Carta entregada a la Embajada de Canadá en México

Chihuahua, Chih a 31 de octubre de 2012

Honorable Sra. Sara Hradecky

Embajadora de Canadá en México                                                                                              

PRESENTE

El pasado lunes 22 de octubre, asesinaron al dirigente del Barzón Ismael Solorio Urrutia y a su compañera Manuela Martha Solís Contreras, defensores de derechos humanos económicos, sociales y ambientales del campo chihuahuenses desde 1992, ingeniero agrónomo y maestra de educación primaria, respetivamente, y  padre y madre de Ismael, Erick y Uriel.

Estos asesinatos no son ajenos a ciudadanos y empresas del país que usted representa, y son consecuencia de las luchas que durante el último año han dado los miembros de El Barzón  de los municipios de Namiquipa, Buenaventura  y Ahumada del Estado de Chihuahua, en defensa del agua  en la cuenca hidrológica del Rio del Carmen y en contra de la empresa minera El Cascabel, subsidiaria de la empresa canadiense Mag Silver instalada en el Ejido Benito Juárez de Buenaventura donde Ismael y Manuelita vivían.

Defensa del agua

Desde los años 50s se construyó la presa Las Lajas sobre el Río del Carmen; se creó el Distrito de Riego 089; se estableció por decreto la veda total en la cuenca hidrológica, que prohíbe las perforaciones de nuevos pozos y obras de retención de agua; también se  entregaron concesiones de aguas superficiales y subterráneas a ejidatarios, colonos agrícolas y pequeños propietarios.

Sin embargo un grupo de personas, mayoritariamente menonitas, ciudadanos canadienses, han hecho uso indiscriminado e ilegal del agua de los afluentes del rio, han realizado perforación y electrificación ilegal de pozos, han desmontado de manera ilegal más de 35,000 hectáreas de tierra del desierto chihuahuense, para abrirlas al cultivo, que ponen en riesgo la viabilidad, ya de por si precaria, de esta región, afectando gravemente a los productores con derechos históricos, legales y reconocidos para el uso del agua en la cuenca hidrológica, así como a la población urbana de la región.

Por otro lado, hace 6 años la empresa minera canadiense Mag Silver y su subsidiaria Cascabel, compró de manera ilegal 40 derechos de uso común en la zona de pastoreo del ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura (el total de los ejidatarios es de 398). La asamblea ejidal en dos ocasiones ha negado el permiso para realizar trabajos de exploración a la minera. A pesar de la decisión de la asamblea, la minera ha seguido con la exploración en la región, provocando daños ambientales y conflictos sociales en la zona.

Por acuerdo de la asamblea de ejidatarios/as se realizó una investigación sobre la actuación de la minera y se detectaron diversas ilegalidades:

Violaciones a la legislación ambiental

• Violación de la NOM 120 SEMARNAT
• Perforación de 400 pozos de exploración a profundidad de 400 metros, por abajo del nivel freático, lo cual está prohibido por la normatividad ambiental.
• Sus actividades carecen del estudio de vulnerabilidad del acuífero que exige la ley

Violaciones a la legislación agraria

• Falsificación de dos actas de asamblea ejidal para realizar la certificación de terrenos de uso común ante el Registro Agrario Nacional a nombre de 3 de sus empleados
• Trabajos de exploración sin permiso de la Asamblea Ejidal
• Compra ilegal de terrenos de uso común

Desde hace seis años la minera realiza ilegalmente trabajos de exploración en territorio ejidal; no sólo ha perforado la tierra, también lo ha hecho con la comunidad--corrompe, contrata sicarios y golpeadores, etc.

En el caso del agua desde hace más de un año, la movilización de organizaciones y productores de los ejidos y colonias agrícolas  así como representantes de la pequeña propiedad  ha logrado una serie de acuerdos con autoridades estatales y federales para hacer recorridos de inspección y vigilancia, clausura inmediata de los aprovechamientos irregulares  de aguas superficiales y subterráneas, la cancelación en el suministro de la energía eléctrica a pozos irregulares y el re direccionamiento de los subsidios para la tecnificación de riego a los usuarios históricos del agua en la cuenca.

Las respuestas del estado mexicano (gobiernos federal y estatal), de la trasnacional y de la comunidad de menonitas, se tradujeron en:

·         Tergiversación del problema, aparentando que se trata de un conflicto de intereses entre particulares.

·          Simulación de negociaciones desatendiendo la denuncia fundamental del Barzón, en el sentido de que son VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS AMBIENTALES y DE LAS LEYES MEXICANAS.

·         Campañas de desprestigio impulsadas por el gobierno de Chihuahua en contra del Barzón y de sus líderes sociales.

·         Campaña de linchamiento mediático al Barzón y en particular a Ismael Solorio lo que propició el camino para que fuera asesinado.

Denunciamos ante usted la corrupción promovida por la trasnacional y los ciudadanos canadienses menonitas, con funcionarios de las dependencias; del gobierno federal SEMARNAT, PROFEPA, CONAGUA, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, Comisión Federal de Electricidad y principalmente el Gobierno del Estado.

Sabemos que una de sus tareas es velar por las y los ciudadanos de su país en el extranjero, pero esta labor no debe solapar la comisión de delitos, la violación de los derechos humanos de otras personas en la región o daños irreparables al medio ambiente.

Como lo expresó Carlos Montemayor en 2008: Contrastan con esta grandeza humanista, política, social y cultural de Canadá las empresas mineras canadienses, ejemplo de la depredación brutal y de ilegalidad inexcusable. El daño ecológico, económico y social que provocan en varias regiones del mundo y de México es un ejemplo contundente de cómo un país admirable puede producir empresas transnacionales depredadoras y salvajes que pisotean la lucidez con que el juez Lamer determinó que el usufructo de la tierra está limitado a los usos “que no pongan en riesgo la capacidad del territorio para sostener a las futuras generaciones de los mismos pueblos aborígenes”.

En virtud de estos hechos, y dada la gravedad de los mismos, le agradecemos su atención a este asunto y solicitamos:

 Que investigue, vigile y sancione a MAG Silver por las violaciones a los derechos humanos y ambientales que ha cometido en territorio mexicano.

Pedimos a la Embajada de Canadá garantizar y velar por los derechos humanos de la comunidad Ejido Benito Juárez y la organización El Barzón frente a las autoridades mexicanas y Minera El Cascabel / MAG Silver en Chihuahua para que los miembros de la comunidad pueden oponerse a las operaciones de la mina sin temor a la violencia o la discriminación por defender a la tierra y el agua.

Atentamente,

El Barzón

Alfonso Ramírez Cuellar             Martín Solís Bustamante             Gabino Gómez Escarcega

Joaquín Solorio Urrutia                  Luz Estela Castro Rodríguez             Heraclio Rodríguez Gómez

Contacto:

En México, Alfonso Ramírez Cuellar

Bucareli 42, primer piso, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc,  México DF.

Tel 55 18 78 92  correo electrónico  alfonsoram@hotmail.com

En Chihuahua  Martín Solís  y Gabino Gómez  Avenida Juárez # 4107 Col Centro  correo electrónico

  gabinogomez51@hotmail.com  y / martinsolisbustamante@hotmail.com

Funcionarios chihuahuenses en la eterna “banalidad del mal”

Por : Linda Flores

Liga : http://chihuahuasintemor.blogspot.mx/2012/10/funcionarios-chihuahuenses-en-la-eterna.html

A Lucha, Isabel, Siria, Mine y las mujeres del barzón 

(las de la dignidad rebelde).

El lunes 15 de octubre vi al señor Ismael Solorio lleno de moretones y sangre seca en el rostro, le pregunté que si le dolía mucho, y respondió “ya no tanto”, lo dijo saliendo de una reunión con el secretario de gobierno. Ese día, al lado del secretario general de gobierno, Raymundo Romero, el secretario de gobernación Wilfrido Campbell, y 5 de sus asesoras, lo escuché decir que la vida de los barzonistas y defensores de derechos humanos estaba en peligro. El señor Solorio y su esposa Manuelita fueron asesinados una semana después. Hoy tengo la certeza de que todos estamos en peligro.

Los días transcurridos en este mes han sido de los más tristes en esta administración gubernamental. Hagamos un repaso en cuenta regresiva: los asesinatos de Ismael Solorio y Manuelita Solís, donde es bien sabido que detrás de su muerte hay varias cuestiones íntimamente ligadas al tema de la ausencia del agua y la batalla por la misma –asunto donde están relacionados algunos menonitas que habitan la zona-, por otro lado, la intención de que en el municipio de Benito Juárez se instale la minera El Cascabel (filial de la empresa Mag Silver).

Una semana antes de estos asesinatos, un grupo de barzonistas y defensoras de Derechos Humanos estuvo en reunión con el secretario de gobierno planteándole la situación de riesgo en la que estaba la gente de Benito Juárez, y los riesgos que están sufriendo quienes cuestionan los posicionamientos oficiales –por ejemplo, los vendedores ambulantes que a falta de empleos se dedican al comercio informal-. En lo particular se habló de Lucha Castro (fundadora del grupo de Mujeres Barzonistas, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y cofundadora de Justicia Para Nuestras Hijas), cuando ella cuestionó la versión oficial de la Fiscalía General del Estado, el 8 de octubre, al ser presentado de manera oficial “El Wicked” como el asesino de Marisela Escobedo, Castro pidió se transparentará la investigación y se dieran fundamentos para tal afirmación, ya que meses atrás la Fiscalía declaró a otra persona como responsable por el asesinato de la señora Marisela Escobedo (mamá de Rubí Frayre, víctima de feminicidio).

La práctica de difamación a Lucha Castro y activistas cercanas a ella se ha agudizado desde el mes de marzo, cuando el gobernador César Duarte declaró en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las defensoras lucraban con el dolor y querían desprestigiar al estado de Chihuahua. A las semanas de esas afirmaciones, que por desgracia, se siguieron repitiendo en medios de comunicación local, se empezó a circular un correo electrónico donde se hacía referencia a Alma Gómez, quien ha sido defensora de derechos humanos, y es un referente teórico cuando se hacen estudios sobre la desaparición forzada y el feminicidio, ambos temas muy recurrentes en el día a día de quienes vivimos en Chihuahua.

En esa mesa, del 15 de octubre, se recordó a los funcionarios que el gobernador de Chihuahua previamente se comprometió a no señalar a las activistas, y se les pidió se hiciera una declaración donde –como afirmaban en esa mesa de diálogo- los señalamientos de critica al trabajo del barzón y Lucha Castro habían sido desafortunados y mal entendidos, y en ningún momento tenían la intención de poner en riesgo física, moral y emocionalmente a los señalados.

Desde el 1 de mayo algunas mujeres intentaron abrir un canal de diálogo con el gobernador para tratar la difamación a las organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos. Organizaciones de ciudad Juárez y Chihuahua, acudieron a una reunión con el gobernador: él, acompañado por su gabinete se comprometió -entre otras cosas- a sacar un posicionamiento donde aclararía que nunca fue intencional denostar y poner en riesgo la integridad de Lucha Castro y demás organizaciones, acuerdo que hasta el día de hoy no se ha cumplido, igual que otros mencionados ese día.

Como si la realidad que estamos viviendo los chihuahuenses no fuera ya lo suficientemente cuestionable, los primeros días de octubre se hizo oficial que el ex presidente de Colombia, Alvaro Uribe, sería asesor del gobernador César Duarte. En esa semana la colombiana Patricia Ariza visitó la ciudad de Chihuahua para dar un taller a mujeres sobrevivientes de diversas violencias, y artistas interesados en temáticas de género, Ariza visitó el lugar donde asesinaron a Marisela Escobedo y dejó una ofrenda floral, ahí señaló su solidaridad con las defensoras de derechos humanos. El 5 de octubre, al finalizar la presentación del trabajo de la directora Ariza en el teatro de la ciudad, un grupo de integrantes del Movimiento de Mujeres de Chihuahua hizo un pronunciamiento público en contra de la participación de Alvaro Uribe en el gobierno chihuahuense. En este contexto no dejo de pensar en HannaAredt cuando describió "la banalidad del mal" afirmando que los individuos actúan dentro de las reglas del sistema sin reflexionar sobre sus actos, sin preocuparse por las consecuencias y sólo es válido cumplir órdenes que vengan de superiores: la tortura, la ejecución y demás actos violentos no se consideran a partir de sus efectos o resultados, solamente se cumplen órdenes -como cuando el lunes pasado, la policía cumplía la orden de sacar a quienes estaban en el palacio de gobierno solidarizándose con la familia Solorio Solís, o cuando las instituciones de cultura bloquean proyectos autónomos que cuestionan la forma burocrática de trabajar desde gobierno-.

Frente a lo ocurrido: los cobardes asesinatos de Ismael y Manuelita, los compromisos del gobernador César Duarte con barzonistas, el apoyo nacional e internacional a los defensores de Derechos Humanos, la próxima presencia de Alvaro Uribe en Chihuahua, los bloqueos a las organizaciones y grupos autónomos por parte de las instancias gubernamentales, y la evidente banalidad del mal que demuestran los servidores públicos, espero que el barzón siga andando y jalando por la dignidad nacional.

Quién las defiende…

Por: Lucía Lagunes Huerta*

Cimacnoticias | México, DF.- 24/10/2012

Manuela Martha Solís fue asesinada el lunes pasado junto a su pareja Ismael Solorio, ambos militaban en el movimiento de El Barzón defendiendo los derechos de poblaciones afectadas por la instalación de una mina.
 
A partir de este crimen, los focos rojos se encendieron por la seguridad e integridad de la abogada Lucha Castro. ¿Quién la protegerá? ¿Qué tanto el reciente Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos logrará salvar vidas?
 
¿Quién defiende a las personas defensoras de Derechos Humanos? ¿Qué instancia logrará anular la sentencia que daba Lucha Castro en febrero pasado al recibir el Premio Internacional por parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de España? “Todas las mujeres mexicanas que desde los diferentes ámbitos defienden los Derechos Humanos, muchas veces, a costa de su propia vida”.
 
¿Cómo lograr que no se vuelva a repetir los crímenes contras las defensoras Marisela Escobedo y Manuela Solís Contreras, ambas con amenazas previas, amenazas que eran del conocimiento de los gobiernos estatales y federales, quienes con la inacción permitieron que ocurrieran?
 
No es la primera vez que Lucha Castro recibe amenazas. Esta abogada de Justicia para Nuestras Hijas ha estado del lado de las causas dignas, por ello es también abogada de El Barzón, es activista y defensora de Derechos Humanos y ha sido amenazada.
 
Cuando en este país ser defensora se vuelve un peligro es señal de que algo anda muy mal. Cuando una organización, AUDDHAC,  registra en un año, 2011, 188 casos de personas defensoras de Derechos Humanos que sufrieron violencia por su labor, no es buena señal para la democracia y la estabilidad social de un país.
 
Estas cifras no tendrían que existir, no tendría que haber informes que documenten la violencia y los asesinatos contra las personas que defienden los Derechos Humanos de toda la población. No tendría que ser México el segundo país más peligroso para ellas, no tendría que preocuparnos que defensoras como Lucha Castro corran peligro.
 
No tendríamos que lamentar homicidios como los de Manuela o los de Fabiola Osorio Bernáldez, asesinada a tiros en la puerta de su domicilio en Acapulco, Guerrero, quien se oponía a la construcción de un muelle turístico en la Laguna de Coyuca.
 
Si el Estado protegiera a las defensoras, nadie se atrevería a amenazar, intimidar y mucho menos atentar contra sus vidas.
 
Que en 13 entidades federativas se registren atentados contra personas defensoras es inaceptable, que a las defensoras mujeres se les amenace reiteradamente debe ser motivo para declarar la Alerta de Violencia de Género en esos 13 estados. Nada es demasiado cuando se trata de proteger la vida.
 
Cuando se atenta contra quien nos defiende no sólo se afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que se deja en la indefensión a todas aquellas personas por quienes se trabaja; se lacera el papel fundamental que estas personas juegan en la construcción de una sociedad democrática sólida y el logro pleno del Estado de Derecho, afirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
 
¿Quién las defiende? Ésta es la verdadera prueba de fuego para el Mecanismo de Protección. Si no funciona, será la respuesta a las sospechas de que el Estado lo quiso así y eso a nadie le conviene.

ASESINAN A DIRIGENTES DE LA LUCHA POR LOS DERECHOS DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

El día de hoy lunes 22 de octubre alrededor del medio día, fueron asesinados Ismael Solorio Urrutia y su esposa la maestra Manuela Marta Solís Contreras, dirigentes y defensores del derecho humano al agua y del medio ambiente, en el estado de Chihuahua, dicho movimiento pertenece al grupo del Barzón.
El día de hoy la pareja fue asesinada mientras circulaban a bordo de su camioneta, a la altura del kilómetro 26, de la carretera de Ciudad Cuauhtémoc a Alvaro Obregón (Rubio), frente al campo menonita 8 1/2.
Los demás líderes del movimiento se encuentran en grave riesgo, al haberse cumplido las amenazas en uno de ellos.

Ismael Solorio y su esposa pertenecían al Barzón de Chihuahua y en los últimos meses encabezaron una lucha en contra de la sobreexplotación del agua en zonas de veda y contra la instalación de la mina "El Cascabel" en el Ejido Benito Juárez, del municipio de Buenaventura en el estado de Chihuahua.

En días anteriores Ismael y otros compañeros del movimiento recibieron amenazas de muerte, lo anterior fue informado a diferentes autoridades estatales y federales. No obstante, las intimidaciones siguieron incrementándose y el día 13 de octubre pasado unos testaferros de la empresa minera "El Cascabel", golpearon fuertemente a Ismael Solorio. Ante el riesgo inminente, el lunes 15 de octubre varios integrantes del movimiento solicitaron una reunión con el Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua Raymundo Romero para instar la intervención de las autoridades a fin de evitar que se materializaran las amenazas de muerte. El Estado fue omiso en prestar seguridad, por el contrario, realizó descalificaciones al movimiento.

Chihuahua, Chih. 22 de octubre de 2012.

Notas Relacionadas:
http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n2742283.htm
http://www.sinembargo.mx/22-10-2012/407105

POR PRIMERA VEZ EN EL SISTEMA ACUSATORIO SE CONDENA EL PAGO POR DAÑO MORAL EN UN CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR

Eva Cristina una mujer empoderada hizo historia, después de esperar cuatro años y medio a que su expediente (carpeta de investigación) se judicializara, la víctima y las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) sus representantes legales (AcusadorasCoadyuvantes), lograron el primer juicio oral por delito de violencia familiar en el sistema penal acusatorio y además que un tribunal superior de casación, sentenciara al acusado, el pago del daño moral.

La defensoría pública a cargo de Silvia Padilla y Felipe de Jesús Fierro minimizó los actos de violencia, argumentando que no existía delito que perseguir, debido a que los actos realizados por el acusado fueron cometidos por “el amor y los deseos de recuperar a su familia”.

La Fiscalía de Chihuahua, como tradicionalmente lo hace se limitó a solicitar el pago de las terapias psicológicas, sin tomar en cuenta todas las esferas de la vida de la víctima que fueron afectadas por una prolongada violencia de género.

El tribunal oral sentencio al acusado a dos años de prisión y negó el derecho de la víctima a la reparación del daño moral, no obstante, el sistema acusatorio, brinda la posibilidad de acudir a un tribunal de casación, integrado por tres magistrados/as, para revisar la decisión del tribunal inferior .

Las Acusadoras Coadyuvantes (CEDEHM), explicaron a un tribunal de casación que la petición del daño moral la realizaron en base a la afectación de la víctima en sus sentimientos, afectos, honor, reputación por el delito de violencia familiar cometido en su contra y argumentaron que a pesar de haber desahogado probanza para fundamentar dicha petición, se negó el derecho y como consecuencia se impidió el acceso a la justicia a Eva Cristina.

Además las representantes legales ofrecieron peritajes con perspectiva de género y fundamentadas en el artículo primero de la Constitución Mexicana, le recordaron al tribunal su deber de incorporar los tratados internacionales CEDAW y Belén de Pará en su labor jurisdiccional y bajo la mirada de la perspectiva de género.

El Tribunal de Casación formado por la Magistrada Rosa Isela Jurado y los Magistrados Pablo Héctor González Villalobos y Mario Salvador Garnica Leyva, resolvieron por unanimidad revocar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral, considerándola violatoria de los derechos humanos de la víctima, otorgando la nueva resolución concediendo en su totalidad a Eva Cristina y a las abogadas del Cedehm la reparación del daño moral.

Este suceso marca la historia de las mujeres dentro del sistema penal acusatorio, al ser la primera vez que el Tribunal reconoce el derecho de la víctima a través de la coadyuvancia para reparar el daño moral; de manera independiente de la solicitud del Ministerio Público, pues no fue solicitada por éste, aun siendo una de sus obligaciones .

En otros juicios, como en el caso del feminicidio de Rubí Marisol Frayre Escobedo (juicio oral 11 /10), el CEDEHM acudió ante un tribunal de casación y los magistrados negaron la reparación del daño moral bajo el argumento que éste no había sido solicitado por la Fiscalía, aun cuando fue solicitado por la Sra. Marisela Escobedo en su carácter de ofendida y las Acusadoras Coadyuvantes.

En el antiguo sistema de justicia (inquisitivo) , con el monopolio del ministerio público en representación de las víctimas, éstas solo podrían actuar por la intermediación de este funcionario. Sin embargo, con la reforma Constitucional del artículo 20 apartado C, las víctimas u ofendidas de un delito tienen el carácter de parte en el proceso, con independencia del fiscal.

Este importante precedente nos indica que en lo sucesivo las víctimas y sus representantes legales (acusadoras coadyuvantes) podrán solicitar la reparación del daño moral, sin necesidad de recurrir al ministerio público y esta resolución del máximo tribunal del fuero común, podrá ser citada para que se aplique en todos los casos en donde las mujeres sean víctimas del delito de violencia familiar para que ellas puedan solicitar la reparación del daño moral.

Una vez más, un tribunal de casación les da la razón a las víctimas y a la organización de Derechos Humanos de las Mujeres que le brindaron patrocinio jurídico, la ex pareja de Eva Cristina deberá pagar una cantidad adicional para reparar el daño moral que ocasionó.

Irma Villanueva coordinadora del área jurídica del CEDEHM y Yanimiriam Valdez una de las abogadas que litigó el caso declararon: “Estas sentencias evidencian que el sistema acusatorio tiene también aciertos. Permite que las mujeres víctimas, sus familias y sus representantes legales participen activamente en los juicios; realicen solicitudes bien fundamentadas y puedan obtener sentencias a su favor, en audiencias públicas y orales, que pueden ser presenciadas y revisadas por toda la ciudadanía”.

En el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres valoramos la importancia del “Activismo judicial “ para transformar ciertas estructuras de la sociedad a través de herramientas legales., entendido este como: el recurso estratégico a los tribunales por parte de las organizaciones de la sociedad civil.

Esta es la única forma de saber si las reformas y las innovaciones constituyen cambios reales es averiguar cómo operan en la práctica.

Luz Estela Castro, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, manifestó que esta organización trabaja para obtener sentencias distintas, con perspectiva de género, para que las convenciones y tratados internacionales que la lucha de las mujeres hemos conquistado sean las herramientas que se utilicen cuando se juzguen los delitos de género. Para que estas leyes y convenciones sirvan cuando una mujer esté frente a un tribunal y la decisión que se tome pueda ser la diferencia para ella, entre su vida o su muerte, o su libertad.

Para mayor información, puede contactar al CEDEHM Tel. (614) 415-4152. Correo: comunicacion@cedehm.org.mx

¿Justicia o politiquería?, la autonomía del Ministerio

Por: Javier Corral
Liga: http://www.javiercorral.org/
Publicado en Opinión, el 21/10/12 en El Diario de Chihuahua

Desde hace dos décadas se insiste en diversos foros académicos y de investigación jurídica, en la necesidad de convertir a la institución del Ministerio Público –sea la Procuraduría General de la República o sean las fiscalías locales–, en órganos constitucionales autónomos. Se busca que el nombramiento de sus titulares responda no sólo a una amplia experiencia e idoneidad, sino que su actuación esté desprovista del interés o el sesgo político-partidista con el que la mayoría de los gobiernos orientan sus acciones, incluida por supuesto, la importantísima tarea de investigar los delitos y procurar justicia.

Es urgente y esencial dotar al Ministerio Público de esa independencia política, para una mayor armonía social y lograr la confianza ciudadana en sus autoridades, dispuesta a cooperar, a colaborar no sólo en la prevención de los delitos, sino en la denuncia, e incluso en la pesquisa. Sólo en la absoluta confianza ciudadana de que el Ministerio Público es en efecto una institución de buena fe, se podrá construir una cultura de la legalidad basada en la conciencia de que la ley es una para todos, y se aplica parejo.

Cuando la gente percibe la politiquería se derrumba la idea de imparcialidad. Por eso los procesos de averiguación para la persecución de los delincuentes nunca deben convertirse en treta o revancha partidista, mucho menos en la fabricación de culpables con fines mediáticos, o para salir al paso de las tensiones sociales que agitan cada vez más por todos rumbos del país la exigencia de justicia; cuando eso sucede se vuelven añicos largos años de construcción de confianza. Si alguna diligencia debe ser exigible, si algún rigor debe ser acreditado, si algún profesionalismo debe ser requerido, es en la actuación de la autoridad cuando lo hace como ministerio público, porque de todo ello depende que una persona sea presentada ante un juez –y luego ante toda la comunidad–, como presunto culpable de un delito. Y aún así, la justicia le estará esperando hasta el final en calidad de presunto inocente, si logra desvanecer las imputaciones que se le hagan.

Todo lo anterior viene a cuento porque se agitó en Chihuahua en los días recientes una polémica en torno de la detención del presunto asesino de Marisela Escobedo, la activista de derechos humanos que fue asesinada a las puertas del Palacio Estatal de Gobierno en la ciudad de Chihuahua, el 16 de diciembre de 2010, mientras mantenía una protesta contra el gobernador César Duarte por el asesinato –impune hasta ahora– de su hija Rubí. El caso ilustra la necesidad de dar autonomía al Ministerio Público, por donde se le vea, esencialmente por la reacción que tanto el gobernador del estado, como su fiscal, han tenido en relación con quienes han cuestionado la manera en que se ha iniciado el proceso en contra de José Enrique Jiménez Zavala, alias “El Wicked” como autor material del asesinato ocurrido entonces.

A dos meses de cumplirse el segundo año del asesinato de Marisela, la fiscalía decidió privilegiar una estrategia mediática de presentación del presunto autor material del homicidio, antes que llevarlo con la juez del caso, como lo estipula la ley y claramente lo prohibe como se hizo. Desplegó anuncios de media y plana completa en los principales diarios de la Ciudad de México, y ha basado toda su explicación pública en la confesión del indiciado, al parecer un sicario, ligado a la matanza de un bar donde fueron abatidas 16 personas, entre ellas, dos periodistas. Sólo en la narración de los hechos el fiscal estatal encontró los elementos técnicos y científicos para acreditar la responsabilidad de Jimenez Zavala.

Sin embargo el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) a cuya protección y coadyuvancia legal se acogió la familia de Marisela Escobedo Ortíz, cuestionó la detención.

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, es una organización con prestigio nacional e internacional, la primera en el país que litiga en el sistema acusatorio como representante de las mujeres víctimas de violencias de género. En reconocimiento al riesgo del trabajo que realizan como Defensoras/es de Derechos Humanos, son beneficiarias de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, identificadas con el número MC-147-08 a favor del colectivo: “Centro de Derechos Humanos de las Mujeres”, las cuales obligan al Estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, a brindarles protección y seguridad en el trabajo de la defensa activa de los derechos humanos.

Con motivo de la documentación de las violaciones de derechos humanos en Chihuahua, el Centro ha realizado diversos informes alternativos que contradicen las informaciones oficiales. “Esta actividad ha significado un riesgo extra por la que hemos enfrentado campañas de desprestigio, esto aunado a la situación de vulnerabilidad como consecuencia de la representación legal de víctimas de: feminicidio, desaparición forzada, tortura, trata , violencia sexual y familiar en un contexto de impunidad y de conflicto armado”, exponen en un comunicado. En las hemerotecas de los medios de comunicación y en el expediente internacional referido (MC-147-08) se contienen diversos escritos que dan cuenta de varias declaraciones del gobernador de Chihuahua César Duarte, y otros actores políticos que reiteradamente insisten en descalificar el trabajo de las organizaciones sociales, en realidad, el único contrapeso real que tienen las autoridades de Chihuahua.

El CEDEHM, representó legalmente el caso de feminicidio de Rubí Marisol Frayre logrando obtener una sentencia condenatoria de 50 años, en segunda instancia, en contra del feminicida Sergio Rafael Barraza, y acompañó a Marisela Escobedo, madre de Rubí, en sus protestas y activismo judicial para exigir el cumplimiento de la sentencia.

“En coherencia con este acompañamiento, el 8 de octubre del año en curso, el CEDEHM emitió un comunicado de prensa exigiendo al Gobierno de Chihuahua transparencia en la investigación del caso de Marisela Escobedo, al advertir que la Fiscalía había presentado el 15 de diciembre del 2011 a un autor material y el arma con la cual fue asesinada, y el 7 de octubre del 2012 presentó a un nuevo autor material y en ambos casos la fiscalía manifestó tener pruebas científicas y los consideró responsables del Feminicidio de Marisela”.

Este cuestionamiento fue suficiente para que se desatara una andanada en contra de la abogada Luz Estela Castro, coordinadora general del CEDEHM y en contra del hijo de la madre asesinada, Juan Manuel Frayre Escobedo. Embate mediático encabezado ni más ni menos que por el gobernador del estado, César Duarte y el fiscal general, Manuel Salas. Indebidamente el licenciado Salas calificó a Lucha Castro como una: “supuesta defensora de derechos humanos” que “defiende asesinos de periodistas y 14 personas más”. Incluso fue mucho más allá, al manifestar que la licenciada Castro manipula al hijo de Marisela, esto en relación a las declaraciones del 10 de octubre del año en curso, las cuales realizó Frayre como vocero de la familia de Marisela Escobedo.

Ya en anteriores ocasiones el gobernador Duarte ha hecho descalificaciones muy delicadas sobre la labor de denuncia de las organizaciones sociales, a las que quiere ceñidas y silentes ante su voluntad, pues además de creerse la encarnación misma de la entidad –“sólo se dedican a criticar a Chihuahua” –, ha llegado al extremo de correrlas del territorio: “si no les gusta, que se vayan”.

¿Por qué no tiene derecho a desconfiar del proceso el hijo y la abogada?. ¿Por qué suscita tanta irritación y desmesura que se cuestione la presentación de un nuevo presunto asesino, cuando hace un año presentaron a otro junto con el arma homicida?. ¿Tampoco se respetará el derecho a la libertad de expresión?

Esa desconfianza de muchos chihuahuenses en la actuación de las autoridades tiene un largo asidero, sobre todo en el fenómeno del feminicidio donde se han inventado varios chivos expiatorios. Esa desconfianza se ha incrementado históricamente y en el gobierno de César Duarte, el manejo faccioso y polítiquero que ha dado a la actuación del Ministerio Público, también se la ha ganado a pulso. El gobernador prejuzga con mucha frecuencia, incluso dicta sentencias. El propio fiscal Salas hizo la semana pasada trizas la presunción de inocencia en varias declaraciones; desafortunadísimas.

Detrás de la desconfianza hay decenas de casos en dos años, de pifias y francas injusticias. Hace apenas un par de semanas nos estremecimos con el relato de la madre de familia que permaneció 104 días presa en el Cereso estatal acusada del delito de homicidio en perjuicio de Linda Sandoval Sánchez, victimada en 2002, y que resultó absuelta por el magistrado de la Tercera Sala Regional, Roberto Siquieros Granados.

Entrevistada ya en su hogar por la reportera Luz del Carmen Sosa (Diario de Juárez), “para demostrarle a la sociedad que fue una víctima y no agresora”, la joven madre dice: “Estos meses de encierro fueron horribles, es lo peor que me ha pasado en la vida. Me sentí muy mal, sola, llegué a otro mundo que no conocía, muy diferente a todo lo que me había rodeado”. “Me expusieron ante los medios y los reporteros me trataron como la peor delincuente. Me dijeron lesbiana, que yo era amante de no sé quién, pero ninguno se acercó con mi familia para preguntar que pasaba”, reprocha.

Dice en el cuerpo de la entrevista la reportera: “Por la red circulan decenas de fotografías y videos capturados por la mayoría de los representantes de los medios de comunicación en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde la representación social la expuso ante la opinión pública y sólo le recomendó ‘no decir nada’ para que no le fuera peor. Cabizbaja ocultaba sus ojos enrojecidos. Alejandra apretaba sus manos entrelazadas mientras los flashes de las cámaras fotográficas eran disparados una y otra vez. En un video se escucha a un hombre preguntar ¿con qué arma ‘matastes’ a la mujer? En ese momento Alejandra voltea el rostro y evita responder.

“Yo sólo le pediría a las autoridades, que haga bien su trabajo, que no actúen por el simple señalamiento, sino que investiguen. A los medios de comunicación también, porque nadie buscó a mi familia para preguntar qué pasaba y al guardia de seguridad que me involucró en este asunto, sólo le puedo decir que lo perdono, me hizo mucho daño pero lo perdono”. Para cerrar su entrevista la reportera aporta un dato espeluznante: “En menos de un mes, jueces de Garantía y ahora un magistrado han absuelto a tres personas acusadas de asesinatos contra mujeres”.

Esta realidad no obra en favor de la manera en que las autoridades de Chihuahua se han rasgado las vestiduras. Por eso están obligados a rectificar sus señalamientos y respetar el dicho de las partes en el proceso que desahogará una juez; el mensaje que han enviado en contra de la abogada y de la familia de Marisela Escobedo es muy grave; en la cultura política de la sumisión, de la que el Ministerio Público no se escapa, es casi una instrucción de ataque. Deben retirar sus dichos y pedir una disculpa pública a toda la sociedad.

QUIEREN REVENTAR EL BARZÓN

Por: Víctor M. Quintana S.

A falta de normalistas revoltosos, buenos son los barzonistas…dirán los gatilleros a sueldo de algunas redacciones y el priísmo que piensa que la gobernabilidad sólo es posible en la unanimidad.

Así como a nivel nacional, con fundamento real o inventado, mínimo o máximo, se ha lanzado una campaña de linchamiento mediático contra los normalistas michoacanos y quienes los apoyan, en estas norteñas tierras, la campaña se endereza contra las y los barzonistas chihuahuenses en sus diversas expresiones y formas organizativas. Se comenzó desde el primer nivel del Gobierno del Estado y la prosiguen con peculiar denuedo algunos medios periodísticos impresos.

Parece que la chispa que inició la hoguera propiciatoria fue el que Lucha Castro se atreviera a cuestionar la versión oficial de que “El Wicked” sea el asesino (otro más) de Marisela Escobedo. Esto le valió a la fundadora de Mujeres Barzonistas y directora del Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres y las diatribas del Fiscal General y del Secretario de Gobierno.

Los misiles verbales de los funcionarios no fueron más que la versión “reloaded” de la ofensiva que el propio Gobernador desató en mayo pasado contra las organizaciones no gubernamentales. De nuevo se esgrimieron “los intereses oscuros”, el “provecho personal”, etc. etc. contra la abogada, reconocida y premiada nacional e internacionalmente. Manifestó así, el Gobierno del Estado, su incapacidad de ir al núcleo del debate, como lo demandaba la crítica de Lucha Castro, y se pusieron a tejer flojos argumentos “ad hominem”, mejor dicho, “ad mulierem”, dejando sin responder los cuestionamientos torales de la derecho humanista.

Los ataques no pararon ahí, se fueron en contra de los barzonistas y ejidatarios que se oponen a la explotación de la mina “El Cascabel” en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, teatro todavía de la disputa en contra de los aprovechamientos ilegales de las aguas del río del Carmen. En el centro de población, varios asalariados de la mina emboscaron y golpearon a uno de los ejidatarios opositores a la minera y a su hijo, y navajearon a otro. Lejos de amedrentarse los vecinos y ejidatarios que rechazan que sus tierras se conviertan en un páramo desertificado por el cianuro y la minería a cielo abierto, se fueron a la ciudad de Chihuahua a exigir del propio Secretario de Gobierno que garantice la paz y la gobernabilidad en su pueblo y que convoque a las dependencias federales involucradas para demostrarles la serie de falsificaciones y mentiras en que ha incurrido la filial de la trasnacional canadiense Mag Silver. El Secretario de Gobierno se comprometío a celebrar el jueves pasado dicha reunión y a emitir un comunicado en que el Gobierno del Estado reconoce la pluralidad de la sociedad chihuahuense y manifiesta su respeto a ella y su compromiso de no lanzar campañas de linchamiento como la que ya está en curso.

Aun no se publicaba el borrador de dicho manifiesto cuando el tricolor respondió de la manera que mejor maneja: el acarreo. Contrataron varios autobuses para traerse desde Benito Juárez supuestos defensores de la mina, entre los que se contaban sólo cinco ejidatarios. Llegaron al ahora Palacio de la Unanimidad, es decir, al Congreso del Estado, donde los recibió un grupo de diputados priístas que, ahora sí, dejaron de lado el adormilamiento, la abulia, para manifestarles su apoyo. No es la primera vez que los legisladores tricolores actúan no como representantes populares sino como empleados a sueldo de una minera canadiense. Ya lo habían hecho en el verano de 2008, cuando uno de ellos, aliado con los directivos de la empresa Mine Finders se trajo de allá a un grupo de contratistas y concesionarios de la empresa para increpar a los ejidatarios y al que esto escribe, entonces diputado local, por haber osado denunciar los perjuicios ambientales y sociales provocados en el mineral de Dolores, ejido Huizopa.

No termina ahí la campaña antibarzonista. En las más recientes semanas en diversos medios se culpabiliza a los vendedores ambulantes de esta organización de haber invadido diversos puntos de esta ciudad a la que ha costado tanto embellecer con macroplazas, megabalcones y demás. Como si fueran los únicos ambulantes organizados que se han lanzado a las calles en una época en que Chihuahua sigue sin recuperar los empleos que tuvo hace 12 años.

También las encargadas del área de vivienda de esta organización manifiestan que se han agravado en las últimas semanas los desalojos de personas con deudas, ejecutados con lujo de prepotencia por agencias privadas de seguridad. Hasta las abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, señalan que va en ascenso la actitud hostil de las autoridades judiciales contra las mujeres que se las nombran como coadyuvantes o asesoras en los cada vez más frecuentes casos de violencia de género.

No estamos, pues, ante ataques que por casualidad, se enfoquen a una misma organización. Se trata con toda claridad de desprestigiar a El Barzón, tanto en sus dirigentes como en sus bases; tanto a los campesinos, como a los ambulantes y derechohumanistas. ¿Será porque la capacidad de convocatoria y de protesta de El Barzón rompe el monopolio de control priísta en varios sectores importantes?

Ante una somnolienta y acomodaticia CNC, que no se manifiesta si no hay box lunch y banda musical que la reciba, menos ahora que tendrá “presidente campesino”. El Barzón se ha revelado como una fuerza importante para plantear y exigir la resolución de los problemas torales que afectan al campo chihuahuense: las tarifas eléctricas para riego agrícola, el acaparamiento del agua, la devastación de los recursos naturales.

Por otro lado, ¿qué no ha sido el PRI quien desde siempre ha corporativizado, manipulado, aprovechado políticamente a los ambulantes? ¿No llevan la mayoría de sus carritos o de sus puestos los círculos tricolores o los emblemas de la CNOP? ¿por qué ahora se escandalizan los medios acríticos y echan toda la responsabilidad a los barzonistas? ¿Será que se teme que así como se rompió el monopolio tricolor del ambulantaje, se rompa luego el dominio draconiano que ejercen sobre los transportes materialistas o los taxistas o los camiones urbanos, como ya ha ido sucediendo, aunque sea tímidamente?

Que hay linchamiento mediático y político contra El Barzón, es un hecho. Que lo mueven los intereses de las trasnacionales mineras, de quienes se han convertido en acaparadores de agua, de pozos y de subsidios para tecnificación del riego, y de quienes éstos contratan para sembrar miedo, también es un hecho, lo mismo que la grilla de organizaciones corporativas priístas que ven amenazados su poder, su convocatoria y su lucro.

Si ahí quedara todo de por sí sería preocupante, pero lo es mucho más y más condenable cuando se percibe detrás de esta campaña, la participación del Gobierno del Estado. Porque muestra que en Chihuahua no ha bastado con acabar con los contrapesos en las instancias políticas, como son el Congreso, la CEDH y el ICHITAIP. Ahora se percibe que se quiere debilitar también cualquier contrapeso en el ámbito de la sociedad, desprestigiando, difamando, rafagueando a quien opte por la crítica y la disidencia.