Tribunal de Juicio Oral absuelve a acusados por tentativa de
feminicidio y violación, ante la impunidad el Centro de Derechos Humanos de las
Mujeres (CEDEHM) llevará el caso al Comité de Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).
El 23 de julio del 2010, MOP se encontraba en un puesto de
comida que se ubica fuera de un bar, ella observa asustada la aproximación de su
ex pareja, a quien le precedía una larga historia de violencia, el sujeto sale
de entre los carros y sin mediar palabra le cubre la boca, la lleva a un
terreno baldío contiguo al bar, ella siente que dos personas la arrastran, la
tocan, la golpean, la violan y reconoce la voz del hermano de su ex pareja
quien afirma “déjala ya está muerta” MOP despierta ensangrentada, ultrajada en
un hospital, y después cae en estado de coma por 48 horas.
Con todo el terror de una sobreviviente y con las amenazas de
muerte, ella decide denunciar. MOP se traga el miedo, el dolor y la
humillación, enfrenta a sus agresores y los señala ante el tribunal Oral,
buscando justicia.
Pese a que México se encuentra sentenciado por el máximo Tribunal
de las Américas, por la
Sentencia emitida por la Corte Interamericana en el caso González y Otras
contra el Estado Mexicano, la cual se originó por la negligencia de las
actuaciones de las investigaciones de las autoridades de Chihuahua, el patrón
se repite.
A pesar de que el Gobierno de Chihuahua informa a los
organismos internacionales, (que continúan observado el alto grado de impunidad
con el que se puede asesinar a una mujer en este Estado), que cuenta con una Fiscalía
especializada en feminicidios y delitos de género, que actúan en base a
protocolos, la impunidad en estos delitos es una constante y la sentencia absolutoria
del 24 de junio del 2013 a los agresores de MOP, así como los feminicidios del
Valle de Juárez, que salen a la luz pública recientemente, son una muestra de
esta realidad en Chihuahua.
La negligencia de la Fiscalía propició la impunidad,
repitiendo patrones similares a los que dieron lugar a la emblemática
sentencia, es decir, no aplicaron los protocolos específicos en los casos de
feminicidio y violencia sexual; con una ausencia importante de la actividad de
investigación, al no haber preservado la escena del crimen: no se acordonó el
lugar, no se levantaron evidencias, ni cadena de custodia. La defensoría pública
también abonó a la impunidad, presentando testigos que mintieron ante el
Tribunal para beneficiar a los acusados.
Las abogadas del CEDEHM, en su calidad de Acusadoras Coadyuvantes,
llamaron la atención del Tribunal Oral en la credibilidad y coherencia del
dicho de la víctima, que fue respaldada con prueba científica como el
certificado de lesiones y la pericial psicológica, entre otras; solicitando que
se actuara con la debida diligencia y que se tomara en cuenta, además de los
tratados internacionales, la jurisprudencia internacional que obliga a dar
valor preponderante a la declaración de la víctima en los delitos de
realización oculta como es este caso, el Tribunal de Juicio Oral negó la
petición.
La sentencia absolutoria además de violentar los derechos de
la víctima envía un mensaje claro de impunidad a los tratantes de personas, a
los feminicidas y a los violadores, y sugiere permisividad del Estado. Denunciamos
que el Estado de Chihuahua fue incapaz de garantizar el acceso a la justicia a
una víctima a quien sus agresores amenazaron con asesinar.
Bien por la valiente denuncia. Reciban mi solidaridad, víctor quintana
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