotografías y videos capturados por la mayoría de los representantes de los medios de comunicación en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde la representación social la expuso ante la opinión pública y sólo le recomendó ‘no decir nada’ para que no le fuera peor. Cabizbaja ocultaba sus ojos enrojecidos. Alejandra apretaba sus manos entrelazadas mientras los flashes de las cámaras fotográficas eran disparados una y otra vez. En un video se escucha a un hombre preguntar ¿con qué arma ‘matastes’ a la mujer? En ese momento Alejandra voltea el rostro y evita responder.

“Yo sólo le pediría a las autoridades, que haga bien su trabajo, que no actúen por el simple señalamiento, sino que investiguen. A los medios de comunicación también, porque nadie buscó a mi familia para preguntar qué pasaba y al guardia de seguridad que me involucró en este asunto, sólo le puedo decir que lo perdono, me hizo mucho daño pero lo perdono”. Para cerrar su entrevista la reportera aporta un dato espeluznante: “En menos de un mes, jueces de Garantía y ahora un magistrado han absuelto a tres personas acusadas de asesinatos contra mujeres”.

Esta realidad no obra en favor de la manera en que las autoridades de Chihuahua se han rasgado las vestiduras. Por eso están obligados a rectificar sus señalamientos y respetar el dicho de las partes en el proceso que desahogará una juez; el mensaje que han enviado en contra de la abogada y de la familia de Marisela Escobedo es muy grave; en la cultura política de la sumisión, de la que el Ministerio Público no se escapa, es casi una instrucción de ataque. Deben retirar sus dichos y pedir una disculpa pública a toda la sociedad.

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